nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

Dejo constancia que alego por el recurso el abogado Felipe Hazbun Marín y contra el recurso el abogado Christian Ruiz Varas. Dejo constancia que la audiencia se inició a las 10:39 horas y concluyó a las 11:36 horas San Miguel, 22 de marzo de 2022. Javiera Gainza Flores, relatora.

San Miguel, veintidós de marzo de dos mil veintidós.

A los folio N°14.160 y 14.214: A lo principal y otrosí: Téngase presente.

Vistos:

Doña nombre reservado, chilena, cédula de identidad RUT reservado, funcionaria municipal administrativa grado 13, deduce acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, representada por su Alcalde don Christopher Antonio White Bahamondes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio 2223 de 30 de noviembre de 2021, que dispuso la no renovación de su contrata para el año 2022. Detalla que la motivación del referido acto correspondió a la restructuración del departamento administrativo de la Dirección de Administración y Finanzas y a los sostenidos cambios de dependencia. Y expresa que le fue notificado el 24 de enero de 2022, oportunidad en que ella concurrió a preguntar por su sueldo.

Expone que ingresó a trabajar al municipio a honorarios el 31 de diciembre de 2014 a cumplir la función de planificación territorial y como auxiliar en el gimnasio municipal hasta febrero de 2016. Da cuenta que en marzo de 2016 pasó a contrata grado 14 para desempeñarse en la Dirección de la Alcaldía, como funcionaria administrativa, conductora, en el departamento de seguridad ciudadana, lugar en el que permaneció hasta el 2019, hasta que fue trasladada a aseo y ornato para cumplir trabajo administrativo de Inspectora Técnico de Servicio; y una vez que terminó esa tarea el 2020 fue cambiada a la dirección de administración y finanzas para realizar funciones de conductora, administrativa, técnica de servicio a la Empresa a de Guardia y Empresa de Aseo e ITS en la empresa de alarmas.

Refiere que el 1 de diciembre de 2021, luego de realizar sus labores en terreno, a las 14:30 horas su oficina estaba cerrada y una vez abierta, había otra persona en su escritorio. Indica que el impacto de lo sucedido hizo que debieran llevarla para obtener atención médica de urgencia y luego en la ACHS le dieron licencia psiquiátrica. De ese modo, el 21 de enero llamó al encargado de recursos humanos, don nombre reservado, para preguntar por su sueldo y verbalmente le respondió que tenía que ir a la Municipalidad a notificarse, pues la habían desvinculado a contar del 1 de enero de 2022, pese a que se encontraba con licencia médica. Hace presente que hasta la fecha de interposición del recurso se encontraba con tratamientos psicológicos.

Aduce que queda de manifiesto que cumplió con todas sus responsabilidades durante 8 años, que incluso realizó labores adicionales, que sus informes y calificaciones siempre fueron muy buenas y con ello concluye que la resolución es vaga, imprecisa y no tiene una adecuada fundamentación de los motivos y razones, sin cumplir el estándar de la confianza legítima. Precisa que siempre ha sido calificada en lista 1, con calificación sobresaliente nota 7.0, no ha sido afectada por alguna condena en un sumario administrativo, no cuenta con anotaciones negativas y añade que el acto no contiene referencia a hechos concretos. Destaca que a partir de su primer nombramiento a contrata, a contar del año 2016, se renovó ininterrumpidamente hasta el 31 de diciembre de 2021. Expresa, además, que tuvo decretada enfermedad laboral por la ACHS, de acuerdo a la ley 16.744, desde el día 1 de diciembre de 2021.

En cuanto a los motivos del acto, reitera que son imprecisos y precarios, desde que en el decreto impugnado no se explica por qué razón, o bajo qué criterios, las autoridades municipales decidieron terminar anticipadamente su contrata y no la de otros funcionarios. Es decir, no se explica cuál fue el elemento diferenciador que llevó a que el Alcalde decidiera cesar sus funciones como empleada municipal y mantener en sus puestos de trabajo a otros funcionarios de idéntica calidad jurídica.

En lo que respecta a la confianza legítima, afirma que consiste en la seguridad de que la práctica efectuada por el servicio público será reiterada en el tiempo y que, por lo tanto, se repetirá en el futuro, y así lo decreta el dictamen número 22766 de fecha 24 de marzo de 2016 de la Contraloría General de la República, en consonancia con lo establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. Expresa que ello se traduce en que los servicios públicos y municipalidades tienen la obligación de renovar las contratas de los funcionarios que llevan más de dos años continuos en dicha calidad y cualquier decisión distinta debe ser debidamente fundamentada, acreditada y respaldada con los antecedentes pertinentes. Cita, también, los dictámenes 85.700 de 28 de noviembre de 2016 y el 6.400 de 2 de marzo de 2018. Añade que la jurisprudencia administrativa también ha sostenido que el acto administrativo que pone término a la contrata debe dictarse antes del 30 de noviembre de cada año. En el mismo sentido, cita los fallos de la Excma. Corte Suprema números 35.103-2017 y 92148-2020, el de la I. Corte de Apelaciones de Santiago número 187394-2019 y los ingresos de esta Corte 10856-2021, 10857-2021, 10839-2021, 5210-2021, todos confirmados por la Excelentísima Corte Suprema.

A continuación, argumenta que la transitoriedad del empleo a contrata no equivale a precariedad y que por ese motivo mismo resulta abusiva la cláusula correspondiente a "las necesidades del servicio" o "hasta que los servicios sean necesarios", incluida en los actos/contratos de nombramiento o designación. Ello porque el artículo 87 de la Ley №18.883, plasma el principio según el cual todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los contratas.

Manifiesta que el acto impugnado vulnera las garantías de los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Indica que ha sido víctima de una discriminación arbitraria, desde que se pone término a su vínculo contractual por motivos discriminatorios y a través de un procedimiento ilegítimo. También se ha afectado su libertad de trabajo, toda vez que se ha incurrido en una conducta discriminatoria que no se basa en la capacidad o idoneidad personal. Y, finalmente, su derecho de propiedad, en la dimensión de estabilidad en el empleo.

Pide, en definitiva, se acoja el recurso en todas sus partes, se declare ilegal y/o arbitrario el Decreto Alcaldicio № 2223 de 30 de noviembre de 2021 mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata para el año 2022, disponiéndose, en cambio, la renovación de su contrata por la anualidad indicada, debiendo ordenarse su reincorporación a sus funciones y que la recurrida proceda al pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales desde el momento en que se produjo la separación hasta la efectiva reincorporación, reintegro que se debe realizar en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al momento de ser desvinculada, declarándose expresamente, además, que la renovación de mi contrata es de carácter indefinida, todo con expresa condena en costas.

Informa al tenor del recurso don Christian Ruiz Varas, por la recurrida I. Municipalidad de San Bernardo.

En primer lugar opone la excepción de caducidad y/o extemporaneidad de la acción constitucional. Para ello explica que se interpone la presente acción el día 26 de enero de 2022 en contra del acto administrativo DA N º 2223 de fecha 30 de noviembre de 2021, esto es mas allá de los 30 días corridos establecidos en la Ley. Detalla que es un hecho pacífico y no discutido que la recurrente estaba contratada bajo la modalidad a contrata, empleo que se caracteriza por ser esencialmente temporal y con duración hasta el día 31 de diciembre de cada año.

Arguye que ni aún en el caso de una licencia médica, esto significaba que su vínculo contractual se extendía más allá del pazo legal y hace presente que del propio relato de la recurrente se desprende que fue avisada de que su vínculo no sería renovado el 1 de diciembre de 2021. Asevera, así, que tomó conocimiento del acto impugnado el día 1 de diciembre de 2021, conforme a sus propios dichos, y no el 24 de enero de 2022.

Hace presente que el escrito del recurso contiene un patrocinio y poder firmado ante notario el día 25 de enero de 2021 y con ello se pregunta “¿cómo fue redactado el recurso de protección contra un acto ilegal contenido en el Decreto Alcaldicio Nª 2223, que dice no haber recibido ni firmado?”. Afirma que el relato es incoherente y contradictorio y que todo indica que la recurrente ciertamente había tomado conocimiento del acto recurrido y tanto es así que ello provocó la licencia médica.

En segundo lugar, informa el fondo de la acción deducida y expone que la actora no tenía una relación laboral del Código del Trabajo, ni de carácter indefinida, sino una de carácter estatutario, cuyo término o finalización no son constitutivos de actos ilegales o arbitrarios que corresponda amparar por la vía del recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se refiere a la naturaleza jurídica, funciones y normas que regulan a las municipalidades, para enfatizar que la posibilidad de contratar a personas para que presten servicios a contrata, nace del marco regulatorio que establece todo el corpus jurídico sobre la materia, específicamente lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº18.883.

Indica que el personal a contrata está constituido por aquellas personas que, prestando servicios para el cumplimiento de los fines del municipio, tienen un vínculo esencialmente temporal o de plazo fijo que dura hasta el 31 de diciembre de cada año, contemplándose la posibilidad de disponer su prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos; y, si no se prorrogan, no puede entenderse que se renuevan.

Explica que es un hecho público y notorio para la comunidad de San Bernardo que luego de la renuncia de la ex alcaldesa, Sra. Nora Cuevas, el alcalde electo por el Concejo Municipal ordenó la realización de una auditoria administrativa, de procesos y financiera; junto a lo anterior, los distintos departamentos o direcciones del municipio emitieron informes sobre el estado de sus unidades. Como consecuencia de tal proceso, el alcalde ordenó a todas las Direcciones municipales ajustar sus departamentos, reorganizarlos y que se diera estricto cumplimiento a lo que ordena la ley en termino de contratación del personal a contrata y también respecto de los contratos a honorarios. Hace presente que, para ello, se contó con una serie de documentos, informes y solicitudes que lo obligaban a tomar medidas de ajustes, inspirado en el principio del uso racional de los fondos públicos, la eficiencia y el buen servicio. Asevera que, en ese contexto, se determinó la decisión de no renovar el empleo a contrata de la Sra. nombre reservado, fundado en las prerrogativas y consideraciones señaladas en dicho decreto y en la disposición legal que determina el carácter temporal del vínculo. Con ello manifiesta que la frase “transitoriedad de los servicios”, es complementaria, pues el acto está fundado y fue notificado oportunamente.

Reitera que el término del vínculo estaba contenido en el decreto que dio origen a la contrata para el año 2021 y era conocido por la recurrente, porque es parte de la naturaleza jurídica de la misma, con lo que descarta la existencia de algún acto arbitrario o ilegal.

En cuanto a la confianza legítima, afirma que se equivoca la recurrente al señalar la doctrina de la Contraloría General de la Republica como un “principio del derecho”, pues un dictamen es sólo es una doctrina de carácter administrativo y no un principio general del derecho, ya que en ningún caso puede ir contra texto expreso de ley o en contra de las facultades o potestades de un alcalde. De ese modo, cuestiona la jurisprudencia administrativa citada en el recurso y asevera que la Contraloría excede el ámbito de sus competencias, de conformidad con los artículos 6º y 7º de la Constitución, pues se busca modificar lo expresamente prevenido en el artículo 2º de la ley 18.883 y la naturaleza temporal de los empleos a contrata.

A continuación aduce que no corresponde ni a la recurrente, ni menos a la Contraloría, evaluar o calificar los motivos que fundan una decisión contenida en un Decreto Alcaldicio; de lo contrario se vulneraría el artículo 21 B de la Ley N° 10.336 que señala que “La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticos o administrativas”.

Rechaza que se hayan vulnerado garantías de la actora. Señala que la decisión se ajustó a las potestades que tiene el alcalde, entregadas por la ley, para organizar el servicio. Añade que no es efectivo que los hechos hayan infringido la igualdad ante la Ley, por cuanto la no renovación de la contrata profesional grado 14 para la anualidad 2022 se ajusta a derecho y no está fundada en ninguna circunstancia discriminatoria, sino que en el deber de hacer cumplir lo mandatado en el antes mencionado artículo 2º de la ley 18.883, a la luz de la eficiencia y la legalidad del presupuesto.

En relación al derecho de propiedad, arguye que no se puede tener un derecho de propiedad, entendido como absoluto inalienable y no disponible por terceros, sobre un empleo que justamente se caracteriza por ser esencialmente temporal y que es la Ley la que fija la naturaleza del vínculo.

En lo que respecta a la libertad de trabajo, esgrime que lo protegido es el derecho de toda persona de no ser forzada a desarrollar una labor, la que sólo puede ser ejecutada con su consentimiento previo y libre, y, por otra, la libertad de contratación y la libre elección del trabajo, que consiste en la facultad de toda persona de escoger sin sujeción o concurso de otro, el momento, la persona, la labor y las condiciones en que contratará sus servicios laborales, con sujeción a los límites establecidos en la ley. Es decir, no se corresponde con lo relatado por la actora.

Pide se rechace el recurso en todas sus partes, por no existir omisión, resolución o acción alguna ilegal o arbitraria y que la haya privado, perturbado o amenazado en el derecho al que se refiere en su recurso, con expresa condenación en costas.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la excepción de extemporaneidad Primero: Que del mérito de lo expuesto, aparece que no existen antecedentes que hayan desvirtuado lo referido por la actora, en orden a que tomó conocimiento del Decreto impugnado y su contenido el 24 de enero del año en curso, por lo que tal alegación ha de ser desestimada.

II. En cuanto al fondo de la acción deducida Segundo: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas las garantías constitucionales, consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para que así ocurra, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Tercero: Que de lo expuesto por las partes se aprecia que el reproche formulado al acto administrativo cuestionado se funda en que éste carece de “motivación racional”, pues no daría cumplimiento a diversas normas legales que cita, entre las cuales cabe destacar los artículos 11 y 41 inciso cuarto de la ley Nº19.880, y atentaría contra el principio de la confianza legítima, lesionando los derechos constitucionales que la recurrente invoca en su favor, puesto que sostiene, como ya se adelantó, que los argumentos vertidos en el decreto alcaldicio cuestionado no son efectivos y, para tales efectos, realiza una serie de observaciones a la explicación dada por la autoridad consistente de “no ser necesarios sus servicios”, en especial repara en la falta de explicitación del motivo de su desvinculación, pues no se dice por qué no son necesarios sus servicios para el año 2022, sin considerar la autoridad administrativa el hecho de que prestó servicios por 8 años de manera continua, en distintas secciones y sin reproches en su desempeño.

Cuarto: Que analizado el Decreto que se cuestiona por esta vía, se advierte que no se explicitan suficientemente los elementos objetivos que permitirían fundadamente a la Administración del Estado poner término a un nombramiento a contrata como el de la recurrente, desde que sólo se hace una alusión genérica a la duración de los empleos a contrata, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 18.883, a la supresión de las funciones por reestructuraciones en su dependencia, lo que no haría necesarios sus servicios y a las reiteradas reubicaciones de la funcionaria. Pero no explica por qué no se renueva la contrata específica de la recurrente, o por qué no se toma la misma decisión relativa a otros funcionarios en su misma dependencia. De esta manera, y como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, se ha vulnerado el principio de confianza legítima que asistía al recurrente por haberse renovado, sin solución de continuidad, por más de dos anualidades, el vínculo con la Administración.

En efecto, la máxima magistratura ha resuelto, al tratar precisamente, sobre el contenido y alcance del concepto confianza legítima, en causa Rol N° 6781-2019 (y en un mismo sentido en la causas rol 6.783-2019 y 6083-2019), pronunciado por la Tercera Sala: "Que la circunstancia que la parte recurrente ha sido nombrada en el cargo a contrata por más de dos anualidades -11 años-, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie".

Quinto: Que, así las cosas, la circunstancia de haberse renovado la contrata de la recurrente por más de dos anualidades, sin solución de continuidad, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo pudo terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motivara su destitución o por una calificación anual que así lo permitiese, supuestos de hecho que no concurren en la especie, como se ha advertido.

Por ende, la decisión de no renovar la contrata ha devenido en un acto arbitrario e ilegal que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la Ley consagrado en el numeral segundo del artículo 19 de la Carta Fundamental, al haberse dado a la recurrente un trato diferente sin respetar la confianza legítima generada, como antes se explicó.

Sexto: Que por la razones antes dadas procede acoger la presente acción constitucional, en la forma que se pasa a decir en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de San Bernardo, sólo en cuanto se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°2223,de 30 de noviembre de 2021 y se ordena la prórroga de la contrata de la recurrente hasta el 31 de diciembre de 2022, debiendo la recurrida proceder al pago íntegro de las remuneraciones y estipendios devengados entre la fecha de su separación y la de su reintegro efectivo, debiendo dictar los actos administrativos que en Derecho corresponda.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° 162-2022 Protección.