nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A. Y OTRO

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de nombre reservado nombre reservado, venezolano, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica como ilegal y arbitrario, notificado el 25 de marzo de 2026, que anula y no da curso a su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Expone que cuenta con residencia definitiva en Chile y que, durante la prestación de sus servicios, se le descontaron y enteraron cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, pese a haber suscrito en su contrato cláusula previsional manifestando expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N°18.156. Señala que ingresó solicitud de retiro de fondos previsionales a través del portal web de AFP PlanVital el 18 de diciembre de 2025, acompañando la documentación que estima exigida por la normativa vigente.

Indica que, el 19 de diciembre de 2026, ingresó al sistema web de la recurrida y constató un mensaje que anulaba la solicitud por faltar documentos, específicamente el certificado de afiliación al sistema previsional del país de origen debidamente apostillado, señalándose que la constancia electrónica de cotizaciones no correspondía al certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Añade que el 24 de marzo de 2026 dedujo reclamo ante la Superintendencia de Pensiones para que se revisara la decisión y explicar la imposibilidad material de cumplir lo solicitado.

Sostiene que acompañó todos los documentos requeridos por la normativa aplicable y los procedimientos internos de la AFP, entre ellos contrato de trabajo y anexo con cláusula de exención previsional, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano. Afirma que la Ley N°18.156 solo exige que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exprese en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que la anulación de la solicitud se funda en que el documento acompañado no es válido y no se encuentra apostillado. Alega que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el único documento emanado de dicho organismo que permite verificar la afiliación del afiliado, y que la exigencia de apostilla carece de sustento legal, resulta arbitraria, desproporcionada y de imposible cumplimiento, por no existir representación consular de Venezuela en Chile desde el año 2024.

Agrega que el sistema de apostilla electrónica de Venezuela no contempla, dentro de sus categorías, la apostilla de este tipo específico de constancias, y que conforme a oficios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela tampoco resulta jurídicamente procedente efectuar declaraciones juradas respecto del documento para su posterior apostilla.

Indica que mantiene afiliación activa al sistema de seguridad social venezolano, verificable electrónicamente en el sitio oficial del IVSS mediante número de cédula venezolana y código de verificación. Indica que la constancia emitida por el IVSS se funda en la Ley del Seguro Social venezolana, que cubre contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, contemplando prestaciones médicas y económicas, pensiones por invalidez, vejez, muerte y sobrevivencia, así como fondos prestacionales para asistencia médica, indemnizaciones diarias y pensiones.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, invoca el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por estimar que se le otorga un trato desigual respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias que han obtenido respuestas favorables; el artículo 19 N°24, por impedirse el ejercicio legítimo del dominio sobre sus fondos previsionales, que considera bienes incorporales protegidos constitucionalmente; y el artículo 19 N°26, por imponerse requisitos o limitaciones no contempladas en la ley que afectan la esencia de sus derechos fundamentales.

Solicita declarar que la anulación o negativa de curso de la solicitud de retiro de fondos constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, continuar la tramitación de la solicitud y efectuar, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Segundo: Que, Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con expresa condena en costas. Señala que la recurrida no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, y que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales se funda en la Ley N°18.156, en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y en el Oficio Ordinario N°12.954 de dicho organismo.

Informa que el 24 de marzo de 2026 nombre reservado nombre reservado presentó en la página web de AFP PlanVital una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Expone que dicha solicitud fue rechazada el 25 de marzo de 2026, por cuanto los documentos presentados incluyeron una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una “Declaración bajo fe de juramento”, antecedentes que no cumplen los requisitos exigidos para acreditar la cobertura previsional extranjera.

Sostiene que, conforme al Oficio Ordinario N°12.954, emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, para cumplir el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que contó efectivamente con cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Agrega que dicha certificación debe encontrarse legalizada o apostillada, conforme al Convenio de la Haya y al Código de Procedimiento Civil.

Señala que el mismo oficio declara ineficaces las constancias electrónicas y declaraciones juradas cuando no han sido legalizadas o apostilladas, no contienen mención específica de los riesgos cubiertos o no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen. Añade que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, porque no provienen de la institución de seguridad social respectiva.

Afirma que la Ley N°18.156 constituye una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse restrictivamente, aplicándose solo cuando se cumplen todas las exigencias copulativas que establece. Dichas exigencias consisten en detentar la calidad de técnico, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo respectivo la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera.

Invoca la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el artículo 2° del DFL N°101 de 1980, el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, el artículo 94 del DL N°3.500 y el artículo 47 de la Ley N°20.255. Sostiene que dichas normas reconocen a la Superintendencia de Pensiones como autoridad técnica de supervigilancia y control de las AFP, con facultad para interpretar la legislación y dictar instrucciones obligatorias para las administradoras. Expone que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece un procedimiento claro y obligatorio para todas las administradoras en esta materia, por lo que PlanVital se encuentra jurídicamente obligada a aplicar dichas instrucciones. En consecuencia, afirma que el rechazo de la solicitud se fundó en el Oficio Ordinario N°12.954 y en el Compendio de Normas, sin que la administradora pueda apartarse de tales criterios administrativos.

Sostiene que su actuar no es ilegal, pues se ajusta a normas legales y administrativas obligatorias; y no es arbitrario, porque constituye una decisión razonada y aplicada en igualdad de trato respecto de sus afiliados. Agrega que el rechazo de la solicitud no implica pérdida del derecho a pedir devolución, ya que la Corte Suprema ha sostenido que este tipo de rechazos constituye un acto subsanable, permitiendo al afiliado presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Añade que la acción de protección no procede para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no ponen término definitivo al procedimiento ni afectan de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales. Señala que el afiliado cuenta con mecanismos para plantear su situación ante la propia administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, mediante los canales formales disponibles, por lo que el recurso deducido no resulta adecuado ni proporcional para conocer de la controversia.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°7837, de 16 de abril de 2026, evacúa informe y como cuestión previa, refiere que la materia reclamada excede el ámbito del recurso de protección. Señala que esta acción cautelar tiene por finalidad amparar derechos indiscutidos y preexistentes, y no obtener un pronunciamiento declarativo sobre un eventual derecho a retirar fondos previsionales. Afirma que existe controversia acerca de los certificados presentados por el recurrente y que dicha discusión debe ventilarse en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, no en una acción de protección de carácter urgente e inquisitivo.

Informa que el recurrente registra un primer reclamo ante dicho organismo ingresado el 22 de diciembre de 2025, en el que sostuvo que la AFP rechazó su solicitud pese a haber acreditado la imposibilidad material de apostillar el certificado de afiliación previsional venezolano. En esa presentación indicó que la falta de representación consular venezolana en Chile y la inexistencia de una categoría de apostilla para este tipo de documentos configuraban fuerza mayor. Además, invocó una declaración jurada ante notario público chileno como antecedente probatorio. Refiere que el Servicio respondió el 23 de diciembre de 2025, indicando los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la Ley N°18.156: documentos que acrediten la calidad de técnico, certificado de institución de seguridad social extranjera debidamente legalizado que dé cuenta de prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y contrato de trabajo o anexo vigente en que el trabajador exprese su voluntad de mantener afiliación previsional extranjera. Asimismo, instruyó a la AFP para responder la presentación del recurrente, lo que PlanVital efectuó el 26 de diciembre de 2025, señalando que la constancia electrónica de cotizaciones no acreditaba la cobertura exigida y no se encontraba apostillada ni legalizada.

Refiere que el recurrente reiteró su reclamo el 17 de febrero de 2026 y nuevamente el 24 de marzo de 2026, insistiendo en que la exigencia impuesta es de imposible cumplimiento. Frente a ello, el organismo mantuvo su criterio jurisprudencial consolidado, conforme al cual la Ley N°18.156 constituye una regla excepcional, de interpretación restrictiva, aplicable únicamente cuando se verifica el cumplimiento copulativo de los requisitos legales.

Señala que la Ley N°18.156 contempla una hipótesis excepcional de exención de cotizaciones y devolución de fondos previsionales, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan calidad de técnicos o profesionales y que cumplan los requisitos de su artículo 1°.

Invoca sus facultades legales como autoridad técnica de supervigilancia y control de las administradoras de fondos de pensiones, conforme al DFL N°101 de 1980, al DL N°3.500 y a la Ley N°20.255. Señala que, en ejercicio de dichas atribuciones, ha establecido criterios administrativos uniformes sobre la acreditación de cobertura previsional extranjera, exigiendo certificados emitidos por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizados o apostillados, para garantizar su autenticidad y validez jurídica en Chile.

Sostiene que el recurrente solo presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la que se alude genéricamente a contingencias de seguridad social. Afirma que dicho documento carece de firma autorizada, no se encuentra legalizado ni apostillado, y que el código de verificación electrónica no sustituye las solemnidades exigidas por el ordenamiento chileno para que los instrumentos públicos extranjeros produzcan efectos en el territorio nacional.

Agrega que la constancia tampoco satisface sustancialmente los requisitos de la Ley N°18.156, porque describe de manera genérica las coberturas del sistema venezolano, sin individualizar las prestaciones específicas de que efectivamente es titular el recurrente. En particular, sostiene que no permite verificar si la cobertura de salud contempla prestaciones pecuniarias en caso de enfermedad, ni establecer con certeza que dicha cobertura se mantuvo vigente de manera continua e ininterrumpida durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Rechaza la alegación de fuerza mayor por imposibilidad de apostillar o legalizar documentos debido al término de relaciones consulares entre Chile y Venezuela. Señala que tal circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito, pero no lo hace imposible, pues la Corte Suprema ha indicado que el trámite puede realizarse en sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o mediante el portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando documentos físicos a través de terceras personas.

Sostiene, además, que el recurrente no cumple con la calidad de técnico extranjero exigida por la normativa. Expone que acompañó un título de Técnico Medio en Comercio y Servicios Administrativos, mención Administración Financiera, otorgado por la Unidad Educativa Fe y nombre reservado, de Venezuela, el 13 de julio de 2009. Indica que dicho grado corresponde a educación secundaria técnico-profesional y no a estudios de carácter superior, por lo que resulta inidóneo para acreditar la formación especializada exigida por la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

También advierte inconsistencias formales en anexos de contratos acompañados por el recurrente, vinculados a empleadores Inversiones Santa Camila S.A., Ideal S.A. e Hipermercados Tottus Ltda. Señala que dichos anexos aparecen suscritos solo por el empleador, sin autorización o ratificación ante ministro de fe, no individualizan a las personas que firman en representación de las empresas, no incorporan firma del trabajador y presentan firmas que difieren de otros documentos indubitados, lo que justifica un análisis más exhaustivo respecto de su origen y validez.

Añade que nombre reservado nombre reservado cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo que no asegura su retorno al país de origen y genera riesgo de que, pese al retiro de fondos previsionales, en el futuro su pensión sea cubierta con fondos fiscales. Precisa que el incumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156 no implica pérdida de los fondos, sino únicamente improcedencia del beneficio excepcional, quedando indemnes sus derechos previsionales conforme al DL N°3.500.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1535-2026 Protección