LFI SPA con DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRARACION PUBLICA (CHILECOMPRA)

San Miguel, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Johanna Pedrero Cantillana en representación de LFI SpA, representada por don nombre reservado, para interponer recurso de protección en contra de la Dirección de Compra y Contratación Pública (ChileCompra) representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, comuna de Santiago por haber vulnerado las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 N° 2, N° 21 y N° 24 de la CPR, con ocasión de la inhabilitación por 2 años en el Registro Oficial de Contratitas del Estado.

Expone que la empresa LFI SpA es una persona jurídica cuyo giro principal es de asesoría comunicacional y publicidad y desde el año 2010 a la fecha, ha sido proveedor de la Administración del Estado, lo cual, se ha convertido en su labor principal y casi única. En efecto, LFI SpA, lleva más de 10 años prestando servicios a la Administración del Estado y, el comportamiento de la empresa ha sido ejemplar, prueba de ello es que, verificada la plataforma de “Mercado Público” el comportamiento base como proveedor es el más alto, vale decir, “5 de 5” y nunca ha sido sancionada.

El 2 de diciembre de 2019, doña nombre reservado demandó por tutela laboral a la empresa LFI SpA, todo lo cual, fue sustanciado en la causa Rit T-1993-2019 del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El 22 de diciembre de 2020, se dictó sentencia condenatoria en contra de LFI SpA y, posteriormente, se recurrió de nulidad en contra de la sentencia y una Sala de esa Ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó la nulidad (Rol 40-2021) y quedó firme el fallo referido.

Con fecha 1 de febrero de 2022, el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, remitió la sentencia (ya ejecutoriada) a la Dirección del Trabajo.

Con fecha 1 de marzo de 2022, mediante correo electrónico se notificó a LFI SpA que la Dirección de Compra y Contratación Pública (en adelante DCCP) de la Resolución Exenta N° 96-B, de fecha 28 de febrero de 2022, que en lo pertinente deja sin efecto por el plazo de dos años, la habilidad del proveedor.

El 8 de marzo de 2022 (quinto día administrativo desde notificada la referida Resolución) se interpuso el correspondiente recurso de reposición y, en subsidio, el recurso jerárquico, los que fueron rechazados por la Dirección de Compra y Contratación Pública mediante la Resolución Exenta N° 249-B de fecha 9 de mayo de 2022 y notificada a LFI SpA con fecha 10 de mayo de 2022, a través de correo electrónico.

En cuanto al plazo de interposición, sostiene que no podía deducir la presente acción constitucional mientras se encontrara pendiente el recurso administrativo y, por otra parte, solo una vez notificado el acto que se pronunció sobre dicho recurso administrativo (Resolución Exenta N° 249-B notificada con fecha 10 de mayo de 2022), se vuelve a computar el plazo para interponer la acción judicial.

Sostiene que el acto impugnado es ilegal, toda vez que el artículo 4 inciso 1° de la Ley N°19.886 se refiere claramente a una exclusión ex ante al momento de presentar una oferta por parte de un proveedor como lo es LFI SpA, sin embargo, lo cierto es que actualmente la recurrente ya era parte del Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado, por ende, aludiendo a normas infra legales la DCCP pretende extralimitar el sentido de la norma que, como se desprende prístinamente, se refiere a presentación de ofertas futuras.

Aduce que la DCCP funda su actuación ilegal en un precepto que, a sabiendas, ha sido declarado contrario a la Constitución en reiteradas oportunidades, a modo de ejemplo, Roles 3702, 4800, 4722, 8820, entre muchos otros, todos del Tribunal Constitucional. Añade que cualquier exclusión que no se funde en la idoneidad del proveedor es un atentado al artículo 9 inciso 2° de la Ley N° 18.575.

Luego, manifiesta que la resolución impugnada es arbitraria, toda vez que no es proporcional ya que después de tener una conducta intachable como proveedor de la Administración del Estado, sin que exista un incumplimiento como proveedor propiamente tal, se excluya y/o inhabilite a LFI SpA del Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado.

Arguye además de que no es racional ni justificado que, la DCCP aplique una sanción como lo constituye la exclusión y/o inhabilidad ya señalada, sin que se pueda debatir la procedencia y/o la duración de la inhabilidad, Indica que la vulneración a la igualdad a la ley se manifiesta en que la DCCP aplica una sanción sin considerar las particularidades de LFI SpA. Por otro lado, aduce que la Resolución Exenta N° 96-B al sancionar inhabilitando a la recurrente en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado por el plazo de 2 años, primero, conculca el derecho de propiedad incorporal de LFI SpA de seguir en dicho registro, toda vez que, no ha incurrido en un incumplimiento contractual o de otra índole con los órganos de la Administración del Estado y, segundo, priva a LFI SpA del derecho de propiedad incorporal que tiene cualquier persona de concurrir libremente a la propuesta pública, tal como lo deja consignado el legislador en el artículo 9 inciso 2° de la Ley N° 18.575.

Así las cosas, si el constituyente asegura la posibilidad de desarrollar una actividad económica como lo es, prestar servicios o vender insumos a la Administración del Estado, lo justo es que ningún acto, ni menos uno que emane de la propia Administración, impida a LFI SpA realizar tal actividad económica Pide se ordene a la recurrida que: a) Deja sin efecto la Resolución Exenta N° 96-B que sanción a LFI SpA expulsándola y/o inhabilitándola del Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado por el plazo de 2 años; b) Dicte los actos administrativos correspondientes para reincorporar y/o habilitar al LFI SpA en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado y; 3) Se disponga cualquier otra medida que la Corte estime conforme a Derecho; con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública, solicitando su rechazo.

Primeramente distingue la inhabilidad del artículo 4° de la ley N°19.886 de la situación prevista en el artículo 92, N°7 del Reglamento de esta ley, si bien responden a la misma finalidad, poseen alcances y efectos distintos. En lo que dice relación a la inhabilidad del artículo 4° de la ley N° 19.886, indica que la Dirección recurrida no cumple rol alguno en relación a su aplicación y control, por cuanto es responsabilidad de cada entidad pública compradora, individualmente considerada, el constatar si el respectivo proveedor con el que se pretende contratar ha incurrido o no en la citada causal legal de inhabilidad. A su turno, el registro y acreditación de la inhabilidad del artículo 92, N° 7 y del reglamento de la ley N°19.886 si es deber de la Dirección ChileCompra, en su capacidad de administrador del Registro de Proveedores. Esta diferencia no es menor, ya que las consecuencias jurídicas de una y otra son distintas y, en lo que interesa, la consecuencia jurídica de la inhabilidad del artículo 92 N° 7 del reglamento de la ley N° 19.886 no es otra que permanecer inhábil en el registro en cuestión por el plazo de dos años.

Sostiene que la dictación de la Resolución Exenta N° 96-B, de 28 de febrero de 2022, que deja sin efecto, por el plazo de dos años, la habilidad del recurrente en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado, se llevó a cabo dando estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico, específicamente a la ley N° 19.886 que mandata a este organismo a “registrar y acreditar la existencia de causales de inhabilidad” para inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado.

Agrega que, respecto de la comunicación de la sentencia condenatoria, ya sea por prácticas antisindicales como por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, la Dirección del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 294 bis y 495, ambos del Código del Trabajo, deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador y, en ambos casos, los tribunales deberán remitir copia de los fallos que emitan, para su registro. Es en tal contexto, que dicha Dirección realiza solo un acto de constatación de la condena laboral y, tras dicha constatación, materializa la correspondiente inhabilidad mediante la dictación del correspondiente acto administrativo que deja sin efecto la habilidad del proveedor afectado, resolución que se notifica al proveedor, quien dispone de todos los recursos administrativos de la ley N° 19.880, respetándose con ello el debido proceso.

Arguye que en virtud del principio de juridicidad, contenido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, la Dirección recurrida se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su sentido y alcance, por lo que el consecuente cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Dirección del Trabajo y de la resolución de los recursos administrativos interpuestos, son solo la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal le corresponden.

Manifiesta que la aplicación de la inhabilidad del proveedor en el registro respectivo, derivada de la información entregada por la Dirección del Trabajo, fue practicada en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente. Añade que la inhabilidad en cuestión es razonable, proporcional y constitucional, tiene su fuente en los artículos 4° y 16 de la ley N°19.886 y 92 del reglamento de esa ley, y tiene por objeto garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y evitar la competencia desleal entre los oferentes, marginando del registro a proveedores con condena por causales tan graves como la vulneración a derechos fundamentales de sus trabajadores.

Refiere que, tal como lo señala el actor, interpuso los recursos administrativos correspondientes, los que fueron rechazados. Concluye que la actuación de ChileCompra en ningún caso implica una violación a los derechos del actor.

Tercero: Que, el artículo 294 bis del Código del Trabajo dispone que: “La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviará a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos”.

Cuarto: Que, el Reglamento de la Ley 19.886, contenido en el Decreto N° 250 de 2004, establece como se implementa el contenido de dicha normativa especificando y detallando sus alcances preceptivos. En este sentido la norma del artículo 92 Nº7 establece que “estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: número 7) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”. Por mandato de esta misma disposición, esta causal de inhabilidad se extenderá por un plazo de duración de 2 años a contar desde que el respectivo pronunciamiento se encuentre ejecutoriado. Este dispositivo viene a regular el artículo 16 de la Ley 19.886 sobre Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios que dispone la existencia de “un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá fijar las tarifas semestrales o anuales de incorporación que deberán pagar los contratistas, con el objeto de poder financiar el costo directo de la operación del registro, velando por que las mismas no impidan o limiten el libre e igualitario acceso de los contratistas al registro. Este registro será público y se regirá por las normas de esta ley y de su reglamento”.

Quinto: Que, por su parte el artículo 4 de la Ley 19.886 establece que: “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común”. Esta norma no puede sino ser interpretada como un control preventivo, ex ante, respecto a la capacidad, condiciones e idoneidad que deben reunir las personas que contratan con el Estado, como cuestión previa a la calificación que la entidad pública respectiva realiza y a la cual se pretendan prestar servicios, asunto que constituye un supuesto distinto al descrito en el considerando cuarto, y que refiere a los alcances del artículo 92 Nº7 del Reglamento de la Ley 19.886, precitado en el considerando anterior.

Sexto: Que, en efecto, esta última norma debe ser entendida como un dispositivo que opera ex post, y cuya legitimidad activa le asiste a la Dirección de Compras y Contratación Pública, una vez que se verifica el hecho que da lugar a la causal de inhabilidad, no siendo plausible asimilarla en oportunidad, mérito o circunstancias, a los supuestos fácticos que residen en la causal del artículo 4 de la ley respectiva por cuanto, como se ha señalado, sus efectos preventivos son de control y responsabilidad de cada agencia pública con la cual se pretende contratar.

Séptimo: Que, en consecuencia la acción objeto del presente recurso de protección es atacar la dictación, por parte, de la Resolución Exenta N° 96-B, de 28 de febrero de 2022 de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que deja sin efecto por el plazo de dos años, la habilidad del recurrente en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado sólo está destinada a dar cumplimiento a la obligación legal y reglamentaria de los artículos 16 de la Ley 19.886 y 92 Nº7 del Decreto Nº250, limitándose a constatar una la condena laboral comunicada a través de la Dirección del Trabajo lo que conlleva la fijación de la correspondiente inhabilidad mediante la dictación del acto administrativo que suspende la habilidad del proveedor afectado, como ocurrió en la especie, sin que sea aplicable un juicio de mérito o reproche, como pretende la recurrente, alejándose de este modo por completo de una hipótesis que permita evaluar la idoneidad de un proveedor, ya que no es ni la oportunidad ni la sede para ello. De este modo la recurrida se limita a cumplir con su mandato legal de registrar y acreditar la existencia de causales de inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado, no advirtiéndose ilegalidad en dicho accionar ya que la recurrida sólo constató la condena laboral existente, materializando la correspondiente inhabilidad mediante el acto administrativo objeto del presente recurso, que deja sin efecto la habilidad del proveedor afectado.

Octavo: Que, bajo este mismo razonamiento, no puede pretenderse que exista una afectación a la garantía constitucional de desarrollar una actividad económica ni menos a la propiedad incorporal que le asistiría la recurrente respecto a su presencia en el registro de proveedores. En este sentido la mayor o menor presencia de la recurrente en el mercado público no puede ser considerado como un factor que deba evaluar la recurrida al momento de constatar la inhabilidad existente, siendo ésta una cuestión que se restringe a la libre decisión de estrategia y desarrollo comercial, propia de un actor en cualquier industria o mercado. Por último no puede advertirse en estos estrados que exista una propiedad incorporal sobre la presencia en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado, ya que la permanencia en dicho registro persigue precisamente velar por la idoneidad de quienes prestan servicios al Estado, condición dinámica y variable en el tiempo que dependerá del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias existentes, como lo son la Ley 19.886 y su reglamento contenido en el Decreto N° 250, y que precisamente proveen la razón de existencia y lógica de operación del Registro en comento sin que se pretendan derechos adquiridos respecto a su permanencia en el mismo.

Noveno: Que, así las cosas, tampoco se advierte arbitrariedad alguna en el actuar de la recurrida ya que su acción se ha llevado a cabo agotando los recursos y medios que dispone el procedimiento administrativo respectivo, pronunciándose sobre el recurso de reposición y recurso jerárquico, deducido en subsidio, interpuestos por el proveedor LFI SpA, en contra de la Resolución Exenta recurrida. Tampoco es posible advertir, como pretende la recurrente, un test de proporcionalidad por parte de la Dirección de Compras y Contratación Pública ya que, como se ha indicado en los considerandos precedentes, su acción se limita a constatar la existencia o no de una condena ejecutoriada y no puede ser calificada de caprichosa o irracional.

Décimo: Que, por lo tanto y en virtud de lo expuesto, a juicio de esta Corte no existe acto arbitrario o ilegal que conste en estos antecedentes debiendo rechazarse el presente arbitrio, en todas sus partes.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por doña Johanna Pedrero Cantillana a favor de LFI SpA en contra de la Dirección de Compra y Contratación Pública.

Regístrese y archívese cuando corresponda.

Redacción del abogado integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida.

Rol N° 14.292-2022 Protección Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte, integrada por las Ministras señora Ma. Alejandra Rojas Contreras, señora nombre reservado y abogado integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida.