nombre reservado CONTRA ILUSTRE MUNICIPALID DE LA PINTANA

En Santiago a veinticuatro de enero de dos mil veinte VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que comparece Gabriela Ahumada Fajardo, abogada, quien interpone recurso de protección en representación de don nombre reservado, funcionario municipal, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, y contra la Ilustre Municipalidad de La Pintana, representada por su Alcalde doña Claudia Pizarro Peña, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los Decretos Alcaldicios que indica, que hicieron efectiva su destitución, y que vulneran sus garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida dictó los Decretos Alcaldicios N° 1900/413/3667, de 06 de septiembre de 2019 y N° 1900/434/3707, de 23 de septiembre de 2019, notificados el 16 de octubre último, que dispusieron hacer efectiva la sanción de destitución a su representado.

Manifiesta que nombre reservado ha sido funcionario municipal desde el 1° de diciembre de 1986, cumpliendo sus funciones en la Ilustre Municipalidad de La Pintana, y en el cargo de Jefe del Departamento de Permiso de Circulación desde el año 2007. Además, cumple la labor de dirigente sindical en el cargo de Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales N°1, desde el año 2012 a la fecha.

En relación al Decreto Alcaldicio N° 1900/413/3667, refiere que el 04 de junio de 2018 mediante Decreto Exento N°1900/234/1192 se elevó a sumario administrativo la denuncia de hechos que dicen relación con la infracción del artículo 82 letra l) de la Ley 18.883, durante el periodo de permiso de circulación de marzo de 2018. Señala que el 09 de agosto de 2018, se realizó la formulación de cargos en los siguientes términos, cargo primero: “Que durante el periodo de permiso de circulación de marzo del 2018, el Sr. nombre reservado ha tenido una conducta inapropiada y en contra de la dignidad de las funcionarías nombre reservado y nombre reservado.

Durante la campaña de permisos de circulación 2019 realizada en el mes de marzo del 2019, el Sr. nombre reservado ha tenido un comportamiento reprochable que constituirían un acoso sexual del tipo verbal y visual, el acusado tuvo una conducta verbal de naturaleza sexual, el acusado hizo comentarios insinuantes e incómodos a las denunciantes", segundo cargo: "Que varias declarantes han señalado que el trato laboral de don nombre reservado, no es adecuado a su función. Maltrato verbal, llamadas de atención en público y de malos modos, comentarios que no corresponden a un superior jerárquico." Indica que la respectiva Fiscal, mantuvo el primer cargo, y propuso aplicar como sanción, una multa de un 20% de la remuneración mensual. Luego, la señora Alcaldesa aplicó la sanción de destitución, sin pronunciarse de las atenuantes indicadas en la vista fiscal, sin hacer una relación de los hechos ni la forma en que estos se ponderaron. De esta decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado.

Esgrime que la sanción impuesta es arbitraria por cuanto no se consideraron las atenuantes que beneficiaban a su representado, a saber, irreprochable conducta anterior y colaboración en la investigación. Denuncia la infracción a la garantía del debido proceso, ya que éste no fue racional y justo. Sostiene que la responsabilidad de nombre reservado se determinó únicamente con las apreciaciones de ciertos funcionarios que trabajaron con la denunciante. Adiciona que si bien en los procedimientos administrativos la prueba debe ser apreciada en conciencia, siempre es exigible una ponderación y la fundamentación del respectivo acto.

A su vez, sindica que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 7 de la Constitución, según el cual todo lo que "favorezca al afectado" debe ser considerado. Estima que la destitución aplicada es arbitraria, por lo que habilita para dejarla nula.

En relación al Decreto Alcaldicio N° 1900/434/3707, expone se aplica a su representado la sanción de destitución como consecuencia de un sumario administrativo que infringió el debido proceso. Aduce que en el mismo no se ponderaron los antecedentes que obran en el expediente, no se realizó una completa investigación, y se faltó al principio de proporcionalidad.

Refiere que el 22 de Marzo de 2017 mediante Decreto Exento N° 1900/135/256, se instruyó sumario administrativo con el fin de investigar la responsabilidad administrativa y/o causales que ameritaran sanción derivadas del informe de auditoría efectuada por la Dirección de Control, en ejercicio de su plan anual. Dicho informe se refirió a la revisión del proceso de otorgamiento de permisos de circulación de vehículos livianos en el año 2016, y en el mismo se verificaron una serie de irregularidades. El informe constató la falta de documentación en los permisos tramitados; autorización de permisos con multas impagas vigentes; que la Dirección de Tránsito no aporta antecedentes necesarios para explicar los errores; y que la Dirección de Informática adujo poseer facultades para la manipulación de los registros aportados por el Registro Civil.

Añade que se identificó a 12 funcionarios involucrados, entre ellos, el recurrente. Sin embargo, sólo cinco de ellos fueron entrevistados por el investigador. Aduce que en la respectiva formulación de cargos, el Fiscal, no hizo un análisis de la situación investigada, determinó responsabilidades puntuales sin especificar si el proceso de renovación de permisos de circulación del año 2016 presentó deficiencias en su gestión, y de ser así cuáles fueron y qué responsabilidades les cupo a los distintos participante en el mismo. A su vez, tampoco se dijo nada respecto a los errores en el manejo de los programas computacionales contratados para la gestión institucional, en circunstancias que el propio Director de Informática, señaló que el programa adolece de problemas de seguridad.

Esgrime que al Director de Tránsito le correspondía la supervisión del proceso, circunstancia que el Fiscal no analizó. Indica que la autoridad reconoció en su declaración que su representado interpretó erróneamente la ley, dando a entender que estaba en conocimiento de la equivocación. Sin embargo, el fiscal nada dice respecto a la ausencia de reparos del Director respecto al error mencionado. En definitiva, el Fiscal atribuyó responsabilidad directa a cada funcionario, pero no realizó ninguna reflexión respecto de por qué se dio la falta de respaldo, y en qué medida la falta de control no dio cuenta de aquello de manera oportuna.

Argumenta que no es posible que el Director de Transito no tenga ninguna responsabilidad. Señala que en el accionar de su representado sólo existió un error de interpretación, en cambio el Director de Tránsito no ejerció el debido control de sus subordinados, aun teniendo conocimiento de la errada interpretación jurídico de nombre reservado.

En otro orden de ideas, arguye que los cargos formulados carecen de hechos precisos, lo que impide una adecuada defensa del acusado, ellos fueron los siguientes: Cargo I: “No ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Lo anterior vulnera expresamente lo dispuesto en el artículo 61 letra a) de la Ley N° 18.883.

El no ejercicio de su deber de control jerárquico ha significado que se hayan renovado permisos de circulación, sin la presentación de toda la documentación exigida por la ley y respecto de placas patentes que mantenían anotaciones vigentes en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas.

Específicamente de la revisión aleatoria de 95 permisos de circulación de vehículos livianos año 2016, se observó falta de cumplimiento con la normativa legal vigente que dice relación con la falta de documentos requeridos para la emisión del permiso de circulación y cobro por concepto de multas impagas.”

Cargo II: “No velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia. Lo anterior vulnera expresamente lo dispuesto en el artículo 61 letra b) de la Ley N° 18.883.

El no ejercicio de su deber de velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, ha significado que se hayan renovado permisos de circulación, sin la presentación de toda la documentación necesaria y respecto de placas patentes que mantenían anotaciones vigentes en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas.”

Cargo III: “El permitir la evasión del pago de multas de tránsito en el proceso de otorgamiento de permisos de circulación, produciendo en definitiva, un perjuicio pecuniario al patrimonio municipal. Lo anterior, conculcando lo dispuesto en el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883 en relación a los artículos 60 y 61 de la Ley N° 10.336.

Pues según consta, en informe de la Dirección de Control, en relación a su sesión y usuario del sistema informático se habrían otorgado permisos de circulación de vehículos livianos constando la existencia de multas impagas, sin que estas fueran pagadas, y no encontrándose las mismas prescritas, respecto al análisis realizado a 95 permisos de circulación.”

Sostiene que los cargos no tienen hechos en que se funden, ya que no se precisan cuáles son los permisos otorgados sin documentación, ni señala cuáles serían los permisos otorgados con multas impagas. Además, solo a 3 funcionarios se le imputan cargos, en circunstancias que en el examen de la Dirección de Control, se señala que son 12 los funcionarios que tienen los mismos errores en sus procedimientos, lo que demuestra una grave vulneración al principio de igualdad ante la ley y al debido proceso, porque ante los mismos hechos no se procede de la misma forma.

Indica que en la vista fiscal se mantienen los cargos contra su representado, sugiriendo como sanción la destitución, sin considerar ninguna atenuante y la Alcaldesa aplica la misma sanción, sin hacer una relación de los hechos y la forma en que los pondera, careciendo de fundamentos.

Indica que se interpuso recurso de reposición respecto al Decreto Alcaldicio N° 1900/489/2644 que aplicaba la sanción de destitución, el que fue rechazado confirmando la sanción impuesta.

Expone que durante todo el proceso no se señaló en qué forma su representado infringió gravemente el principio de probidad y en qué momento su actuar se alejó de la honradez y lealtad que impone dicho principio, y como esto afectó el patrimonio municipal. En ningún punto de la vista fiscal, se desarrolla cuáles son los hechos que configurarían la infracción grave a la probidad administrativa.

Afirma que en el proceso se demostró que existió por parte de su representado una errónea interpretación de la ley y del procedimiento, pero este accionar errado no se puede calificar como una infracción grave a la probidad administrativa, ya que en su actuar no puso como prioridad su interés personal por el del servicio, no hubo un actuar deshonesto, ni existió mala fe.

Sostiene que el acto recurrido es arbitrario por cuanto ante unos mismos hechos no se investigan todos; no se formulan cargos a todos los implicados; no se persigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos; no se consideran las atenuantes; y no se respeta el principio de proporcionalidad.

Pide, en definitiva, que se adopten las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho y que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto arbitrario e ilegal de poner término a su relación estatutaria a través de la medida disciplinaria de destitución, con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 87 comparece don Julio Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la recurrida, quien informó al tenor del recurso solicitando el rechazo del mismo.

Sostiene que los actos recurridos nunca podrían ser tachados de ilegales ni arbitrarios, en cuanto sólo disponen la aplicación de una medida por el hecho que la Contraloría ha emitido su voluntad de ratificación, esto es, lo que hacen es dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 de la ley Nº19.296.

Señala que de estimarse que puede reclamarse de los actos por los cuales se recurre por esta vía, se estaría impugnando, a la vez, un acto válido (la ratificación) emitido en forma regular por el órgano contralor, de acuerdo con sus facultades, y sin que, además, dicho órgano haya sido parte del proceso.

En relación a la dictación del Decreto Alcaldicio № 1900/413/3667 de 06 de septiembre de 2019, esgrime que el actuar del Municipio no es ni ilegal ni arbitrario por cuanto, en el curso del sumario se logró acreditar, mediante la declaración de diversos testimonios la verosimilitud de la denuncia de acoso sexual, realizada por la funcionaría nombre reservado, y en virtud de dicha ponderación probatoria se determinaron los cargos, se ponderaron los descargos, se propuso la sanción ,y luego se aplicó la destitución, con estricto apego a todas las etapas contempladas en la ley № 18.883.

Indica que el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, señala en su artículo 82 letra I) "El funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones: I) Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2º de la ley que establece medidas contra la discriminación". Norma que se debe relacionar con lo dispuesto en el artículo 123 letra c), del mismo estatuto, esto es "La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: c) Infringir lo dispuesto en la letra I) del artículo 82”, Es decir, existe norma expresa que señala que, al probarse las situaciones denunciadas, procedía la sanción de destitución que es una decisión del alcalde. Es más, en atención a la calidad de Dirigente de la Asociación de Funcionarios, la sanción fue enviada a la Contraloría General de la República, quien la ratificó, según consta en Oficio № 11.256 de fecha 16 de agosto de 2019.

Hace presente que el señor nombre reservado presentó una querella por el delito de injurias, causa RIT № 1084-2019, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de nombre reservado, en dicho juicio penal ésta fue absuelta, por haber acreditado la excepción de veracidad.

En cuanto a la Dictación del Decreto Alcaldicio № 1900/434/3707 de 16 de octubre de 2019, refiere que se siguieron todas las etapas del procedimiento administrativo, y se otorgaron todas las instancias de defensa al inculpado, quien no logró acreditar la falsedad de los cargos. Luego de realizar la investigación correspondiente y ponderar los descargos el fiscal propuso la sanción de destitución en atención a la vulneración del principio de probidad administrativa, lo que fue ratificado por la Contraloría General de la República, mediante Oficio № 11.256 de fecha 16 de agosto de 2019, en atención a la calidad de dirigente de una Asociación de funcionarios. Argumenta que se debe tener presente lo resuelto por esta llustrísima Corte de Apelaciones, en el Recurso de Protección, Rol Nº 3041-2019, en que se tuvo por acreditada la responsabilidad del señor nombre reservado en los cargos formulados, Arguye que no existió falta de proporcionalidad, pues el recurrente dio las ordenes que llevaron a que se renovaran permisos a pesar de la existencia de multas y al fiscal a aplicar una sanción menor a los otros inculpados. Además la decisión no fue arbitraria, pues fue fundamentada extensamente en la vista fiscal del sumario, dándose cuenta en la misma de una serie de vehículos que tenían más de 10 multas, pero que de igual manera se les renovó su permiso de circulación.

Concluye que conforme a lo expuesto no se ha vulnerado garantía constitucional alguna.

Tercero: Que, antes de entrar al fondo del recurso de protección, es necesario tener presente que la acción constitucional de protección es una acción de carácter extraordinario que cualquier persona puede interponer ante el tribunal superior, a fin de solicitar que se adopten inmediatamente las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal, que importe una privación, perturbación o amenaza al legitimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cuarto: Que la recurrida sostiene en primer lugar, no ser los actos por los cuales se recurre aptos para causar agravio alguno y los que si podrían hacerlo son aquellos por los cuales se rechazan las reposiciones que se interpusieron, en su oportunidad, puesto que la recurrida lo único que hace es disponer, luego que la Contraloría ratifica lo obrado, que se haga efectiva la sanción ya impuesta y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.296, en cuanto dicha norma ordena aplicar la medida de destitución después de haber sido ratificada por la Contraloría General de la República; luego esgrime que para el caso que se estimare que puede reclamarse de los actos por los cuales se recurre, se estaría a la vez, impugnando un acto válido emitido en forma regular por el órgano contralor, de acuerdo a sus facultades y sin que éste haya sido parte del proceso.

Que de la revisión del recurso intentado, es claro que los decretos alcaldicios contra los cuales se recurre, constituyen la parte final de una secuencia de actos administrativos que culminaron con la destitución del recurrente y éste hace observaciones a distintas etapas del proceso que culminó con su destitución, y lo cierto es que no existe la limitación que denuncia la recurrida para intentar esta acción cautelar constitucional, puesto que es la propia Constitución que autoriza al que por causa de actos u omisiones arbitrarias o legales sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º ( con la limitaciones que se indican), 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25 para ocurrir por si a por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes.

Quinto: Que, también, previo a entrar derechamente al análisis del recurso, cabe señalar que el control que puede ejercerse a través de esta acción cautelar de garantías constitucionales, no tiene por finalidad evaluar o revisar el mérito de las actuaciones realizadas en el sumario administrativo o las decisiones adoptadas en el ámbito y ejercicio de las facultades de que está dotada la recurrida. Lo anteriormente indicado no impide el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración relativas a la legalidad y razonabilidad de la actuación, como de la proporcionalidad de la sanción.

Sexto: Que el acto contra el cual se recurre está constituido por dos decisiones, una contenida en el Decreto Alcaldicio Nº1900/413/3667 de 6 de septiembre de 2019 mediante el cual se ordena hacer efectiva la sanción impuesta a don nombre reservado mediante Decreto Alcaldicio Nº1900/57/522 de 1º de febrero de 2019, que aprueba el sumario administrativo y aplica la sanción de destitución a don nombre reservado, en conformidad a lo que disponen los artículos 120 letra d) y 123 de la ley 18.883, por haber incurrido en la prohibición del artículo 82 letra l de la misma ley, esto es, por haber realizado cualquier acto atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, considerándose en este caso que incurrió en conductas de acoso de tipo sexual respecto de dos subalternas. En segundo lugar, se reclama de la decisión contenida en el Decreto Alcaldicio Nº1900/434/3707 de 23 de septiembre de 2019 que dispone hacer efectiva la sanción impuesta a don nombre reservado mediante Decreto Alcaldicio Nº1900/489/2644 de 28 de diciembre de 2018, de destitución de su cargo, de conformidad a lo que dispone el citado artículo 120 letra d) de la citada ley 18.883, dándose por comprobado que el funcionario nombre reservado incurrió en faltas graves a la probidad administrativa relacionadas con irregularidades cometidas en la emisión de 95 permisos de circulación de vehículos livianos del año 2016 y que significó, que en su oportunidad, se le formularan tres cargos detallados en la Vista Fiscal de 12 de octubre de 2018.

Séptimo: Que con relación al primer Decreto Alcaldicio Nº1900/413/3667, lo que reprocha el recurrente es que se aplicó al sumariado la sanción más grave que contempla el estatuto administrativo de funcionarios municipales, su destitución, calificando de arbitraria e injusta tal sanción porque no se consideraron a su respecto las atenuantes que lo beneficiaban y así hace presente que se le había propuesto inicialmente una sanción de multa del 20% de una remuneración mensual, pero ella fue elevada por la Alcaldesa, sin argumentos sólidos que la justifiquen. En un segundo orden de ideas, estima que el proceso administrativo infringió gravemente las garantías del debido proceso, ya que éste nunca fue racional y justo, pues la participación de su representado se acreditó en base a apreciaciones personales de ciertos funcionarios que trabajaron con la denunciante y ello bastó para lograr el convencimiento de la Fiscal, junto con ello le surgen dudas sobre el estándar probatorio aplicado en el proceso, pues aún la apreciación de la prueba en conciencia exige una ponderación razonada. Por último, alude a la falta de proporcionalidad de la sanción con la infracción atribuida, reiterando que no se consideraron las atenuantes que concurrían en el caso y lo que resulta más grave, sin haberse acreditado fehacientemente los hechos investigados, lo que deviene en un actuar arbitrario.

Octavo: Que, como ya se dijo, esta acción cautelar no está destinada a revisar el merito de la decisión administrativa cuestionada por ser una finalidad ajena a la presente acción, cuya naturaleza ha de limitarse a dar cautela a los derechos garantizados en la Constitución y de carácter indubitados, por ello los argumentos vertidos en el recurso relacionados con las críticas a la ponderación de la prueba y la forma como se dio por acreditada la responsabilidad del sumariado en los hechos constitutivos de acoso sexual que afectaron a dos funcionarias de la municipalidad de La Pintana, no pueden ser revisados por esta vía excepcional y corresponden al ejercicio de las atribuciones propias del fiscal a cargo de la instrucción del sumario de acuerdo a las normas previstas en el artículo 124 y siguientes de la ley 18.883. Asimismo, de la revisión de los antecedentes, no es posible verificar una afectación al debido proceso, en el entendido que el recurrente fue investigado por un fiscal que no fue objeto de recusación, que formuló cargos y éstos fueron puestos en conocimiento del afectado, quien hizo sus descargos y, quien no obstante estar facultado para rendir prueba, no la solicitó, finalmente frente al dictamen desfavorable hizo uso del derecho a impugnarlo, de tal manera que estuvo sujeto a un procedimiento exento de ilegalidad o irregularidades, la sanción fue impuesta al término de un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas de la ley 18.883 y aún más, la medida disciplinaria de destitución fue sometida al control de la Contraloría General de la Republica, por la calidad de dirigente sindical del investigado, órgano que no hizo cuestión sobre la medida de destitución que se aplicó al funcionario público don nombre reservado, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Permisos de Circulación de la Municipalidad de La Pintana, ratificándola.

En relación a la falta de proporcionalidad de la medida disciplinaria adoptada por la autoridad máxima del municipio, cabe señalar que en el sumario administrativo se mencionan circunstancias atenuantes de la responsabilidad del investigado, pero no obstante ellas, se aplicó por la autoridad municipal que aprobó el sumario administrativo, la medida disciplinaria de destitución, por la gravedad de la falta a las obligaciones funcionarias, como queda consignado en el Decreto Alcaldicio Nº1900/57 de 1º de febrero de 2019 y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 18883 que indica las medidas de la que podrán ser objeto los funcionarios municipales y entre ellas en la letra d) se señala la destitución, norma que ha de relacionarse con el artículo 82 del mismo cuerpo legal, que consigna las prohibiciones que afectan a los funcionarios ya aludidos y, entre ellas, la de la letra l prescribe “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido en los términos del artículo 2º, inciso segundo del Código del Trabajo…” y en éste artículo se dice “ (….) entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”. De lo anterior se colige que la máxima autoridad de la municipalidad, atendida la conclusión a que arribó la fiscal a cargo del sumario administrativo sobre la conducta imputada al funcionario nombre reservado y de acuerdo a las disposiciones legales citadas, estaba facultada para imponer la medida disciplinaria cuestionada por haber adquirido la convicción que se estaba frente a una falta gravísima –como lo señaló expresamente en el decreto por el cual se aprobó el sumario administrativo respectivo- , y en esas condiciones no se puede estimar afectado el principio de proporcionalidad en los términos alegados en el recurso, puesto que además, la medida de destitución fue ratificada por la Contraloría General de la República, según consta de copia de Resolución de 18 de agosto de 2019, Nº11.256.

A mayor abundamiento, se agregó a estos autos copia sentencia de 22 de noviembre de 2019 pronunciada por el 15ºJuzgado de Garantía de Santiago, que absolvió a nombre reservado de la querella deducida en su contra por el delito de injurias por nombre reservado, por estimar el tribunal a quo que los dichos de la querellada son veraces y no ser posible de catalogar de injuriosa ni antijurídica la denuncia realizada por aquella – por actos de acoso sexual- en contra de la jefatura de la época de los hechos investigados, refiriéndose al querellante en ese proceso criminal .

En consecuencia, no existe ni es posible verificar alguna actuación u omisión arbitraria ni ilegal de la Ilustre Municipalidad de La Pintana en relación al Decreto Alcaldicio Nº1900/ 413/3667.

Noveno: Que respecto del Decreto Alcaldicio Nº1900/434/3707, éste dispone hacer efectiva la sanción aplicada al funcionario nombre reservado, consistente en su destitución, por haberse dado por acreditado en el sumario administrativo ordenado instruir mediante DecretoNº1900/135/256 de 22 de marzo de 2017, que infringió gravemente la probidad administrativa en relación a los cargos formulados, los que son del siguiente tenor:

Cargo I: “No ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Lo anterior vulnera expresamente lo dispuesto en el artículo 61 letra a) de la Ley N° 18.883.

El no ejercicio de su deber de control jerárquico ha significado que se hayan renovado permisos de circulación, sin la presentación de toda la documentación exigida por la ley y respecto de placas patentes que mantenían anotaciones vigentes en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas.

Específicamente de la revisión aleatoria de 95 permisos de circulación de vehículos livianos año 2016, se observó falta de cumplimiento con la normativa legal vigente que dice relación con la falta de documentos requeridos para la emisión del permiso de circulación y cobro por concepto de multas impagas.”

Cargo II: “No velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia. Lo anterior vulnera expresamente lo dispuesto en el artículo 61 letra b) de la Ley N° 18.883.

El no ejercicio de su deber de velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, ha significado que se hayan renovado permisos de circulación, sin la presentación de toda la documentación necesaria y respecto de placas patentes que mantenían anotaciones vigentes en el Registro de Multas de Tránsito no pagadas.”

Cargo III: “El permitir la evasión del pago de multas de tránsito en el proceso de otorgamiento de permisos de circulación, produciendo en definitiva, un perjuicio pecuniario al patrimonio municipal. Lo anterior, conculcando lo dispuesto en el artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883 en relación a los artículos 60 y 61 de la Ley N° 10.336.

Pues según consta, en informe de la Dirección de Control, en relación a su sesión y usuario del sistema informático se habrían otorgado permisos de circulación de vehículos livianos constando la existencia de multas impagas, sin que estas fueran pagadas, y no encontrándose las mismas prescritas, respecto al análisis realizado a 95 permisos de circulación.”

Se señala por el recurrente que se le impuso a su representado la sanción disciplinaria –de destitución- infringiéndose durante la tramitación del sumario las garantías del debido proceso, no existiendo una ponderación de los antecedentes que se encuentran en el expediente, sosteniendo una falta de investigación y de una adecuada proporcionalidad al grado de desarrollo de participación en los hechos, a lo que agrega que no se persiguió la responsabilidad de todos los involucrados en los hechos y no se consideran atenuantes que favorecen al investigado. Cuestiona que en la Vista Fiscal no se haga un análisis de la situación investigada, que no se haya especificado si el proceso de renovación de permisos de circulación del año 2016 presentó deficiencias en su gestión y de ser así cuáles fueron y qué responsabilidades les cupo a los distintos participantes en dicho proceso, nada se dijo respecto de los errores en el manejo de programas computacionales contratados y sobre los estándares de seguridad, tampoco se hizo cargo de la supervisión que le correspondía al Director de Tránsito, quien reconoció que el funcionario nombre reservado interpretó mal la ley y no se pronuncia sobre la falta de respaldos, cuestión que detallaría el informe de Control. Estima que los cargos carecen de hechos puntuales, lo que afecta la defensa del acusado, no se indican los permisos otorgados sin documentación y reitera que los funcionarios a quienes se representó errores eran doce y solo tres fueron investigados y sancionados; sostiene que no se señala además, en que consistió la afectación al principio de probidad, lo único acreditado sería que se efectuó una interpretación errónea de la ley por su representado y del procedimiento. También alega falta de proporcionalidad entre la sanción impuesta y la infracción, y arbitrariedad en el procedimiento, reiterando conceptos ya vertidos.

Décimo: Que todas aquellas alegaciones relacionadas con la valoración de la prueba, o falta de ponderación de antecedentes “que se encuentran en el expediente”, pero que no se individualizan, o sobre aspectos no abordados en la investigación administrativa, o sobre los motivos para no perseguir la responsabilidad de doce personas que aparecen mencionadas en el denominado informe de auditoría de la Dirección de Control , son cuestiones que escapan a la finalidad de este recurso, pues por una parte se cuestiona el mérito de la decisión adoptada por la fiscal a cargo del sumario administrativo y por la autoridad municipal que ratifica lo obrado por ésta, pero también, por otra parte, pretende abordar cuestiones que requieren ser discutidas en un proceso de lato conocimiento, no por esta vía de carácter excepcional que busca reparar situaciones que requieren una urgente medida para restablecer el imperio del derecho que se estima conculcado.

De la revisión de la Vista Fiscal de 12 de octubre de 2018, y sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, se advierte que los cargos fueron expuestos con claridad, que se detallan con la suficiente precisión los hechos que se le imputan al funcionario nombre reservado en el Nº1º de la parte considerativa; que se hace cargo de su defensa, y que el mayor reproche recae en quien desempeñaba funciones de jefatura en el Departamento de Permisos de Circulación al año 2016 cuando se detectaron las irregularidades que motivaron la instrucción del sumario administrativo, asunto éste que también fue abordado en recurso de protección Rol Nº 3041-2019 de esta misma Corte. La Vista Fiscal contiene descripción de los hechos atribuidos a los tres funcionarios investigados y sancionados y se citan las disposiciones legales aplicables al caso.

Y, como se dijo ya en relación al otro decreto alcaldicio impugnado, durante la tramitación del sumario se notificaron los cargos atribuidos a los funcionarios, se efectuaron los respectivos descargos, la defensa de nombre reservado no hizo uso de su derecho a rendir prueba y pudo impugnar, a través del recurso de reposición, el Decreto Nº1900/489/2644 de 28 de diciembre de 2018 que contiene la medida disciplinaria de destitución, de lo que se concluye que no hubo afectación al debido proceso, como lo sostiene el recurrente y, finalmente, la medida disciplinaria aplicada al funcionario aludido fue revisada por la Contraloría General de la República, que la ratificó.

En cuanto a la falta de proporcionalidad que existiría, a juicio del recurrente, entre la infracción y la medida disciplinaria impuesta a su defendido, es lo cierto que las situaciones constadas por la fiscal a cargo de la tramitación del sumario administrativo, fueron calificadas de graves por ésta y afectaron el principio de probidad que debe respetar en su proceder un funcionario público, como se lo impone el artículo 58 letra g) de la ley 18.883 y, además, se acreditó un incumplimiento de sus obligaciones especiales, por ejercer una jefatura a la época de los hechos investigados, previsto en el artículo 61 letra a) de la misma ley . Por su parte, el artículo 123 de la ley que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales estatuye que la medida disciplinaria de destitución procederá solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y así fue sancionado en este caso concreto, sin que se pueda sostener una falta de proporcionalidad en la sanción impuesta en relación a los hechos que se dieron por acreditados.

Undécimo: Que conforme a lo que se viene razonando, los actos impugnados tienen fundamento suficiente, fueron dictados en un procedimiento legalmente tramitado y por autoridad dotada de facultades para tales efectos, dando cumplimiento a las normas legales aplicables al caso concreto, por ende, el recurso de protección intentado por don nombre reservado no puede prosperar al no concurrir el presupuesto indispensable, esto es, la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida que pudiera haber afectado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del actor.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña Gabriela Ahumada Fajardo en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de La Pintana.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministro Sra. María Teresa Díaz Rol Nº13759-2019.

Se deja constancia que no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo no firman los Ministros señora Díaz y señor nombre reservado, por encontrarse ausentes.