nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

San Miguel, veinticinco de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado, matrona, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, representada legalmente por nombre reservado, en su calidad de Presidenta del Directorio, ambos con domicilio en domicilio reservado, con ocasión de la sanción de destitución que le fue aplicada mediante Resolución N°101 de 7 de diciembre de 2021, confirmada por Resolución N°102 de 22 de diciembre de 2021, a fin de que adopten las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°2, 3, 19 (sic) y 24 de la Constitución Política de la República que estima conculcados.

Expone que es funcionaria de la atención primaria de salud de la Corporación Municipal de San Miguel desde hace 32 años, desempeñándose en el Cesfam Recreo, con una conducta funcionaria intachable y que su vínculo jurídico con la recurrida, hasta antes de su destitución, era un contrato de trabajo indefinido.

Agrega que durante todo ese período ejerció como matrona clínica, asesora técnica del programa de salud sexual y reproductiva, además de subdirectora y directora del centro en dos ocasiones bajo el mandato de diferentes alcaldes, el último de ellos desde marzo de 2017 a julio de 2021 y que la sanción de destitución le fue impuesta dos años antes de jubilar.

Explica que la decisión vulnera lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 10.336, cuyo texto transcribe, desde que 30 días antes de la elección presidencial que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2021, hasta 60 días después, la medida disciplinaria de destitución solo puede ser aplicada previo sumario instruido por Contraloría General de la República, lo que no ocurre en su caso, por lo que en virtud de dicha norma, denominada como “fuero electoral”, la recurrida no tenía facultades para aplicar la sanción en cuestión.

Precisa que el sumario impartido en su contra se genera a partir de una denuncia en que se señaló -equivocadamente- que existirían inconsistencias en materia de trazabilidad del COVID 19, específicamente, entre los reportes entregados por los trabajadores en razón a la función de trazabilidad, testeo y aislamiento (“TTA”) realizada y sus respectivas boletas de honorarios.

Asevera que un primer sumario se realizó respecto de 8 funcionarios, quienes lograron comprobar fehacientemente todas las tareas realizadas y la cantidad de horas utilizadas en testeo, trazabilidad y aislamiento, de manera que resultaron absueltos, agregando que con posterioridad el procedimiento se extendió hacia ella y otros.

Detalla que el 25 de octubre de 2021, fue notificada de la formulación de 5 cargos, muy parecidos entre sí y que entre esos funcionarios estaba nombre reservado, enfermera de profesión, a quien delegó funciones de encargada de COVID. Hace presente que dicha funcionaria, bajo su aprobación, solicitó a la Dirección de Salud 1000 horas semanales de trazabilidad con un documento convenido por ambas, que sirvió de justificación técnica de la petición.

Refiere que por sus manos nunca pasó dinero, que las 1000 horas semanales para TTA fueron autorizadas por la Directora de Salud Comunal, que durante la pandemia siempre estuvo al tanto de las labores realizadas por los funcionarios, las que supervisó y evaluó responsablemente, en circunstancias que ningún equipo de salud estaba preparado para afrontar la situación sanitaria.

Reproduce los cargos que se le formularon, denuncia infracción al principio non bis in ídem, en atención la similitud existente entre ellos y la subjetividad de los mismos, sostiene que la sanción es absolutamente desproporcionada y desliza que de la sola formulación de cargos se desprede que el ánimo no era investigar.

Cargo N° 1: Haber incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la ley Nº 19378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, al no cumplir adecuadamente con las funciones que como Directora del CESFAM Recreo le imponía la Guía de Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento: Actualización de funciones y roles, de Febrero de 2021, Ministerio de Salud, en específico respecto de las funciones relativas a implementar y ejecutar TTA-APS; gestionar recursos para TTA-APS; implementar testeos según directrices, resguardo registro (PNMT, EPIVIGILIA); garantizar el rol de Delegado de Epistemiología con asignación de horas suficientes; y comunicar alertas.

Cargo N°2: Haber incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la ley Nº 19378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, al no cumplir con su labor de gestionar los recursos humanos, stock de insumos y materiales para realizar las actividades de la vigilancia en su establecimiento, que como Directora del CESFAM Recreo le imponía el Manual Operativo para la investigación epidemiológica; Trazabilidad casos COVID-19, Versión 1.0, del Departamento de Epistemiología del Ministerio de Salud.

Cargo N°3: Haber incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la ley Nº 19378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, al incumplir como Directora del CESFAM Recreo el límite de refuerzo de delegado de epidemiología de 22 horas por CESFAM, así como no haber solicitado autorización formal por correo electrónico al punto focal asignado con copia al referente administrativo para validar la pertinencia de gastos no explícitos, de acuerdo a lo dispuesto en la sección “ Actividades e Ítems a Financiar” , de la Resolución Exenta Nª 3544 de fecha 16/03/2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, que autoriza transferencia de recursos señalados, a las entidades administradoras de atención primaria de salud que se indican , en el marco de la implementación de la estrategia de Testeo – Trazabilidad – Aislamiento ( TTA) en APS.

Cargo N°4: Haber incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la Ley Nª 19378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, al no cumplir con sus responsabilidades y funciones que como Directora del CESFAM Recreo le imponía el Manuel de Funciones para Red de Salud de San Miguel. Respecto de sus responsabilidades, estas son, resolver en forma oportuna y eficaz la demanda de los usuarios; cumplir y hacer cumplir todas las normas técnicas y administrativas , procedimientos y protocolos de atención vigentes según la institución y MINSAL; velas por el cumplimiento de los indicadores de Salud , Metas Sanitarias, indicadores de mejoramiento continuo de la calidad de la institución. Así como sus funciones de, programar, dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del Establecimiento; evaluar mensualmente el cumplimiento de las metas programadas ( en conjunto con el equipo de salud) y proponer estrategias necesarias para su cumplimiento en las instituciones periódicas de evaluación de los diferentes programas de salud; y velar por la óptima utilización de los recursos humanos y materiales del CESFAM; y administrar de buena forma los recursos, tanto físicos como financieros del CESFAM, disponiendo sistemas expeditos y bajo normas específicas y técnicas ya descritas”.

Cargo N°5: “Haber incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la Ley Nª 19378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, habiéndose incumplido las funciones que como Directora del CESFAM Recreo le imponía el Manuel de Funciones para Red de Salud de San Miguel, esto es,programar, dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del Establecimiento; evaluar mensualmente el cumplimiento de las metas programadas (en conjunto con el equipo de salud) y proponer estrategias necesarias para su cumplimiento en las reuniones periódicas de evaluación de los diferentes programas de salud; velar por la óptima utilización de los recursos humanos y materiales del CESFAM; administrar de buena forma los recursos, tanto físicos como financieros del CESFAM, disponiendo sistemas expeditos y bajo normas específicas y técnicas ya descritas”

Puntualiza las contradicciones contenidas en la Resolución N° 101, que pone fin al sumario sancionándola, expresando que ésta tiene por acreditados los cargos I y IV, sin precisar si se sobresee o no del resto de los cargos, limitándose a consignar lo siguiente: “Dándose por acreditados los cargos I y IV formulados respecto de la sumariada doña nombre reservado. Esto debido a que durante su Dirección no levantó las alerta de las irregularidades existentes en la ejecución del convenio TTA-APS en dicho centro. Ello por cuanto CESFAM Recreo ejecuto un número excesivo de horas cargadas al convenio TTA, en circunstancias que no se contaba con una fuente de financiamiento para un aumento de horas de dicha índole. Incurriendo la sumariada en una falta de supervisión, una deficiente gestión, mala optimización y defectuosa administración de los recursos humanos y materiales durante el período investigado en CESFAM Recreo, lo que significó un uso indebido de los recursos asignados a la Corporación Municipal de San Miguel para efectos de la estrategia de TTA”.

Aduce, que la Resolución N° 101, si bien reconoce la atenuante de conducta funcionaria intachable, fabrica artificiosamente una agravante en relación al mal uso de los dineros en la ejecución del convenio TTA, aplicando la sanción más gravosa que es la destitución, en circunstancias que no se puede formular como agravante una conducta que fue materia de cargos.

Agrega que interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado mediante Resolución N° 102 de 22 de diciembre de 2021, notificada a su parte el 23 de ese mes y año.

Estima que ambos actos son vulneratorios de los derechos y garantias constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Pide que se deje sin efecto el acto administrativo de destitución y se ordene su inmediata reincorporación a sus funciones habituales en las mismas condiciones en que las estaba desarrollando, con expresa continuidad de las remuneraciones desde la fecha de su desvinculación hasta su reincorporación efectiva, con costas.

Informa al tenor del recurso, la abogada Natalia Duque Ferragut, en representación de la Corporación Municipal de San Miguel, quien solicita su rechazo con costas.

En primer término, señala que la Corporación Municipal de San Miguel es una entidad de derecho privado y que las personas contratadas para cumplir servicios de salud de los centros administrados por la Corporación, han de ser considerados como dependientes de dicha entidad y no como personas contratadas al alero de la regulación municipal.

Explica que la relación laboral de los funcionarios de las Corporaciones Municipales se rige por la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y que supletoriamente para materias específicas se aplican las normas contenidas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, aprobado por la Ley N° 18.883, de manera que no pueden ser considerados funcionarios públicos, lo que ha sido refrendado por la Contraloría General de la República en los dictámenes N° 14.063 de 2013, N° 68.522 de 2014 N° 40.992 de 2016 y N° 12.247 de 2017, por la Dirección del Trabajo en Ord. N° 6598/298 y la jurisprudencia de esta Corte, citando el Rol Ingreso N° 944 -2020.

Concluye que respecto de la recurrente no resulta aplicable lo contenido en el inciso primero del artículo 156 del Decreto N° 2421, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, desde que la norma alude a funcionarios fiscales y semifiscales en el Estatuto Administrativo. Cita el dictamen N° E149633/2021 de 22 de octubre de 2021 de la Contraloría General de la República, en cuanto a que el fuero opera solamente respecto a funcionario públicos y no a funcionarios de la Atención Primaria de Salud de la Corporacion Municipal, lo que encuentra, a su juicio, sustento en el artículo 158 del mismo cuerpo legal.

En cuanto al sumario incoado en contra de la recurrente, refiere que mediante Resolución N° 13 de 24 de septiembre de 2021, emitida por el Fiscal Instructor y mediante Resolución N° 68/2021 de 28 de septiembre del 2021, emitida por la Secretaria General de la Corporación Municipal de San Miguel, se hizo extensivo a su respecto, en su calidad de matrona y ex Directora del Cesam Recreo desde el primero de enero de 2017 al 13 de julio de 2021, por su responsablidad administrativa y logística en la ejecución del convenio de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento desempeñado en la comuna de San Miguel, y en particular en el Cesfam Recreo, durante el periodo abril, mayo y junio de 2021, por ser quien impartía las órdenes y autorizaciones para la ejecución de horas extraordinarias cargadas al convenio señalado, además de tener relación con las directrices al equipo ejecutor, como también su labor de visación en el pago de las boletas de honorarios para el mismo fin.

Indica que en atención a los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación del sumario administrativo, el Fiscal Instructor pudo concluir que la recurrente, Directora del CESFAM Recreo desde el 1 de enero del 2017 al 13 de julio del 2021, es autora de la infracción consistente en haber incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 letra b) de la Ley 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, ya que bajo su Dirección en el CESFAM Recreo, durante los meses de abril, mayo, y junio del 2021, se realizaron 12.000 horas de TTA, equivalentes a $90.198.750, disponiendo de todos los recursos que habían sido transferidos por Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana para ser proyectados a 5 meses para efectos de la estrategia TTA de la comuna de San Miguel, en circunstancias que durante el mismo periodo el CESFAM Barros Luco gastó $ 21.274.000, excediendo el total de ambos centros de salud, sin existir una fuente de financiamiento y refrendación presupuestaria para ello, lo que tuvo que ser cubierto con fondos de la Corporación Municipal no destinados específicamente a aquellos efectos.

Manifiesta que como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución N°101/2021 de fecha 7 de diciembre de 2021, se ordenó la destitución de doña nombre reservado, en conformidad a lo establecido el artículo 120 letra d) de la Ley N°18.883, haciendo presente que atendida la gravedad de los hechos, en la actualidad se lleva a cabo una investigación en la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, por el eventual delito de malversación por distracción o uso público indebido, luego de una denuncia presentada por la Corporación Municipal de San Miguel, causa RUC 2100988649-1, siendo una de sus aristas la ejecución del Convenio TTA en la comuna de San Miguel.

En otro orden de ideas, aduce que la acción de protección no es la vía idónea para revisar facultades disciplinarias de las autoridades, ni examinar la ponderación o valoración de la prueba ni acreditación de los presupuestos fácticos en las investigaciones disciplinarias. Tampoco puede ser utilizada para controlar el mérito de las decisiones de las autoridades que ejercen facultades disciplinarias, citando jurisprudencia al efecto (Rol N° 656 – 2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago; Rol N° 1620 – 2021 de la Corte de Apelaciones de San Mogiel, Rol N° 85.697 – 2021 y Rol N° 7.184 – 2009 de la Excma. Corte Suprema).

Sostiene que en la especie, ha existido un proceso administrativo previo que se inicia con la resolución que ordena instruir sumario administrativo en contra de la recurrente, el cual se encuentra afinado, donde hubo formulación de cargos del Fiscal Instructor, descargos, periodo de prueba, propuesta de sanción, entre otros múltiples trámites, todo lo cual refleja un debido proceso ajustado a derecho.

Frente a tal constatación, estima forzoso concluir que la acción de protección no es la vía propicia para alcanzar el efecto perseguido, que es precisamente obtener una nueva revisión del mérito de la sancion aplicada.

Niega la vulneración al principio de proporcionalidad y del non bis in idem. Indica que a raíz un proceso de auditoría realizado por personal técnico y calificado de la Corporación Municipal de San Miguel respecto de los recursos destinados a TTA se detectaron inconsistencias, lo que derivó en que la Secretaria General de la Corporación Municipal solicitara la instrucción de un sumario administrativo que posteriormente se hizo extensivo a la recurrente. Precisa que se trató de un solo procedimiento, que inicialmente se sustanció en contra de 8 funcionarios que fueron sobreseídos en razón de que en ellos no recaía la responsabilidad en cuanto a la administración y logística de la ejecución del convenio TTA de la comuna de San Miguel, y en particular del Cesfam Recreo.

Agrega que en la Resolución N° 101/2021 y N° 102/2021 de la Secretaria General, se consideraron circunstancias atenuantes a favor de la recurrente, aplicaron y ponderaron, llegándose a la conclusión que los hechos investigados y sancionados fueron de tal gravedad, debido a la agravante que concurren, que las atenuantes no fueron suficientes como para repercutir en la sanción que se le aplicó.

El hecho de tener una conducta intachable durante 32 años, no exime a la recurrente de su responsabilidad frente a la infracción; como tampoco la circunstancia de haber delegado funciones en la encargada COVID, desde que sus labores, responsabilidades y funciones de gestion, administración y supervision son propias del cargo directivo que desempeñaba. Señala falencias en la defensa de la recurrente en el proceso de sumario, las que estima, podrían haber repercutiendo el resultado del mismo.

Indica que el abogado que asumió la defensa de la recurrente dedujo recurso de reposición en contra de la Resolución Nº101/2021, en el cual adujo diversos elementos y argumentos con escasos y débiles fundamentos relativos a una supuesta falta de proporcionalidad de la sanción, al igual que se ha realizado en reiteradas ocasiones en el presente recurso, pero en las peticiones concretas solo solicitó que se deje sin efecto la sanción, sin agregar o mencionar algún hecho o antecedente que permita la modificación de sanción aplicada por la Secretaria General, lo que es claramente contradictorio con lo argumentado en dicho escrito.

Desconoce cualquier vulneración de garantías constitucionales de la recurrente, razón por la cual la acción cautelar no puede prosperar.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que la parte recurrente refiere que han sido conculcadas las garantías descritas en los numerales 2, 3, 16, 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la especie, la actuación ilegal y arbitraria que se atribuye a la corporación municipal recurrida, es la medida de destitución que le fue aplicada mediante Resolución N°101 de 7 de diciembre de 2021, confirmada por Resolución N°102 de 22 de diciembre de 2021, por haberse incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378 Tercero: Que con el mérito de la documental aparejada por la recurrente y recurrida, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por asentado los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1.-La recurrente, doña nombre reservado, funcionaria de la atención primaria de salud de la Corporación Municipal de San Miguel, mantuvo un contrato indefinido con dicha entidad desde el año 1989;

2.-La relación laboral entre las partes terminó, al haberse verificado la causal contemplada en el artículo 48 letra b) de la Ley No 19.378;

3.- La Corporación Municipal de San Miguel, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y cultura en la comuna de San Miguel.

Cuarto: Que para resolver la presente controversia, resulta útil tener en cuenta las normas que gobiernan la materia:

El inciso primero del artículo 4 de la Ley N° 19.378 dispone: “En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales”.

A su turno, el artículo 14, en lo que interesa, preceptúa: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal”.

El artículo 48 establece: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…). “Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario”;

Por su parte, el artículo 1° del Código del Trabajo, en lo que interesa, prescribe: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”.

Quinto: Que según se advierte, la Ley Nº 19.378 establece un estatuto especial que rige a los funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal. Dicho régimen, si bien está conformado por normas de derecho público –lo que se manifiesta, por ejemplo, en que tiene como norma supletoria al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales–, de sus preceptos aparece que los contratos que vincularon a la actora con su empleador comparten gran parte de las características de los contratos de derecho privado regidos por el Código del Trabajo. Es así como, incluso, el párrafo 3º del Título II de dicha ley se titula “Término de la relación laboral”. Ello se manifiesta también, por ejemplo, en el artículo 4 que los excluye expresamente de la negociación colectiva y en el artículo 14 que contempla la posibilidad de contratos indefinidos o a plazo fijo, sin que se identifiquen estos últimos con una contrata en los términos del artículo 3 letra c) de la Ley Nº 18.884 que contiene el Estatuto Administrativo.

En estas condiciones, se configura entre la recurrente y la Corporación Municipal de San Miguel –persona jurídica de derecho privado– una relación de subordinación y dependencia en términos tales que, todo lo relativo al término de la relación contractual ha de regirse por el artículo 48 de la Ley N° 19.378 y, en lo no previsto, por las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo.

Sexto: Que entonces corresponde hacerse cargo de la primera alegación del recurrente, esto es, determinar si le era aplicable el artículo 156 de Decreto N° 2421 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República que prescribe: “ Desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección de Presidente de la República, las medidas disciplinarias de petición de renuncia y de destitución señaladas para los funcionarios fiscales y semifiscales en el Estatuto Administrativo, sólo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General de la República y en virtud de las causales contempladas en dicho Estatuto. Treinta días antes de la elección de Presidente de la República, los funcionarios públicos y semifiscales no podrán ser trasladados o nombrados en comisión de servicio fuera del lugar en que ejercen sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes N°s. 9.280, 9.304, 10.616 y en el artículo 38 del decreto con fuerza de ley N° 263, de 1953.”, precepto conocido como fuero electoral.

Séptimo: Que de dicho precepto se desprende, que el fuero opera solamente respecto de funcionarios público, por lo que atendido lo reflexionado en los considerandos que preceden, esto es, que la relación laboral de la funcionaria con la corporación municipal se encontraba regulada por la Ley N° 19.378, sin que se trate de una funcionaria pública, no le resulta aplicable lo contenido en el inciso primero del artículo 156 del Decreto N° 2421.

Octavo: Con todo, corresponde precisar, que la medida disciplinaria de destitución, a pesar del estatuto que liga a la recurrente con la recurrida, resulta del todo procedente, por aplicación del artículo 48 letra b) de la citada Ley N° 19.378 en relación con lo prescrito en el artículo 4° de la misma ley, que señala que en todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de dicha ley, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales.

Noveno: Que en seguida y respecto del sumario administrativo incoado en su contra, constan los siguientes antecedentes:

1.-Mediante Resolución N° 13 de fecha 24 de septiembre de 2021, emitida por el Fiscal Instructor y mediante la Resolución N° 68/2021, de 28 de septiembre del 2021, se hace extensivo el Sumario Administrativo instruido mediante Resolución N° 53/2021, de 23 de agosto de 2021, de la Secretaria General de la Corporación Municipal de San Miguel respecto a doña nombre reservado, Matrona y ex Directora del CESFAM Recreo desde el 01 de enero de 2017 al 13 de julio del 2021, por su relación estrecha con la responsabilidad administrativa y logística en la ejecución del convenio de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento desempeñado en la comuna de San Miguel, y en particular en el CESFAM Recreo, durante el periodo de abril, mayo y junio del año 2021, al ser quien impartía las ordenes y autorizaciones para la ejecución de horas extraordinarias cargadas al convenio señalado, además de tener relación con las directrices al equipo ejecutor, como también su labor de visación en el pago de las boletas de honorarios para el mismo fin.

2.- El 10 de noviembre de 2021, la sumariada doña nombre reservado, hizo valer sus descargos ante el Fiscal Instructor.

3.- el Fiscal Instructor en su vista fiscal, concluyó que la recurrente, Directora del CESFAM Recreo desde el 1 de enero del 2017 al 13 de julio del 2021, incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la Ley N° 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 4.- Mediante Resolución N° 101/2021 de 7 de diciembre de 2021, emitida por la Secretaría General de la Corporación Municipal de San Miguel, se ordenó la destitución de doña nombre reservado, en conformidad a lo establecido el artículo 120 letra d) de la Ley N° 18.883, como sanción por haberse acreditado fehacientemente que incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la Ley N° 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

5.- El 15 de diciembre del 2021, el abogado de la recurrente presentó un recurso de reposición en contra de la Resolución N° 101/2021 emitida por la Secretaría General de la Corporación Municipal de San Miguel, el que fue rechazado por medio de la Resolución N° 102/2021 de 22 de diciembre de 2021, confirmando la sanción de destitución aplicada por la Resolución recurrida en contra de la sumariada doña nombre reservado.

Décimo: Que la medida adoptada por la recurrida tiene su fundamento en un sumario administrativo incoado en contra de la actora, en el cual ha tenido la oportunidad de defenderse y ejercer los derechos que le franquea la ley, por lo que el actuar del recurrido no puede estimarse ilegal ya que se funda precisamente en las disposiciones legales que lo facultan para actuar de la manera como lo hizo, ni tampoco arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho del recurrido sino que por el contrario se basa en todo un procedimiento previo en que se investigó la conducta de la recurrente. En lo que hace a la proporcionalidad de la medida adoptada, este procedimiento no constituye una segunda instancia de las decisiones adoptadas en un sumario administrativo.

Undécimo: Que en consecuencia, al no existir un acto arbitrario e ilegal susceptible de ser enmendado por esta vía, se impone el rechazo de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, se rechaza la acción cautelar deducida por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de San Miguel.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministra Claudia Lazen M.

N° 136-2022 protección.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señoras María Teresa Díaz Zamora, Claudia Lazen Manzur y abogada integrante señora Yasna Bentjerodt Poseck. No firman la ministra señora Díaz y la abogada integrante señora Bentjerodt, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse la primera con feriado legal y la segunda ausente.