nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

San Miguel, nueve de julio de dos mil veinticinco.

A los escritos de folios 13, 14 y 15: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en declarar no ingresada su solicitud de retiro de fondos previsionales, presentada conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Expone que su representada solicitó el retiro de fondos a través del portal web de la AFP, siendo notificada el 14 de abril de 2025 mediante correo electrónico que su solicitud no podía ser tramitada por no haberse podido verificar, vía código QR, la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por encontrarse inoperativa la página correspondiente. Se le indicó que debía presentar certificado original en sucursal, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sostiene que esta decisión resulta arbitraria e ilegal, en tanto la documentación presentada cumple con todos los requisitos de la Ley N°18.156: contrato de trabajo, manifestación de voluntad de mantener afiliación extranjera y certificado de afiliación al IVSS verificable electrónicamente. Alega que otras AFP han aceptado certificados similares, y que la negativa de Planvital se funda en una interpretación formalista y desprovista de sustento legal.

Indica que la constancia electrónica incluye un código de verificación alfanumérico, validable mediante el sitio oficial del IVSS, y que incluso acompañó declaración jurada para reforzar su autenticidad. Agrega que la recurrida no motivó debidamente su negativa, omitiendo un pronunciamiento formal, lo que vulnera el derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la propiedad, consagrados en los artículos 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución.

Señala que la exigencia de legalización o apostilla no está contemplada en la normativa aplicable y resulta imposible de cumplir debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, configurándose así una carga irrazonable. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han reconocido como válidos documentos similares, rechazando prácticas que impliquen requisitos no previstos en la ley.

Solicita acoger el recurso, declarar ilegal y arbitrario el acto de la AFP Planvital que declara no ingresada la solicitud de retiro, ordenar que se emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y que se proceda al retiro de los fondos previsionales en un plazo razonable.

Segundo: Que nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas, por estimar que no ha existido acto ilegal ni arbitrario atribuible a su representada.

Expone que el 14 de abril de 2025, la recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Indica que, si bien el documento se encontraba vigente, no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa administrativa vigente, en particular lo dispuesto en el Oficio Ordinario N°20294 de la Superintendencia de Pensiones, de 8 de octubre de 2020.

Sostiene que el rechazo de la solicitud se fundó en la imposibilidad de verificar que el documento acreditara cobertura previsional por todos los riesgos durante el tiempo trabajado en Chile, conforme exige la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Afirma que la Superintendencia ha sostenido que no basta con constancias genéricas ni declaraciones juradas, sino que se requiere certificación emitida por la institución de seguridad social competente, legalizada o apostillada, en la que conste expresamente la obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Indica que el actuar de la AFP se ajustó al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y que las instrucciones impartidas por la Superintendencia son obligatorias, de conformidad con lo dispuesto en el D.F.L. N°101 de 1980, el D.L. N°3.500 y la Ley N°20.255. Rechaza que se haya afectado derecho alguno de la recurrente, ya que su representada ha aplicado la normativa vigente con razonabilidad y en igualdad de condiciones respecto de otros afiliados.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°8010 de 9 de mayo de 2025, informa que la recurrente no registra reclamo administrativo previo ante dicha entidad y que, por tanto, no contaban con antecedentes específicos sobre su situación previsional.

Sin perjuicio de ello, explica que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional para trabajadores extranjeros que acrediten afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero, que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que dicha afiliación haya estado vigente durante toda la prestación de servicios en Chile.

Precisa que, conforme a su jurisprudencia administrativa, no basta con acreditar una afiliación genérica ni con presentar constancias que no evidencien cobertura efectiva en los términos exigidos. La documentación debe ser emitida por la entidad previsional competente del país de origen, y debe acreditar, en forma específica, protección por todos los riesgos señalados durante el tiempo trabajado en territorio nacional. Asimismo, dicha certificación debe ser legalizada o apostillada.

Indica que el sistema previsional chileno otorga cobertura obligatoria a todo trabajador dependiente que preste servicios en Chile, y que el principio de territorialidad de la ley impone al empleador la obligación de enterar las cotizaciones previsionales en una AFP, lo cual justifica que, en ausencia de cobertura efectiva externa, no proceda la devolución de fondos.

Reafirma que la norma en comento —al tratarse de una excepción— debe ser aplicada de manera restrictiva, y que sólo procede autorizar la devolución de fondos en la medida en que se acredite íntegramente el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Concluye que, revisados los antecedentes disponibles, no consta que la recurrente haya acreditado el cumplimiento de tales requisitos en los términos exigidos por la ley, la normativa administrativa vigente ni la jurisprudencia uniforme de ese organismo fiscalizador.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°20294, de 8 de octubre de 2020, el que señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si la recurrente ha acreditado efectivamente la cobertura integral de salud y previsión durante el período laboral en el país.

Noveno: Que de los antecedentes expuestos no se acreditó que la recurrente se encuentre afiliada a un sistema previsional en su país de origen que otorgue las coberturas exigidas por el artículo citado, desde que no resulta posible la verificación del documento que presentó.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas legales y administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sin perjuicio de poder solicitar nuevamente la petición con la documentación vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1437-2025 Protección.