nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

San Miguel, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización.

Indica que la persona a cuyo favor se recurre solicitó el beneficio migratorio de Nacionalización el realizada el 17 de enero de 2023, sin embargo, a la época de presentación del recurso no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio ni se ha liberado la orden de giro para el pago de los derechos del beneficio migratorio solicitado.

Sostiene que, con su omisión, las recurridas han vulnerado el principio de celeridad e inexcusabilidad establecidos en la Ley N°19.880 y el plazo que consagra en su artículo 27 emitir una decisión final en todo procedimiento administrativo sin causa justificada y, por ende, su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República; tal como se ha reconocido en diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, que cita. Señala que no se hace procedente el silencio administrativo, porque no se puede esperar que se agote la vía administrativa para comenzar la judicial ni el caso fortuito o fuerza mayor En definitiva, solicita se ordene al servicio recurrido se pronuncie dentro de un plazo razonable o el que la Corte estime conforme al mérito de autos, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso. Refiere que la persona a cuyo favor se recurre ingresó al país el 12 de febrero del año 2017, obteniendo el permiso de permanencia definitiva el 20 de septiembre de 2018, el que se encuentra vigente y añade, que solicitó la carta de nacionalización el 17 de enero de 2023.

Explica que con fecha 13 de septiembre de 2023, el Servicio informa al extranjero que su solicitud no reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente por lo que debía remitir documentos: a) Documento que acredite obligaciones tributarias al día; No Contiene La Información Necesaria: La información contenida en el documento es insuficiente; b) Se solicita Formulario 22 o certificado de declaración de renta del año tributario en curso 2022 o certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República del solicitante. El extranjero acompaña certificado de declaración de renta y año tributario 2022 ambos del Servicio de Impuestos Internos y la solicitud de carta de nacionalización del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de “Análisis”.

Indica que la carta de nacionalización es una concesión que otorga el Estado por gracia, dependiendo del mérito de quien la solicite, previo cumplimiento de los requisitos legales que desarrolla. establecidos en la normativa vigente en la materia, los que detalla, además, es una atribución del Presidente de la República y el decreto de concesión de carta de nacionalización es firmado, por delegación, por el ministro del Interior y Seguridad Pública, facultad que se encuentra consagrada en el N°4 del artículo 1°del Título IV.

Sostiene, que en el marco de este procedimiento no compete a ese Servicio resolver la solicitud planteada sino tramitarlas remitiendo a la autoridad respectiva un oficio ordinario de calificación, lo que en la especie se encuentra pendiente, pero que esa situación no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del recurrente en el territorio nacional.

Agrega que el artículo 27 de la Ley N°19.880, señala que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, lo que ha ocurrido en la especie, debido al aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por la autoridad.

Finalmente, previa jurisprudencia que cita, solicita el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, así como el rechazo a la condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, de los antecedentes allegados se constata que el recurrente no ha obtenido respuesta a la solicitud de nacionalización presentada en enero de 2023.

Quinto: Que la recurrida Servicio Nacional de Migraciones da cuenta en su informe, en lo que respecta a su competencia, acerca del estado de tramitación de la solicitud de nacionalización del recurrente, indicando que ésta se encuentra actualmente en etapa de primer análisis.

Sexto: Que, atendido que la carta de nacionalización es un beneficio constitucional que concede el Estado de Chile por gracia del Presidente de la República, que importa el otorgamiento de un reconocimiento eventual, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, por lo cual aparece que el recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de cautela por esta vía de urgencia.

Séptimo: Que, además, se tiene presente que el retardo en resolver la solicitud del recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, toda vez que cuenta con residencia definitiva en nuestro país, por lo que no es necesario adoptar medida urgente alguna, lo que impide que la presenta acción constitucional pueda prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1421-2025 Protección.