nombre reservado con BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Certifico que alegó contra el recurso la abogada doña Cynthia Arredondo Alfaro. En Santiago, a 18 de abril de 2019. Alejandra Soto Nilo, relatora.

En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil diecinueve.

Al folio 21739: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, empleada municipal, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de Banco de Crédito e Inversiones, sociedad anónima bancaria representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando que se declaren como ilegales y arbitrarios los descuentos realizados por esa entidad de dineros habidos en su cuenta vista y que corresponden a su sueldo, el que le fue transferido por su empleador en el mes de enero del corriente.

Expresa que el pasado 17 de febrero concurrió a un cajero automático percatándose que en la referida cuenta faltaba una cantidad importante de fondos. Al acudir al Banco para obtener una explicación de lo sucedido advirtió que en su cartola figuraba un descuento por la suma de $750.766, indicándose como motivo de la operación “pago crédito vencido y/o castigado”. En dicho lugar se le explicó que el cobro se efectuó por una deuda mantenida con la Financiera Cono Sur del año 2001, la que habría sido comprada por el Banco, y que en razón de lo mismo, no se haría devolución del monto.

Argumenta que se ha producido en la especie una retención ilegal y arbitraria de su sueldo, el que le es depositado por la Municipalidad de San Miguel mes a mes en la cuenta vista, y enfatiza que jamás ha mandatado o autorizado a la recurrida para debitar sumas desde dicha cuenta, ni tampoco ha aceptado el cargo efectuado por la misma.

Añade que no existe orden previa de un juez que autorice la cuestionada retención, y que se ha infringido la normativa pertinente emanada de la Superintendencia del ramo que exige a los bancos para efectuar esta clase de cargos, entre otros requisitos, la existencia de una autorización expresa del cliente.

Comenta que además, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo, las remuneraciones de los trabajadores son inembargables.

Denuncia como vulnerados los derechos consagrados en los numerales 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que se le ha impedido acceder a su sueldo y otros dineros que posee en la cuenta, privándola del derecho de propiedad que tiene sobre tales sumas sin justificación legal alguna.

Finalmente solicita a esta Corte, declarar que los descuentos realizados en su cuenta vista por parte de la recurrida constituyen un acto arbitrario e ilegal, dejándolos sin efecto, ordenar a la entidad bancaria recurrida restituir el monto descontado, ascendente a $750.766 mediante reversa de los dineros en la misma cuenta o vale vista dentro de quinto día de ejecutoriada la sentencia, ordenar a la recurrida abstenerse de realizar nuevos descuentos no autorizados en la cuenta vista de la recurrente, y que se condene en costas a la contraria.

SEGUNDO: Que emite informe al tenor del recurso doña Cynthia Arredondo Alfaro, en representación del Banco recurrido, indicando que efectivamente el 13 de febrero del año en curso se aplicó a la cuenta vista de la recurrente un cargo único por el monto de $750.766.

Explica que la Municipalidad de San Miguel mantiene un convenio con el Banco, mediante el cual se procesa un gran volumen de pagos ignorando este último a qué concepto obedecen en cada caso, y refiere que en la especie se ejecutó por orden de la Municipalidad un pago a la recurrente en una fecha posterior al descuento cuestionado.

Manifiesta que la actora mantiene deudas impagas con la recurrida, las que corresponden a su línea de crédito automática y que el contrato de cuenta vista firmado por la primera faculta al Banco para efectuar cargos por concepto de “impuestos, diferencias y gastos que afecten o puedan afectar a la cuenta misma o cualquiera de las operaciones que pudiere realizar con el Banco”.

Adiciona que el carácter inembargable de las remuneraciones sólo se mantiene mientras las mismas no son pagadas por el empleador, cuyo no es el caso y, finalmente, advierte que el Banco instruyó el pasado 4 de abril la restitución de los dineros en comento mediante un único abono efectuado en la misma cuenta bancaria, requiriendo finalmente el rechazo del recurso, con costas.

Posteriormente, el 14 de abril del presente año, la recurrida informa que se procedió mediante un depósito a la restitución de los dineros de la recurrente con fecha 5 de abril, adjuntando una imagen del abono realizado como “reversa de cargo”.

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, sea en el grado de privación, perturbación o amenaza, determinadas garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que a pesar que la recurrida pretende por su informe que sólo hizo el cargo de una deuda de la recurrente derivada del uso de su línea de crédito, no demostró que aquella tuviera contratada línea de crédito ni menos aún que mantuviera una deuda derivada de su uso, a lo que estaba obligada precisamente porque ello constituye su defensa.

Por el contrario tal como consta de la cartola aparejada por la recurrente el cargo se hizo bajo la nomenclatura “pago crédito vencido y/o castigado”, lo que pone en evidencia que no se trata de un cargo regularmente contratado en la cuenta vista de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera del contrato acompañado en autos, sino que corresponde precisamente a lo allí descrito: se trata de un crédito vencido y/o castigado, para cuyo cobro no cuenta la recurrida con autorización alguna que la faculte para realizar el descuento, siendo por tanto un acto arbitrario y además ilegal.

Asimismo, el fundamento esgrimido por la recurrida en cuanto a que la remuneración pagada es embargable, soslaya el hecho que requiere decreto judicial previo lo que pone en evidencia también el reconocimiento de su erróneo proceder y la gravedad de su acto.

QUINTO: Que el acto arbitrario e ilegal descrito ha producido afectación de la garantía constitucional reconocida en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto ha afectado parte del patrimonio de la recurrente constituido por su remuneración mensual, menoscabando con ello la integridad de su ingreso.

SEXTO: Que si bien la recurrida restituyó a la recurrente las sumas ilegalmente descontadas, ello sólo lo hizo a propósito de la interposición del recurso y un mes después de haberle sido requerido informe, de modo tal que sólo actuó a consecuencia de la existencia de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso deducido por doña nombre reservado en contra del Banco de Crédito e Inversiones, declarándose que el cargo que el banco realizó en la cuenta vista de la mencionada el pasado 13 de febrero del año en curso, por $750.766, fue ilegal y arbitrario y era procedente su restitución, debiendo abstenerse la recurrida de realizar cualquier acto de similar naturaleza en lo sucesivo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°1372-2019 protección.