BUENA FE PROPIEDADES SPA Y OTRO con MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS -DIRECCION DE VIALIDAD METROPOLITANA

Certifico que se anunciaron, escucharon relación y alegaron en la Tercera Sala, por el recurso la abogada señora María Paulina Palma Molfino y contra el mismo la abogada señora Margarita Sáez Oberreuter. San Miguel, 9 de mayo de 2024. Sebastián Vergara de la Rivera, relator.

San Miguel, nueve de mayo de dos mil veinticuatro.

A los folios 12, 13, 14 y 15: Téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Ignacio Patricio Barros Villalobos, abogado, y doña nombre reservado, factor de comercio, en representación, esta última, de Buena Fe Propiedades SpA, todos con domicilio en domicilio reservado, interponen recurso de protección en contra de la Dirección de Vialidad Metropolitana de la Provincia de Talagante, representado por su Jefe Provincial, don nombre reservado, con motivo de la emisión de los oficios ordinarios N°41, de 20 de febrero de 2024 y N°49, de 28 de febrero de 2024, por los cuales ordena y ratifica la orden a los recurrentes de regularizar el acceso y los cortes de cercos vivos de la propiedad ubicada en camino Los Perros, Km 0.904 a Km, 1.951 de la Provincia de Talagante, actos que estima arbitrarios e ilegales, vulnerando sus derechos a la igualdad ante la ley, libertad económica y propiedad, garantizados en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que, el 26 de febrero de 2024, el señor nombre reservado fue notificado del Oficio Ordinario N°41, de 20 de febrero de 2024, por el que se le ordenaba, en su supuesta calidad de representante legal de Buena Fe Propiedades SpA, regularizar acceso y corte de cercos vivos de la propiedad antes referida dentro de un plazo de 10 días, dada la existencia de un reclamo por la existencia de un cerco vivo que tomaría parte de la calzada, representando un peligro para los ocupantes del camino.

Indican que el 26 de febrero del año en curso, el señor nombre reservado presentó sus descargos por correo electrónico, manifestado que ni él, ni la sociedad Buena Fe Propiedades -de la cual no es representante- son propietarios, poseedores, arrendatarios, comodatarios, administradores o mero tenedores de los inmuebles ubicados en el sector indicado en el oficio referido, por lo que no les compete la instrucción que ha sido efectuada. Precisan que la sociedad en cuestión se dedica al corretaje de propiedades de terceros, no estando a cargo de la gestión, urbanización o administración de proyectos en el sector.

Explican que a pesar lo informado, mediante el Oficio Ordinario N°49, de 28 de febrero pasado, la recurrida reitera la orden, argumentando que el encargado de la obra existente en el lugar fue quien informó el contacto del recurrente en su calidad de representante legal de la empresa “BF Propiedades Spa” (sic) y que en el sitio web de ésta se ofrece el loteo en cuestión.

Argumentan que los oficios de la Dirección de Vialidad constituyen actos administrativos gravosos, carentes de toda fundamentación y adoptados sin la debida diligencia y conocimiento de quien es destinatario de estos, infringiendo los principios de contradictoriedad e imparcialidad que deben regir los procedimientos administrativos. Añaden que por lo mismo se afecta la igualdad ante la ley de los recurrentes, así como su derecho a desarrollar su actividad económica de corretaje de bienes raíces y su derecho de propiedad, al imponerle cargas que corresponde a los propietarios de los inmuebles en cuestión.

Solicitan acoger el recurso, dejar sin efectos los actos administrativos referidos y adoptar las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que don nombre reservado, Director Regional de Vialidad (S) de la Región Metropolitana, evacúa informe solicitando el rechazo de la acción deducida.

En primer término, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para obtener lo pretendido por los recurrentes, pues estos pueden reclamar de los citados oficios interponiendo los respectivos recursos administrativos previstos en el artículo 59 de la Ley N°19.880, ni siendo la materia denunciada de aquellas que requiera cautela urgente frente a vulneraciones, perturbaciones o amenazas de derechos fundamentales.

En cuando al fondo, sostiene que los oficios recurridos fueron dictados conforme a derecho, desde que la Dirección de Vialidad, a través de su Jefatura Provincial, actuó dentro del marco de atribuciones que le confiere la ley, con la finalidad de proteger a los usuarios de un camino público y conforme a la normativa vigente.

Explica que de acuerdo con la Ley N°15.840, a la Dirección de Vialidad corresponde el estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecutan con fondos fiscales o con aportes del Estado; que de acuerdo al artículo 30 de dicha Ley “El Presidente de la República reglamentará el tránsito por los caminos público, la concesión de permisos para ocuparlos con vías férreas y la plantación de árboles o cercas vivas en los espacios laterales o en los terrenos adyacentes hasta una distancia de 20 metros, pudiendo en casos calificados e indispensables, disponer la corta de aquellos árboles que perjudicaren la conservación o visibilidad de los caminos, aun cuando existieren desde una fecha anterior a la vigencia del Decreto con Fuerza de Ley No 206, de 1960 (…)”; y, conforme al artículo 40, la apertura de caminos de acceso a los caminos públicos requiere contar de autorización expresa de la dirección de vialidad.

En relación con los hechos, expresa que los oficios denunciados por los recurrentes, advierten al señor nombre reservado de la existencia de una serie de reclamos recibidos por la Oficina Provincial de Vialidad de Talagante, producto de la existencia de un acceso no autorizado, emplazado en el camino Los Perros, código 73260009, Km 1.220 aproximadamente, lado izquierdo, comuna y provincia de Talagante, junto a la preocupación por la existencia de un cerco vivo, que está tomando parte de la calzada, lo cual podría afectar a los usuarios frecuentes de la vía en comento, y ordena efectuar, dentro de un plazo de 10 días, un plan de trabajo de limpieza y despeje de la faja, así como informar sobre el proyecto de loteo para consideración del impacto vía sobre las Rutas G-46 Lonquén – Carampangue y G-30 Cerrillos-Lonquén.

Refiere que los recurrentes argumentan no ser propietarios de los inmuebles en cuestión, y particularmente, el señor nombre reservado, no representar a la sociedad BF Propiedades SpA, reconociendo solo una calidad de corredores de propiedades, sin reparar en que en tal rol les compete una vinculación con los actuales y/o nuevos propietarios de los inmuebles en cuestión, pudiendo contribuir a la regularización de las actividades inmobiliarias detectadas en la faja fiscal.

Por lo anterior, estima que dicho servicio ha actuado conforme al ordenamiento jurídico, en cumplimiento de sus obligaciones legales, no afectando en forma alguna los derechos invocados por los recurrentes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo prive, perturbe o amenace.

Cuarto: Que de los antecedentes aportados, las situaciones que motivan el recurso radican en la circunstancia de empecerles o no a los recurrentes las órdenes dadas por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Talagante para regularizar el acceso y los cortes de cercos vivos existen en un inmueble, ubicado en la Provincia de Talagante, que afectan la circulación vial de un camino rural.

Quinto: Que, en este contexto, la falta de legitimación pasiva en que se funda el recurso, no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que ello, al ser una cuestión de fondo, excede la naturaleza y finalidad de la acción de protección, debido a que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Por otra parte, el legislador previó una vía especial para reclamar respecto de las medidas que adopte la Dirección de Vialidad, conforme dispone el artículo 50 del DFL N°850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964 y el DFL N°206, de 1960, por lo que la situación se encuentra al amparo del derecho por las vías procesales disponibles al efecto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Ignacio Patricio Barros Villalobos y Buena Fe Propiedades SpA en contra de la Dirección de Vialidad Metropolitana de la Provincia de Talagante.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

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