G4S SECURITY SERVICES LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE

En Santiago, a cuatro de julio de dos mil diecisiete VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 6, doña Giuliana Rojas Gazco, abogado, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en favor de G4S Security Services Limitada, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, factor de comercio; todos domiciliados en domicilio reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, representada legalmente por su Jefe de Inspección Provincial del Trabajo, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Funda la acción constitucional señalando que la recurrida cometió un acto ilegal y arbitrario, consistente dictar el Ordinario N° 138, de fecha 17 de Febrero de 2017, donde se niega a conocer y resolver la reconsideración administrativa deducida en tiempo y forma, en contra de la resolución que aplica multa N° 7425/16/39-1, 2 y 3, en contra de G4S Security Services Limitada, por un total de 120 U.T.M. y 21 I.M.M.

Explica que el rechazo de la reconsideración deducida se funda en que se habría presentado fuera de plazo, pues a juicio de la recurrida, el plazo establecido en el artículo 512, inciso primero, del Código del Trabajo es de días corridos, cuestión que no es efectiva, y deviene el acto administrativo ilegal e injustificado, coartando el legítimo derecho de oponerse a una multa gravosa para su representada, y en caso de mantenerse importaría, una contravención al legítimo ejercicio de garantías constitucionales que le asisten a G4S Security Services Limitada.

Relata que por Resolución de Multa Administrativa(F9) 7425/16/39, de fecha 22 de Septiembre de 2016, la recurrida aplicó multa administrativa por la suma total de 120 U.T.M. y 21 I.M.M., respecto de la infracciones que indica, le fue notificada a su representada conforme a la regla establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo, ingresando a oficinas de Correos de Chile, el día 6 de Octubre de 2016, siendo notificada en consecuencia, el día 14 de Octubre de 2016, con el objeto de computar el plazo para deducir la reconsideración administrativa de multa prevista en el artículo 512, inciso primero, del Código del Trabajo. Entonces, teniendo como fecha de notificación de la resolución que aplicaba la multa el 14 de Octubre de 2016, considerando lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo - que autoriza recurrir administrativamente en el plazo de 30 días para reclamar de sanciones aplicadas- y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 25 la Ley 19.880 en cuanto fija que para el cómputo de plazos en los procedimientos administrativos no se considerarán hábiles los sábados, domingos y festivos; G4S tenía como plazo para recurrir administrativamente hasta el día 29 de Noviembre de 2016, mismo día que se dedujo ante la reclamada, la reconsideración de multa por medio de formulario F10, elaborado por ese Servicio, poniendo de relieve en consecuencia, que dicha presentación ha sido efectuada en el día hábil administrativo número 30, es decir, en último día de plazo legal.

Agrega que sin embargo y pese a la claridad de las disposiciones invocadas respecto del plazo que se tenía para deducir la reconsideración administrativa, por el mencionado Ordinario N° 138 de fecha 17 de Febrero del 2017, se señala que la solicitud de reconsideración de fecha 29 de Noviembre de 2016, no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos.

En el caso que motiva esta petición de protección, afirma que nos encontramos con que la Inspección Provincial del Trabajo de “Colchagua” (sic), ha ignorado las normas especiales, y de aplicación preferente de la Ley 19.880 que son plenamente aplicables al procedimiento administrativo para las sanciones a las que se ha sancionado a G4S, por cuanto estas normas se aplican con absoluta preferencia a la normativa común que defiende la recurrida, establecida en el artículo 50 del Código Civil, atendido el principio de especialidad, cuyas normas de la ley 19.880 son plenamente aplicables, dado lo expuesto en el artículo 2°, establece en su ámbito de aplicación.

Explica que el ilegal obrar de la recurrida al negarse acoger a tramitación un recurso presentado en tiempo y forma, conculca la garantía N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues implica que se contraría la igualdad ante la Ley y se ha establecido una segregación arbitraria en contra de G4S Security Services Limitada, pues en los hechos, la empresa ha experimentado un trato discriminatorio que debe ser corregido accediendo al presente recurso de protección.

Termina solicitando se acoja el presente recurso de protección en todas sus partes, dejando sin efecto lo comunicado a G4S Security Services Limitada por medio del Oficio Ord. 138 del 17 de Febrero del 2017, por el que se señaló que la reconsideración administrativa deducida el 29 de Noviembre de 2016, en contra de las sanciones impuestas por Resolución 7425/16/39 del 22 de Septiembre de 2016; declarando expresamente que la reconsideración ha sido deducida en tiempo y forma, y con su mérito, se ordene a la recurrida a resolver la presentación efectuada por G4S Security Services Limitada, con expresa condenación en costas.

2°) Que a fojas 26 y siguientes, comparece don nombre reservado, Inspector Provincial de Talagante, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, y pide que el recurso interpuesto sea rechazado.

En primer término, alega la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto el recurso de protección constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado. Señala que, si bien es cierto el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida.

Expresa que el recurso de autos es del todo improcedente, por cuanto éste se ha interpuesto respecto de resoluciones administrativas, respecto de las cuales la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

En efecto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo, se establece la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores, o bien solicitar la correspondiente reconsideración administrativa o recurso administrativo simplificado de las mismas, y en este último caso, reclamar judicialmente respecto de la resolución que resuelve dichas solicitudes de reconsideración de la multa o de recurso administrativo simplificado.

Manifiesta que en estas condiciones, el recurso de protección, se está utilizando por la recurrente, como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, vías en las que se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan.

En segundo término, señala que con fecha 22 de septiembre de 2016, la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, aplicó a la empresa recurrente Multa Administrativa N° 7425/16/39, por las infracciones que indica, resolución que le fue notificada mediante carta certificada recibida por correos de chile con fecha 6 de octubre de 2016, según consta de la constancia de entrega de carta certificada, emitida por la empresa Correos de Chile, que de acuerdo con el artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende notificada con fecha 14 de octubre de 2016.

Indica que con fecha 29 de noviembre de 2016, la empresa presentó ante la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, solicitud de reconsideración de multa administrativa ya individualizada.

Agrega que con fecha 17 de febrero de 2017, la Inspección del Trabajo comunicó a la empresa mediante Ordinario N° 138, que no se dio curso a dicha solicitud por incumplimiento a los requisitos legales, considerando que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

A continuación indica que respecto de las alegaciones que fundamentan el recurso de protección de la actora, se controvierte la interpretación de la recurrente, debiendo señalarse que según y siempre ha resuelto la Dirección del Trabajo, del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, se advierte que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles en materia laboral, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil que establece que "los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República, o de los tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados". Esta situación se aprecia en diferentes artículos del Código del Trabajo, por ejemplo en artículo 162, inciso 2º y 7º, art.168 inciso 1º; art. 171 inciso 1º; art. 201 inciso 4º; art. 223 inciso 4º; art. 282 incisos 1º y 4º y 503 inciso 3º - este último sobre reclamación de multas que establece que el plazo para reclamar judicialmente es de días hábiles. Sin embargo, en el caso de la especie, el legislador solo estableció que el plazo era de 30 días, por lo cual se debe entender que es de días corridos, ya que de lo contrario lo hubiera establecido expresamente.

Añade que la interpretación realizada por la Dirección del Trabajo respecto del plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo se ajusta plenamente a lo señalado por la Contraloría General de la República en dictamen N° 064985N09, de fecha 20 de Noviembre de 2009, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días CORRIDOS.

Por otra parte, el artículo 22 del Código Civil establece como regla que “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera en que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.” En aplicación de esta norma, se debe atender a la regla interpretativa contenida en el artículo 435 inciso 3º del Código del Trabajo, que estatuye que los términos de días que establece el Titulo I de este libro, se entenderán suspendidos durante los días feriados, por lo que a contrario sensu, la disposición del artículo 512 del mismo cuerpo legal que faculta la interposición de la reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa, por encontrarse en el siguiente título del mismo libro, queda fuera del ámbito de aplicación de la regla, y por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados, por lo tanto, es un plazo de días corridos.

Señala también que, la Dirección del Trabajo al ser un órgano de la administración pública y por tanto sujeto a la fiscalización y supervigilancia de la Contraloría General de la República, está obligada a aplicar las decisiones que este órgano contralor indique en respuesta a los requerimientos que el Servicio que represento le formule, de lo contrario, se verían expuestos sus funcionarios a las medidas disciplinarias que este organismo dictaminase.

Que en este caso en particular, según consta del documentos datos de entrega emitido por la empresa Correos de Chile, la carta certificada mediante la cual se notificó la resolución de Multa Administrativa N° 7425/16/39, fue notificada con fecha 14 de octubre de 2016, venciendo, por tanto, el plazo para recurrir en sede administrativa el día 13 de noviembre de 2016.

En definitiva, de los antecedentes de hecho y derecho que ya se han expuesto, queda de manifiesto que el Ordinario N° 138 de fecha 17 de febrero de 2017, se ajusta plenamente a derecho, no procediendo que sea dejado sin efecto.

Termina solicitando el rechazo con costas del Recurso de Protección por los fundamentos de hecho y derecho señalados; y en subsidio, si se estimare que el plazo para solicitar reconsideración es de 30 días hábiles, como sostiene la recurrente, se ordene a su representada a resolver derechamente la solicitud de reconsideración declarada extemporánea por el Ord. 138.

3º) Que según aparece de los documentos agregados por las partes, la resolución que impuso la multa a la recurrente le fue notificada legalmente el día 14 de Octubre de 2016, toda vez que conforme a la regla establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo, dicha resolución fue ingresada a oficinas de Correos de Chile, el día 6 de Octubre de 2016.- Como ya lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo entiende la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, debiendo aplicarse en forma supletoria –por ausencia normativa en el Código del Trabajo- el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, y considerarse la regla de plazos contenida en la Ley N° 19.880 como un plazo especial respecto de los procedimientos administrativos, que prima sobre la normas de carácter general del artículo 50 del Código Civil.

4º) Que constituye un hecho no controvertido, y consta además de los documentos agregados, que el recurso de reconsideración fue presentado el día 29 de noviembre de 2016, esto es, conforme con lo arriba razonado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que se debe entender legalmente practicada el día 14 de Octubre de 2016.

5º) Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues a través de ella se negó a tramitar un recurso de reconsideración administrativa presentado dentro de plazo legal, resultando afectada la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República por cuanto al negar la recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio contrario a nuestro sistema normativo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, SIN COSTAS el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha 29 de marzo de 2017, dejándose sin efecto la Resolución Ordinario N° 138, de fecha 17 de Febrero de 2017 y debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente respecto de las Resolución de Multa N° 7425/16/39-1, 2 y 3 de fecha 22 de Septiembre de 2016.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministro señora Maria Stella Elgarrista Alvarez Rol N° 1447-2017 PROT.

Se deja constancia que el abogado integrante señor Carlos Espinoza Vidal no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por no integrar sala el día de hoy en este Ilustrísimo Tribunal.