Protección contra Tesorería General de la República

Cuarenta y nueve/49 San Miguel, a uno de agosto de dos mil trece.

Vistos:

A fojas 1, don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, interpone acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Abogado Provincial doña nombre reservado.

Expone que mediante el formulario 22, efectuó su declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2012 (sic), la que arrojó un saldo en su favor por la suma de $15.702.274, monto respecto del cual pidió devolución, lo que debió ocurrir el 28 de mayo pasado, tomando conocimiento que la recurrida procedió a efectuar la retención de la cifra indicada sin existir de por medio ninguna resolución judicial o de Tribunal administrativo que ordenara la misma.

Sostiene que la conducta antes descrita, conforme lo previene el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, vulnera su derecho de propiedad sobre esa suma de dinero.

Pide, en definitiva, acoger esta acción constitucional, declarando que la recurrida debe restituirle la suma de dinero que arbitrariamente retuvo, con su respectivo reajuste e interés legal, sin perjuicio de lo que se estime conforme a Derecho, con costas si fuere procedente.

A fojas 39, informa don nombre reservado, Tesorero General de la República, haciendo presente en primer término que si la retención practicada al recurrente corresponde a su declaración de impuesto a la renta del año tributario 2012, su acción sería abiertamente extemporánea, de modo que entiende se refiere a la presentada este año 2013; a su vez, indica, que el actor no ha acompañado antecedente alguno que acredite la supuesta retención practicada por el Servicio de Tesorerías.

A continuación, manifiesta que se ha recurrido en contra de la Tesorería General de la República, representada por la abogado provincial, pero según dispone el artículo 186 del Código Tributario, las facultades del abogado provincial para representar al Fisco sólo se enmarcan en materias derivadas del cobro, pago o extinción de obligaciones fiscales, pero no para asuntos diversos a aquellos enumerados en dicha norma, como ocurre en la especie; en razón de ello, señala que el representante del Servicio de Tesorerías es el Tesorero General de la República, o en su defecto el Director Regional o Tesorero Provincial, mas no un Abogado Provincial. En consecuencia, sostiene, el recurso adolece de un requisito fundamental para que sea admitido a tramitación, cual es que la representación invocada se ajuste a Derecho.

Luego, precisa que el Servicio de Tesorerías no ha realizado retención o compensación alguna, si bien la declaración de impuesto a la renta del recurrente habría en principio arrojado un remanente de sus pagos provisionales mensuales que debía ser devuelto, y que corresponde a la suma de $1.570.274 y no $15.702.274, esta devolución fue retenida por el Servicio de Impuestos Internos, como consta del formulario 22, folio Nº 235555883, cuya copia acompaña a fojas 21. De esta forma, resume que el recurso de protección interpuesto contra la Tesorería General de la República adolece del fundamental requisito de “legitimación pasiva”, ya que el acto contra el que se recurre, esto es, la retención de su devolución de impuesto a la renta año 2013, fue dictada por el Servicio de Impuestos Internos, haciéndose jurídicamente imposible para la Corte restablecer el imperio del derecho a través de la recurrida de autos.

Expone que el recurrente de autos tiene generada una demanda en el Expediente Administrativo Nº 2509-2010, de la comuna de San Bernardo, cuya deuda neta suma un total de $41.108.914, el cual se tramita en la Tesorería Provincial del Maipo; respecto a esta demanda el deudor fue requerido de pago y opuso la excepción de prescripción, la que a la fecha del informe se encuentra pendiente de fallo. Así, señala, en la medida que dicha excepción no sea resuelta, el Servicio de Tesorerías no compensará ni retendrá suma alguna por dicha deuda, por lo que malamente habría podido retener las sumas de dinero correspondiente a su eventual devolución, como sostiene el recurrente.

Para el evento que se desestimen las anteriores alegaciones, arguye que el presente arbitrio no debe prosperar ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal por parte del Servicio que representa. Así, indica que es erróneo lo que se desprende de lo sostenido por el recurrente en el sentido que el crédito se genera con el solo mérito de los antecedentes declarados, toda vez que el proceso de determinación del impuesto a la renta se inicia con la declaración del contribuyente, pero ésta debe ser sometida a revisión por el Servicio de Impuestos Internos con el objeto de establecer su exactitud, conforme se dispone en los artículos 21, 29, 60, 63 y 200 del Código Tributario. De acuerdo con lo anterior, Tesorería podrá efectuar la devolución de los remanentes solicitados una vez que el Servicio de Impuestos Internos verifique la exactitud de los datos consignados, pues es éste el encargado por la ley de la fiscalización y control de los impuestos internos, y es quien debe determinar la procedencia del derecho invocado.

Concluye, reiterando que no ha existido por parte del Servicio de Tesorerías alguna perturbación ni acto arbitrario o ilegal, solicitando en consecuencia el rechazo de la presente acción.

A fojas 47 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

2º) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

3°) Que por la presente acción constitucional se estima que existe una vulneración al derecho de propiedad que consagra el Estatuto Político, en la medida que la Tesorería General de la República procedió a retener las devolución de impuestos correspondiente al año 2012, sin que existiera resolución judicial que así lo dispusiera;

4°) Que informando el presente recurso el señor Tesorero General de la República señala que la retención de impuesto de haberse realizado la practica el Servicio de Impuestos Internos, después de revisar que la misma no contenga inconsistencia, considerando que con la declaración se inicia el proceso para el contribuyente. Y sin perjuicio de esto existe en la actualidad un proceso administrativo en contra del recurrente, por la suma de $41.108.914 encontrándose pendiente la resolución de una excepción de prescripción, y mientras ello no ocurra no se procederá a compensar ni devolver suma alguna. Y si alguna devolución procede esta se efectuara una vez que el Servicio de Impuestos Internos verifique la exactitud de la declaración presentada por el contribuyente. En consecuencia, no existe acto ilegal y arbitrario que pueda tener protección por esta vía;

5°) Que esta acción cautelar no podrá prosperar, en la medida que no se han aportado antecedentes serios que permitan concluir que existe un acto ilegal y/o arbitrario del que pueda haber sido objeto el recurrente, por cuanto lo único que existe son sus dichos los que se ven desvirtuados por lo informado por la autoridad recurrida;

6º) Que de lo expuesto, necesario resulta concluir que no se advierten las afectaciones a la garantía constitucional que se invoca, y por otro lado no existe un derecho de carácter indubitado al que se pueda brindar tutela a través de la presente vía;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto a fojas 1 por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redactó Manuel Hazbún Comandari, Abogado Integrante.

Rol Corte Nº 140-2013 PRO.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel presidida por la Ministro señora Carmen Rivas González e integrada por la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.

En San Miguel, a uno de Agosto de dos mil trece, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.