Protección contra Corporación Municipal de San Miguel

Foja: 60 Sesenta San Miguel, diecinueve de mayo de dos mil quince.

VISTOS:

PRIMERO: Que a lo principal de fojas 7, don nombre reservado, profesor y Presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección a favor de nombre reservado cédula nacional de identidad: RUT reservado y de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad: RUT reservado, ambos de su mismo domicilio, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, representada legalmente por su Secretario General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la exclusión arbitraria e ilegal, en atención a lo previsto por la Ley 20.804 de los referidos profesores los que no fueron incorporados a la titularidad de la dotación docente, sin que mediara acto administrativo alguno que explicara la exclusión, de lo cual tomaron conocimiento el 02 de marzo pasado al iniciar el año escolar, actuación que entiende constituye una vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2o y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que en el caso de don nombre reservado, llevaba hasta el 28 de febrero de 2015, 6 años como profesor dependiente de la recurrida y al 31 de julio de 2014, cumplía 44 horas cronológicas semanales. Sencillamente no le renovaron el contrato en marzo y actualmente está cesante. Lo que por la naturaleza de los servicios afirma constituye un doble daño, ya que estando las dotaciones docentes al inicio del año escolar, no lo priva sólo del derecho a la titularidad que por ley le corresponde, sino que además será muy difícil que pueda encontrar trabajo durante este año.

Indica que es similar el caso de doña nombre reservado, quien llevaba 6 años como profesora dependiente de la recurrida y al 31 de julio de 2014, cumplía 44 horas cronológicas semanales. Es del caso que a principios de marzo del año en curso, le ofrecieron un contrato de reemplazo por un mes, hasta que se reincorpora el profesor titular a su cargo.

Es así como en ambos casos los afectados fueron privados de su derecho a obtener la titularidad de sus cargos con las 44 horas semanales que desempeñaban para la recurrida, exclusión que califica de arbitraria e ilegal en atención a lo dispuesto en la ley 20.804.

Explica que el 31 de enero del año en curso se publicó la Ley 20.804 que concede la calidad de titulares de la dotación docente a los profesores que cumplan los requisitos que la norma indica. Agrega que el 10 de febrero de 2015 la señora Ministra de Educación Subrogante emitió el Oficio Ordinario 07/00139 dirigido a los Secretarios Ministeriales de Educación y a los señores Jefes de Departamentos Provinciales de Educación, en el cual se imparten instrucciones sobre la aplicación de la referida ley, indicando que los requisitos para acceder a la titularidad son: ser profesional de la educación parvularia, básica y media; que al 31 de julio de 2014 se encuentren incorporados a una dotación municipal en calidad de contratados; que su contratación haya sido por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal y que al 31 de julio de 2014, hayan tenido a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, en la misma dotación, estableciéndose además la irrelevancia de la fuente de financiamiento de sus remuneraciones. Cita además la normativa que rige la prestación de los servicios de las personas a cuyo favor se recurre, esto es, el Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley 19.070, en particular sus artículos 2 que define a los profesionales de la educación y el 25 que indica que las calidades en que se pueden incorporar los profesionales de la educación a la dotación docente, esto es, como titulares o en calidad de contratados, y estos últimos son aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad de la exclusión, sostiene que ni existe acto administrativo que expresa y fundadamente explique las razones de la exclusión y además por cuanto las razones verbalmente otorgadas a los dirigentes del Colegio comunal de Profesores no resisten el menor examen legal.

Aduce que la norma no distingue en cuanto a la fuente de financiamiento, por lo que si las remuneraciones son pagadas por leyes especiales como la Ley SEP o PIE, las que permiten la contratación a plazo fijo de profesores, ello no es óbice para acceder a la titularidad docente. Sostiene que la ley tampoco distingue el tipo de contratación, esto es, si se trata de un contrato a plazo fijo en calidad de titular, suplente o en condición de reemplazo. Es por ello que afirma que si la ley hubiese querido excluir a los profesores remunerados con leyes especiales: SEP o PIE lo habría señalado expresamente, lo que no sucedió. Agrega que las instrucciones impartidas por el Ministerio del ramo en materia de aplicación de la Ley 20.804 son vinculantes para todas las Corporaciones o Departamentos Municipales de Educación por lo que la recurrida con su actuar no sólo no acató la ley, sino que también ha ignorado las órdenes impartidas al efecto por el Ministerio de Educación.

En cuanto a las garantías vulneradas, refiere la afectación de la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, importa a este efecto, que todo docente que cumpla con los requisitos establecidos en la ley debe ser incorporado a la dotación municipal en calidad de titular, por lo que la interpretación que efectúa la recurrida no atiende al tenor literal y por el contrario la interpreta restrictivamente. Sostiene que la recurrida discrimina sin fundamento legal alguno y sin mediar acto administrativo fundado.

En relación a la vulneración del derecho de propiedad, específicamente a la propiedad sobre el empleo, afirma que habiendo sido publicada la ley el 31 de enero del año en curso, importa que al 01 de febrero del mismo año los docentes gozaban de la titularidad por lo que la estabilidad en el empleo es un derecho adquirido legalmente. En razón de ello sostiene que la condición de inestabilidad y precariedad en el empleo constituye una vulneración al derecho de propiedad que detentan los que forman parte de la dotación municipal en calidad de titulares.

Por último aduce que esas garantías están expresamente amparadas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, ello sin perjuicio de las que esta Corte, en virtud de sus facultades conservadoras, estime como vulneradas otras garantías.

En mérito de lo expuesto solicita se ordene la dictación de un acto administrativo para incorporar a la titularidad docente a los profesores en cuyo favor se recurre, y se adopten todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho, con costas del recurso.

Adjunta a su acción los siguientes antecedentes: a) Copia de Ordinario Nº 07/00139 sobre acceso a la titularidad de docentes a contrata de establecimientos públicos subvencionados de fecha 10 de febrero de 2015, que imparte instrucciones respecto a la aplicación de la Ley 20.804, rolante a fojas 1 y siguientes; b) Copia de Acta de Constitución Colegio de Profesores AG, Directorio Regional Metropolitano en la cual consta que don nombre reservado es su Presidente, rolante a fojas 4 y siguientes.

SEGUNDO: Que a lo principal de fojas 43, doña nombre reservado y doña nombre reservado en representación de la recurrida corporación Municipal de San Miguel, solicita en primer término se declare la extemporaneidad, por cuanto la notificación del término de la relación laboral a ambos docentes se efectuó en diciembre de 2014, en tanto que la Ley 20.804 entró en vigencia el 31 de enero de 2015, oportunidad en la que se habría tomado conocimiento del acto u omisión que se impugna.

Al efecto las informantes se refieren en particular a la situación de cada docente.

En el caso de don nombre reservado, exponen que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria, por cuanto la no renovación del contrato a plazo fijo se verificó el 31 de diciembre de 2014 y la Ley 20.804 entró en vigencia el 31 de enero de 2015. Expone que a partir de esa fecha el señor nombre reservado no se comunicó ni acercó a las dependencias de esa Corporación o del establecimiento educacional para exigir la titularidad de sus horas, por lo que mal podría su representada haber incurrido en una acción u omisión ilegal o arbitraria. Sin perjuicio de ellos, reconoce que el docente prestó servicios bajo la modalidad de contrato a plazo fijo afecto a la Ley 19.070 a partir del año 2006 siendo desvinculado el año 2012 por aplicación del artículo 72 letra c de la ley antes citada, esto es, por no concurrencia a sus labores en forma reiterada.

Precisa al efecto que el docente al 31 de julio de 2014 desempeñaba 30 horas de docencia en aula y no 44 como señala el recurrente, dado que las 14 horas correspondientes a extensión horaria acordada se basaban en una función técnico pedagógica distinta de la señalada por la Ley 20.804, que exigía docencia en aula. Por ello, expone que de existir un derecho de propiedad sobre las horas alegadas, ese sería sólo por aquellas de carácter de docencia de aula lectivas y no lectivas. Hace presente además que después del 31 de julio de 2014 el señor nombre reservado renuncia a un total de 18 horas, quedando con una carga horaria de 26 horas, 24 de ellas de docencia en aula y dos de coordinación de enlace, por lo que sólo señala se le puede reconocer 24 horas de titularidad.

Por último señala que no es efectivo lo señalado por el recurrente en cuanto a que el docente habría sido comunicado verbalmente el día dos de marzo de que se le mantendría su situación contractual anterior.

En cuanto a la situación de doña nombre reservado exponen que prestó servicios bajo la modalidad de contrato de trabajo indefinido conforme a las reglas del Código del Trabajo entre el 19 de abril de 2001 al 18 de abril de 2005 en que la relación concluyó por mutuo acuerdo, de conformidad al artículo 159 Nº 1 del mismo cuerpo normativo. Posteriormente, el 30 de abril de 2013 se celebra contrato de trabajo de docente en aula por 44 horas a plazo fijo por un año, el cual fue renovado el 01 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015. Expone que la Ley 20.804 exige para acceder a la titularidad tener 3 años continuos o 4 años discontinuos como contratado de acuerdo a la Ley 19.070, requisito del cual aún no existe claridad. Además arguye que tampoco cumple con el tiempo de docencia exigido por la ley por cuanto no se le puede considerar el período de los años 2001 a 2005 por cuanto su contratación en esa época se ajustó al Código del Trabajo y no al Estatuto Docente como lo exige la Ley 20.804.

Por ello entiende que tampoco existe ningún acto que vulnere los artículos 19 Nº 2 y 24 de la Carta Fundamental, al no cumplirse los requisitos copulativos que exige la Ley 20.804.

Concluye señalando que no es intención de su representada reducir los casos de docentes que se encuentren beneficiados con la Ley 20.804, y prueba de ello es que se ha informado a los docentes de su comuna que se reconocerá la calidad de titulares a todos aquellos que cumplan con los requisitos exigidos por dicha norma y respecto de aquellos casos en que existan diferencias de interpretación se remitirán los antecedentes a la Dirección del Trabajo.

En mérito de lo expuesto solicita el rechazo de la acción cautelar incoada en contra de su representada.

Adjunta a su recurso los siguientes antecedentes:

1.- Comprobante del envío de Carta de término de contrato de don nombre reservado y de doña nombre reservado, de fecha 26 de diciembre de 2014.

2.- Copia de Contrato de Trabajo de fecha 27 de febrero de 2014 entre don nombre reservado y la Corporación Municipal de San Miguel.

3.- Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 27 de febrero de 2014 entre don nombre reservado y la Corporación Municipal de San Miguel.

4.- Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 01 de agosto de 2014 entre on nombre reservado y la Corporación Municipal de San Miguel.

5.- Copia de anexo de contrato de trabajo de fecha 04 de septiembre de 2014 entre don nombre reservado y la Corporación Municipal de San Miguel.

6.- Copia de finiquito de trabajador entre doña nombre reservado y la Corporación Municipal de San Miguel de fecha 18 de abril de 2005.

TERCERO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que al efecto, de la lectura del libelo recursivo y de los antecedentes acompañados, respecto de don nombre reservado, por el recurrido, se desprende en forma inequívoca que el contrato de trabajo que unía a las partes se terminaba el 28 de Febrero de 2015, y para su no renovación en el período de marzo de 2015 en adelante, se le envía la carta de aviso el 25 de Diciembre de 2014, dada ésta comunicación de no renovación de contrato, el deja de pertenecer a dicho establecimiento educacional en el periodo lectivo 2015, pero es parte de dicho establecimiento a la fecha de la dictación de la ley 20.804. De lo anterior se colige que la presente acción constitucional fue presentada en tiempo, desestimándose entonces la extemporaneidad alegada. En consecuencia procede entrar a considerar si se cumple con los requisitos de tiempo exigidos por la ley; la respuesta es positiva, pero con una carga horaria que se comprueba de 24 horas de docencia en aula. Cabe hacer presente que la misma recurrida reconoce relación de trabajo a partir del año 2006 hasta el 2012, cuando es desvinculado, y que con fecha 27 de febrero de 2014 se celebra contrato de trabajo a plazo fijo y se renueva el 31 de Julio del año pasado, con una carga horarias de 30 horas lectivas, finalizando en septiembre de 2014 con un total de 26 horas semanales lectivas. En este caso se cumplen todos los requisitos establecidos por la ley 20.804, por lo que existe una vulneración a la igualdad ante la ley, debido a que cumpliendo con los requisitos legales y siendo parte del establecimiento educacional a la fecha de la dictación de la ley, antes citada, debió ser incorporado de pleno derecho a la planta del establecimiento educacional, dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel, situación que no concurrió, lo que acarrea una discriminación arbitraria en contra de este recurrente, por lo que en su caso el recurso de protección procede acogerse.

SEXTO: Que respecto a la señora nombre reservado, y de los antecedentes acompañados, respecto de ésta, por el recurrido, se desprende en forma inequívoca que el contrato de trabajo que unía a las partes se terminó con fecha 28 de febrero de 2015, dado que con fecha 30 de abril de 2013 se celebra contrato de trabajo de docente de aula por 44 horas a plazo fijo por un año, el cual se renueva el 1 de marzo de 2014, con duración hasta febrero de 2015, es decir, vigente a la época de aplicación de la ley 20.804. Ello lleva a rechazar la extemporaneidad alegada. Además, a ello debe considerarse el período de docente de aula desde el 19 de abril de 2001 hasta el 18 de abril de 2005, es decir, casi 4 años, tal como lo indica el finiquito acompañado por la recurrida, donde se establecen las fechas, calidad de docente de aula, remuneración y horas, con 30 horas semanales. Ese tiempo debe considerarse, ya que nada indica lo contrario, reconociéndose expresamente dicho periodo de trabajo en el finiquito antes señalado. Debido a que se cumplen con los requisitos legales y siendo parte del establecimiento educacional a la fecha de la dictación de la ley antes citada, debió ser incorporada de pleno derecho a la planta del establecimiento educacional, dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel, situación que no concurrió, lo que acarrea una discriminación arbitraria en contra de esta recurrente, por lo que en su caso el recurso de protección prosperará.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 7, ordenando la aplicación de la ley 20.804 a los recurrentes de autos.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante don Carlos Espinoza Vidal.

Nº 162-2015-PROT.

Pronunciada por la Quinta Sala integrada por la Ministro Titular señora María Carolina Catepillán Lobos, Ministro Suplente señor Cesar Germán Toledo Fuentes y Abogado Integrante señor Carlos Espinoza Vidal, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En San Miguel, a diecinueve de mayo del año dos mil quince notifiqué por el estado diario la resolución precedente.