nombre reservado con BANCO DE CHILE

En Santiago, a tres mayo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 4 comparece el abogado don Rodrigo Javier Campos Fuentes, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de su mismo domicilio, para estos efectos, en contra de SOCOFIN S.A., empresa del giro de cobranzas, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, y del Banco de Chile representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el actuar ilegal de las recurridas expresado en insistentes comunicaciones dirigidas a su persona, a través de correos electrónicos, mensajes de textos y llamados, por los que se cobra una supuesta deuda inexistente, lo que vulnera sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 8 de marzo del año en curso recibió en su trabajo una carta de cobranza de parte de Socofin, fecha desde la cual ha recibido incesantes mails, mensajes y llamados a su celular como a su lugar de trabajo, tanto de la citada sociedad como del Banco recurrido, por una supuesta deuda con éste último, que desconoce.

Indica que con el actuar de las recurridas se ha visto afectada su integridad psíquica, también su vida privada y honra, toda vez que la carta enviada a su lugar de trabajo, fue recibida por otro trabajador recepcionista, y tanto sus colegas como su jefe se enteraron de su contenido.

Agrega que los llamados telefónicos han sido realizados a su teléfono fijo pasadas las 20:00 horas y a su teléfono personal mediante llamadas y mensajes de texto y correos electrónicos De otro lado, si efectivamente existiera una deuda por parte de la recurrente, la vía idónea es demandarla en sede civil, pero no continuar con los hostigamientos señalados.

Solicita se acoja el presente recurso, y se ordene a las recurridas cesar en toda forma de hostigamiento o molestias a la recurrente por una supuesta deuda con el Banco de Chile, con costas.

Segundo: Que a fojas 31 informa al tenor del recurso doña Paula Arancibia Rodríguez, abogada, mandataria judicial en representación de SOCOFIN S.A., domiciliados en domicilio reservado, quien solicitó el rechazo del recurso con condena en costas a la recurrente, fundado en que es efectivo que su parte ha efectuado gestiones de cobranza extrajudicial de un crédito impago que mantiene la recurrente con el Banco de Chile, el que está documentado en un pagaré, suscrito por la recurrente el 15 de junio de 2016, por la suma de $8.289.745, pagadero en 48 cuotas, de las cuales solo ha pagado dos.

Reconoce haber efectuado llamadas telefónicas a doña nombre reservado, las que en ningún caso han sido “múltiples”, y se han realizado con estricto apego a los protocolos existentes y a la Ley 19.496, las que por lo demás, no solo tienen por fin poner en conocimiento de la recurrente su morosidad, sino también intentar acercar las posiciones de las partes y así obtener un acuerdo de pago.

En cuanto a la carta que habría recibido en su lugar de trabajo, señala que está dirigida personalmente a la Sra. nombre reservado, con los dobleces propios de una comunicación cerrada y privada para su destinatario; y, respecto a las comunicaciones telefónicas siempre han sido privadas y dirigidas a la recurrente y jamás a terceros, por lo que las imputaciones formuladas son genéricas Así las cosas, estima que no ha existido por parte de su representada, un acto ilegal ni arbitrario que amenace las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que corresponde que el presente recurso sea rechazado.

Tercero: Que en el primer otrosí de fojas 44, informa al tenor del recurso el abogado José María Olea Aramburu, en representación del Banco de Chile, solicitando su rechazo, con costas, por cuanto no existe acto arbitrario por parte de su representado, ni se ha afectado derecho fundamental alguno de la recurrente; desde que efectivamente ésta adeuda el pago de un crédito al Banco de Chile, que consta del pagaré 73250, suscrito por la Sra. nombre reservado con fecha 15 de junio de 2016 por la suma de $8.289.745, que debía pagarse en 48 cuotas, la primera de ellas el 5 de agosto de 2016, estando en mora desde la tercera cuota.

Agrega, que efectuar la cobranza extrajudicial de una deuda es una facultad de su representado, que puede ejercer con las limitaciones que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.946, y de los antecedentes se desprende que su representado no ha infringido dicho precepto, y el recurso tiene por único fundamento la “inexistencia de la deuda” más no los procedimientos utilizados en la cobranza, además la recurrente no ha fundado su recurso en alguna transgresión de las prohibiciones señaladas en la norma arriba citada, de lo que se sigue que ellas no han ocurrido.

Finaliza señalando que el recurso impetrado debe ser rechazado en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que la recurrente acompaña carta de cobranza de fecha 08 de marzo de 2017 y recibida en su lugar de trabajo y set de diez pantallazos del celular personal, donde constan mensajes de cobranza, siendo el último de fecha 31 de marzo del año en curso.

Por su parte el apoderado del Banco de Chile, mediante presentación de fojas 44 acompaña el Pagaré Nº73250 suscrito por la recurrente ante Notario Público.

Quinto: Que en estrado el apoderado de la recurrente reconoce la existencia de una deuda con la entidad bancaria contra la cual interpone el arbitrio constitucional, pero reitera que su representada ha sido objeto de hostigamientos a través de diversos medios, que han conculcado las garantías constitucionales que en su recurso invoca.

Sexto: Que las recurridas Socofin S.A. y Banco de Chile, a través de sus apoderados, sostuvieron la inexistencia de actos ilegales que hayan afectado algún derecho fundamental de la recurrente e insisten que las actuaciones desplegadas para lograr el pago del pagaré suscrito por la deudora han sido dentro de los márgenes que prescribe la ley de protección al consumidor y hacen presente que se ha modificado la versión de los hechos sostenida en el recurso, por cuanto ahora se reconoce la existencia de una deuda con el Banco antes individualizado.

Séptimo: Que, en la especie, la acción cautelar dice relación con la existencia de una serie de hostigamientos de parte de la empresa Socofin S.A. y del Banco de Chile, que consistirían en insistentes llamados a su lugar de trabajo y a su teléfono celular, inclusive en horas de la noche, mails y mensajes de texto con el objeto de realizar una cobranza extrajudicial de una supuesta deuda que la señora nombre reservado mantendría con la citada entidad bancaria – deuda que en los alegatos realizados ante este tribunal fue reconocida- y que tales hostigamientos de que ha sido objeto la recurrente han vulnerado los derechos fundamentales asegurados en la Constitución Política del Estado como son el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada, todo lo cual estima amerita que se le otorgue resguardo.

Octavo: Que de acuerdo a lo señalado por la recurrida y teniendo especialmente en consideración la falta de elementos de convicción sobre la efectividad de haberse realizado hostigamientos que implicarían una trasgresión al artículo 37 de la Ley 19.496, toda vez que los documentos acompañados por la recurrente no permiten inferir que se le hayan enviado aparentando ser escritos judiciales, ni de que se hayan dirigido comunicaciones a terceros dando cuenta de su morosidad o que los llamados telefónicos se hubieren efectuado fuera de los días y horas hábiles de acuerdo al artículo 59 del Código Civil, no se vislumbra un actuar ilegal en la conducta desplegada por las recurridas ni ella aparece desprovista de fundamento, pues se está frente a actividades propias del cobro extrajudicial de una deuda real e impaga.

Noveno: Que la acción contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que, en su caso, esta Corte adopte las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado.

Decimo : Que de lo anterior se sigue que ha de establecerse, en primer término, la existencia de un actuar contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, para reparar así el amago provocado a ciertos derechos con resguardo constitucional preferente, lo que –como se ha dicho precedentemente- no ha ocurrido en la especie. De tal modo, al faltar el elemento fáctico que sustenta el reproche y, por tanto, la eventual ilegalidad en el obrar de las recurridas, o su arbitrariedad, esto es, uno de los requisitos substanciales de procedencia de la acción intentada, corresponde a esta Corte desestimar aquella pretensión cautelar, sin que sea necesario referirse a los otros aspectos también invocados en el recurso respectivo.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema; se rechaza el recurso deducido en lo principal de fojas 4, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Sra. nombre reservado

N° 1622-2017-pro