nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, nueve de junio de mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Pablo Peñaloza Parra para interponer acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, nacional de Venezuela, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su director nombre reservado, en razón de haber incurrido en una omisión ilegal que perturba la garantía fundamental del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistente en la ausencia de pronunciamiento respecto de la solicitud de permanencia definitiva.

Indica que su representado solicitó el referido beneficio migratorio el 9 de agosto de 2020, sin que hasta la fecha exista pronunciamiento de parte de la autoridad recurrida.

Señala que el tiempo excesivo de tramitación de la solicitud sin dar respuesta alguna constituye una ilegalidad, ya que infringe lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880 en los que se consagra el principio de celeridad y el impulso de oficio de la autoridad, vulnerando la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se ordene a la recurrida emitir la orden de giro correspondiente y posteriormente resolver la solicitud de visa de permanencia definitiva en el plazo de 30 días, con costas.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, previo a evacuar su informe, solicita se declare la inadmisibilidad de la accióń impetrada por cuanto según lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, no existe ilegalidad ni arbitrariedad ni auń en grado de amenaza que pueda ser tutelada mediante el presente arbitrio excediendo la materia con creces la tutela cautelar que es propia de la acción de protección. Reclama, además, que al no existir vulneración constitucional ni auń en grado de amenaza, la tutela exigida pierde su eficacia, puesto que no existe derecho cuyo imperio deba ser reestablecido. Refiere que tampoco se reclama la existencia de un derecho indubitado susceptible de ser cautelado por esta vía.

En subsidio, opone falta de legitimación pasiva ya que la supuesta acción u omisión que se considera ilegal emana de terceros indeterminados. Estima que la autoridad ha actuado conforme a la normativa por la que se rige sin dejar en la indefensión a la parte recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permite realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista limitación alguna.

Informando respecto al fondo del recurso, solicita su rechazo e indica que las solicitudes de los recurrentes se encuentran actualmente en trámite, en etapa de recepción de antecedentes adicionales, según imagen que inserta al recurso. Añade que se solicitó al recurrente mediante Oficio Ordinario N°14016 de 28 de marzo de 2022, remitir copia del certificado de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, copia del formulario 29 correspondiente a los pagos del impuesto IVA de los años 2019 y 2020 y declaración de impuesta a la renta de 2020. Manifiesta que el extranjero no ha remitido los documentos solicitados, siendo su responsabilidad de hacerlo, encontrándose imposibilitada de emitir un pronunciamiento.

Afirma que, estando en tramitación una solicitud, el recurrente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, su cédula de identidad se encuentra vigente, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste, por lo que concluye que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al tiempo de tramitación, refiere que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país tuvo como consecuencia un alza importante en la cantidad de solicitudes recibidas, que significó un retraso irresistible para la autoridad, circunstancia que ha sido reconocida como una situación de caso fortuito, previsto como excepción al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880. Agrega que dicho plazo no corresponde a un plazo fatal para la Administración, lo que refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

Alega la improcedencia del recurso, señalando que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Finalmente asevera que la acción no cumple con los requisitos para su interposición, ya que toda acción que tenga por causa el desconocimiento del artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjeríá por un tercero deberá ser dirigida en contra de aquella persona u organismo que haya desplegado efectivamente la conducta reprochable, y no en contra de Servicio Nacional de Migraciones.

Tercero: Que, evacuando el traslado conferido, la parte recurrente indica que la acción de protección debe ser acogida, ya que la persona que recurre ha visto vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley por la demora injustificada e irracional en la respuesta a su petición.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, afecte o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, resolviendo la alegación del Servicio en cuanto a la inadmisibilidad del recurso, se observa que la acción constitucional cumple con cada uno de los presupuestos establecidos en el numeral 2° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección sobre las Garantías Constitucionales, por lo que se rechazará la solicitud de inadmisibilidad de la presente acción.

Sexto: Que, en relación a la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la autoridad migratoria, cabe señalar que el recurso se funda en la falta de un pronunciamiento de término en el procedimiento administrativo seguido ante el Servicio Nacional de Migraciones, razón por la que no cabe hacer lugar a la defensa en examen en tanto la acción ha sido dirigida, precisamente, en contra del órgano estatal al que se atribuye la omisión impugnada.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo del recurso, la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto de la situación migratoria de la recurrente.

Octavo: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y de los antecedentes allegados, se constata que el recurrente no ha obtenido respuesta a su solicitud de permanencia definitiva presentada en agosto de 2020.

De esta manera, corresponde examinar si la omisión denunciada puede ser calificada de arbitraria o ilegal.

Noveno: Que, de los antecedentes allegados, se constata que la autoridad migratoria no ha emitido el pronunciamiento solicitado respecto de la visa definitiva del recurrente, y no obstante que en marzo de 2022 solicitó nuevos antecedentes para su complementación, se ha mantenido pasiva frente a la tramitación de la misma, retardando el principio de celeridad de los procedimiento administrativos, así como el impulso que debido al mismo le corresponde ejercer, teniendo en cuenta que ha transcurrido un año y dos meses, contado desde la referida resolución. Con lo anterior, ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 2, de la Constitución política de la República, al mantener pendiente la petición del recurrente durante un tiempo ostensiblemente mayor al plazo general de seis meses consagrado en el artículo 27 de la Ley 19.880 a la Administración.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de inadmisibilidad del recurso de protección.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que se acoge, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y se ordena al recurrido que dentro del plazo de treinta días corridos emita un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud planteada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1.631–2023 Protección