nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 22 de enero de 2026
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 1469-2025, sentencia de 22 de enero de 2026
Resumen
Se rechaza la protección del bombero voluntario separado de su institución: la Corte estima que la sanción se ajustó al reglamento interno, que el recurso de apelación fue extemporáneo y que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad.
Texto íntegro
San Miguel, veintidós de enero de dos mil veintiséis.
Vistos y considerando:
Primero: nombre reservado, bombero voluntario, interpone acción de protección en contra del nombre reservado, representado por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en haber resuelto su separación de la institución, decisión confirmada por el Consejo Superior de Disciplina el 28 de marzo de 2025, actuar que vulnera sus garantías consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Señala que desde el año 2003 fue bombero voluntario y miembro de la 5° Compañía de la institución recurrida, en la que se desempeñaba como teniente 2° titular y, producto de una licencia del director, ejerció como teniente 1° subrogante. Agrega que durante sus casi 22 años de servicio mantuvo una buena conducta, con sanciones menores, datando la última de ellas del año 2006.
Indica que fue separado de la institución a raíz de un proceso disciplinario llevado a cabo por el Consejo de Disciplina de la 5° Compañía. Explica que su separación fue decidida el 28 de diciembre de 2024 y notificada el 3 de marzo de 2025 a través del correo electrónico institucional, por una supuesta falta de entrega de su cargo de teniente 2°, así como por haber incumplido deberes del cargo.
Añade que, en contra de la señalada decisión, en marzo de 2025 dedujo recurso de apelación para ante el Consejo Superior de Disciplina, el que fue declarado extemporáneo el 28 de marzo de 2025 por estimar la recurrida que el plazo de 10 días para la impugnación se contaba desde la decisión y no desde su notificación, cómputo que estima erróneo.
Argumenta que el acto recurrido infringe la garantía consagrada en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto carece de motivación. En ese sentido, arguye que la resolución que se le notificó no contiene ninguna descripción de las acciones u omisiones que constituirían la supuesta falta que se le imputa, lo que afectó su derecho a defensa y, por ende, la existencia de un debido proceso y la garantía de igualdad ante la ley.
Añade que únicamente se citaron tipos normativos vagos, imprecisos y genéricos y que, en particular, se alude a una “falta según reglamento de cuerpo en su Título XIV”, el que contiene 25 artículos, sin que se detalle cuál se aplica en la especie. Sostiene, además, que la resolución que resolvió la apelación interpuesta, de 28 de marzo de 2025, tampoco contiene fundamentos de hecho ni de derecho.
Asimismo, denuncia que la resolución sancionatoria no valora la prueba rendida en el proceso y que la decisión es desproporcionada.
Termina solicitando que se deje sin efecto la sanción de separación en comento, con costas.
Segundo: Informa al tenor del recurso Carlos Hernán Pérez Prado, abogado, en representación del nombre reservado, quien solicita el rechazo de la acción constitucional de autos.
Al comenzar realiza una breve descripción de la organización del nombre reservado y del marco legal en que operan los bomberos en Chile. Así, se refiere a la Ley N° 20.564 y afirma que los Cuerpos de Bomberos se rigen por las siguientes normas, en el orden que se indica: i)por la ley marco, N° 20.564; ii) por el reglamento de la ley marco; iii) por sus estatutos y reglamentos y iv) supletoriamente, por las reglas del Código Civil.
Prosigue señalando, con citas a jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional, que los Cuerpos de Bomberos no son servicios públicos sino “establecimientos de utilidad pública” y enfatiza que tienen un régimen distinto al de las demás personas jurídicas, de modo que lo contemplado en sus reglamentos es la norma fundamental para sus miembros.
Señala, en cuanto a la situación de autos, que el recurrente, en su calidad de teniente 2° de la Compañía, debía mantener al día el inventario de material menor y que, cuando fue electo teniente 1°, debió hacer entrega de su cargo al día, obligaciones que, sin embargo, no cumplió.
Expone que, recibidos los informes disciplinarios, fueron conocidos por el Consejo de Administración el 14 de febrero de 2025, el que puso los puso en conocimiento del Consejo de Disciplina de la compañía. Añade que el 28 de febrero de 2025 dicho órgano, luego de oír al recurrente, lo sancionó con separación de la institución, siendo notificado personalmente ese mismo día, al término del consejo. Refiere que, adicionalmente, se le envió un correo ratificando la decisión.
Alega que el actor presentó apelación ante el Consejo Superior de Disciplina, que fue citado para ser oído y que, habiéndose constatado que el recurso había sido interpuesto de manera extemporánea, fue rechazado. Asevera, por último, que se aseguró al recurrente un debido proceso, doble instancia y la posibilidad de ser oído mediante sus citaciones, por lo que el recurso de autos debe ser rechazado.
Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.
Cuarto: Según se denuncia en la acción constitucional intentada, el acto impugnado consiste en haber aplicado al actor la sanción de separación del nombre reservado.
Quinto: Como primera alegación, el recurrente sostiene que el recurso de apelación que dedujo en contra de la citada decisión fue declarado extemporáneo, toda vez que, a juicio de la recurrida, el plazo de 10 días para deducirlo se debía contar desde la fecha en que ella fue adoptada y no desde su notificación, interpretación que estima errónea.
La recurrida, a su turno, aduce que el 28 de febrero de 2025 el Consejo de Disciplina de la compañía aplicó al recurrente la sanción de separación de la institución, de la que fue notificado personalmente ese mismo día, al término del Consejo y que, adicionalmente, se le envió un correo ratificando la sanción.
Sexto: Para resolver este apartado de la acción cautelar en examen, es necesario considerar que el artículo 113 del Reglamento General del nombre reservado, inserto en el Título IX, intitulado “Del régimen disciplinario de las compañías”, previene que: “Las resoluciones serán comunicadas al afectado en presencia del Consejo de Disciplina que lo juzgó, sin perjuicio de que posteriormente se le informe por correo electrónico registrado en la compañía y/o por carta certificada dirigida a su domicilio registrado en su Compañía. Sólo si fue juzgado en rebeldía, la carta certificada se presumirá recibida dentro de tres días contados desde la fecha que se acreditare haber sido efectuado su envío, del mismo modo se considerará recibida y válida para todo efecto la notificación mediante correo electrónico”.
A su vez, el artículo 93 del mismo reglamento estatuye, en sus dos primeros incisos, que: “Contra las resoluciones de los organismos disciplinarios de las Compañías o de las Salas del Consejo Superior de Disciplina, procederá el recurso de apelación.
Este recurso se interpondrá por el afectado ante el Secretario General, dentro del plazo de 10 días, corridos desde la fecha en que se le hubiere notificado al afectado la sanción respectiva”.
Séptimo: Por otra parte, de la copia del Acta de la sesión del Consejo de Disciplina de la compañía a la que pertenecía el recurrente, de 28 de febrero de 2025, consta que, una vez adoptada la decisión sancionatoria, se hizo ingresar nuevamente al actor y se le notificó inmediatamente de ella.
Octavo: De los antecedentes relaciones aparece con nitidez que la sanción disciplinaria impuesta fue notificada en persona al actor el mismo día en que fue adoptada, esto es, el 28 de febrero de 2025, de manera que el plazo para deducir recurso de apelación en contra de la misma, de diez días corridos, vencía el 10 de marzo siguiente, pese a lo cual dicho arbitrio fue interpuesto el 11 de marzo, como se desprende de la copia del mismo aparejada a estos autos, una vez vencido, en consecuencia, el término establecido al efecto en la norma que regula esta materia.
Noveno: En esas condiciones, forzoso es concluir que la decisión de declarar extemporánea la presentación del medio de impugnación en comento se ajusta al Reglamento General del nombre reservado y que, por consiguiente, tal determinación no puede ser calificada de ilegal y menos de arbitraria, motivo que se estima bastante para desechar la acción cautelar en esta parte.
Décimo: Como segundo motivo de su recurso, el actor asevera que la resolución sancionatoria no valora la prueba rendida en el proceso, ante lo cual el nombre reservado recurrido asevera que aseguró al actor un debido proceso, doble instancia y la posibilidad de ser oído mediante sus citaciones.
Décimo primero: Para desechar este capítulo del recurso basta consignar que esta sede procesal no es la idónea para examinar el mérito de la prueba aportada a la investigación disciplinaria de que se trata.
Por de lo demás, si lo alegado es que el órgano resolutor no apreció de manera alguna la prueba rendida, es lo cierto que el recurso resulta incompleto en esta parte y lo torna ininteligible, desde que en él no se menciona siquiera qué prueba se aportó al proceso, cuál es su relevancia, cuál es el hecho que se pretendía demostrar por su intermedio y, por último, cuál es el perjuicio específico que este defecto habría causado al recurrente.
En tales condiciones, no es posible hacer lugar a este capítulo de la acción, toda vez que faltan los elementos mínimos que permitirían comprobar la veracidad de la omisión denunciada y, de ser el caso, si de ella se ha derivado alguna clase de detrimento o perjuicio para el actor.
Décimo segundo: Corresponde examinar, a continuación, la alegada falta de motivación del acto impugnado, que el actor hace consistir en que la resolución que se le notificó no contiene ninguna descripción de las acciones u omisiones que constituirían la falta que se le imputa, a lo que añade que únicamente se citan tipos normativos vagos, imprecisos y genéricos, indicando que habría cometido una “falta según reglamento de cuerpo en su Título XIV”, sin detallar cuál de sus 25 artículos sería el aplicable en este caso concreto. Lo mismo acusa en relación a la resolución que rechazó la apelación interpuesta, pues, según afirma, tampoco consigna fundamentos de hecho ni de derecho.
Décimo tercero: Para resolver este capítulo del recurso es útil consignar que, del tenor de la prueba rendida, aparece que fueron presentadas dos denuncias en contra del recurrente; la primera, por el teniente segundo de la quinta compañía, quien da cuenta del incumplimiento de los deberes del señor nombre reservado en su calidad de teniente segundo de la misma compañía durante el año 2024 en lo que se refiere, específicamente, al control del inventario del material menor que se hallaba a su cargo, el que se encuentra desactualizado e incompleto, que no coincide el material declarado en él y aquel verificado físicamente, que se observa una precaria mantención de los objetos de que se trata, así como un evidente desorden en su administración. Por estos hechos se le imputa la transgresión de los numerales 1, 3 y 5 de los deberes del teniente segundo, consagrados en el artículo 147 del Reglamento General del nombre reservado y del N° 6 del artículo 152 del mismo reglamento.
Por la segunda denuncia, el capitán de la compañía acusa que el actor no cumplió oportunamente con la entrega del cargo de teniente segundo que servía al momento de ser castigado, omisión que contraviene lo estatuido en el artículo 86 del Reglamento General del nombre reservado.
Décimo cuarto: Habiendo tomado conocimiento de estos hechos, el Consejo de Administración de la quinta compañía decidió remitir los antecedentes al Consejo de Disciplina, el que citó al recurrente mediante correo electrónico de 20 de febrero de 2025, al que se adjuntó el texto completo de cada una de las denuncias aludidas más arriba.
En el acta de la sesión del Consejo de Disciplina respectiva consta que, oída la denuncia, se escucharon los descargos del actor, que enseguida el consejo debatió acerca de los cargos formulados, concluyendo, al tenor de las normas citadas más arriba, que el voluntario incurrió en las faltas previstas en el artículo 78 letra b) N° 4 y letra c) N° 6 del Reglamento General del nombre reservado. En consecuencia, y por tratarse de una falta grave y de otra gravísima, el consejo decidió aplicar al actor, tras el pertinente debate, la sanción de separación, prevista en la letra c) del N° 3 del artículo 79 del referido reglamento.
Décimo quinto: Para comprender lo debatido es necesario consignar que los preceptos citados más arriba disponen lo que sigue:
El artículo 147 estatuye, en lo relevante, que: “Los Tenientes por orden jerárquico reemplazan al Capitán ausente con todos sus deberes y atribuciones y deberán:
[…]
Del Teniente 2° 1. Llevar control digital y físico del inventario del material menor que se encuentra en bodega y material mayor.
[…]
3. Velar por el buen funcionamiento del material menor a su cargo.
[…]
5. Tendrá la responsabilidad de llevar el control general de los inventarios de todo el material menor a su cargo, siendo directamente responsable de todas las especies que se encuentren en bodegas de la compañía y material menor que se encuentre en el material mayor de la compañía”.
A su vez, el artículo 152 previene en su número 6 que: “Calidad de Bombero, deberes y obligaciones:
[…]
6. Se entenderá que un asunto afecta los intereses generales del Cuerpo cuando los hechos puedan incidir directa o indirectamente en la imagen de la institución, en la eficiencia o seriedad del trabajo bomberil, en la seguridad personal de los Bomberos o de la ciudadanía, en la seguridad de las edificaciones u obras ciudadanas, en las finanzas, ingresos o patrimonio del Cuerpo, en la armonía del trabajo institucional o en otras circunstancias similares”.
El artículo 86 establece que: “La suspensión aplicada por cualquier organismo disciplinario de la Institución, a quien desempeñare un cargo electivo o designado, producirá de hecho su acefalía, debiendo entregar el cargo inmediatamente al Presidente del Consejo, o bien, dentro de las 48 horas siguientes al oficial de guardia o a quien se designe en su Compañía, estando sólo para este efecto autorizado para ingresar a ésta por el menor tiempo posible”.
Por su parte, el 78, inserto en el Título “De las faltas”, dispone, en lo que interesa, lo siguiente:
“Los organismos disciplinarios del cuerpo, podrán aplicar las siguientes sanciones a los Bomberos del Cuerpo, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento para cada falta:
[…]
B) Serán Consideradas Faltas graves […]
4. El incumplimiento de las obligaciones contraídas al aceptar un cargo.
[…]
C) Serán consideradas faltas gravísimas:
[…]
6. Al que afecte gravemente los intereses o la imagen del nombre reservado”.
Finalmente, el artículo 79 estatuye en la letra c) del N° 3 lo siguiente: “3. Las faltas gravísimas serán sancionadas con alguna de las siguientes sanciones:
[…]
c) Separación de la institución. Pierde la calidad de Bombero, pudiendo solicitar rehabilitación después de transcurrido un año”.
Décimo sexto: El examen de los antecedentes pone de manifiesto que no es efectiva la falta de motivación del acto impugnado que acusa el actor.
En efecto, en lo que atañe a la imposición de la sanción de que se trata, consta que, al ser citado a la sesión del Consejo de Disciplina en la que se trataría su caso, el recurrente recibió no sólo la citación, sino, además, copia de las denuncias formuladas en su contra referidas más arriba, en el fundamento décimo tercero, en las que se le reprochaba la infracción de los números 1, 3 y 5 de la sección de los deberes del teniente segundo, consagrados en el artículo 147 del Reglamento General del nombre reservado y del N° 6 del artículo 152 del mismo reglamento, por haber incumplido los deberes que, como teniente segundo, recaían sobre el señor nombre reservado en relación al control del inventario del material menor de la compañía, en tanto se le acusó de que el mismo se hallaba desactualizado e incompleto, que el material declarado en él no coincidía con aquel observado físicamente, que existía una precaria mantención de esos objetos y un evidente desorden en su administración.
Por medio de la segunda presentación, se le acusó de vulnerar el artículo 86 del mentado reglamento al no entregar oportunamente el cargo de teniente segundo que servía al momento de recibir un castigo.
Como se advierte, al concurrir al Consejo de Disciplina, el recurrente se hallaba perfectamente informado de las conductas que se le reprochaban y de las disposiciones reglamentarias cuya transgresión se le imputaba, a lo que se debe sumar que, como surge del acta respectiva del consejo, el órgano disciplinario escuchó al actor, quien pudo presentar sus descargos sobre la materia para la que, precisamente, había sido citado.
En esas condiciones y, una vez acordada la sanción que se aplicaría, el recurrente ingresó a la sala en que dicho consejo se reunía y fue informado personalmente de lo que dicho ente acababa de acordar, vale decir, de la sanción de separación aplicada conforme a la letra b) del N° 4 y a la letra c) del N° 6, ambos del artículo 78 del reglamento tantas veces citado.
Por lo demás, en el correo electrónico que se le remitió el 3 de marzo siguiente, se incluyó un resumen de la decisión adoptada por el Consejo de Disciplina, en la que se indican con precisión las disposiciones que dicho ente tuvo por infringidas, del precepto que califica tales transgresiones como una falta grave y otra gravísima y de la norma que establece la sanción aplicada a su respecto.
Así las cosas, resulta evidente que el actor fue debidamente informado tanto de las infracciones que se le reprocharon como de los hechos que las configuraban, lo que desvirtúa su afirmación de que no se le comunicó ninguna descripción de las acciones u omisiones que constituirían la falta imputada y que sólo se indicó la transgresión de tipos normativos vagos, imprecisos y genéricos, pues, como se dijo, la recurrida señaló con precisión tanto los hechos como el derecho que estimaba aplicable al caso en examen.
Décimo séptimo: Lo mismo se puede predicar en relación al rechazo del recurso de apelación interpuesto por el señor nombre reservado en contra de la antedicha decisión, desde que, como se pudo establecer, una vez que el Consejo Superior de Disciplina adquirió la convicción de que el mentado arbitrio había sido presentado fuera del plazo previsto para ello, atendido lo prevenido en el artículo 93 del reglamento tantas veces citado y dada la fecha en que el recurrente fue notificado de la decisión que impugnó, éste fue invitado a pasar a la sala en que se hallaba sesionando dicho órgano con el objeto de poner en su conocimiento que su recurso no sería conocido debido a ese defecto formal.
Así las cosas, resulta evidente que, en este caso, tampoco es efectivo que la determinación en comento careciera de fundamentos de hecho o de derecho, pues, por la inversa, la decisión en análisis se fundó en el reglamento que rige a la institución bomberil y en un prolijo examen de los hechos relevantes para la decisión cuestionada, antecedentes que fueron comunicados personalmente al actor en la misma ocasión en que se adoptó la determinación que censura.
Décimo octavo: Finalmente, tampoco se podrá acceder a la alegación de falta de proporcionalidad invocada en la acción cautelar de que se trata, pues, como surge de las normas transcritas en lo que precede, la sola infracción gravísima atribuida al recurrente admite la aplicación de la sanción de separación impuesta, de modo que, como surge con nitidez de los antecedentes relacionados, la recurrida no sólo no excedió la entidad de la sanción de que se hizo merecedor el actor, sino que, por el contrario, limitó su actuación a una estricta observancia de la normativa que gobierna la situación en examen, conforme a la cual el incumplimiento de los deberes que recaían sobre el voluntario señor nombre reservado justificaba, dada la trascendencia de la responsabilidad implícita en ellos, la imposición de un castigo como el que lo afecta.
Décimo noveno: En consecuencia, esta Corte advierte que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ni vulneración de los derechos del recurrente, por lo que la presente acción constitucional no podrá prosperar.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
Redacción del ministro señor Quezada.
N°1469-2025 Protección.
Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Miguel Vázquez Plaza, señor Danilo Quezada Rojas y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.