Protección contra Corporación de Desarrollo Social de Buin

73/setenta y tres.

San Miguel, veintiocho de mayo de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que a fojas 7 comparece don nombre reservado, Presidente del Colegio Metropolitano de Profesores quien deduce acción de protección de garantías fundamentales en favor de los profesores doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado y en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada por su Secretario General don nombre reservado y solicita que se acoja el recurso interpuesto; que se ordene la dictación de un acto administrativo que incorpore a la titularidad docente a los seis profesores que indica; que se adopten todas aquellas medidas que sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas.

Agrega que los profesores en cuyo favor recurre, ejercen funciones docentes en establecimientos educacionales dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Buin y que cada uno de ellos cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nº 20.804, publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de enero de 2015, motivo por el cual correspondía que fueran incorporados a la titularidad de la dotación docente, cuestión que no ocurrió, haciendo presente que tampoco se dictó acto administrativo alguno que explicara las razones de la exclusión.

Refiere que los recurrentes han desempeñado labores docentes para la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Buin, por periodos continuos de entre 4 y 16 años, salvo la Sra. nombre reservado que ha prestado tales servicios de forma discontinua por un lapso de 4 años, cumpliendo cada uno de ellos más de 20 horas cronológicas semanales al 31 de julio de 2014, agregando que:

· Doña nombre reservado ingresó a trabajar para la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Buin en el año 1998, habiéndose desempeñado como profesora dependiente de la recurrida por 16 años, y cumpliendo al 31 de julio de 2014 con 25 horas cronológicas semanales;

· Don nombre reservado ingresó a trabajar para la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Buin en el año 2010, habiéndose desempeñado como profesor dependiente de la recurrida por 5 años, y cumpliendo al 31 de julio de 2014con 35 horas cronológicas semanales;

· Doña nombre reservado se ha desempeñado como profesora dependiente de la recurrida por 4 años, cumpliendo al 31 de julio de 2014con 36 horas cronológicas semanales;

· Doña nombre reservado se ha desempeñado como profesora dependiente de la recurrida por 5 años, cumpliendo al 31 de julio de 2014 con 24 horas cronológicas semanales;

· Doña nombre reservado se ha desempeñado como profesora dependiente de la recurrida por 4 años, y cumpliendo al 31 de julio de 2014 con 44 horas cronológicas semanales;

· Doña nombre reservado se ha desempeñado, de forma discontinua, como profesora dependiente de la recurrida por 4 años, y cumpliendo al 31 de julio de 2014con 30 horas cronológicas semanales;

· Doña nombre reservado se ha desempeñado como profesora dependiente de la recurrida por 5 años, y cumpliendo al 31 de julio de 2014con 37 horas cronológicas semanales;

Añade que, en consecuencia, cada uno de los prefesores en favor de quienes se recurre, tienen el derecho obtener la titularidad de sus cargos, con las correspondientes horas que desempeñaban al 31 de julio de 2014, pero que fueron excluidos ilegal y arbitrariamente de dicho derecho, cuestión de la que tomaron conocimiento el 2 de marzo del presente año.

Señala que la Ley Nº 20.804 fue publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de enero del presente año y prescribe, en su artículo único, que por única vez se concede la calidad de titulares de dotación docente dependiente de un mismo Municipio o Corporación Educacional Municipal a todos los profesores de educación parvularia, básica o media, que al 31 de julio de 2014 se encontraban incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante a lo menos 3 años continuos o 4 años discontinuos, por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal y que la titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas.

Menciona que con fecha 10 de febrero de 2015 la Ministra Subrogante de Educación emitió el Oficio Ordinario 07/00139, el que dirigió a todos los Secretarios Ministeriales de Educación y Jefes de Departamentos Provinciales de Educación, mediante el cual impartió instrucciones sobre la aplicación de la Ley Nº 20.804, y en lo pertinente manifestó que los requisitos para acceder a la titularidad son: ser profesional de la educación parvularia, básica o media; que al 31 de julio de 2014 se encontraran incorporados a una dotación municipal en calidad de contratados; que la contratación fuera por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal; y que al 31 de julio del año pasado hubieran tenido a lo menos 3 años continuos o 4 años discontinuos en la misma dotación. Añade que en el mismo ordinario se dispuso que los docentes que cumplieran los requisitos tendrían derecho a la titularidad, independiente del origen de los fondos con que se pagara su remuneración y que los profesores que cumplieran los requisitos tendrían por el solo ministerio de la ley la titularidad otorgada por el legislador.

Manifiesta que resulta oportuno señalar que la relación contractual entre los docentes y la recurrida se rige por el Estatuto Docente, el que en su artículo 2º prescribe que son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales y que el artículo 25 del mismo cuerpo normativo señala que los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o contratados, siendo contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de remplazo de titulares.

Arguye que el actuar de la recurrida ha sido ilegal y arbitrario por cuanto no existen fundamentos razonables para excluir de la titularidad a los profesores en cuyo favor se recurre, ya que no existe acto administrativo que explique los motivos de la exclusión y porque las razones referidas verbalmente por la recurrida al Colegio de Profesores no resisten el menor examen legal.

Al efecto hace presente que la norma en cuestión no distingue la fuente de financiamiento con la que se remunera a los docentes, por lo que la recurrida no podría haber distinguido y excluido a los docentes en base a dicho criterio, siendo indiferente si sus remuneraciones se pagaban a través de leyes especiales; ni tampoco el tipo de contratación, esto es, si se trataba de un contrato a plazo fijo en calidad de titular, suplente o remplazo.

Indica además que el Ministerio de Educación impartió instrucciones en materia de aplicación de la Ley 20.804, las que son vinculantes para todas las Corporaciones o Departamentos Municipales de Educación, de modo tal que la recurrida además de haber infringido la ley ha desobedecido órdenes del Ministerio.

Refiere que el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, haciendo presente que el primero de éstos se ha visto vulnerado por cuanto todo profesor que satisface los requisitos legales tiene derecho a la titularidad y la recurrida ha discriminado arbitrariamente a ciertos profesores, desconociendo su derecho e interpretando la ley de una forma que se aleja de su tenor literal y restringiendo su aplicación. Y que la segunda garantía se ha visto afectada ya que los docentes que cumplen los requisitos legales, desde la publicación de la ley gozan de titularidad en sus empleos y al desconocerlo se ha afectado un derecho legalmente adquirido relativo a la propiedad en el empleo.

En definitiva pide que se acoja el recurso interpuesto; que se ordene la dictación de un acto administrativo que incorpore a la titularidad docente a los seis profesores que indica; que se adopten todas aquellas medidas que sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas.

Mediante posterior presentación indica que la Dirección del Trabajo ha resuelto una serie de consultas sobre la materia, las que sí serían vinculantes para la recurrida.

Acompaña como fundamento de su recurso los documentos rolantes a fojas 1 a 6 y 63 a 69.

Segundo: Que a fojas 44, don nombre reservado, en representación de la Corporación de Desarrollo Municipal de Buin informa al tenor del recurso de protección deducido.

Previa referencia a la acción de protección deducida, indica que la Corporación de Desarrollo Municipal de Buin es una persona jurídica de derecho privado, sostenedora de los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Buin, de conformidad al artículo 12 del D.F.L. 1-3.063 de 1980, en relación al articulo 38 inciso 2º del Decreto Ley Nº 3.063 de 1979.

A su vez refiere que de conformidad al artículo 19 de Ley Nº 19.070, Estatuto Docente, éste se aplica a los profesionales de la educación que desempeñan sus funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal, debiendo entender por ello aquellos establecimientos que dependen directamente de los Departamentos de Administración Educacional de cada Municipalidad o de Corporaciones Educacionales creadas por éstas o que habiendo sido municipales son administradas por corporaciones educacionales privadas de conformidad al D.F.L. 1-3.063 de 1980.

Asimismo agrega que de conformidad al Estatuto Docente los profesionales de la educación se incorporan a una dotación docente en calidad de titulares o contratados, siendo titulares los que se incorporan previo concurso público, o excepcionalmente cuando una ley les concede dicha condición, y a su vez son contratados cuando desempeñan labores transitorias.

Añade que los profesores en cuyo favor se recurre se encuentran actualmente prestando servicios para la Corporación de Desarrollo Municipal de Buin como profesionales de la educación y que les resulta aplicable en su relación contractual con dicha entidad el Estatuto Docente.

Señala que efectivamente con fecha 31 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.804, la que renueva la vigencia de la Ley Nº 19.648, y que en su texto actual prescribe que por única vez se concede la calidad de titulares de dotación docente dependiente de un mismo Municipio o Corporación Educacional Municipal a los profesores de educación parvularia, básica o media, que al 31 de julio de 2014 se encontraban incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante a lo menos 3 años continuos o 4 años discontinuos, por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal y que la titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas.

Menciona que del texto de la Ley Nº 20.804 se desprende claramente que los requisitos para acceder a la titularidad son: Haber estado incorporados a la dotación de un Municipio o Corporación de Educacional Municipal, en calidad de contratados, al 31 de julio de 2014; haberse desempeñado como docentes de aula en ésta a lo menos 3 años continuos o 4 años discontinuos; y que durante dicho periodo se hayan desempeñado como docentes de aula por un mínimo de 20 horas cronológicas semanales.

Manifiesta que la Ley Nº 20.804 se refiere a los profesionales de la educación que hayan formado parte de la dotación docente en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula, por lo que resulta obligatorio concluir que los docentes a los que se les aplica la Ley Nº 20.804 son aquellos cuya relación laboral se haya regido por el Estatuto Docente.

Arguye que es menester tener presente que la titularidad otorgada por la Ley Nº 20.804 opera de pleno derecho, motivo por el cual resulta innecesaria la dictación de un acto administrativo que otorgue la titularidad, o de uno que indique que un docente no reúne los requisitos para adquirir la misma, haciendo presente además que si bien el recurrente en su recurso cita como fundamento el Ordinario Nº 07/00139 emitido por la Ministra (S) de Educación, las instrucciones impartidas en dicho documento no resultan obligatorias ni aplicables para resolver el presente recurso de protección ya que ni la Ley Nº 19.648 ni la Ley Nº 20.804 otorga a la autoridad referida la facultad de interpretar dichas normas por lo que cualquier interpretación que ésta haga carece de fuerza vinculante y no resulta obligatoria para los sostenedores del sector municipal; y que los destinatarios del Ordinario Nº 07/00139 son los Secretarios Ministeriales de Educación y Jefes de los Departamentos Provinciales de Educación, quienes no se encuentran en situación de resolver si un docente es o no beneficiario de las disposiciones en comento.

Refiere que en consecuencia, al analizar la acción de protección deducida deberá estarse a lo dispuesto en las Leyes Nº 19.648 y Nº 20.804, en relación al Estatuto Docente, y de generarse dudas respecto de la aplicación a casos puntuales habrá que estarse a la historia de la ley u otros medios que permitan efectuar una adecuada interpretación.

Agrega además que al fundar el recurso de protección el recurrente incurre en un importante contradicción ya que si bien se desprende que se estaría exigiendo a la recurrida la dictación de un acto administrativo que indique los motivos por los cuales no se habría reconocido la titularidad de los docentes, en el instructivo al que se alude se prescribe que no se requiere la dictación de un acto administrativo por medio del cual se reconozca el derecho a la titularidad, ya que operaría de pleno derecho y además no se señala en que consiste el acto u omisión que daría lugar al recurso.

Añade que sin perjuicio de ello la recurrida en innumerables ocasiones ha señalado a la directiva del Colegio de Profesores de la comuna de Buin que está llano a analizar cada caso que se plantee y constatar si se cumplen o no los requisitos legales.

Señala que cinco de las personas respecto de las cuales se interpone el recurso de protección cumplen los requisitos legales para obtener la titularidad y a su vez que doña nombre reservado y nombre reservado no cumplen los requisitos, haciendo presente que no resulta necesario dictar acto administrativo alguno que declare la titularidad o el hecho de no reunirse los requisitos para obtener la misma.

En cuanto a los docentes que no reúnen los requisitos que hacen procedente la titularidad menciona que doña nombre reservado celebró un contrato regido por las normas del Código del Trabajo en el año 2011 y a contar del año 2012 tiene diversos contratos, pero 2 de ellos por menos de 20 horas semanales, a su vez doña nombre reservado presenta múltiples contratos con la recurrida pero no cumple con el requisito de las 20 horas semanales durante los últimos 3 años continuos o 4 discontinuos.

Manifiesta que existen criterios u opiniones distintas respecto de si las profesoras doña nombre reservado y nombre reservado cumplen o no los requisitos para obtener la titularidad, motivo por el cual no existe un derecho de carácter indubitado o indiscutible, debiendo dicha situación ser dilucidada a través de un juicio de lato conocimiento, haciendo presente que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha conocido acciones de protección de idéntico tenor y ha resuelto que los hechos descritos sobrepasan los márgenes del recurso de protección y que deben ser conocidos y resueltos en juicios de lato conocimiento.

Arguye que por lo demás ambas docentes, en el año 2015, forman parte de la dotación docente municipal, por lo que no se les ha privado de la posibilidad de continuar trabajando pudiendo iniciar las acciones de lato conocimiento pertinentes para que se dilucide su situación.

Indica que en la especie no existe acción u omisión ilegal ni arbitraria alguna y que tampoco ha existido vulneración, privación o amenaza alguna a los derechos de las personas en cuyo favor de recurre, haciendo presente que no se ha mencionado en el recurso acción positiva alguna mediante la cual se haya declarado que los docentes no son beneficiarios de la titularidad, o que se haya reconocido dicha calidad a otros excluyéndose a las personas en cuyo favor se recurre, ni se ha referido otra acción que implique esta exclusión, y que en cuanto a las docente Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado que resulta necesario un juicio de lato conocimiento que declare un dº indubitado por cuanto aquel hecho valer en la especie no cumple con tales requisitos.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta pertinente consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, es preciso determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida algún acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a los recurrentes o a alguno de ellos del legítimo ejercicio de derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el artículo único de la ley 20.804, publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de enero del presente año 2015, que rige la materia, dispone lo siguiente: “Concédese, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo Municipio o Corporación Educacional Municipal, a los profesores de la educación parvularia, básica o media que, al 31 de julio de 2014 se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. La titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto de aquéllos contratados en aula y sus correspondientes horas no lectivas.”.

Sexto: Que la Corporación de Desarrollo Social de Buin, persona jurídica de derecho privado administradora de los establecimientos educacionales y de salud municipalizados de la comuna de Buin, tanto al evacuar el respectivo informe, como al intervenir en estrados, debidamente representada por el abogado Cristian Valdebenito, ha reconocido que reúnen los requisitos para obtener la titularidad de sus horas – de acuerdo lo que establece la mencionada ley 20.804 – los siguientes docentes en favor de quienes se dedujo recurso de protección: a) nombre reservado, b) nombre reservado, c) nombre reservado, d) nombre reservado y e) nombre reservado. Agrega que, por el contrario, no reúnen los requisitos las docentes nombre reservado y nombre reservado, circunstancias todas en las que concordó absolutamente en estrados el apoderado de las recurrentes abogado Sebastián Bustos.

Séptimo: Que, al haberse cumplido todas las exigencias previstas en la ley N° 20.804 respecto de los docentes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado y no haberse acreditado por la entidad recurrida que éstos gozan de la titularidad de las horas que les fueron reconocidas por ley, además de haber reconocido por escrito y en estrado que pueden acceder a ese beneficio, es inconcuso que el recurso de protección debe acogerse respecto de los mencionados recurrentes.

Por las circunstancias ya anotadas precedentemente, debe rechazarse la acción constitucional deducida en nombre de nombre reservado y nombre reservado.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA:

1) Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 8 por don nombre reservado, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de la CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN. SIN COSTAS.

2) Que SE ACOGE el recurso de protección deducido también a fs. 8 por don nombre reservado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de la mencionada CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN, la que deberá dar estricto cumplimiento a lo prescrito por la ley 20.804 a su respecto. SIN COSTAS.

Redacción del Ministro señor CÉSAR GERMÁN TOLEDO FUENTES.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Ingreso Corte N° 163-2015-Pro.

Pronunciada por la Quinta Sala, integrada por los Ministros Sra. María Carolina Catepillán Lobos y Sr. César Germán Toledo Fuentes y Abogado Integrante Sra. María Eugenia Montt Retamales, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En San Miguel, a veintiocho de mayo del año dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.