Protección contra Ilustre Municipalidad de La Cisterna

Fojas 53/cincuenta y tres San Miguel, ocho de septiembre de dos mil once.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, empresario, quien recurre de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna. Manifiesta que con fecha 5 de julio del año en curso, la recurrida clausuró el inmueble en el cual guarda sus vehículos, ubicado en calle nombre reservado° 419, en la referida comuna.

Manifiesta tener patente al día rol N° 2028 desde hace más de 20 años como guardería de vehículos, haciendo hincapié en que los vehículos son de su propiedad y actualmente no los puede guardar en el interior del inmueble, teniendo que dejarlos en la vía pública.

El día 16 de junio del corriente solicitó un certificado de informes previos y hasta el día de hoy se niegan a entregárselo.

Solicita se declare nula la clausura con la finalidad de poder trabajar tranquilo.

Segundo: Que informando el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, don Santiago Rebolledo Pizarro, solicita el rechazo de la presente acción constitucional por cuanto el acto reclamado, relativo a disponer la clausura de la actividad comercial del recurrente no es ilegal, ni arbitraria, ni afecta derecho o garantía alguna a su respecto.

Agrega que el 1° de julio del año en curso se dictó el Decreto Exento N° 2.567 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual se dispuso la clausura inmediata del recinto ubicado en calle nombre reservado° 419, rol de avalúo N° 310-231, en atención a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por contravenir las disposiciones establecidas en los artículos 57, 58 y 145 de la misma Ley, esto es, ocupar recintos con permisos de edificación no concordantes con el uso de suelo permitido en la zona ZU-4 del plan regulador vigente, y que además no cuenta con recepción definitiva. Lo anterior sumado a que las construcciones existentes no se rigen por la planimetría aprobada en los permisos de edificación N° 20.129 de 1982 y N° 20.320 de 1983 y que el permiso de edificación N° 20.931 de 1985 es provisorio y se encuentra vencido desde 1988.

Sostiene el recurrido que la clausura adoptada a través del Decreto Exento se funda en un procedimiento previo, legalmente tramitado razonando en base a que la Dirección de Obras Municipales del referido municipio emitió el 21 de junio de 2011 informe técnico referido a la situación de la empresa Transportes nombre reservado que funciona en el referido inmueble, elaborado éste en base a acciones, fiscalizaciones y procedimientos de la misma Dirección, relacionados con la actividad desarrollada como “bodega y guardería de vehículos”, actividad que ha causado molestias y reclamos por parte de los vecinos. Dicho informe constata que la referida empresa ejerce su actividad comercial en dos propiedades colindantes comunicadas, sin cierre en deslinde norte-sur, fusionadas de hecho; una de ellas se encuentra ubicada en domicilio reservado ya antes señalada; el terreno total construido es de 1.030 m² con permisos de edificación vigentes sólo para 268,21 m² resultando una diferencia de 761,29 m² irregulares. La Dirección de Obras no registra permisos de edificación con destino guardería de vehículos. El referido informe señala también que la empresa registra patente municipal vigente rol N° 2-2028, bajo el RUT N° RUT reservado, bajo la razón social de don nombre reservado, giro "guardería de vehículos" en el inmueble de calle nombre reservado con fecha de inicio 1° de julio de 1999, no registrando calificación de inofensiva por parte del Ministerio de Salud. Agrega que la actividad comercial no es concordante con el uso del suelo, ubicándose en la zona ZU-4 destinada a renovación residencial, y la clasificación de la actividad comercial de la empresa es actividad de servicio de carácter similar a industrial, prohibida en la referida zona.

Meses atrás se comunicó verbalmente al reclamante que para continuar con su actividad comercial debía cumplir a la brevedad con las siguientes condiciones básicas: a) obtener permisos de edificación para las construcciones irregulares, según los registros del Servicio de Impuestos Internos; b) obtener la recepción final de todo lo edificado; c) obtener la calificación de inofensiva por parte de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio Salud; d) mantener sólo acceso y salida vehicular de camiones por calle Fernández Albano, sector de vialidad adecuada para el tránsito de vehículos pesados a diferencia de calle nombre reservado; e) solicitar acogerse al artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, esto es obtener resolución municipal que autoriza el funcionamiento como “actividad congelada” con los elementos de mitigación de molestias a los vecinos del entorno que fije la Secretaría de la Región Metropolitana de Salud, instaladas sólo en el interior del inmueble, exigencia que es la única posibilidad, que la normativa vigente otorga, para mantener una actividad prohibida en el sector.

Por lo anterior, el informe técnico de la Dirección de Obras Municipales propone con fecha 21 de junio la clausura del referido inmueble, sin perjuicio que además el Municipio continúe con los procedimientos señalados en el artículo 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El 24 junio del año curso mediante memorando N° 323, la Dirección de Obras Municipales solicitó al señor Alcalde que ordene la clausura inmediata del recinto, lo cual fue refrendado por la dirección de asesoría jurídica con fecha 4 de julio a través de memorándum N° 419.

Por lo anterior, a su entender, no se ha afectado de manera ilegal o arbitraria el derecho a desarrollar una actividad económica, toda vez que debe respetarse las normas legales que la regulan, situación que no ha ocurrido en la especie. El acto se ampara en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no resulta arbitrario ya que existe un procedimiento detallado, que contiene las razones y fundamentos que lo motivaron por lo que solicita se rechace el recurso de autos.

TERCERO: Que el recurso de protección es una acción cautelar de carácter extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente la existencia de un acto u omisión ilegal, entendido como contrario a la ley o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él afectando alguna de las garantías protegidas por éste, en el caso de autos, la garantía señalada en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República relativa al derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

CUARTO: Que la actuación impugnada por el recurrente y que se estima como ilegal y arbitraria de parte del Alcalde se ha hecho consistir en haber clausurado el acceso a la propiedad del recurrente ubicado en nombre reservado°419 lugar que funcionaba como almacenaje y guardería de vehículos de la empresa de Transportes nombre reservado, no obstante tener patente al día desde más de 20 años, agregando que los vehículos que se guardan en dicho recinto son de su propiedad.

QUINTO: Que el decreto exento n°2567 de fecha 1 de julio del año en curso, tiene como fundamento la falta de permisos respecto de obras realizadas en el inmueble antes señalado conforme al informe técnico elaborado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Cisterna por infracción de las normas de los artículos 57, 58 y 145 de la Ley General de Urbanismo, relativos a la ocupación de recintos con permisos de edificación no concordantes con el uso de suelo permitido en la zona ZU-4 del Plan regulador vigente, que no cuenta con recepción definitiva de las obras efectuadas en el lugar no rigiéndose las construcciones existentes por la planimetría aprobada por la autoridad respectiva.

SEXTO: Que en el caso de autos, declarado la inhabilidad de un inmueble por las deficiencias precedentemente señaladas el alcalde haciendo uso de las facultades concedidas por el artículo 161 de la ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, decidió clausurar conforme la normativa legal el inmueble ubicado en domicilio reservado no obedeciendo su actividad a una actitud caprichosa, valorando para ello todos los antecedentes proporcionados.

SEPTIMO: Que el artículo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que “La alcaldía podrá clausurar los establecimientos o locales comerciales o industriales que contravienen las disposiciones de la presente ley, de la Ordenanza General y las Ordenanzas Locales”.

OCTAVO: Que entonces, el Sr. Alcalde pudo adoptar las medidas que están dentro de sus facultades privativas como sucede con la dictación del decreto que provocó la clausura del inmueble antes citado, el que ha sido dictada en uso de sus facultades legales.

NOVENO: Que entonces, no se advierte de modo alguno que se haya incurrido en violación de la norma constitucional que solicita el recurrente, ya que el Sr. Alcalde se ha limitado a obrar dentro de sus facultades legales, sin que su decisión pueda ser calificada de ilegal por no haberse vulnerado ninguna norma legal, ni tampoco arbitraria por cuanto la decisión cuestionada fue tomada en base a antecedentes debidamente configurados.

DECIMO: Que no habiéndose perpetrado por el recurrido algún acto que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, la presente acción cautelar de protección habrá de ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Autoacordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Sr. Alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Ana María Arratia Valdebenito.

N° 155-2011-PRO Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la Ministro señora María Soledad Espina Otero e integrada por la Ministro señora Ana María Arratia Valdebenito y por la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

San Miguel, a ocho de septiembre de dos mil once, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.