nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, nombre reservado, trabajadora de nacionalidad venezolana, representada por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, interpone recurso de protección en contra de AFP Provida S.A., representada por nombre reservado, impugnando el acto que rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N.º 18.156. Expone que, habiendo manifestado su voluntad de mantener afiliación al sistema previsional venezolano y reuniendo los requisitos legales para la devolución de sus cotizaciones, ingresó el 5 de marzo de 2026 una solicitud de retiro técnico de fondos acompañando constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que fue rechazada por AFP Provida el 9 de marzo de 2026 por carecer de apostilla. Señala que ese mismo día presentó reclamo administrativo y antecedentes complementarios, pero la Superintendencia de Pensiones, mediante respuesta de 13 de marzo de 2026, mantuvo el rechazo por estimar insuficiente la certificación sin apostilla. Sostiene que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acredita de manera suficiente y verificable su afiliación vigente y la cobertura frente a enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigida por el artículo 1 de la Ley N.º 18.156.

Que dicha ley no exige apostilla ni legalización consular; y que la obtención de tal formalidad resulta materialmente imposible dada la situación institucional y diplomática existente respecto de Venezuela, configurándose un caso fortuito o fuerza mayor.

Invoca además los artículos 17 y 45 del Código Civil, jurisprudencia favorable de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Talca, y denuncia vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y prohibición de imponer requisitos no contemplados por la ley, consagradas en los artículos 19 N.º 2, 19 N.º 24 y 19 N.º 26 de la Constitución.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de AFP Provida, se reconozca la validez de la documentación acompañada, se ordene tramitar y aprobar la solicitud de retiro y se disponga la devolución íntegra de los fondos previsionales de la recurrente.

Segundo: Que, al evacuar informe, AFP ProVida S.A., representada por la abogada Ana María Herrera Brummer, solicita el rechazo íntegro de la acción con costas, sosteniendo, en primer término, que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento relativa al cumplimiento de los requisitos de la Ley N.º 18.156 para la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros.

Expone que la recurrente solicitó el retiro de sus fondos previsionales y que dicha solicitud fue rechazada los días 9 y 13 de marzo de 2026 por no acompañar un certificado de afiliación previsional extranjero debidamente apostillado o legalizado, aportando únicamente una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carente de firma, apostilla y de una certificación específica respecto de la cobertura efectiva durante todo el período trabajado en Chile.

Señala que dicho rechazo se ajustó a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, particularmente los Oficios N.º 12954-2025 y N.º 21880-2025, así como al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen una certificación legalizada de la institución previsional extranjera para acreditar cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que la trabajadora manifestó su voluntad de mantener afiliación al sistema extranjero recién mediante anexos de noviembre de 2025 y no en su contrato original de diciembre de 2023, cuestionando así el cumplimiento del requisito legal de la Ley N.º 18.156.

Como fundamentos de derecho invoca el Decreto Ley N.º 3.500, la Ley N.º 18.156, el DFL N.º 101 que regula las facultades de la Superintendencia de Pensiones, los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y abundante jurisprudencia de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que, según afirma, han validado la exigencia de apostilla o legalización y rechazado solicitudes basadas únicamente en constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Concluye que no existe acto ilegal o arbitrario, que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, declarando ajustado a derecho el actuar de AFP ProVida.

Tercero: Que, al evacuar informe, la Superintendencia de Pensiones solicita, tener por cumplido el informe requerido y sostiene la improcedencia de la reclamación. Expone cronológicamente que la recurrente ingresó el 5 de marzo de 2026 una solicitud de devolución de fondos previsionales como trabajadora extranjera.

Que AFP ProVida la rechazó el 9 de marzo de 2026 por no acompañar una certificación previsional extranjera válida.

Sin embargo, la actora reclamó administrativamente ante la Superintendencia mediante Consulta Web N.º 4257/2026.

Y que dicho organismo, mediante respuesta de 10 y 13 de marzo de 2026, mantuvo el criterio aplicado por la AFP. Como fundamentos de hecho y derecho, señala que la regla general del sistema previsional chileno exige cotizar en Chile y que la Ley N.º 18.156 constituye una excepción de interpretación restrictiva, aplicable únicamente a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten copulativamente afiliación previa y efectiva a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que hayan manifestado en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación.

Agrega que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, a la jurisprudencia administrativa del organismo, al artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla, la acreditación de dichos requisitos debe realizarse mediante certificación de la entidad previsional competente debidamente legalizada o apostillada.

Indica que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada por la recurrente no cumple tales exigencias, por carecer de firma, apostilla o legalización, no acreditar específicamente las coberturas exigidas ni demostrar una cobertura efectiva durante todo el período trabajado en Chile.

Asimismo, sostiene que no existe vulneración de los derechos de propiedad, igualdad ante la ley ni de las garantías del artículo 19 N.os 2, 24 y 26 de la Constitución, pues todos los trabajadores extranjeros están sujetos a las mismas exigencias legales para acceder al beneficio excepcional previsto en la Ley N.º 18.156.

En definitiva, concluye que la actuación de AFP ProVida se ajustó a la normativa vigente y solicita a la Corte tener por cumplido el informe y desestimar las alegaciones de la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.

Octavo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

De lo expuesto, se sigue que no se verifica en la especie los requisitos previstos en la ley para el retiro de fondos previsionales en la forma solicitada.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1534-2026 Protección.