nombre reservado con AFP MODELO S.A. Y SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

San Miguel, diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones. Refiere que su representada solicitó la devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que exime de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros que cumplan determinados requisitos. Alega que la solicitud fue rechazada el 14 de abril de 2025 por la AFP Modelo, la cual señaló que los documentos acompañados, en particular la constancia electrónica de afiliación previsional emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumplían con los requisitos legales ni reglamentarios, por no encontrarse firmada ni apostillada o legalizada.

Sostiene que dicho rechazo es ilegal y arbitrario, toda vez que el documento es verificable en línea mediante código de validación, y que la normativa no exige de manera expresa su apostilla o legalización. Agrega que otras AFP, como Cuprum, han aprobado solicitudes similares sobre la base de constancias análogas, por lo que denuncia infracción a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, solicitando se ordene a la recurrida aceptar la documentación presentada y dar curso a la devolución de fondos solicitada.

Segundo: Que la Superintendencia de Pensiones informa que la recurrente no ha presentado reclamo previo ante dicho organismo, por lo que no ha existido pronunciamiento administrativo al respecto. Señala que la normativa aplicable —específicamente el artículo 1° de la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones— exige que, para acceder a la devolución de fondos, el trabajador extranjero acredite estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero que le otorgue cobertura al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que dicha afiliación se exprese en el contrato de trabajo.

Añade que la certificación que se acompañe debe encontrarse debidamente legalizada o apostillada, requisito que no cumple la constancia presentada por la actora, por carecer de firma, legalización o apostilla. Asimismo, precisa que la normativa debe interpretarse de forma restrictiva al tratarse de un régimen de excepción, y que el actuar de las entidades recurridas se enmarca dentro de sus competencias legales y reglamentarias, sin configurarse ilegalidad ni arbitrariedad en su conducta.

Tercero: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por su parte, evacúa informe señalando que la solicitud de devolución de fondos fue rechazada por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Indica que la documentación acompañada no corresponde a un certificado de afiliación, no señala expresamente las coberturas exigidas por la ley, ni consta que haya sido emitida por autoridad competente con las formalidades requeridas, como firma, legalización o apostilla.

Sostiene que su actuación obedeció al cumplimiento estricto de la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia, de la que recibe fiscalización, y que la vía del recurso de protección no es la idónea para dilucidar materias controvertidas respecto del cumplimiento de requisitos legales. Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso interpuesto, por no configurarse acto ilegal ni arbitrario alguno que vulnere derechos fundamentales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos y/o garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que La Ley N° 18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Séptimo: Que en este caso, la cuestión en debate es si la recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia de Afiliación al IVSS”, que fue considerada insuficiente por las recurridas, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Octavo: Que examinados los antecedentes presentados por las demandantes de protección, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.

En consecuencia, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones no ha emitido procedimiento particular alguno respecto de la solicitud de la señora nombre reservado, por lo que la presente acción cautelar no puede prosperar respecto de ambas recurridas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1461-2025.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Ana Cienfuegos Barros, Ma. Soledad Espina Otero y abogado integrante señor Sebastián Hamel Rivas. No firma el abogado integrante señor Hamel, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.