nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

San Miguel, cinco de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Augusto Prado Sánchez a nombre de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, docente, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, representada por su Secretaria General, doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, debido a la afectación ilegal y arbitraria alegada consistente en la aplicación en su contra de la medida disciplinaria de amonestación escrita grave, lo que afectaría sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 2 y 3º inciso 5 de la Constitución Política de la República.

Indica el recurrente que mediante Resolución Nº79/2019, de fecha 9 de octubre de 2019, se ordenó instruir Sumario Administrativo en contra de nombre reservado, docente de historia del Liceo Andrés Bello dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel, por hechos denunciados ante la Dirección de Educación que habrían consistido en actos de hostigamiento, agresiones físicas y psicológicas en contra del alumno menor de edad de iniciales T.V.G.C.

Luego, con fecha 16 de marzo del año 2019, el fiscal administrativo dictó formulación de cargos, presentando la recurrente el 21 de diciembre de 2020 los descargos correspondientes alegando, en síntesis, que los cargos efectuados no han sido lo suficientemente detallados ni señalan las obligaciones y normas legales y reglamentarias infringidas, vulnerándose los principios de legalidad y tipicidad. En virtud de lo anterior, se ha infringido el debido proceso, al impedirse la defensa adecuada de la inculpada, lo que afecta la validez del proceso. Asimismo, indica que no se establece en virtud de qué pruebas se dieron por acreditados dichos cargos, faltando el detalle de las circunstancias de las conductas que se le imputan, razón por la cual la sumariada queda en indefensión, al no saber cuál es la conducta contraria que debe probar.

Continúa señalando que con fecha 23 de marzo del año en curso, la Secretaria General de la Corporación Municipal emite su Resolución N° 19/2021, que “Ordena aplicación de sanción por los motivos que indica", consistente en amonestación escrita grave a la sumariada por los hechos establecidos y acreditados fehacientemente en los cargos del sumario administrativo.

Con fecha 01 de abril 2021, la sumariada dedujo Recurso de reposición contra la Resolución 19/2021, de la Secretaria General de la Corporación, en virtud de la parcialidad, vicios e irregularidades del sumario mismo, el que fue rechazado mediante Resolución Nº 21/2021, de 13 de abril de 2021, (notificado el día 15 de abril del presente).

Argumenta que no se le ha respetado su garantía constitucional de igualdad ante la ley y en el procedimiento disciplinario tampoco se le garantizó un debido proceso, pues en la Resolución 21/2021 se le pretenden aplicar sanciones supuestamente establecidas en un Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación, cuya existencia nunca fue acreditada dentro del procedimiento sumarial, ni tampoco se acreditó que le fuera entregado -a la encartada- ni que dicho documento estaba vigente a su respecto.

Aduce que la igualdad ante la ley se ve vulnerada cuando la autoridad de la Corporación Municipal de San Miguel, en forma arbitraria, caprichosa e ilegal, decide aplicarle la medida disciplinaria de amonestación escrita grave, discriminándola, pues aplica –a su respecto- la ley de forma distinta a la que ordena el legislador. Asimismo, acusa que la autoridad de la Corporación Municipal actúo sin respetar elementos esenciales de todo debido proceso, toda vez que el sumario ha debido cumplir con los procedimientos, requisitos legales, ajustarse a las normas y ser racional y fundado.

Así, previas citas legales solicita se acoja en el recurso en todas sus partes, declarando y ordenando que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria, violentando los derechos fundamentales de doña nombre reservado, disponiendo el restablecimiento del imperio del derecho, dejando sin efecto la Resolución Nº 21/2021 del 13/04/2021 y se adopten las providencias y medidas adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho y dar seguridad y protección a los derechos afectados, condenando en cosas a la recurrida.

Acompaña en su recurso: 1. Copia de Formulación de Cargos; 2.- Copia de Resolución Nº19/2021, de 23 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Corporación Municipal de San Miguel; 3.- Copia de Resolución Nº21/2021, de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General de la Corporación Municipal de San Miguel y 4.- Correo electrónico de fecha 15 de abril de 2021, mediante la que se notifica la Res. 21/2021 Segundo: Que informa al tenor del recurso, Javiera Avendaño Miralles, abogado, por la Corporación Municipal de San Miguel, solicitando este sea rechazado, con expresa condena en costas.

Comienza indicando, que debido a la emergencia sanitaria producto del virus COVID, 19 el sumario administrativo que se llevó adelante en contra de la recurrente tuvo una tramitación presencial, en su etapa inicial, para terminar con una tramitación a distancia.

En cuanto a la naturaleza de la relación entre las partes y el marco normativo aplicable, indica que la recurrente de autos es una docente que se desempeña en el sector de la educación municipal, sin que por ello sea una funcionaria municipal, y por ende, no es una funcionaria pública. Dado lo anterior, la relación laboral que mantiene hasta el día de hoy con la Corporación Municipal de San Miguel se encuentra regida por el D.F.L. N° 1 del año 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, aplicándose en lo no regulado, las disposiciones del Código del Trabajo. Señala que éste cuerpo normativo establece en su artículo 153 la obligación para un empleador que ocupe normalmente 10 o más trabajadores (la recurrida tiene alrededor de 1.000 trabajadores) de confeccionar un reglamento nombre reservado, higiene y seguridad. A su vez, este cuerpo legal, en el artículo 154, determina cuáles son las materias que debe contener de manera obligatoria dicho reglamento, señalando en el numeral 10, precisamente, las sanciones a aplicar a los trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, existe una excepción a la aplicación de las normas del Código del Trabajo en materia de los docentes de la educación municipal, y esta excepción se refiere, precisamente, a la tramitación de un sumario administrativo en contra de un docente que sea denunciado por falta de probidad o conducta inmoral, establecidas en el artículo 72 letra b) del D.F.L. N° 1 del año 1997, así como por el incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, causal prescrita en el mismo artículo 72, pero en la letra c) de la norma precitada. Para estos casos, la norma a aplicar no será el Código del Trabajo, sino las normas de los artículos 127 al 143 de la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, sólo en lo que al procedimiento de substanciación del sumario administrativo se refiere y, tal como lo dispone la parte final del primer párrafo de la letra b) del artículo 72 “considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”.

Continúa relatando que el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de San Miguel, aprobado por la Resolución N° 16/2018 de fecha 01 de marzo del año 2018, y vigente desde mediados de ese año, le fue entregado en sus manos a la Sra. nombre reservado, tal como consta en el documento de recepción firmado por la recurrente al momento de la entrega del reglamento, fechado el día 28 de junio del año 2018.

En cuanto a las acusaciones formuladas, da cuenta de los hechos que motivaron el sumario administrativo y señala que éste se inicia por constituir eventualmente “conducta inmoral”, cuya sanción llega hasta el término de la relación laboral del docente, según lo dispone el artículo 72 letra b) del D.F.L. N° 1 del año 1997 del Ministerio de Educación, y no falta de probidad como indica la recurrente.

Contradice lo señalado por la recurrente en cuanto a la falta de claridad en las conductas señaladas por el Fiscal como susceptibles de ser sancionadas, lo que redundaría en un problema de legalidad y tipicidad, señalando que en la propia resolución que impone la sanción de amonestación escrita grave, se efectúa un desarrollo y análisis en detalle de los cargos levantados, se hace referencia precisa a las normas del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de San Miguel, y se expresa que los fundamentos esgrimidos por el Fiscal en su vista fiscal se deben entender como parte integrante de dicha resolución. Por otro lado, indica que los hechos fueron debidamente acreditados, así en el Cargo I es la misma recurrente quien reconoció la conducta en su declaración, “pero con matices”, mientras que en el Cargo II hay una serie de declaraciones de testigos, todos ellos compañeros de curso del alumno de iniciales T.V.G.C. que dan cuenta de las conductas desarrolladas en diferentes momentos del año académico 2019. Así las cosas, refiere que en el Cargo I se señala precisamente la fecha y el contexto en el cual se produjo la conducta, mientras que en el Cargo II, por ser hechos que se produjeron en distintos momentos, si bien no se pudo precisar los días específicos (porque los alumnos no recordaban), sí se pudo determinar que fue durante el año académico 2019.

Niega asimismo alguna infracción al debido proceso, dando cuenta de la forma en que se desarrolló la investigación por el Fiscal y por la Secretario General (I) de la Corporación Municipal de San Miguel e indica que se tomaron todos los recaudos procesales posibles para que la sumariada no se viera afectada en el ejercicio de sus derechos así como se agotaron todas las etapas procesales en la substanciación del sumario administrativo, a saber: Instrucción del sumario con los antecedentes fundamentes, incluyendo la designación del Fiscal; designación de actuario y domicilio de la fiscalía; toma de declaraciones a la denunciante, sumariada y terceros; solicitud de gestiones y documentos por parte del fiscal a distintas instancias de la Corporación Municipal de San Miguel; levantamiento de cargos; apertura de término probatorio y de gestión probatoria de la sumariada (término que fue solicitado por la recurrente para una gestión probatoria solicitada por ella y que fue ejecutada por el Fiscal); vista fiscal; entrega de expediente a Secretaría General para la dictación de la resolución que establece sanción o sobresee a la docente; instrucción al Fiscal para una gestión posterior por parte de Secretaría General (de acuerdo a las facultades que otorga el artículo 138 inciso 2 de la Ley N° 18.883); gestión evacuada por parte del Fiscal; dictación de resolución que impone sanción a sumariada; recurso de reposición de la sumariada; resolución del recurso de reposición que confirma la sanción. Y entremedio de estas etapas, se suspendió el procedimiento cada vez que fue necesario, cautelando el debido proceso en favor de la sumariada.

Sobre la infracción a la igualdad de la alegada indica, indica, en síntesis que en todo el texto del recurso no hay una sola referencia a una comparación respecto de quién o de qué hecho no ha existido una igualdad ante la ley, razón por la cual debe ser desechada.

Acompaña en su informe 1.- Copia del documento de recepción del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad vigente de la Corporación Municipal de San Miguel, con nombre, cédula de identidad y firma de la recurrente, de fecha 28 de junio del año 2018; 2.- Copia de la Resolución N° 16/2018 de fecha 01 de marzo del año 2018, que aprueba el Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de San Miguel; 3.- Acta de Sesión de Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, de fecha 07 de enero de 2019, y reducida a Escritura Pública, anotada en el Repertorio bajo el número 102, de fecha 21 de enero de 2019, otorgada ante la Notario Público de San Miguel, doña nombre reservado, en la cual consta la personería de doña nombre reservado para representar a la Corporación Municipal de San Miguel en calidad de Secretario General Interino; 4.- Correo emitido por la apoderada y denunciante del menor de iniciales T.V.G.C., doña nombre reservado, de fecha 24 de mayo del año 2021, dirigido a don nombre reservado, quien fuera el Fiscal del sumario administrativo. Con posteridad, cumpliendo lo ordenado se acompañan: 1.- Resolución Nº 79/2019 de fecha 09 octubre de 2019 (Ordena instruir sumario administrativo); 2.- Resolución Nº 92/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 (Autoriza prorroga de plazo en sumario administrativo); 3.- Visita Fiscal de fecha 14 de enero de 2021; 4.- Resolución Nº 02A/2021 de fecha 15 de enero de 2021 (Ordena suspensión de sumario por motivos que indica); 5.- Resolución Nº 23/2021 de fecha 4 de marzo de 2021 (Ordena inicio de tramitación de sumario administrativo por motivos que indica); 6.- Resolución Nº 15/2021 de fecha 9 de marzo de 2021 (Ordena gestión a Fiscal en sumario administrativo que indica); 7.- Resolución Nº 19/2021 de fecha 23 de marzo de 2021 (Ordena aplicación de sanción por motivos que indica) y 8.- Resolución Nº 21/2021 de fecha 13 de abril de 2021 (Resuelve recurso de reposición en sumario administrativo que indica).

Tercero: Que sabido es que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Conocidamente los presupuestos de esta acción cautelar son que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De suerte tal, que cuando los anteriores requisitos se reúnen, la acción permite la adopción de ciertos resguardos que evitan los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. En consecuencia, este arbitrio, tanto por su naturaleza y fines, como por las circunstancias procesales en que se tramita, solo puede tener por objeto la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela frente a conflictos de orden constitucional.

Cuarto: Que, son hechos incontrovertidos en estos autos, los siguientes:

1.- Que, por resolución 79/2019 de fecha 9 de octubre de 2019, se ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo contra la recurrente, Docente de Historia del Liceo Andrés Bello, dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel, por hechos denunciados ante la Dirección de Educación, consistentes en actos de hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas de la Docente contra un alumno.- 2.- Que, el Fiscal a cargo del sumario administrativo con fecha 116 de marzo de 2019 le formuló cargos a la sumariada.

3.- Que la docente sumariada contestó los cargos el 21 de diciembre de 2020.- 4.- Que el 23 de marzo de 2021, mediante resolución 19/2021 se dispuso aplicar a la sumariada la sanción de amonestación privada grave.

5.- Que la docente afectada dedujo recurso de reposición contra la resolución ya señalada.

6.- Que, por resolución 21-2021 de fecha 13 de abril de 2021 se rechazó el recurso de reposición y mantuvo la medida disciplinaria aplicada a la Docente. De esta resolución la sancionada recurre de protección denunciando como garantías vulneradas la igualdad ante la ley -artículo 19 n° 2 de la Constitución Política- y el derecho a un debido proceso -n° 3 mismo artículo-.

Quinto: Que, como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema “La acción de protección no es la vía para evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo” (rol 99.592-2020).

En el caso de autos, existió un proceso administrativo previo, llevado por un Fiscal nombrado para tal efecto, el cual se encuentra afinado, donde hubo formulación de cargos, descargos, periodo de prueba, propuesta de sanción, entre otros múltiples trámites, todo lo cual refleja un debido proceso ajustado a derecho.

Sexto: Que, por consiguiente, no resulta procedente la presente acción cautelar, para discutir el arbitrio propuesto, toda vez que la propia ley contempla otras vías en resguardo de los hechos denunciados en el recurso de protección, procedimiento contencioso administrativo en el cual la docente que recurre de protección, contestó los cargos y dedujo recursos, por lo que tal vía que es especial debe preferirse a la que contempla la acción cautelar. Luego, el control que se pudiera ejercer por la vía cautelar no se encuentra destinada a evaluar aspectos de mérito de aquellas actuaciones realizadas en un sumario administrativo, por lo que el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Séptimo: Que, atendido lo razonado precedentemente, se estima innecesario emitir todo pronunciamiento respecto de las garantías denunciadas en el recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por el abogado Augusto Prado Sánchez en favor de la Profesora nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel.

Se previene que la Ministro Sra. Díaz concurre al rechazo del recurso de protección, pero no comparte el considerando sexto, toda vez que:

a) La acción cautelar procede frente a la afectación que sufra una persona de alguna de las garantías o derechos que la Constitución Política de la República asegura en el artículo 20, producto de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes.

b) En el caso debatido, no se desprende afectación para la garantía del debido proceso, toda vez que hubo instrucción de un sumario, se le puso en conocimiento a la recurrente de los cargos formulados, ésta pudo efectuar descargos, tuvo la posibilidad de presentar prueba en apoyo de sus alegaciones y finalmente impugnar la decisión adoptada por la autoridad administrativa.

c) En relación a la garantía de igualdad ante la ley, no se probó su vulneración, pues no se indicó por la recurrente de qué manera en una situación similar se haya dado un trato distinto a otros funcionarios.

d) En las condiciones anotadas, no concurre una de las exigencias de la acción cautelar, esto es, que exista privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías invocadas por la recurrente, razón por la cual la deducida no puede prosperar. A lo que cabe agregar, adicionalmente, que por esta vía no puede impugnarse el mérito de un acto de la autoridad administrativa, que aparece como el resultado de un procedimiento legalmente tramitado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Luis Sepúlveda Coronado y de la prevención, su autora.

Rol 1620-2021-Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sra. María Teresa Díaz Zamora, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Fiscal Judicial Sra. Tita Araguiz Zúñiga.

Se deja constancia que no firman la Ministro señora Díaz, por encontrarse ausente con licencia médica y la Fiscal Judicial señora nombre reservado, por estar haciendo uso de su feriado legal.