nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A. Y OTRO

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en favor de Rainero nombre reservado, ciudadano venezolano, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del extranjero, notificado el 25 de febrero de 2026, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2°, 24° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 18 de febrero de 2026 el actor solicitó, a través del portal web de la Administradora recurrida, la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156, acompañando los antecedentes que estima exigidos por la normativa vigente. Precisa que el 25 de febrero siguiente fue notificado del rechazo de la petición, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada no resultaba suficiente para acreditar la cobertura previsional exigida y en que dicho documento no se encontraba vigente ni contaba con apostilla o legalización.

Añade que, atendido lo resuelto, presentó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones con fecha 26 de febrero de 2026, la que, mediante respuesta de 4 de marzo de 2026, reiteró la exigencia de legalización o apostilla del documento previsional extranjero y respaldó el actuar de la Administradora.

Sostiene haber dado íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, resultando procedente el retiro de fondos, toda vez que el recurrente se mantiene afiliado al sistema de seguridad social venezolano, esto es, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo que puede verificarse electrónicamente en el sitio oficial de dicha institución, la que, a su juicio, cubre de manera integral los riesgos previstos en la legislación chilena.

Agrega que la Ley N°18.156 no contempla la exigencia de apostilla ni legalización consular, sino únicamente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional extranjero que otorgue las prestaciones mínimas que indica y que haya manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación. Denuncia, asimismo, que la exigencia de apostilla resulta de imposible cumplimiento, atendido el término de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia que constituiría un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, de modo que no cabría imponer una carga que excede las posibilidades materiales del solicitante.

Solicita se acoja la acción constitucional, se reconozca como válida la documentación acompañada, se dé curso a la solicitud y se efectúe la devolución íntegra de los fondos del recurrente, dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección.

Afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno, y que su actuación se ha ajustado estrictamente a la normativa legal y administrativa vigente. Expone que la devolución de fondos previsionales solicitada por el recurrente se rige por la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional que establece requisitos copulativos y estrictos para su procedencia, cuyo cumplimiento debe ser verificado rigurosamente por las administradoras de fondos de pensiones, en atención a la naturaleza del beneficio y al resguardo del sistema previsional.

Señala que, conforme a dicha normativa y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, resulta indispensable que el solicitante acredite, de manera fehaciente, su afiliación efectiva y vigente a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, durante el período en que prestó servicios en Chile.

Indica que la documentación acompañada por el recurrente, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada, no ha sido legalizada ni apostillada, y no permite verificar con certeza la cobertura exigida por la ley, pues solo alude a semanas cotizadas y a una referencia genérica de las prestaciones del sistema previsional venezolano, sin acreditar cobertura real y efectiva por todos los riesgos durante todo el período trabajado en Chile.

Añade que la exigencia de apostilla o legalización no constituye un requisito arbitrario ni antojadizo, sino una medida mínima de control destinada a verificar la autenticidad de documentos emitidos en el extranjero, exigencia que se aplica de manera uniforme a todos los solicitantes y que resulta necesaria para evitar devoluciones improcedentes de fondos previsionales.

Precisa que el rechazo de la solicitud no priva al recurrente de la propiedad de sus fondos, los que permanecen en su cuenta de capitalización individual, ni le impide volver a presentar su petición una vez subsanados los antecedentes, por tratarse de un acto administrativo subsanable que no genera indefensión.

Concluye solicitando se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas, por inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Tercero: Que evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, oponiendo, como cuestión previa, que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto el derecho invocado no reviste el carácter de indubitado que exige esta vía cautelar, dependiendo su reconocimiento de la verificación de antecedentes que deben discutirse en un procedimiento de lato conocimiento.

Detalla que la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieren enterado en una Administradora, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal, entre ellos, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones aportada no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada, y porque solo menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin individualizar las prestaciones de las que sería titular el actor ni permitir inferir un determinado período de cobertura.

Expone que la exigencia de legalización o apostilla se funda en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, de 1961, y que la mera incorporación de un código de verificación electrónica no suple las solemnidades que el ordenamiento jurídico chileno exige para la validación de instrumentos públicos extranjeros.

Respecto de la alegada imposibilidad material de obtener la apostilla, atendido el término de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, señala que dicha circunstancia dificulta, pero no torna imposible, el cumplimiento del requisito, existiendo vías alternativas para su tramitación, y que la configuración del caso fortuito o fuerza mayor exige una imposibilidad absoluta y no una mayor dificultad. Precisa, finalmente, que no ha emitido pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud, por lo que no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, solicitando que se declare improcedente el recurso o, en subsidio, que se rechace, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la parte recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las Administradoras reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, entre ellos el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, precisando que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que carece de firma autorizada y no se encuentra legalizado ni apostillado, y que, aun contando con un código de verificación electrónica, solo da cuenta de semanas cotizadas y de una referencia genérica a las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar de manera específica la protección por todos los riesgos exigidos por la ley durante todo el período en que prestó servicios en Chile, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Noveno: Que, en cuanto a la alegación de imposibilidad material de obtener la legalización o apostilla, fundada en el término de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, cabe señalar que dicha circunstancia, si bien dificulta el cumplimiento del requisito, no lo torna imposible, por cuanto la configuración del caso fortuito o fuerza mayor exige una imposibilidad absoluta y no una mera mayor dificultad, existiendo vías alternativas para la tramitación de dichas formalidades. No corresponde, por lo demás, a esta sede cautelar alterar los requisitos establecidos en la normativa administrativa vigente ni crear una vía de excepción no contemplada por el legislador ni por el órgano regulador.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la parte recurrente.

Undécimo: Que, finalmente, cabe hacer presente que los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprochan por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por su parte, tampoco se advierte reproche que formular a la Superintendencia de Pensiones, la que se ha limitado a ejercer sus atribuciones legales de interpretación y fiscalización, sin que la recurrente individualice un acto concreto emanado de dicho organismo que afecte sus garantías. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de Rainero nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1365-2026 Protección.