CONDOMINIO LAS PALMAS III DEL OLIVETO CONTRA CONDOMINIO LAS PALMAS DEL OLIVETO

San nombre reservado, cuatro de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece Matías Allan Robertson Cortés, abogado, en representación de Condominio Las Palmas III ubicado en la comuna de Talagante, e interpone recurso de protección en contra de Condominio las Palmas de Oliveto, también conocido como “Las Palmas I”, ubicado en la misma comuna, y en contra del presidente de su comité de administración, don nombre reservado. Funda su recurso en el actuar de los recurridos, que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la aplicación de un manual de control de acceso, por medio del cual se suspende el servicio de portería y de acceso al condominio “Las Palmas III”, incurriendo en una perturbación del legítimo ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República respecto de todos los propietarios y ocupantes del condominio que representa.

Explica el recurrente que el desarrollador inmobiliario Inversiones Vista Alegre Limitada fue dueño de un paño de terreno en el cual se proyectaban cuatro proyectos inmobiliarios, a saber: 1- Las Palmas del Oliveto; 2- Las Palmas II; 3- Las Palmas III y 4- Las Palmas IV, esta última actualmente en desarrollo; que cada uno de esos condominios conformado por cierto número de parcelas, con organización y administración propias, con facultades respecto a los bienes comunes. Agrega que, hasta la fecha, los tres primeros condominios comparten los accesos al paño en que todos se encuentran, para luego dirigirse a sus respectivos espacios. Tales accesos y sus caminos adyacentes –dice el recurso- son bienes comunes generales de los condominios del sector y se ubican en domicilio reservado ½ y domicilio reservado.

Según quien recurre, la recurrida Condominio Las Palmas del Oliveto o Las Palmas I, se irrogó la atribución de administrar tales bienes comunes generales, consistentes en las casetas de entrada o acceso a todos los condominios en los lugares antes indicados, determinando tanto el número de personal, tecnología, remuneraciones, etcétera, sin consultar al resto de los condominios en funcionamiento, a saber: Las Palmas II y Las Palmas III. Sobre la base de esta administración –sostiene- los recurridos han pretendido hacer valer respecto de su parte una “deuda histórica” por los gastos de funcionamiento de ambos accesos comunes de los tres condominios, ascendentes a la fecha del recurso a la suma aproximada de $9.735.281.

El recurrente señala que, ante la negativa de su parte a pagar esos montos unilateralmente determinados por la Administración y Comité de Administración del Condominio Las Palmas I, los recurridos le advirtieron mediante correo de 11 de noviembre pasado la suspensión de los servicios de control de acceso al condominio, así como del levantamiento de las barreras, la inhabilitación o bloqueo de las tarjetas electrónicas de ingreso y la suspensión de los servicios de correspondencia, esto es, que los guardias o conserjes no recibirían cartas o encomiendas dirigidas a las unidades de Las Palmas III, y adjuntaron un Manual de procedimiento de acceso para el condominio Las Palmas, en que se describen las acciones a realizar, las que finalmente materializaron el 17 de diciembre de 2019.

En opinión del actor, esos actos atentan contra el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19, número 24, de la Constitución Política de la República, pues afectan las facultades de uso y goce propias del dominio, del que son titulares no sólo los propietarios que habitan sus respectivas unidades, sino que también se afecta el derecho de los demás ocupantes y titulares de derechos reales, como los usufructuarios, o de derechos personales de goce, como los arrendatarios.

Termina solicitando que se ordene a la recurrida hacer cesar los efectos ya referidos y que se contienen el “Manual de procedimiento de control de accesos para condominio Las Palmas III”, con costas.

La recurrida Comunidad Las Palmas de Oliveto” también conocida como Las Palmas I, representada por el abogado señor Juan Pablo Lorenzini Paci, informa al tenor del recurso y pide su rechazo, con costas.

La recurrida plantea, como cuestión previa, que el recurrente es equívoco en su presentación ya que alude a la afectación de un derecho de propiedad sin especificar respecto a qué bien o qué derecho supone afectado. Pide que el recurso sea desestimado por inadmisible ante esta indeterminación.

A continuación, señala que dado el tenor del libelo, la contraria parece referirse al derecho subjetivo que le permite transitar por los caminos de los condominios para ingresar y salir de sus respectivas parcelas. Al respecto, arguye que este derecho no está acreditado y, de estimarse que se refiere a alguna servidumbre en su favor, afirma que ésta no ha sido afectada de manera alguna. Sostiene que existe una vía de ingreso distinta de las mencionadas en el recurso, correspondiente a un portón ubicado en el sector donde se emplaza la recurrente, que da conexión con el Camino Lonquén Sur.

Por lo anterior, estima que la controversia es de lato conocimiento pues requiere, previamente, que se establezca si cada uno de aquellos por los que se recurre son efectivamente titulares de algún derecho y, sólo después de acreditado aquello, podría discutirse en este proceso si ese derecho previamente acreditado ha sido o no ha sido vulnerado en términos que haga procedente la acción constitucional que se ha invocado en autos.

En cuanto al fondo, la recurrida explica que en la especie no se presenta una situación de “encapsulamiento inmobiliario”, sino que se trata de distintos condominios con bienes que les son propios y separados de los demás, por lo que no es efectivo que su parte administre bienes comunes a los tres condominios habilitados en el sector, sino que se limita a administrar sus bienes propios, como son las casetas de entrada o acceso ubicadas en caminos a Lonquén y el Oliveto, en las que ha establecido un sistema de control de acceso, como una medida de protección para sus propios copropietarios, con casetas, barreras y sistemas tecnológicos, además de guardias contratados y pagados por sus representados.

Agrega que ese mismo sistema favorece al Condominio Las Palmas II, el que contribuye proporcionalmente a su mantención y reemplazo, cuando ha sido necesario, en un 40% de su costo y con una suma fija mensual respecto de los guardias de porterías.

Añade que las barreras de ingreso se construyeron al momento de lotearse los terrenos que dieron origen al Condominio Las Palmas III, por lo que su propietario -don nombre reservado- quien recién estaba haciendo esa subdivisión, reconoció que debía contribuir a esa inversión y a su posterior mantenimiento, puesto que las parcelas del recién formado Condominio Las Palmas III harían uso de esa infraestructura de control y seguridad de acceso.

Afirma que se contactaron con los recurrentes para establecer un convenio similar al establecido con el Condominio Las Palmas II, a lo que se negaron.

Añade que su parte ha declarado su voluntad de respetar el derecho de servidumbre de tránsito que pudieran tener los parceleros de la recurrente, sin que haya puesto impedimento alguno al acceso a sus propiedades.

En cambio –prosigue la recurrida-, el recurrente no puede pretender usufructuar de servicios y bienes que no le son propios, por lo que se le ha privado de la facilidad o comodidad de que un tercero, por el que no quiere pagar, les preste el servicio de abrir y cerrar las barreras o les entregue todos beneficios de una portería y acceso controlado.

Finaliza enfatizando que los recurrentes pretenden recibir el mismo servicio que reciben los copropietarios de Las Palmas I y Las Palmas II, pero sin contribuir a su existencia y mantenimiento, lo que califica de absurdo, ilegítimo y antijurídico, dado que, aun de estimarse que existe una servidumbre, en los hechos debería pagar el terreno y resarcir de los perjuicios y costos.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio;

2º) La recurrente pide que se ordene a la requerida hacer cesar los efectos del “Manual de Procedimiento de Control de Accesos para Condominio Las Palmas III”, consistentes en: la suspensión de servicios de control de acceso al condominio; el bloqueo de las tarjetas de acceso electrónicas; y la suspensión de los servicios de correspondencia, es decir, que los guardias o conserjes no recibirán cartas o encomiendas dirigidas a las unidades que conforme el condominio Las Palmas III.

Junto a su recurso, la actora acompañó los siguientes documentos:

a) Copia autorizada de escritura pública de mandato de 2 de diciembre del 2019.

b) Copia autorizada de escritura pública de 2 de diciembre del 2019, correspondiente a sesión extraordinaria del comité de administración del domicilio reservado de junio del mismo año, por la que se designa administrador a nombre reservado.

c) Copia de correo electrónico enviado el 11 de noviembre de 2019 por el comité de administración del Condominio Las Palmas del Oliveto a nombre reservado, en el que se anuncia la suspensión de los servicios de control de acceso para los propietarios del domicilio reservado de ese mes, en razón de una “deuda vigente de $12,6 millones de pesos, que se acumula desde junio de 2018”.

d) Manual de Procedimiento de Control de Accesos para Condominio las Palmas III, emanado del comité de administración de la Comunidad Las Palmas del Oliveto;

3º) La recurrida, por su parte, responde que no se ha invocado concretamente el derecho de dominio cuya protección se pide, ni se ha demostrado el derecho de servidumbre que beneficiaría a la actora, y que, en definitiva, ésta última persigue aprovecharse de servicios contratados por terceros sin contribuir a sufragar los mismos, presentando una deuda histórica por este concepto. Asimismo, expresa que la contraparte sí cuenta con otra vía de acceso a los terrenos de su condominio.

Al informar, acompañó una consulta sobre Situación Tributaria de Terceros de la página web del Servicio de Impuestos Internos relativo a la recurrida e imágenes con una vista aérea del emplazamiento del portón de acceso de Las Palmas III al camino Lonquén Sur y de dicha puerta.

Con fecha 29 de enero último, la recurrida acompañó más documentación consistente en:

a) Correos electrónicos entre nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y entre los comités de administración de ambas partes, todos referentes al servicio de portería y control de acceso y a los cobros asociados al mismo; y b) Cartola bancaria de la cuenta corriente de la recurrida, en el que ésta resalta la transferencia realizada en diciembre de 2019 por el Condominio Las Palmas II por concepto de contribución al sistema de control de acceso;

4º) En cuanto a la inadmisibilidad alegada por la recurrida por la indeterminación del derecho de dominio invocado por el actor, en cuanto a su objeto, lo cierto es que la lectura del libelo de protección deja suficientemente en claro que en lo principal se acciona en protección de los derechos subjetivos emanados de la propiedad de los comuneros del condominio recurrente;

5º) Ahora bien, a esta altura de la reflexión vale volver sobre los rasgos del arbitrio procesal que se ha interpuesto y recordar que se trata de una acción cautelar de carácter excepcional que pretende dar una respuesta rápida, en un procedimiento breve, a situaciones que afectan algunos de los derechos fundamentales establecidos a favor de las personas.

Dado su carácter eminentemente desformalizado, la acción incoada en autos permite a esta Corte ejercer las facultades conservativas que le asisten, en la medida que los actos que se denuncian importen una infracción a las garantías constitucional amparadas por esta vía cautelar conforme al artículo 20 de la carta fundamental, brindando protección al afectado titular de un derecho cierto frente a una conducta ilegal o arbitraria por parte de otro;

6º) Examinadas las alegaciones de las partes y los antecedentes allegados, y a la luz de lo antedicho, se advierte que en la especie se cruzan aspectos que ameritan un conocimiento de mayor profundidad y conforme a normas procedimentales que permitan a los interesados la declaración de los derechos que pretenden a su favor mediante el ejercicio de los derechos y cargas procesales que el ordenamiento jurídico les reconoce.

Sin embargo, la revisión de los autos también deja en evidencia que el aspecto central que motivó a Condominio Las Palmas III a accionar de protección obedece al advenimiento de cortapisas o restricciones impuestas a su parte por Condominio Las Palmas del Oliveto, o Las Palmas I, y el presidente de su comité de administración, a partir del pasado mes de diciembre de 2019, a raíz de la implementación del contenido del “Manual de Procedimiento de Control de Accesos para Condominio Las Palmas III” –emanado de la parte recurrida y que ésta no refuta-, las que, a su vez, aparecen directamente ligadas a la negativa en que la actora se habría mantenido ante el requerimiento de contribuir a los gastos de conserjería y guardia, así como a la deuda que se habría generado por ese concepto.

Demostración de ese aspecto -en el que estriba el conflicto materia de este recurso de protección- se encuentra claramente reflejado en la documentación acompañada por la recurrida en el escrito folio 6811 presentado el 29 de enero pasado, ya reseñado en lo expositivo;

7º) Así, las trabas y prohibiciones invocadas en el recurso, emanadas para la recurrente con ocasión del “Manual de Procedimiento de Control de Accesos para Condominio Las Palmas III” instaurado por la recurrida Condominio Las Palmas del Oliveto, o Las Palmas I, más allá de la eventual existencia de un título jurídico para que esta última persiga el cobro a la primera por ciertos servicios y la deuda originada por esa causa, implica en sí una alteración del statu quo material o estado de cosas que, con pleno conocimiento de la parte recurrida, imperaba previo a su dictación y que ciertamente perturba a la recurrente el acceso al Condominio Las Palmas III, al menos por el sector referido en estos autos, y que, en los hechos, se encontraba disponible para ello antes de la acción reprochada a la recurrida.

Ese comportamiento de la recurrida no puede más que tenerse como el ejercicio de un acto de autotutela, toda vez que procedió a obstaculizar una vía de acceso y la recepción de correspondencia que, según aparece reflejado en los antecedentes, servía a los parceleros de la actora. Aunque el condominio recurrido asevera que la contraria tiene el deber de contribuir a costear el personal y equipos contratados para esos fines, lo cierto es que la determinación de la efectividad de esa obligación, su fuente y naturaleza, así como de la eventual deuda acumulada en razón de ella, son propias de la ley y la judicatura; más aún en un caso como el de autos, en que la recurrente hacía uso efectivo y cotidiano de aquello que a partir de diciembre pasado la recurrida le ha suspendido o cancelado, por no haber llegado a acuerdo en cuanto a su valor proporcional de contribución;

8º) Una acción como la descrita, fundada en la existencia de una obligación de dar, que de momento aparece sin sustento en decisión jurisdiccional alguna, amerita que por la presente vía se corrija tal situación de hecho provocada por la recurrida de la manera que se dirá, toda vez que los recurridos, al variar las condiciones fácticas preexistentes, se han adentrado en materias que, por su naturaleza y contenido, incumben al ámbito jurisdiccional de los tribunales, entrabando de esta manera el ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente, circunstancia que conducirá al acogimiento de la protección impetrada en estos autos;

9º) Sin perjuicio de lo antedicho, se observa la pertinencia de dejar expresado que lo resuelto por la presente vía extraordinaria no importa otorgar una decisión de carácter permanente al conflicto suscitado entre las partes.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19, número 24, y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por Condominio Las Palmas III en contra de Condominio las Palmas de Oliveto, también conocido como Las Palmas I, y del presidente de su comité de administración, don nombre reservado., a quienes se les ordena cesar en las suspensiones y restricciones dispuestas para la recurrente en el “Manual de Procedimiento de Control de Accesos para Condominio Las Palmas III”, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan ejercer en razón de los derechos que les asistan.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la ministra Alejandra Pizarro.

Nº 15.906-2019 Protección.- Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San nombre reservado, integrada por las Ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Adriana Sottovia Giménez y señora María Alejandra Pizarro Soto.