Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública

En Santiago, a veinte de enero de dos mil veinte.

Vistos:

El 6 de diciembre de 2019, comparece doña Marian Guajardo Gutiérrez, abogada, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección a favor de doña nombre reservado y otras ciento ochenta personas que individualiza en el listado que acompaña en el segundo otrosí, comerciantes residentes y vecinos de la comuna de San Ramón, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por su Ministro don Gonzalo Blumel Mac-Iver.

El recurrido evacuó el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que la compareciente indica que el ministerio recurrido ha incurrido en omisiones ilegales, consistentes en infracción al mandato establecido en el artículo 1 de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, porque es el encargado de colaborar directamente con el Presidente de la República en asuntos relativos al Orden Público y la Seguridad Pública Interior, en el cual se concentra la decisión política de estas materias, y la coordinación, evaluación, así como controlar los planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materias de prevención y control de la delincuencia, que establezca la ley dentro del marco de la política nacional de seguridad pública interior, y el deber de resguardo y debida protección de la propiedad privada y pública, provocando, en consecuencia, la amenaza de los derechos y garantías contempladas en los Nos. 1, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Describe hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 e indica que es de público conocimiento que este día se desencadenó un gran estallido social a nivel nacional, que llevó a que Chile entero se volcara a las calles, exigiendo al Gobierno y a las autoridades regionales tomar medidas sobre una serie de exigencias relacionadas con demandas sociales históricas de impacto general. Indica que miles de personas han salido a las calles en manifestaciones pacíficas, junto con sus familias, exigiendo respuestas a demandas que por años no han sido solucionadas, relacionadas principalmente con pensiones dignas, aumento del ingreso mínimo, cambio en el sistema de pensiones, mayores y mejores prestaciones para los adultos mayores, educación gratuita y de calidad, soluciones en salud, entre otras, lo que ha convocado durante 49 días manifestaciones de diversa índole a lo largo de todo el país. Señala que su comuna no es ajena, diariamente se han desarrollado distintas convocatorias a marchas lo que se suma a los llamados a paro nacional de todos los servicios públicos, donde habitantes de su comuna también adhieren, por lo que la comuna se ha visto permanentemente azotada por alta convocatoria de manifestantes, los que, generalmente, al atardecer, se transforman en grupos de encapuchados, presumiblemente organizados, por cuanto un primer grupo aparece en autos de alta gama, descienden de ellos con herramientas como chuzos, martillos tipo combo, fierros, etc., con lo que destruyen los candados y abren las cortinas metálicas de los locales comerciales, luego aparecen otros grupos de personas que son los dedicados a saquearlos y destruirlos. Esgrime que estos grupos se conciertan única y exclusivamente para causar daño a toda la comunidad, a comerciantes y vecinos del sector comercial de la comuna de San Ramón, principalmente del cuadrante comprendido entre las calles Santa Ana al norte, calle Venezuela al sur, avenida Santa Rosa al oriente y calle Juan Antonio Ríos al poniente, sector ubicado entre los paraderos 19 y 22 de avenida Santa Rosa. Indica que el actuar ruin y vandálico de estos grupos ha ocasionado el saqueo y robo de varios locales del sector, entre los que se encuentran carnicerías, farmacias, confiterías, locales de repuestos de vehículos, entre otros, e incluso, en varias ocasiones, han intentado entrar a la sucursal del Banco Estado, ubicada en avenida Santa Rosa en la intersección con calle América del Sur, única sucursal bancaria que se encuentra en la comuna. Para ejemplificar, señala que en la noche del 26 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 17:00 horas, grupos de personas encapuchadas robaron e intentaron incendiar un bus del Transantiago en el paradero 21 de avenida Santa Rosa esquina El Parrón, pero por la oportuna intervención de personal de la Policía de Investigaciones de Chile no concretaron su propósito; sin embargo, destruyeron completamente el bus e intentaron incendiarlo, luego quisieron robar un camión que circulaba por la avenida mencionada, pero por una acción temeraria del conductor, que escapó de los encapuchados, no lograron su cometido. Añade que, posteriormente, ese mismo día entre el paradero 25 y 27 de la misma arteria, fueron incendiados dos automóviles particulares, el supermercado Líder, y saqueados diversos locales de emprendedores de la comuna. Señala que, luego, aproximadamente a las 22.00 horas apareció una banda delictual, evidentemente organizada, de alrededor de 30 a 40 personas, que se acercaron a los vecinos que se encontraban vigilando el sector y les comunicaron que su intención era atacar el Banco Estado, y que si no llamaban a Carabineros, no le harían nada a los locales colindantes, más tarde, aproximadamente a las 3 de la madrugada, apareció otro grupo, principalmente formado por hombres jóvenes, quienes valiéndose de las rejas del sector, neumáticos, cartones y otros, hicieron una barricada que cerró avenida Santa Rosa al llegar a avenida El Parrón; mientras que otro grupo premunido de chuzos, combos, martillo y otros, comenzaron a destruir la cortina metálica del Banco Estado, rompieron mamparas de vidrio, lograron entrar, pero no robar, debido a la oportuna llegada de Carabineros. Indica que aquel día no lograron su objetivo, por lo que volvieron el domingo 1 de diciembre, con el mismo modo de operar, tratando de amedrentar a los vecinos que en la noche vigilaban sus locales comerciales. Aduce que no obstante lo anterior, desde el 18 de octubre de 2019, cuando se iniciaron los saqueos y robos, los vecinos del sector se han organizado para vigilar día y noche, debido a que son amenazados diariamente por personas que circulan por el lugar en vehículos polarizados sin patente y por bandas que rondan todas las noches domicilio reservado, y que se organizan para intentar saquear, destruir e incluso incendiar; y sacar provecho personal y usar el movimiento con un sentido distinto al inicial, que es el robo en lugar no habitado. Asevera que incluso han sido víctimas de amenazas de saqueo e incendio, los cuatro establecimientos educacionales que hay en el cuadrante, con el consecuente riesgo que se incendien las viviendas y locales comerciales colindantes a dichos establecimientos, sin contar, además, el riesgo de la pérdida de vidas humanas.

Afirma que lo anterior ha generado niveles de inseguridad y angustia en todos los vecinos, que han visto afectado su diario vivir, en tanto que tienen que atender sus locales comerciales por el día y por la noche resguardarlos y los vecinos que habitan el sector, también deben salir a trabajar a otras comunas y por la noche montar guardia, privándose del derecho a salir con tranquilidad, para no dejar solas sus viviendas y locales comerciales y ser objeto de los actos delictuales antes mencionados.

Por lo anterior, indica que el fundamento legal del recurso es que la mayoría de los hechos relatados que configuran diversos delitos y que en la comuna el actuar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha sido ineficaz, a la hora de determinar un accionar adecuado a fin de realizar el efectivo control de lo ocurrido estos días, lo que queda de manifiesto cuando día a día, en varias oportunidades se han reportado intentos de saqueos e incendios, sin contar con la protección policial suficiente, por lo que los mismos vecinos del sector han utilizado la fuerza como medio de justicia, en orden a defender a sus familias y a su patrimonio, que con mucho esfuerzo han logrado a través de años de esfuerzo.

Hace presente que la comuna de San Ramón es calificada como una de las comunas con los peores índices de calidad de vida, por lo que los índices de criminalidad se estiman como de los más altos dentro de la Región Metropolitana, sumado en estos momentos a una carencia total de servicios, locomoción, falta de atención en salud y diversos problemas, es que se acrecientan aún más, desde el estallido social.

En cuanto al derecho, cita y transcribe los artículos 24, 33 y 101 inciso segundo de la Constitución Política de la República; y los artículos 1, 2 y 3 letras a), b), c), g) y h) de la ley N° 20.502, de 21 de febrero de 2011, que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Refiriéndose a las garantías constitucionales vulneradas, esgrime que ante los hechos descritos y el contenido de la normativa constitucional y legal citada, se desprende que en la comuna de San Ramón (como a nivel país), se han visto perturbadas un sinnúmero de garantías protegidas por la Constitución en su artículo 19. En primer término, indica la del N° 1, porque todos los hechos descritos, sumados a la escasa resolución de estos por parte de la autoridad recurrida, han puesto en riesgo la integridad física y psíquica de personas, todas vecinos y comerciantes afectadas, como también, de los trabajadores que en dichos locales laboran y de todas las personas que diariamente confluyen en el sector comercial comprendido entre los paraderos 20 a 22 de Santa Rosa; a medida que pasan los días, la delincuencia y el vandalismo han hecho de la comuna de San Ramón una zona carente de seguridad debiendo la gente de esfuerzo y trabajo resguardarse en el interior de sus locales y sus casas evitando ser alcanzados por una piedra o proyectil de material vandalizado; que prendan fuego al inmueble, que saqueen sus locales, y en el peor de los casos, sufrir, todas las vulneraciones antes descritas. Afirma que esta situación tiene sumergido a los vecinos y comerciantes en un clima de incertidumbre, miedo y angustia, transformando su día a día en un temor fundado a circular por las calles, principalmente en el núcleo central de la comuna. En segundo lugar, invoca la garantía del N° 21, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen; en este contexto y considerando que la arteria principal de la comuna, avenida Santa Rosa, tiene en su mayoría locales comerciales y que además esta actividad (comercial) de servicios bancos, colegios, que generan cientos de puestos de trabajo, lo que se ha visto afectado desde el 18 de octubre a la fecha, directa o indirectamente por los saqueos, incendios, o actos vandálicos, y que para resguardar la integridad de los trabajadores han debido mantener jornadas irregulares de funcionamiento, adicionalmente al miedo, la afluencia de público ha disminuido considerablemente, lo que influye directamente en las ventas, que se han visto mermadas, pudiendo incluso esto desencadenar en la desvinculación de un número importante de trabajadores, afectando directamente la economía local y la vida diaria del habitante de nuestra comuna. En tercer lugar, invoca el derecho del N° 24, a saber, “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”; porque es una de las garantías más afectadas por los actos delictivos, lo que se ha materializado a través de desmanes, saqueos, incendios, tanto en la propiedad pública como privada, que han vivido los vecinos.

Pide que se declare ilegal y arbitraria la omisión en la que ha incurrido el Ministro del Interior en su calidad investida por ley, y se adopten de inmediato las providencias que la Corte juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y, en especial, se adopten las medidas necesarias para el resguardo de la seguridad pública de la comuna de San Ramón, sus comerciantes y sus familias, frente a todo acto de carácter delictual que amenace o afecte el comercio y a la familia.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, el 31 de diciembre pasado, don Carlos Flores Larraín, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que es de conocimiento público que a partir del viernes 18 de octubre de 2019, diversos sectores de la Región Metropolitana sufrieron reiteradas y graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos, así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles. Indica que el inédito fenómeno en comento, se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país, por ello, dada la magnitud de la afectación y el evidente riesgo para la seguridad de las personas, el Presidente de la República, mediante el Decreto Supremo N° 472, de 18 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, declaró estado de excepción constitucional de emergencia en la Provincia de Santiago y de Chacabuco, así como en las comunas de Puente Alto y San Bernardo de la Región Metropolitana, por un plazo de 15 días, cuyo alcance territorial fue ampliado posteriormente a toda la región Metropolitana, mediante el Decreto N° 479, de 2019. Al mismo tiempo, se designó al General de División del Ejército de Chile, nombre reservado, como Jefe de la Defensa Nacional. Luego, se puso término al citado Estado de Excepción Constitucional, a través del Decreto Supremo N° 533, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; pasando a partir de ese momento, nuevamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o sea, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, la función exclusiva de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones legales aplicables al efecto.

Señala que a nivel país, según la información de Carabineros de Chile y las distintas Intendencias, durante el estado de emergencia hubo 487 saqueos a supermercados y centros comerciales, daños a 84 entidades comerciales y 74 entidades financieras; también ocurrieron severos daños a la propiedad pública: 27 buses del Transantiago quemados y 741 vandalizados; 12 Municipalidades con daños por incendios y ataques (Calama, Copiapó, Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Catemu, Cabildo, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Valdivia y Coihayque); 4 Intendencias con destrozos (Valparaíso, Tarapacá, Atacama y Los Ríos) y 3 Gobernaciones con daños y destrozos (Arica, San Antonio y Osorno); servicios de utilidad pública con daños y destrozos en todo el país (notarías, oficinas del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, Fiscalía, antenas de telecomunicaciones, entre otros), así como destrozos y daños en cuarteles y vehículos policiales. Indica que una vez levantado el Estado de Emergencia, han seguido ocurriendo hechos graves de violencia que han requerido de un enorme esfuerzo, por parte de Carabineros, para resguardar el orden público. Detalla que a la fecha de presentación de este recurso de protección, se habían producido 2.488 eventos graves, el número de funcionarios lesionados de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas ascendían a 2.664, y 1.277 civiles lesionados. Según información de Carabineros de Chile, a esa fecha se han producido 740 ataques a vehículos policiales, 137 ataques a estaciones de Metro, 243 ataques a cuarteles policiales; 947 saqueos y 279 incendios, resultando afectados 831 locales comerciales, 389 supermercados, 287 edificios públicos y 86 establecimientos educacionales. Aduce que la situación de la custodia del orden público sigue siendo una cuestión altamente crítica en el país; por ello, día a día, debe decidirse la dotación de servicios policiales en el territorio por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tomando en consideración la planificación de las protestas, la intensidad de las acciones vandálicas, la dotación existente en la respectiva zona afectada, los antecedentes obtenidos por la inteligencia policial, el tipo de lugar donde se desarrollan los acontecimientos, entre otros factores.

Argumenta que la acción cautelar intentada resulta improcedente en lo que respecta a una pretendida omisión ilegal y arbitraria del resguardo de la seguridad y orden público por parte de las autoridades. Al efecto, hace presente que los presupuestos fácticos expuestos, sin perjuicio de no aportar ningún antecedente concreto más que la individualización de algunos establecimientos afectados, indicarían la comisión de eventuales ilícitos por parte de terceros no individualizados y en fechas indeterminadas, hechos que el Gobierno ha llamado a denunciar con el fin de que sean investigados por los organismos competentes, cuestión que así ha acontecido. Añade que las medidas que se solicitan por la vía del recurso de protección, por su amplitud persiguen que la Corte formule una verdadera regulación sobre cómo proceder en el resguardo del orden público, materia ajena y que excede los fines de esta acción cautelar de urgencia. Cita sentencia de 26 de diciembre de 2019, causa rol 8428-2019, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Señala, además, que la recurrente alega que en virtud del mandato legal de su representado, de velar por el orden y la seguridad pública, él no habría cumplido con el mismo, por ende, tendría responsabilidad por no haber actuado cuando deberían haberlo hecho; lógica argumentativa que deja de manifiesto que lo que realmente se pretende es que el Tribunal se refiera a una eventual responsabilidad del Estado, cuestión que no puede establecerse de modo alguno en una acción cautelar de urgencia, como es la protección constitucional.

Arguye que ante la falta de exposición de hechos concretos atribuibles al recurrido y a la ausencia de medidas requeridas en este orden, esa responsabilidad constituye el antecedente directo que sostiene la petición final del recurrente y que consiste en que la Corte declare la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta, comportamiento que el peticionario atribuye derechamente a un comportamiento omisivo de los recurridos respecto de la mantención del orden público, la tranquilidad y la seguridad pública en la comuna de San Ramón. Cita sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol N° 8.013-2019, de 2 de diciembre pasado.

Esgrime que el recurso pretende que la jurisdicción califique la idoneidad, oportunidad, eficacia y la eficiencia de medidas adoptadas por las autoridades en materia de orden y seguridad, y pretende que sea esta misma sede jurisdiccional, quien ordene a la Administración lo que debe hacer en la materia. Indica que los órganos de la Administración del Estado deben actuar conforme al principio de juridicidad y legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la Republica); y que las potestades otorgadas por el legislador a los órganos del Estado, son de carácter discrecional, ya que para su ejercicio permite un margen de apreciación subjetiva para analizar su oportunidad, necesidad, eficacia, eficiencia e idoneidad, teniendo como parámetros la racionalidad, proporcionalidad y adecuación, de sus decisiones para los fines que persigue. En ese sentido, expresa que son los órganos del Administración del Estado, en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública e Intendencia respectiva quienes actuando en conjunto con la Municipalidad, y dentro de sus competencias respectivas, determinan la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas que van a implementar en materia de orden y seguridad pública. Cita sentencia de 9 de diciembre de 2019, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, recurso de protección rol 5241-2019; y de la Corte Suprema, rol 45.561-2019, a propósito del recurso de protección rol 5289-2018 de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Hace presente que si bien en el recurso se indica una serie de personas naturales representadas por su abogada, no queda claro quiénes son los afectados por los supuestos actos u omisiones y, más aun, del listado de actores no aparece claro quienes fueron o serían las personas naturales que se habrían visto afectadas por los hechos relatados, por lo que no solo se advierte la ausencia de hechos concretos de violencia que sustenten la pretensión de la recurrente, sino que además, no existe claridad en cuanto a quienes específicamente son los afectados por las supuestas omisiones de los recurridos. Al respecto, señala que la presentación inicial solo se limita a mencionar un listado de establecimientos que habrían resultado afectados por hechos no determinados, desconociéndose cuál es la relación que la recurrente individualizados en el recurso tienen con las afectaciones no determinadas de los locales comerciales allí referidos. Al respecto, indica que la identificación de los afectados en un recurso de protección es esencial para la eventual adopción de medidas correctivas por parte de la autoridad jurisdiccional; sin embargo, el recurso interpuesto da cuenta que se ha deducido en términos de una “acción popular” que busca resguardar la integridad del comercio en las cercanías de la avenida Santa Rosa, no obstante que la legitimación activa de la acción de protección, supone analizar la exigencia que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto exige que se deduzca por "el afectado o cualquier persona a su nombre", exigencia básica para la procedencia de la acción cautelar, esto es, que se acredite al menos un interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, a sus mandatarios, o a quienes comparezcan determinadamente en su favor, cuestión que no se verifica en la especie. Cita sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 8.508-2010.

Agrega que el recurso no precisa la afectación de las garantías constitucionales que invoca, porque no alude al nexo causal entre las supuestas acciones y omisiones y la garantía a que se refiere. Al efecto, señala que como presupuesto fáctico se hace una reseña genérica de hechos graves que han ocurrido en la región a propósito del “estallido social”, para luego atribuir la responsabilidad del actuar de las policías a su representado así como el incumplimiento del mandato legal, no señalando respecto de qué omisiones concretamente se configura la inactividad de las autoridades recurridas; además, en lo que dice relación con el derecho de propiedad, se hace una referencia genérica a los daños sufridos por comerciantes de la ciudad, sin identificar quienes son los titulares de las propiedades afectadas, y cuál es el monto de los daños que corresponde a cada una, y que hecho determinado de la autoridad supuso dicha afectación, situaciones que dificultan informar seriamente sobre los hechos recurridos.

Expresa, además, razones de fondo para rechazar la pretensión de autos, refiriéndose, en primer lugar, a la normativa orgánica que define las competencias y los órganos encargados de la seguridad pública. Al efecto, señala que el marco normativo respecto del resguardo de la seguridad y orden público en el país está establecido en los artículos 24 y 33 de la Constitución Política de la Republica, en cuanto a que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, y su autoridad se extiende a todo lo que tiene por objeto la conservación del orden público interior y la seguridad externa de la República, siendo colaborador directo del Presidente en esta materia, el Ministro de Interior y Seguridad Publica, cuyas atribuciones se encuentran contempladas, principalmente, en la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado. Señala que, a su vez, el representante del Presidente a nivel regional, es el Intendente, de conformidad a la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, aplicable a los Intendentes y Gobernadores actualmente en ejercicio, de conformidad al artículo 7 transitorio, de la ley 21.074, y artículo primero transitorio de la ley 21.073; en particular, en el artículo 2 de la referida ley N° 19.175, se encuentran las atribuciones del Intendente, y entre las que dicen relación directa con orden y seguridad pública, se encuentran: b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley; h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes; y m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región. Añade que los organismos encargados de garantizar el orden y la seguridad publica interior, de conformidad al inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, son Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, quienes, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Agrega que si bien las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependen directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dicha dependencia no se extiende al ámbito operativo, el que es de dominio y corresponde de manera autónoma a dichas policías.

Señala que además de no ser esta acción de protección la vía idónea para los fines perseguidos por los recurrentes; en el caso de autos, a pesar de reclamarse una falta de resguardo policial, Carabineros de Chile no ha sido recurrido de protección, cuestión que atenta contra el debido proceso y que debe conducir a su rechazo, Cita sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, rol N° 5.241-2019. Agregar que lo solicitado por la recurrente, es la simple explicitación de la obligación constitucional y legal de los servicios en la materia, cuestión que hace improcedente el presente recurso, esta vez por ineficaz; toda vez que al buscar la recurrente que se ordene a su representado cumplir con su obligación de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, se procura alcanzar la misma declaración ya contenida en la legislación vigente.

Por otra parte, señalar que en un periodo excepcional en lo referido a necesidades policiales como el actual, la decisión sobre distribución y destinación de dicho contingente contiene una medida de fuerte componente técnico y de alto carácter contingente, que exige compatibilizar múltiples variables, endógenas y exógenas a la autoridad administrativa, que obliga a la adopción de decisiones en coordinación con distintas autoridades nacionales, regionales y provinciales, valorando múltiples necesidades y recursos disponibles. En relación a lo señalado, transcribe el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, y cita sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 3.172-2008. Concluye que es improcedente que en un recurso de protección, que coloca en relación procesal sólo la posición específica de un sujeto contra la Administración Pública, se juzgue el grado de satisfacción personal que tiene ese sujeto con las funciones de protección policial del orden público nacional, pues los problemas actuales de vandalismo tienen una dimensión nacional; asimismo, pretende que la custodia del orden público y la seguridad nacional se obtenga mediante la protección preferente de su sector, sin importarle priorización alguna a nivel nacional, regional, provincial o local. Considera que el Estado de Chile ha cumplido, dentro del marco de sus capacidades instaladas y de la excepcionalidad de los hechos acontecidos desde el 18 de octubre último, con su función de garantizar el orden público, que ha requerido medidas inmediatas y directas por parte del Gobierno y las Fuerzas de Orden y Seguridad, dando lugar a decretar estados de excepción constitucional de conformidad a los Decretos N° 472, de 18 de octubre de 2019, Nos. 473 y 474, de 19 de octubre de 2019, Nos. 475, 476, 477, 478, 479, 482, 483, 484 y 485, de 20 de octubre de 2019, Nos. 487, 488 y 490, de 21 de octubre de 2019, y Nos. 495, 496 y 497, de 22 de octubre de 2019, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Añade que, en el marco de aquellos acontecimientos, se brindó protección especial a unidades de abastecimiento, agua potable, energía, combustible, minería, ciencia y tecnología, transporte, comunicaciones, comercio, bancos, salud, turismo, edificio gubernamental, gobierno comunal, aeronáutica, espacio público y militar; y con fecha 7 de noviembre pasado, el Presidente de la República impulsó una Agenda de Orden y Seguridad Pública, con el objeto de relevar el sentido y urgencia a determinados proyectos de ley relacionados con las policías, la seguridad y el orden público: modernizar las instituciones policiales para hacerlas más transparentes y eficientes para resguardar el orden público, en una cultura institucional de respeto a los derechos humanos (Proyectos de ley Boletines Nos. 12.699-07 y 12.250-25); fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia (Proyecto de ley Boletín 12.234-02); entregar más y mejores herramientas para defender el Estado de Derecho y la democracia, fortaleciendo la persecución penal frente a las barricadas, acción de encapuchados y saqueos (Proyectos de ley Boletines Nos. 13.050-25, 13.044-25, 12.894-07 y 11.958-07); y permitir que las Fuerzas Armadas puedan proteger infraestructura crítica colaborando en el resguardo de la seguridad nacional (Proyecto de ley Boletín N° 13.088-02). Indica que no se advierte participación del recurrido en los hechos que fundamentan el recurso, los cuales están siendo investigados actualmente por los órganos de persecución penal competente.

Afirma que el ministerio recurrido ha hecho uso de todas sus atribuciones legales para esclarecer con celeridad los hechos y responsabilidades en relación a las denuncias y querellas realizadas. Señala que son los órganos del Administración del Estado, en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, quien, actuando en conjunto con la Intendencia, dentro de sus competencias respectivas, determinan la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas que van a implementar en materia de orden y seguridad pública; pero en estos autos se pretende que sea la judicatura quien decida sobre la gestión administrativa, cuestión que ha sido vedada por la Excma. Corte Suprema, por ejemplo, en recurso de protección rol N° 45.561-2017. Precisa que el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, conforme a las facultades legales y dada la especial gravedad de los hechos ocurridos durante las jornadas posteriores al 18 de octubre de este año en la zona, ha presentado un total de 211 querellas por ley de Seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables por delitos de saqueos cometidos en la región Metropolitana; respecto de ese total, 7 querellas corresponden a hechos ocurridos en la comuna de San Ramón por los cuales existen actualmente 6 personas imputadas. Por tanto, manifiesta que no queda duda que las situaciones que motivan este recurso están siendo conocidas por los juzgados competentes, se encuentran en plena etapa indagatoria por parte del Ministerio Público, con personas formalizadas.

Por último, arguye que al buscar el recurrente que se ordene al Estado de Chile cumplir con su obligación de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, se procura alcanzar la misma declaración ya contenida en la legislación vigente, cuestión que lo torna en ineficaz, puesto que busca declarar las mismas competencias y deberes que las autoridades administrativas ya poseen y han ejercido conforme ya se demostrara.

En el otrosí acompaña copia de Decretos Supremos Nos. 472, 479 y 533, de 18, 20 y 27 de octubre de 2019, respectivamente, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Tercero: Que, en primer término, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se señala en el recurso y se reconoce en el informe del recurrido, es un hecho público y notorio la situación ocurrida en diversas ciudades el país a contar del 18 de octubre de 2019; específicamente, en diversos sectores de la Región Metropolitana personas produjeron incendios, saqueos y destrucción de recintos privados y públicos, así como la interrupción de la libre circulación de otras personas debido a la instalación de barricadas en las calles, entre otras acciones.

Asimismo, se advierte del recurso que lo que se reprocha al recurrido es haber incurrido en omisiones ilegales o inactividad frente a los actos lesivos de los derechos de los actores, quienes habrían sido afectados o estarían expuestos al riesgo de los actos descritos precedentemente, ocurridos en la comuna de San Ramón, cometidos por parte de “grupos de encapuchados presumiblemente organizados”. Al respecto, el ministerio recurrido, en su informe ha expuesto que ha tomado diversas medidas, tales como declarar estado de excepción constitucional de emergencia por un plazo de 15 días; brindar protección especial a unidades de abastecimiento, agua potable, energía, combustible, minería, ciencia y tecnología, transporte, comunicaciones, comercio, bancos, salud, turismo, edificio gubernamental, gobierno comunal, aeronáutica, espacio público y militar; haber impulsado el Presidente de la República, el 7 de noviembre pasado, una Agenda de Orden y Seguridad Pública, referida a proyectos de ley relacionados con las policías, la seguridad y el orden público; haber hecho uso de todas sus atribuciones legales para esclarecer con celeridad los hechos y responsabilidades en relación a las denuncias y querellas realizadas; haber presentado un total de 211 querellas por ley de Seguridad del Estado en contra de quienes resulten responsables por delitos de saqueos cometidos en la Región Metropolitana, de las que 7 corresponden a hechos ocurridos en la comuna de San Ramón, por los que existen actualmente 6 personas imputadas. Ha señalado también, que los hechos que fundamentan el recurso están siendo investigados actualmente por los órganos de persecución penal competente.

Por otra parte, se observa del petitorio del recurso que se solicita a esta Corte que ordene al Ministro del Interior la aplicación de medidas necesarias para el resguardo de la seguridad pública de la comuna de San Ramón, sus comerciantes y sus familias, frente a todo acto de carácter delictual que amenace o afecte el comercio y a la familia.

De esta manera, mediante la presente acción constitucional se pretende la implementación de una política pública para el resguardo de la seguridad pública en la comuna de San Ramón, para sus comerciantes y familias, que los actores estiman que se ha omitido para contener la comisión de delitos -robo, incendio, daños-, especialmente por parte de “grupos de encapuchados presumiblemente organizados”.

Quinto: Que, en este contexto, es posible concluir que lo que reclama la recurrente es la inidoneidad e ineficiencia de las políticas sectoriales aplicadas a partir del 18 de octubre de 2019, para controlar y reducir los actos delictivos consistentes en incendios, saqueos, robos y daños, ámbito que corresponde a la evaluación, elaboración y corrección de las políticas públicas que, constitucionalmente, está entregado exclusivamente a otro poder del Estado por tratarse de actos de mero gobierno, respecto de los cuales sólo cabe que se pronuncie la ciudadanía en elecciones populares o el Congreso Nacional a través del juicio político. Así lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en sentencia de 2 de abril de 2018, en causa rol N° 45.561-2017.

Sexto: Que, en ese sentido, debe tenerse presente que la acción constitucional de protección es un mecanismo establecido para conferir cautela urgente a derechos garantidos en la Carta Fundamental, a través de un procedimiento breve y concentrado, de manera que se pueda conceder efectiva tutela a dichas garantías, de manera expedita.

Séptimo: Que conforme a lo antes expuesto y teniendo especialmente en consideración que por la acción constitucional intentada se persigue que se implementen o modifiquen políticas públicas para controlar y reducir los actos delictivos consistentes en incendios, saqueos, robos y daños, queda en evidencia que no es ésta la sede adecuada para sustanciar y resolver el conflicto planteado, toda vez que, atendida su naturaleza, el recurso de protección no constituye una instancia de fijación de políticas públicas ni de fiscalización de las mismas.

Octavo: Que, en estas condiciones, se debe concluir que la presente acción no es la vía idónea para resolver la controversia, motivo por el que la acción intentada debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Marian Guajardo Gutiérrez, abogada, a favor de doña nombre reservado y otras ciento ochenta personas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina González Torres.

N° 15.191-2019 PROTECCIÓN.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señora María Stella Elgarrista Alvarez y señora Catalina González Torres y abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez quien no firma por encontrarse ausente.