Protección contra Claro Chile

Certifico que se anunció y alegó contra el recurso de protección el abogado don Samuel Guerrero. En San Miguel, 24 de febrero de 2020. nombre reservado. Relator.

En San Miguel, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

Al folio 12277: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Que comparece nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, quien por si, deduce recurso de protección en contra de Claro Chile, persona jurídica del giro telecomunicaciones, por ha realizado diversas maniobras de cobranza extrajudicial de un crédito impago, consistentes en un gran número de llamadas a su número particular, hostigándolo con ellas y sin haber deducido alguna acción ejecutiva u ordinaria para el cumplimiento forzado de la obligación, lo que a su juicio vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N°1, derecho a la vida e integridad física y psíquica, y N°4, derecho a la honra, ambos de la Constitución Política de la República y, además, el artículo 37 de la Ley N° 19496.

Relata que el mes de Junio año 2017 contrató los servicios de Claro Chile, por la cual se me otorgó el plan “01 2017 PLAN L”, ascendiente a $25.590 pesos. Luego, por motivos personales, decidió cambiar al proveedor de servicios móviles, realizando la portabilidad numérica con Entel PCS Telecomunicaciones S.A., quedando quedó pendiente un saldo insoluto ascendiente a $25.980, con fecha de vencimiento el día 11 de noviembre de 2017 los cuales nunca fueron pagados a Claro Chile, por carecer de los medios económicos para dar un pago oportuno. Más tarde, al no realizarse ningún tipo de cobranza olvidó cumplir con la obligación que pactó con el proveedor.

Durante el mes de Julio del año 2019, comenzaron las llamadas de cobranza extrajudicial de Claro Chile, las cuales siempre son realizados en términos vulgares e irrespetuosos, en las que se lo amenaza de que si no paga su deuda, se realizará el embargo y retiro de los bienes que guarnecen su domicilio; expresa que, si bien la facultad que posee un acreedor para realizar el cobro extrajudicial de sus créditos es reconocido por la ley de protección al consumidor, tal facultad debe ser ejercida con el fin de informar al deudor de que su obligación está en mora, sin que dicha facultad se convierta en un actuar abusivo con el fin de hostigar al deudor para que pague. Indica que dichas llamadas de cobranza se han realizado de manera reiterada, las cuales se han convertido en un actuar abusivo por parte de la recurrida, hostigando lo para que pague, lo que le ha causado una afectación emocional, por esto, que cada vez que ve una llamada de cobranza, cuelga y no contesta los llamados, agregándose a lo anterior, que no se ha realizado ninguna gestión de cobro judicial a su respecto.

Detalla un total de treinta llamadas recibidas entre el quince de julio del 2019 y el cuatro de diciembre del mismo año llegando a cuatro en un mismo día y luego cita jurisprudencia de las cortes de apelaciones de Santiago y Rancagua que le permiten concluir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico, como el que ha sufrido, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda.

Finalmente, luego de reiterar que con el actuar de la recurrida se han vulnerado las garantías constitucionales indicadas y lo previsto en el artículo 37 inciso sexto de la ley sobre protección a los derechos de los consumidores, solicita se acoja su recurso y ordenar que la recurrida cese los llamados telefónicos, con expresa condenación en costas;

Que Samuel Guerrero Rojas, abogado, en representación de Claro Chile S.A, informa al tenor del recurso pidiendo éste sea rechazado con expresa condena en costas.

En primer lugar refiere la improcedencia de la acción toda vez que su representada no ha realizado ni por sí, ni por intermedio de terceros las llamadas de cobranza referidas por el recurrente indicando que la que mantiene el recurrente se encuentra castigada desde el año 2018, por lo que, con posterioridad a ello no se ha efectuado gestión de cobranza.

Añade que señor nombre reservado pretende acreditar la existencia del hecho que denuncia, con la impresión de información que le daría una aplicación denominada “True Caller”, sin embargo, las gestiones de cobranza extrajudicial su representada las realiza a través de una empresa, que se dedica a efectuar acciones de cobranza para tanto para Claro, como a otras entidades, por lo que desconoce si dicha empresa ha realizado llamadas al recurrente para cobrar acreencias de terceros distintos a Claro, ya que en relación a la deuda que el recurrente mantiene con Claro, SERBANC realizó llamadas sólo el año 2018 que posteriormente sirvieron de antecedente para emitir el certificado de castigo contable que acompaña un otrosí. Por demás, la aplicación que señala no se responsabiliza por la validación, confiabilidad o precisión del contenido y la información provista a través y en conexión con el uso de los servicios siendo un mecanismo inválido para tener certeza de la titularidad de la persona que realiza la llamada.

Agrega, en cuanto al hecho, que su representada efectivamente celebró un contrato de suministro del servicio de telefonía móvil con el recurrente y a consecuencia de dicho contrato hasta la fecha el señor nombre reservado adeuda desde noviembre de 2017 a mi representada la suma de $25.980. Ante la existencia de dicha deuda durante el año 2018 se encargó a la empresa SERBANC la cobranza extrajudicial de dicho monto, realizándose llamadas al recurrente deudor entre el veinticuatro de abril y el veinticuatro de mayo, no lográndose comunicación con el cliente procediéndose, como se dijo, por parte de la empresa de cobranza a emitir el 30 de junio de 2018 el certificado de incobrabilidad Folio 9.078, realizándose el castigo tributario de la deuda conforme a lo preceptuado por las Circulares 24 y 34, ambas de 2008, del Servicio de Impuestos Internos, no efectuándose nuevas llamadas por parte de la empresa.

Afirma, en consecuencia, que no existe ilegalidad ni arbitrariedad ya que se encargó la cobranza extrajudicial de la deuda que mantiene el señor nombre reservado con Claro Chile, efectuándose sin éxito, llamadas al recurrente durante los meses de abril y mayo de 2018 cumpliendo la normativa vigente, ya que la ley permite a las empresas efectuar labores de cobro extrajudicial de sus acreencias e incluso las normas que regulan el castigo de créditos que ha dictado el Servicio de Impuestos Internos exige que dichas acciones se encuentren respaldadas. Refiere que tales gestiones de cobranza extrajudicial se enmarcaron en los parámetros del artículo 37 inciso 6 de la Ley 19.496 negando que las llamadas que individualiza el recurrente en su acción de protección se hayan efectuado para cobrar la deuda de que es titular su representada.

Finaliza su informe solicitando el rechazo de la acción intentada por carecer de toda sustancia y fundamento no existiendo acto arbitrario o ilegal alguno que haya amenazado, privado o perturbado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales aludidas por el recurrente, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) La acción de protección garantiza a toda persona que ilegalmente sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en sus derechos, la posibilidad de recurrir ante la respectiva magistratura, para que dicte en tal caso las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y, asegurar la debida protección del afectado;

2º) Del mérito de las alegaciones vertidas en el libelo del actor y, los informes evacuados en los antecedentes, es posible determinar que el objeto de esta acción cautelar recae sobre lo que se considera un acto arbitrario e ilegal por la recurrente, el cual consistiría en el trastorno de su vida cotidiana a consecuencias de hostigamiento que la recurrida ha ejecutado en su contra al cobrarle extrajudicialmente y desde el mes de junio del año 2019, una deuda de $ 25.980 y mediante cerca de 30 llamados telefónicos desde distintos números, con el objeto de negociar y, obtener el pago de lo adeudado, afectando su integridad psíquica y, el respeto y protección de su vida privada y honra;

3º) Cabe precisar que la acción de cobro extrajudicial de una deuda se encuentra regulada en el artículo 37 de la Ley 19.496, sobre Protección a los Derechos del Consumidor, que se refiere a toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, cuyo es el caso, el cual dispone, en lo que atañe el objeto del presente recurso, “letra g) entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal”, añadiendo en el inciso décimo que “las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”;

4º) Conforme con lo señalado precedentemente, la acción de cobranza extrajudicial constituye un procedimiento legalmente permitido, pero que debe realizarse respetando los límites que señala la normativa legal ya referida, tendientes a proteger la vida personal, familiar y laboral del requerido, no obstante en el caso que nos ocupa, el hostigamiento que denuncia la recurrente no ha sido acreditado en la presente acción cautelar con algún documento que lo respalde, cabiendo tener presente que el recurrente al tiempo que refiere haber sido víctima de estos constantes hostigamientos telefónicos por parte de la recurrida, en otro pasaje de su libelo señala que cada vez que ve una llamada que presume proviene de una empresa de cobranza, no la contesta; hechos que, además han sido controvertidos por la recurrida, quien asevera en su informe que las acciones de cobranza extrajudicial han sido realizadas en el marco de la legalidad vigente incluso antes del período de tiempo que señala el recurso;

5º) En consecuencia, al no haber resultado comprobada la conducta de hostigamiento cuestionada por el actor, desde que éste no está en condiciones de afirmar que las 30 llamadas que puntualiza en su libelo corresponden efectivamente a cobros de la deuda por $25.980 que adquirió con la recurrida y que es materia de la presenten acción constitucional, toda vez que el mismo reconoce que no las contesta, razón que, como es obvio, no le permite sostener que se habrían tratado de nuevos requerimientos del pago de lo insoluto;

6°) En las condiciones antes descritas, no queda más que concluir que el arbitrio de protección en estudio no podrá prosperar, al no haberse constatado la existencia del acto ilegal denunciado.

Y de conformidad, además, con lo estatuido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso protección deducido por don nombre reservado en contra de Claro Chile S. A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 15207-2019 PROT.