TRANSPORTES HORMIGON DOS LTDA. CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MAIPO

Foja: 66 Sesenta y Seis En Santiago, a ocho de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO.- Que ha comparecido don ENZO CANALES FUENTES, abogado por la Empresa “Transportes Hormigón Dos Limitada” interponiendo Recurso de Protección en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL MAIPO (San Bernardo), representada por el Inspector Provincial don nombre reservado o quien lo subrogue amparado en el artículo 19 Nos. 2, 3 y 24 de la Constitución Política para restablecer el derecho y asegurar la protección de los derechos que han sido conculcados en forma ilegal y arbitraria por la recurrida en la Resolución N° 377 de fecha 19 de noviembre de 2915. Los hechos son los siguientes: el 16 de octubre de 2015 la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores de la empresa presentó un proyecto de contrato colectivo, el 2 de noviembre del mismo año se entregó la respuesta en donde se realizaron objeciones de legalidad señalándose que se debían excluir a unos trabajadores por encontrarse sujetos a otro instrumento colectivo y por tener una antigüedad inferior a 6 meses. El 3 de noviembre de 2015 la Comisión Negociadora del Sindicato objetó la respuesta de la empresa, la Inspección dio traslado y la Inspección dictó la Resolución N° 351 con fecha 9 de noviembre de 2015 en que rechaza la objeción de legalidad por cuanto los trabajadores no había negociado sino que la empresa les había hecho extensivo beneficios colectivos y en cuanto a que llevaban menos de 6 meses señaló que el artículo 322 del Código del Trabajo sólo establece que no se puede negociar en distintas épocas y por tanto un trabajador puede negociar en cualquier momento.

SEGUNDO.- Que con lo anterior, señala el recurrente, la Inspección no desconoce que existe un instrumento colectivo vigente en la empresa, tampoco se impugna que se haya hecho uso de la facultad del artículo 346 inciso primero del Código del Trabajo sino que lo que sostiene la Inspección es que esta extensión de beneficios no puede vulnerar el derecho a negociar a cada trabajador. Esta es una resolución ilegal de la reclamada toda vez que la extensión de los beneficios colectivos si bien es una facultad que no puede desconocerse a una empresa, también se ha de aceptar que con ello el trabajador queda supeditado a ese instrumento colectivo hasta su término, y no se puede dejar sin efecto como lo pretende la recurrida. La extensión de este beneficio se produjo porque los trabajadores se afiliaron al Sindicato Interempresas de Transportes Hormigones Dos y Hormigones Tres Limitada de lo cual quedó constancia en el convenio coplectivo con fecha 30 de julio de 2015 y con ello las partes modificaron el convenio con el objeto de incorporar a estos trabajadores que no estaban incorporados originalmente.

TERCERO.- Que en cuanto a la segunda interpretación que formula la recurrida con relación al artículo 322 del Código del Trabajo, norma que regula las distintas épocas en que puede iniciarse una negociación colectiva cuando existe un contrato colectivo vigente. Es así que en su inicio primero establece la regla general para los trabajadores de empresas en donde existe instrumento colectivo; en el inciso segundo regula la situación excepcional de trabajadores que ingresan a la empresas después de suscrito un instrumento colectivo y sin que haya hecho extensivo sus beneficios y el inciso tercero regula dos hipótesis excepcionales: la primera, los trabajadores que tenían relación laboral vigente al momento en que se celebró el instrumento colectivo, pero que no participaron del mismo (porque no tomaron parte en la negociación que le dio origen y tampoco se les ha hecho extensivo) y, la segunda, respecto de los trabajadores que ingresan a la empresa después de suscrito el instrumento colectivo pero sí les hacen extensiva la totalidad de sus beneficios.

CUARTO.- Que informando la recurrida señala que el Recurso resulta improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que si bien el artículo 20 de la Constitución dispone que este Recurso puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley. El propio recurrente reconoce esta vía al presentar reclamo de multa administrativa en contra de la misma resolución que se pretende dejar sin efecto por esta vía, el cual se tramitó en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, >RIT I-53-2015. En esta virtud este recurso se está utilizando como sustitutito procesal de acciones ordinarias establecidas en procedimientos específicos y reglados que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados y de que está haciendo uso actualmente el recurrente. Por otra parte, continúa la recurrida esta acción cautelar debe reunir ciertos requisitos como son: a) ocurrencia de una acción u omisión reprochable: b) que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilgela; c) que, como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente y d) que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada.. En este caso no existe un acto ilegal, la Resolución recurrida está dictada dentro de las facultades que la propia Ley le otorga a la recurrida, tampoco es arbitraria, ya que como se aprecia de su texto, en ella se razona, se argumenta y se funda conforme a derecho y fue dictada por la autoridad competente.

QUINTO.- Que en forma subsidiaria, informa la recurrida con respecto al fondo del recurso, sostiene que en cuanto a la exclusión de los trabajadores sindicalizados por el solo hecho de estarlo forman parte de cualquier proyecto de contrato colectivo que presente el Sindicato salvo que se encuentre en algunas de las situaciones del artículo 305 del Código del Trabajo y la extensión de beneficios, facultad que solo le compete al empleador, no puede restringir su facultad de negociar. En cuanto a los trabajadores que posean una antigüedad de seis meses, pueden negociar, esto ya ha sido resuelto por Dictámenes de este Servicio en cuanto a que el legislador nunca pretendió poner un requisito de antigüedad para negociar, puesto que tales restricciones se encuentran en los artículos 305, 307 y 308 del Código del Trabajo.

SEXTO.- Que los derechos constitucionales que, el recurrente, señala como conculcados son los derechos protegidos en el artículo 19 N° 2, la igualdad ante la Ley; N°3 igualdad en la protección en el ejercicio de sus derechos y N° 24 referido al derecho de propiedad SEPTIMO.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que corresponde a la acción interpuesta, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

OCTAVO.- Que si bien la interposición de la presente acción no atenta en contra de otras acciones que pudiera impetrar el afectado, no es menos cierto que la base para interponer un recurso de protección es en resguardo de un acto arbitrario o ilegal de quien en contra se interpone dicho Recurso. Tal como ambas partes han señalado en sus presentaciones, la Resolución recurrida fue dictada por la autoridad competente y dentro del proceso contemplado en la propia Ley con respecto al proceso de negociación colectiva y dentro del mismo se resolvió, conforme a derecho por la Inspección del Trabajo, no existiendo ilegalidad alguna en ello y menos arbitrariedad, toda vez que el mismo recurrido señala que se le dio traslado de la objeción de ilegalidad planteada por la empresa, teniendo la oportunidad, la recurrente de oponerse a ella y que fue lo que motivó el respectivo reclamo contemplado en el artículo 331 del Código del Trabajo y dentro del mismo procedimiento, se dictó la Resolución ahora impugnada y, además dicha Resolución contiene los fundamentos que condujeron al Organismo Administrativo a resolver como lo hizo.

NOVENO.- Que la reclamante, dentro de plazo interpuso ante el Tribunal competente reclamación de la misma Resolución en procedimiento Monitorio, cuya primera resolución no dio lugar a la demanda y de ella jamás se reclamó por el recurrente, en consecuencia, tampoco continuó por la vía judicial la acción que iniciara en tiempo y forma.

DECIMO.- Que conforme a lo anterior y en mérito de los fundamentos indicados, por no existir un acto arbitrario e ilegal que conculque algún derecho fundamental del recurrente, ni medida que adoptar por esta Corte para restablecer su imperio, el presente recurso de protección debe ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en lo principal de fojas 1 por don ENZO CANALES FUENTES, abogado en representación de “TRANSPORTES HORMIGON DOS LIMITADA” en contra de la INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DEL MAIPO Redacción de la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°1619-2015 Prot.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros señora Inés Martínez Henríquez, señor Diego Simpertigue Limare y, la Fiscal Judicial señora nombre reservado, quien no firma no obstante, haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, a ocho de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.