Protección contra Comité de Administración o Actual Directiva del Condominio Santa Magdalena de Ta

Foja: 106 Ciento Seis San Miguel, diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 14 comparece la abogada doña Elena Rebolledo Rojas, en representación de don nombre reservado, quien deduce acción de protección de garantías constitucionales en contra del Comité de Administración o Actual Directiva del Condominio Santa Magdalena de Tango.

Indica que en su oportunidad, mediante contrato de compraventa, el Sr. nombre reservado adquirió de la Inmobiliaria Santa Inés la parcela Nº 56 del Condominio Santa Magdalena de Tango, parcela que se encuentra ubicada en las afueras del referido condominio, y donde vive junto a su familia.

Refiere que el recurrente es una persona que se dedica a actividades comerciales de imprenta, labores que realiza de forma tranquila, pacífica y en cumplimiento de la normativa aplicable y que le permiten sustentar a su familia, sin que nunca haya tenido problema o dificultad alguna en el ejercicio de sus funciones.

Agrega que el Sr. nombre reservado realiza parte de sus actividades laborales en el interior del inmueble familiar, esto es, la Parcela Nº 56 del Condominio Santa Magdalena de Tango, específicamente aquellas relativas a la elaboración y preparación de los trabajos, los cuales posteriormente son comercializados en otros lugares, motivo por el cual la parcela no es utilizada para el comercio, y no ingresan a éste personas ni a cotizar ni a comprar productos.

Señala que el proceso de elaboración o preparación efectuado al interior de la parcela jamás ha ocasionado molestia ni perturbación alguna a los demás copropietarios, cuestión que consta en un certificado emitido por la anterior Presidenta del Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango, doña nombre reservado, quien con fecha 17 de abril de 2013 emitió un documento en el cual certificaba que el recurrente es propietario y morador de la Parcela Nº 56 del condominio referido y que se ha caracterizado, durante los años de permanencia en el mismo, por presentar buenas costumbres para la sana y tranquila convivencia en comunidad, y que en su parcela no ha existido ningún tipo de ruido molesto ni perturbación de la tranquilidad del condominio.

Manifiesta que, a pesar de ello, el nuevo Comité de Administración del condominio le ha realizado una serie de exigencias en cuanto a dejar de realizar sus actividades laborales dentro de la parcela, todo ello sin justificación alguna, y que la situación ha llegado al nivel de haber convocado a una reunión extraordinaria, para el día 31 de mayo pasado, a fin de requerir el apoyo de los demás copropietarios en su campaña en contra del Sr. nombre reservado, con el objeto de impedir, sin justo motivo, y de forma abusiva y arbitraria, que éste ejerza sus actividades laborales en la parcela de su propiedad y que forma parte del condominio.

En cuanto a las actuaciones arbitrarias efectivamente ejecutadas en contra del recurrente, indica que son la aplicación de multas, exigencias verbales en cuanto a paralizar sus actividades laborales y malos tratos, refiriendo, entre otros, que el recurrente y su familia debiesen vivir en una población y no en un condominio de dicha categoría.

Refiere que las acciones descritas, han afectado la vida y derechos del recurrente y su grupo familiar, desde al menos dos meses a la fecha, vulnerado específicamente la integridad psíquica del recurrente y su grupo familiar, ya que las multas impuestas, tratos vejatorios y comentarios despectivos les impiden vivir tranquilos; su vida privada y honra, por cuanto las actividades que el recurrente y su familia realizan dentro de su parcela forma parte de su vida privada, y siendo una actividad lícita resulta digna y honorable; la libertad de trabajo, por cuanto las labores se desarrollan en su inmueble, sin perturbar derecho alguno de terceros; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y la seguridad nacional respetando las normas legales que las regulen; y finalmente el derecho de propiedad.

Pide que se acoja la acción interpuesta, se restablezca el imperio del derecho, quebrantado por actos ilegales y arbitrarios del Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango, con costas.

Acompaña como fundamento de su recurso los documentos que rolan de fojas 1 a 13, consistentes en: dos órdenes de ingreso municipal, correspondiente a pago de patente del recurrente, emitidas por la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, de los años 2013 y 2014; carta emitida por doña nombre reservado, Presidenta del Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango, con fecha 17 de abril de 2013; certificado de regularización de obra destinada a microempresa emitido por Ilustre Municipalidad de Calera de Tango; comprobante de pago de gastos comunes a nombre del recurrente; detalle de cobro de gastos comunes del Condominio Santa Magdalena de Tango; certificado de avalúo fiscal de la propiedad del actor al primer semestre 2014, a su nombre. Asimismo, a fojas 65, acompañó los documentos custodiados bajo el número 120-2014, consistentes en: cuatro cartas autorizadas notarialmente de vecinos del condominio Santa Magdalena de Tango; detalles de correos electrónicos referentes al nombramiento y renuncia del actor como presidente del Comité de Administración; certificado de alumna regular de la hija del recurrente en la carrera de Agronomía de la Universidad Católica; set de fotografías del inmueble; certificado de dominio vigente de la propiedad del recurrente; y formulario de inicio de actividades del mismo.

A fojas 12 corre notificación a la recurrida.

A fojas 55, don nombre reservado, Presidente del Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango informa al tenor del recurso interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, con costas.

Indica que de conformidad a la normativa vigente, el Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango es el órgano que representa a la asamblea de copropietarios en todas sus facultades, y que en pleno uso de sus éstas puede realizar una serie de actuaciones, las que detalla, dentro de las que se encuentran, entre otras, dictar normas que faciliten el buen orden y administración del condominio e imponer multas contempladas en el Reglamento de Copropiedad; agrega que las normas y acuerdos del Comité mantienen su vigencia mientras no sean revocadas o modificadas por la Asamblea de Copropietarios; y que, en la especie, el Reglamento de Copropiedad se encuentra reducido a escritura pública e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo.

Agrega que el actual Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango fue elegido en asamblea del día 31 de mayo de 2014, la que fue reducida a escritura pública, y que él ejerce el cargo de Presidente del mismo.

Respecto del recurso de protección interpuesto indica que el recurrente es dueño de la Parcela Nº 56 del Condominio Santa Magdalena de Tango, y que como consecuencia de ello éste se encuentra obligado a cumplir íntegramente con el Reglamento de Copropiedad, el que se encontraba vigente al momento de adquirir dicho inmueble.

En primer término refiere que el recurso interpuesto debe ser rechazado toda vez que éste debe dirigirse en contra de personas, funcionarios o autoridades determinados o determinables, cuestión que no ocurriría en la especie por dos motivos: primero la acción se dirige en contra de “la actual directiva del comité de administración” y no en contra del órgano mismo; y que de conformidad a la redacción del libelo y la fecha de interposición del recurso, esto es, el 30 de mayo de 2014, se debe entender que la acción se interpuso en contra de las personas específicas que integraron el Comité saliente, ya que éste fue renovado el día 31 de mayo, motivo por el cual la acción interpuesta no puede ser vinculante para el actual comité. Además, añade que el recurrente debió individualizar a las personas en contra de las que dirigía la acción, ya que claramente las presuntas acciones, ilegales y arbitrarias, vulneradoras de garantías constitucionales habrían sido cometidas por determinadas personas que integraron el comité.

Señala en segundo término, que el recurso debe también ser rechazado toda vez que el recurrente no señala con exactitud y claridad cuál o cuáles son los actos que estima ilegales y arbitrarios y que afectan sus derechos fundamentales, utilizando expresiones genéricas, vagas e imprecisas, sin expresión de personas determinadas ni elementos que permitan presumir de quien se trataría, cuestión que resulta crucial ya que no resulta posible para el actual comité informar de actos supuestamente ejecutados por el anterior comité sin saber siquiera quienes habrían participado en los mismos.

Sin perjuicio de los defectos expuestos manifiesta que del tenor de la acción deducida pareciera que el recurrente reclama respecto de exigencias del saliente Comité de Administración, las que indica se relacionan con una cuestión real, esto es, la oposición de la mayoría de los copropietarios del condominio respecto de la actividad comercial realizada por el Sr. nombre reservado en su parcela y que infringe directamente el Reglamento de Copropiedad en su artículo 9º, el que prescribe que se encuentra prohibido a los propietarios y ocupantes de las parcelas destinar todo o parte de ellas al funcionamiento de oficinas, bodegas, estacionamientos, fabricas, establecimientos comerciales de cualquier naturaleza, centros de diversión, entre otros.

Al respecto agrega que el recurrente efectivamente desarrolla en su parcela una actividad expresamente prohibida por el Reglamente de Copropiedad, y que en estas circunstancias no se trata de una asunto materia de un recurso de protección, sino que debe ventilarse ante el tribunal competente de conformidad a la Ley 19.537.

Sin perjuicio de lo expuesto señala que el recurrente además de infringir el Reglamento de Copropiedad en la forma referida, también lo hace de otras formas, específicamente manteniendo un acceso desde el exterior del condominio, cuestión que se encuentra también proscrito por el reglamento señalado.

Manifiesta que en atención a estas dos infracciones flagrantes al Reglamento de Copropiedad, con fecha 11 de marzo pasado, el anterior Comité de Administración citó al recurrente a una reunión a fin de que expusiera su posición en cuanto a los puntos referidos, indicando éste que no estaba dispuesto a trasladar su imprenta ni cerrar el acceso no autorizado, motivos por los cuales se procedió a cursar las multas respectivas de conformidad al reglamento, las que sólo se aplicaron en una oportunidad y que no han sido pagadas.

Respecto de la reunión del día 31 de mayo de 2014, indica que efectivamente ese día se realizó una junta de copropietarios, pero que correspondía a la Asamblea Anual; que en dicha oportunidad se trató el tema de las irregularidades de la Parcela Nº 56 y que se acordó esperar a que se notificara el presente recurso de protección – toda vez que el recurrente les había informado de la interposición del mismo – motivo por el cual a la fecha no se habría tomado medida, exigencia ni decisión alguna respecto del recurrente, salvo la aplicación de la multa ya referida, cuestión que ocurrió en el mes de febrero de 2014 y que se cursó de conformidad al reglamento respectivo.

Agrega que no ha existido ningún tipo de presión ni maltrato por parte del Comité de Administración, anterior ni actual, como tampoco actuaciones ilegales o arbitrarias que vulneren derechos constitucionales, habiendo actuado conforme la normativa y reglamentos aplicables.

En definitiva solicita que se rechace el recurso interpuesto, con costas.

Acompaña los documentos guardados en la custodia Nº 116-2014 pro, y que son: reglamento de copropiedad, reducción a escritura pública de Asamblea de Copropietarios de fecha 7 de julio de 2014; dos recibos de gastos comunes, correspondientes a febrero y junio de este año 2014; citación a Asamblea de Copropietarios a realizarse el 31 de mayo de 2014; y fotografía del acceso irregular del recurrente a su parcela.

A fojas 63 y 104 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que es sabido que los derechos fundamentales tienen una pretensión moral que es recepcionada por el Derecho positivo, para que la finalidad de aquéllos pueda ser alcanzada plenamente. De lo anterior deriva que una acertada comprensión de esta materia sólo pueda ser resultado del escrutinio de la moralidad implícita de lo que se trata y de su correspondencia con la legalidad – y la arbitrariedad en esta clase de acción – esto es, dicho de otro modo, el análisis no ha de hacerse sólo de la juridicidad que deriva de la ley secundaria, como son las normas contractuales sino, también, a partir de los valores jurídicos y del contenido de la norma constitucional eventualmente vulnerada.

TERCERO: Que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza.

CUARTO: Que, sin perjuicio de la poca claridad en la descripción de los hechos y de la oportunidad de su ocurrencia, puede concluirse que el acto, que se estima arbitrario o ilegal por quien recurre, consiste fundamentalmente en las exigencias que se le han efectuado para dejar de realizar sus actividades comerciales de imprenta dentro de su parcela, y que se han manifestado en la aplicación de multas, peticiones verbales y malos tratos, acciones que emanarían del Comité de Administración recurrido.

QUINTO: Que, a su turno, la recurrida hizo presente que cuenta con facultades para obrar en representación de la Asamblea de Copropietarios y que existe un Reglamento de Copropiedad vigente, inscrito a fojas 3510 N° 1775 del Registro de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo del año 1998, cuya anotación marginal consta en la propia inscripción de dominio de la parcela de propiedad del actor.

Sostiene que este Reglamento regula, entre otros aspectos, en su Artículo Noveno, N° 1, la prohibición a los propietarios u ocupantes de destinar la parcela o parte de ella al funcionamiento de establecimientos comerciales de cualquier naturaleza, así como, en el Artículo Decimo Primero, N° 13, la obligación que cada parcela solo tendrá un acceso o entrada y frente a los caminos interiores del loteo.

Por su parte, el Artículo Trigésimo Séptimo del Reglamento de Copropiedad, dispone que toda infracción al mismo será sancionada con una multa que aplicará el Comité de Administración, que se regulará entre una y tres unidades tributarias mensuales.

SEXTO: Que de los antecedentes allegados a la causa, entonces, es posible constatar que el recurrente se encuentra vinculado contractualmente con un reglamento de copropiedad respecto al dominio, uso y goce del inmueble que actualmente ocupa, en virtud del cual se prohíbe la destinación de todo o parte de cada parcela al desarrollo de actividades comerciales, facultándose expresamente al Comité de Administración para imponer una multa, en caso de infracción a la reglamentación interna del condominio.

SEPTIMO: Que de lo antes relacionado, se colige que la recurrida no ha cometido un acto ilegal que amerite disponer las medidas pertinentes a fin de evitar que se vulneren los derechos que el recurrente estima privados, perturbados o amenazados. Además, tampoco se ha acreditado que el acto o actos que por esta vía se impugnan, hayan sido arbitrarios, por lo que la acción intentada no puede prosperar.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, no se divisa vulneración a las garantías invocadas por el actor, lo que tampoco se explicita en el libelo, en tanto se ha arribado a la convicción que las acciones denunciadas se encuentran amparadas en el Reglamento de Copropiedad del Condominio Santa Magdalena de Tango, al cual se encuentra igualmente sometido el recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre “Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección intentada a fojas 14 por doña Elena Rebolledo Rojas, en representación de don nombre reservado, en contra de la actual Directiva del Comité de Administración del Condominio Santa Magdalena de Tango.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora María Stella Elgarrista Álvarez ROL 153-2014 Prot.

Pronunciada por los Ministros señora María Stella Elgarrista Alvarez y señora María Carolina Catepillán Lobos y Abogado Integrante señor José Miguel Puelma Barriga.

En San Miguel, a diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.