nombre reservado con AFP CAPITAL S.A.

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada por su representado al amparo de la Ley N°18.156., con lo que vulnera los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales y mediante correo electrónico de 2 de marzo de 2026, le informan que se rechazó su solicitud porque no acompañó un Certificado de Afiliación, sino solo una Constancia Electrónica de Cotizaciones sin firma ni apostilla y una declaración jurada de afiliado, las que no sirven para acreditar debidamente el requisito de cobertura previsional exigido por la Ley 18.156.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico profesional solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación formalista de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Señala que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, ya que la recurrida además le ha dado a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias el servicio recurrido ha otorgado respuestas favorables.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, título profesional apostillado, Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Solicita ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que, al evacuar el informe, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. solicita el rechazo del recurso. Señala que la acción de protección no constituye la vía idónea para discutir si el recurrente cumple los requisitos de la Ley N° 18.156, pues ello requiere una declaración de derechos y no la cautela de un derecho preexistente e indubitado.

Añade que la comunicación enviada al recurrente tuvo por objeto informar los requisitos documentales aplicables y que el propio actor acudió al órgano fiscalizador, obteniendo una respuesta de la Superintendencia de Pensiones que ratificó el criterio aplicado por la administradora.

En cuanto al fondo, AFP Capital sostiene que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige copulativamente que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, con cobertura a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo conste su voluntad de mantener dicha afiliación. Aduce que la constancia electrónica del IVSS carece de firma, legalización o apostilla, no acreditaría de manera específica la cobertura exigida, y que los instrumentos públicos extranjeros deben cumplir con las formalidades de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, invoca instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y jurisprudencia que exige tales formalidades.

Finaliza indicado que en virtud de lo señalado queda en evidencia que la decisión adoptada por AFP Capital S.A., en orden a rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales por ley N°18.156, se hizo en estricto cumplimiento a la normativa legal y previsional vigente.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, informa que el recurrente no ha presentado reclamos previos ante ese organismo respecto a los hechos de la acción cautelar. Explica que, según la legislación chilena, la obligación previsional es general para todos los trabajadores en el país, sin distinción de nacionalidad, y el pago de cotizaciones no constituye un fondo de ahorro libremente retirable.

Indica que la Ley N°18.156 establece como excepción la devolución de fondos previsionales solo para trabajadores dependientes extranjeros calificados como técnicos o profesionales que cumplan estrictamente con los requisitos del artículo 1°: estar afiliados a un régimen de previsión extranjero que cubra enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato la voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que la normativa exige que la acreditación de cobertura previsional se realice mediante certificación oficial de la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, y que detalle la cobertura efectiva durante todo el período de prestación de servicios en Chile. Certificados electrónicos no legalizados y declaraciones juradas no son documentos idóneos para estos efectos. Además, la ley debe interpretarse y aplicarse de manera restrictiva, solo cuando se cumplan todas las condiciones copulativas exigidas.

Respecto al derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, la Superintendencia reconoce que estos pertenecen a los afiliados, pero su uso está regulado por la naturaleza previsional del sistema y las normas de seguridad social, no siendo posible disponer de ellos libremente salvo que se cumplan los requisitos legales específicos.

Finalmente, recalca que la Ley N°18.156 es aplicable únicamente a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten cabalmente las condiciones legales para acceder a los beneficios de exención o devolución de fondos.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por la parte recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que no permite acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por otra parte, tampoco se ha allegado ningún antecedente certero de que el recurrente va a volver definitivamente a su país de manera que correspondiese devolver a la Institución de Seguridad Social de su país los fondos que pudiese haber reunido en la A.F.P. durante su estadía en Chile.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, lo son en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, toda vez que, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley para el retiro de fondos, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, y, por tanto, es innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1464-2025 Protección.