nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

Dejo constancia que alegó contra el recurso el abogado Santiago Cole Osses. San Miguel, 10 de octubre de 2024.

San Miguel, diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Al folio 31: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Cristian Zenteno Cereceda en favor de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, para interponer recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada legalmente por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la comunicación verbal realizada el 23 de febrero de 2024 por su jefa del CESFAM Dr. Héctor García, indicándole que no se le renovaría el contrato y sólo trabajaría hasta el 29 de febrero de 2024, acto que estima infringe las garantías reconocidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ha prestado servicios para la recurrida desde el 17 de enero de 2022 como TENS, desempeñándose en el CESFAM Dr. Héctor García de la comuna de Buin.

Sostiene que su contratación se materializó mediante continuos y sucesivos “contratos de reemplazo”, a plazo fijo, por regla general de 2, 3 o 6 meses cada uno, regido por la Ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, entre el 17 de enero de 2022 al 29 de febrero de 2024. Agrega que el último contrato fue escriturado con vigencia entre el 31 de octubre al 31 de diciembre de 2023, y luego continuó trabajando hasta la fecha de su despido, lo que significó al menos dieciocho renovaciones.

Precisa que fue contratada por la Corporación de conformidad al artículo 14 de la ley del ramo, con el conocimiento de que estaría ahí para un reemplazo cubriendo una licencia, lo que se extendió por dos años y un mes, nunca tuvo conocimiento de a quien reemplazaba, sólo le fue mencionado en el mes de febrero del presente año cuando se le informó el término del contrato debido a que la persona a quien estaba reemplazando retornaría a sus funciones, siendo una funcionaria con quien compartió labores prácticamente todo su primer año de trabajo, razón por la que pone en duda esta aseveración.

Afirma que es una excelente funcionaria de la dotación de salud municipal de la Corporación, asumiendo durante los más de 2 años de permanencia todas las funciones encomendadas sin reclamo alguno por parte de los distintos jefes. Precisa que se generó en su calidad funcionaria la confianza legítima de que su contratación se renovaría por todo el año 2024 como durante los dos años precedentes, invoca al respecto dictámenes de la Contraloría General de la República, N° 22.766 y N° 53.844, ambos de 2016, indicando que se reúnen en su caso los requisitos que emanan de la jurisprudencia administrativa citada, esto es, reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda renovación al menos y no existe un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación.

Menciona que en la comunicación verbal de 23 de febrero de 2024, no existe ningún fundamento para adoptar la decisión de no renovar su contratación para el año 2024 y la existencia de renovaciones sucesivas del contrato a plazo lo transformaría en uno a plazo indefinido por aplicación subsidiaria del Código del Trabajo, en particular artículo 159 N°4, invocando jurisprudencia al respecto (Corte Suprema, Rol 29.869-2019, de 05/06/2020; 5 Corte Suprema, Rol 71.955-2020, de 03/08/2020 y Rol N° 217343-2023).

Estima que el actuar de la recurrida ha vulnerado su derecho a la integridad síquica, de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad.

Solicita se deje sin efecto el acto y comunicación verbal de no renovación como también el término del contrato, ordenando su reincorporación y renovación a la Corporación de Desarrollo Social de Buin y el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo, hasta su reincorporación. Además de todas las medidas que, en concepto de esta Corte sean conducentes para el restablecimiento y protección de los derechos fundamentales vulnerados, con costas.

Segundo: Que informa la recurrida solicitando el rechazo de la presente acción ya que no concurren los requisitos que la hacen procedente.

Indica que a la recurrente no se le renovó el contrato de reemplazo, ya que el artículo 14, inciso cuarto, de la Ley Nº 19.378, establece en su parte pertinente que el contrato de reemplazo es “aquel que se celebra con un trabajador no funcionario para que, transitoriamente, y solo mientras dure la ausencia del reemplazado, realice las funciones que este no puede desempeñar por impedimento, enfermedad o ausencia autorizada. Este contrato no podrá exceder de la vigencia del contrato del funcionario que se reemplaza”.

Destaca que la Contraloría General de la República, en los Dictámenes Nºs. 24.096 de 2009 y 961 de 2012, ha precisado que las contrataciones de reemplazo para suplir a un trabajador son eminentemente transitorias, puesto que sólo se extienden por el período que dure su ausencia, lo que implica que al reincorporarse a sus funciones la persona que ejercía el cargo, termina la relación laboral con el reemplazante, por lo que apegándose a la normativa legal vigente, no se renovó el contrato con doña nombre reservado.

Manifiesta que la repetición de contrato a plazo fijo en la Atención Primaria de Salud no genera un cambio en la calidad de la relación laboral de “contrato a plazo fijo a contrato indefinido”. La Corporación a través de comunicación personal indicó y fundamentó el término del contrato a plazo fijo, no existiendo renovación, dando cumplimiento legal al artículo 48 letra c) de la Ley 19.378. Destaca que las Corporaciones Municipales, no requieren una fundamentación ni resolución para dar aviso de la no renovación del contrato de reemplazo.

Señala que la Contraloría General de la República concluyó que no resulta plausible que sus dictámenes N°s 22.766, 23.518 y 85.700, todos de 2016, sean aplicables a quienes trabajan en las referidas Corporaciones Municipales, aún, cuando se rijan por la Ley N° 19.378, toda vez que, aquellos no revisten la calidad de Funcionarios Públicos, por lo que no le es aplicable el principio de confianza legítima. Agrega que de acuerdo a información publicada en la página web del Poder Judicial, en las sentencias causas roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, la Tercera Sala del Máximo Tribunal realizó una revisión de la jurisprudencia sobre la materia y ajustó el criterio de las contratas -incluidos los funcionarios del Poder Judicial- y estableció que las relaciones laborales anuales, bajo los cinco (5) años, no quedan cubiertas por la denominada confianza legítima, por lo que la recurrente tampoco cumple con el tiempo correspondiente a la aplicación de dicho principio.

Solicita el rechazo del recurso por carecer de todo sustento y fundamento, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que la parte recurrente funda la acción cautelar en el hecho de haber sido despedida por la recurrida de conformidad a la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, argumentando que dicha decisión no se encuentra fundada, así como que le asiste la confianza legítima de mantenerse en sus funciones.

Quinto: Que cabe considerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19.378, aplicable en la especie, en atención a lo previsto en el artículo 3 de dicha ley, por haber desempeñado sus funciones la recurrente en establecimientos municipales de atención primaria de salud. En efecto, la primera norma citada dispone que el personal de dichas instituciones puede ser contratado a plazo fijo o indefinido, y a continuación agrega que “Para los efectos de esta Ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal.”

A su turno el artículo 48, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales:(…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Sexto: Que, de lo que viene razonando, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 en la letra c). Por su parte, la pretensión de la recurrente importaría en la práctica la transformación de su contrato a plazo en uno indefinido, lo que resulta improcedente en atención a lo dispuesto en el artículo 14 antes citado.

Séptimo: Que es útil consignar, además, que la causal legal invocada no requiere una fundamentación por parte de la Corporación Municipal sino únicamente la ocurrencia del vencimiento del plazo convenido.

Octavo: Que, por lo antes indicado, el hecho que motiva la interposición de esta acción cautelar no constituye una actuación arbitraria o ilegal, por lo que no puede prosperar y, en cuanto a su mérito, no corresponde calificarlo en esta sede puesto que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello, mediante las correspondientes acciones de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°1430-2024 Protección