nombre reservado con SOCIEDAD DE TRANSPORTES LOS PINGUINOS SPA. ACUMULADO INGRESO DE CORTE N°1605-2025 PROTECCION

San Miguel, ocho de enero de dos mil veintiséis.

A los escritos folios N°s 30 y 31: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, conductor transportista y nombre reservado, matrona, e interponen recurso de protección en contra de la Sociedad de Transportes Los Pingüinos SpA, por los actos arbitrarios e ilegales cometidos que estiman, vulneran derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 16 y N° 21 de la Constitución Política de la República.

Exponen que el año 1994, se constituyó la “Sociedad Comercial e Inversiones Los Pingüinos S.A.”, dedicada al servicio de transporte público de pasajeros por medio de una línea de Taxis-colectivos. Señala el recurrente que participó como miembro constituyente y adquirió la calidad de socio y accionista de esta, desempeñándose, además, como uno de los conductores de la LÍNEA N° 5100, perteneciente a la empresa en cuestión, ubicada en la comuna de El Bosque. Luego el año 2014, la empresa fue transformada pasando a ser una Sociedad por Acciones, de las cuales adquirió 2 de las 52 acciones.

Indican que desde el año 1994 hasta el 3 de abril de 2025, el recurrente mantuvo participación como accionista y a la vez trabajó en la línea de taxis-colectivos, como conductor del vehículo P.P.U. HWZR.60-5 de propiedad de la recurrente, su hija nombre reservado, sin nunca haber sido desvinculado ni amonestado y, agrega que dada su experiencia muchas veces asumió responsabilidades que iban más allá de ser conductor, en pos del beneficio de la empresa y de los demás socios y conductores, incluso asesorando en la toma de decisiones a la directiva.

Explica que el 3 de abril del año 2025, fue a trabajar y se le informó por parte de la directiva de la empresa que ya no se le permitiría continuar trabajando como conductor de la Línea de Taxis Colectivos N° 5100, porque él junto a otras cuatro personas, estarían incentivando a los demás prestadores de servicio al no pago de las “cuotas de administrativas” de manera de ocasionar una crisis financiera que no permitiera el correcto funcionamiento de la sociedad, por lo que la directiva tomó la decisión de “Cancelar la prestación de servicio de todos móviles de este grupo de personas” lo que quedó establecido en un acta. Refiere que esa acta fue suscrita por el tesorero, el secretario y el representante legal de la empresa Víctor Ahumada.

Señalan que esta decisión fue adoptada sin seguir un procedimiento administrativo, sin instancia de defensa ni aporte de mayores antecedentes que respalden tal acusación, por lo que estima que se tomó la decisión arbitraria y vulneratoria de sus derechos, por una parte, de cancelar su participación en la Línea 5100 y, por otra parte, cancelar la participación del vehículo de la recurrente, su hija, y todo ello a pesar de seguir siendo él aún socio accionista de la empresa.

Sostienen que con ello se ha vulnerado su derecho a la libertad de trabajo y a realizar actividades económicas libremente, dentro del marco del ordenamiento jurídico nacional, ya que no se han respetado los derechos que posee en su calidad de accionista y prestador de servicios de la empresa recurrida, negándole el derecho a ejercer una actividad remunerada, en su única fuente de trabajo, bajo decisiones tomadas de una manera infundada y desproporcionada, a las cuales se les intentó dar apariencia de legalidad por medio de la escrituración de tal decisión en el libro de asambleas extraordinarias de la sociedad, pero sin cumplir con ninguna de las formalidades y procedimientos que se requieren a la hora de tomar una decisión de estas características.

Solicitan que se ordene a la recurrida que detenga de forma inmediata la decisión informada sobre su imposibilidad de trabajar como conductor en la línea referida, la vigencia de la determinación comunicada en contra del vehículo P.P.U. HWZR.60-5 de propiedad de su hija nombre reservado, y que se ordene a la recurrida indemnizar al recurrente por una suma total de $5.000.000 a fin de reparar en parte los perjuicios morales ocasionados a los recurrentes por la medida arbitraria adoptada la que tuvo repercusiones patrimoniales graves para ambos, durante el lapso de tiempo en que se ha visto impedido de poder ejercer su actividad económica y fuente de sustento familiar.

Segundo: Que informa la recurrida Sociedad de Transportes Los Pingüinos SpA, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Refiere en primer lugar que es efectivo que el recurrente es socio y accionista de la recurrida, que se desempeña como chofer del vehículo PPU HWZH-60 que pertenece a nombre reservado, y que durante 30 años ha trabajado en la línea de colectivos N° 5100, pero nunca ha sido parte de la directiva y si ha realizado labores que son ajenas a su responsabilidad, éstas han sido por su iniciativa.

Explica que para que funcione un vehículo dentro de la línea de colectivos se debe suscribir un mandato de administración en que se expresan las condiciones en que el dueño del vehículo actúa como mandante y el gerente de la empresa como mandatario, pero en este caso, el vehículo fue adquirido a otro mandante que prestaba servicios, sin embargo doña nombre reservado y su padre se negaron a firmar el mandato por lo que éste quedó operando de manera tácita para el vehículo en cuestión y a la persona que este vehículo afecta.

Sostiene que el recurrente desde el mes de diciembre de 2024 hasta el 3 de abril de 2025 hizo llamados verbales y telefónicos a colegas para que no pagaran las planillas de la sociedad, lo que genera un perjuicio a la recurrida, toda vez que son dineros destinados al funcionamiento de la empresa, pago de remuneraciones, y otros gastos propios del giro.

Refiere que por esa razón la directiva y el representante legal tomaron la decisión que quedó registrada en el libro de “Felicitaciones, Reclamos y Sugerencias” dispuesto por la empresa para el uso de los usuarios o pasajeros con respecto al servicio, libro que está disponible para cualquier persona que lo solicite, por lo que no es efectivo que se haya realizado una Asamblea Extraordinaria, porque este tipo de decisiones no corresponde tomar en una de ellas.

Aclara que el vínculo laboral del recurrente no es con la empresa, sino con su hija, nombre reservado, y uno de los requisitos que exige la licitación de un servicio de colectivos con el Ministerio de Transportes, es el mandato escriturado con los dueños de los vehículos, situación que este caso no se da por lo que esto podría acarrear sanciones para la sociedad por parte de las autoridades, pero agrega que aunque no este escriturado ni el recurrente ni su hija pueden desconocer los términos del mismo, existiendo un mandato tácito donde el recurrido es quien puede administrar el vehículo de acuerdo a la clausula tercera. De acuerdo con la cláusula cuarta el mandatario siempre podrá renunciar al mandato sin que tenga que indemnizar perjuicios al mandante, en todos los casos en que se verifiquen algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento a que se refiere la cláusula sexta del mismo contrato, entre las que se encuentra el incumplir cualquier obligación que implique infracción o contravención de las obligaciones contraídas por el responsable para con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el marco de la normativa vigente, y en este caso, la no escrituración del contrato de mandato podría constituir un perjuicio para la empresa en futuras licitaciones. Agrega que además de acuerdo con el mandato la mandante entrega al mandatario la facultad, de inscribir, cancelar o reinscribir el vehículo en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros de Santiago, que lleva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva y en este caso el recurrido, mandatario, canceló el servicio en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros de Santiago, que lleva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Secretaría Regional Ministerial, debido a que las acciones que cometió el chofer y recurrente en contra de la sociedad son de carácter grave según lo estipula el Reglamento que regula el servicio dentro de la empresa, y el que es conocido por el recurrente.

En cuanto al daño moral refiere que este no es efectivo y debe ser acreditado y no es la finalidad de un recurso de protección. De la misma manera señala que no es efectivo que no haya podido trabajar toda vez que el recurrente y su hija están asociados a una sociedad creada por ex conductores de la recurrida de nombre “Pinguinitos SpA”, ya que, según el informe del Registro Nacional de Transporte Público y Escolar de 4 de octubre de 2025, el vehículo de nombre reservado junto con el chofer y recurrente se encuentra actualmente prestando servicios en la línea de colectivos antes mencionada.

Indica que no ha vulnerado ningún derecho de la recurrente toda vez que el continúa ejerciendo las mismas labores en otra sociedad, y en la recurrida no pudo continuar porque trató de boicotear a la administración de la sociedad.

Arguye que la parte recurrente no tiene derechos indubitados que hayan sido vulnerados por el actuar de esta recurrida que pueda proteger por esta vía, ya que requiere la declaración previa de ellos y la declaración de la existencia de perjuicios y que actuó de acuerdo al artículo 2159 del Código Civil, ya que frente al incumplimiento del mandatario la recurrida desistió de su encargo, por lo que su actuar fue el ejercicio de una facultad legal y contractual, como lo es la terminación unilateral del contrato de mandato para la administración de vehículos de terceros en el servicio de transporte, por lo que no ha existido ningún acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en este caso el objeto del recurso es determinar si la decisión que se informó por la directiva de cancelar la participación del recurrente y la participación del vehículo de su hija, la recurrente, PPU HWZR.60-5 en la Línea 5100, constituyen actos arbitrarios e ilegales que hayan vulnerado derechos fundamentales.

Quinto: Que, de los antecedentes expuestos, aparece que lo solicitado por los recurrentes excede los márgenes de un recurso de protección, vía cautelar destinada solo a reestablecer el imperio del derecho, ante casos urgentes cuando existe un derecho indubitado, no siendo esta la vía procesal para dilucidar eventuales indemnizaciones, como las contenidas en el recurso.

En efecto, la presente vía cautelar tiene por objeto restaurar derechos fundamentales manifiestamente vulnerados por acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, y no resolver conflictos de interpretación o hechos controvertidos que se deben ventilar en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechazan, sin costas, los recursos de protección deducidos en contra de la Sociedad de Transportes Los Pingüinos SpA, por nombre reservado, conductor transportista y nombre reservado, matrona, Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°1603-2025 acumulado N° 1605-2025.