nombre reservado CONTRA 12° COMISARIA DE CARABINEROS DE SAN MIGUEL, 13° COMISARIA DE CARABINEROS DE LA GRANJA Y 41° COMISARIA DE ACARABINEROS DE LA PINTANA

En San Miguel, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen las abogadas doña nombre reservado; doña nombre reservado; y doña nombre reservado, domiciliadas en domicilio reservado, recurriendo de protección contra la Duodécima Comisaría de San Miguel; la Décimo Tercera Comisaría de La Granja; y la Cuadragésima Primera Comisaría de La Pintana, del mismo domicilio domicilio reservado, a causa de la afectación de sus garantías constitucionales consagradas en el los numerales 2 y 7 letra d) del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ocasionada con la negativa ilegal y arbitraria de información acerca de las detenciones practicadas los días viernes 18 y miércoles 23 de octubre del año recién pasado en dichos recintos policíacos.

Aluden a las públicas y notorias manifestaciones sociales realizadas en el país, en cuyo contexto Carabineros de Chile practicó numerosas detenciones contra ciudadanos, a quienes trasladó a las antedichas comisarías. Ante ello, las recurrentes junto a otras integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile concurrieron a aquéllas para brindar asistencia jurídica a los detenidos, además de informarse de su estado, condiciones y paradero. Sin embargo, afirman que los distintos funcionarios de Carabineros de Chile negaron rotundamente la posibilidad de informar la presencia de personas determinadas en las comisarías respectivas, vulnerando con ello el derecho de los abogados para requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención o prisión, la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada en ese o en otro establecimiento del mismo servicio y que se ubicare en la comuna, consagrado en el artículo 96 del Código Procesal Penal. Asimismo, tampoco permitieron el acceso al registro público en que debe consignarse la identidad de los detenidos al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 N°7 del texto constitucional.

Refieren que los funcionarios de Carabineros de Chile, pretendiendo justificarse al respecto, les habrían instruido proceder según los mecanismos establecidos en la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, agregando que tal información sólo sería entregada a los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos; con lo cual, condicionaron el derecho de defensa y asistencia jurídica de toda persona privada temporalmente de libertad, al exigir el cumplimiento de requisitos no contemplados en la Constitución o la Ley, como la acreditación de dicha Institución.

De tal manera, arguyen que por el obrar reprochado y según lo precedentemente referido, se configura una discriminación arbitraria vulneradora de su derecho de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 del ordenamiento fundamental, la cual constituiría una conducta ilegal al transgredir lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código Procesal Penal y 19 N°7 letra d) inciso segundo del mismo texto constitucional; y también arbitraria al argumentarse que sólo se brindaría información acerca de los detenidos a los abogados del Instituto de Derechos Humanos, pese al deber de las autoridades policiales de otorgarla a requerimiento de los abogados para que personas privadas de libertad puedan ejercer su legítimo derecho a defensa, correlato de los derechos precedentemente invocados y que han sido consagrados para todos los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión en virtud de lo preceptuado en el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, sin distinción o trato diferenciado al tenor de dichas normas. Asimismo, trasgrediría los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, en la medida que, los funcionarios de Carabineros de Chile forman parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, por tanto, se someten al principio de juridicidad como órgano de la Administración del Estado al tenor del artículo 2 de la Ley 18.575.

Solicitan en definitiva que acogiéndose su acción se ordene, en especial, se les informe sobre la elaboración de los registros pertinentes a toda detención desarrollada en las comisarías recurridas; se les entreguen los nombres de las personas que se encuentran detenidas, poniendo a disposición el registro público que contenga su identidad y estado, en general, a cualquier persona para la asesoría y defensa de sus derechos; se les permita la comunicación con sus familiares y/o la persona que soliciten; se les permita asistencia jurídica al tenor de las normas ya citadas, entre otras medidas que se considere en derecho disponer.

Segundo: Que la Prefectura Santiago Sur de la Zona Este de Carabineros de Chile informa por las recurridas mediante oficio N°1165 de 15 de enero de 2020, solicitando el rechazo con costas del recurso de protección por su improcedencia. Asimismo, refiere que desde el 17 de octubre del año recién pasado estalla un movimiento social con diversas movilizaciones de ciudadanos y graves desórdenes públicos en distintas comunas de Santiago, que conllevó a que el personal de Carabineros deba proceder a distintas detenciones. A raíz de lo anterior, diversos abogados concurrieron a las unidades policiales, entre ellos los profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos; de la Defensoría Penal Pública; y de la Defensoría de la Niñez, a quienes se les dio acceso a los listados de registro de los detenidos conforme a la legislación vigente y el acuerdo vigente con la primera de las instituciones precedentemente aludidas. Agrega que se negó el acceso a los detenidos respecto de abogados particulares y estudiantes de derecho; a los primeros, porque el artículo 96 del Código Procesal Penal se refiere a una persona determinada que se encontrase privada de libertad y; a los segundos, pues la ley no los autoriza a entrevistarse con aquéllas. Así, precisa que las recurrentes se encontrarían en el primer caso no amparado por los derechos que la legislación otorga a los abogados.

En relación a la presunta transgresión reprochada al artículo 19 N°7 letra d) de la Constitución Política de la República, justifica su obrar en que los detenidos se encontraban privados de libertad en la unidad policial respectiva, por lo que, no precedió vulneración alguna a la antedicha garantía. Adiciona que si bien pudo negarse el acceso a los libros de detenidos, ello obedeció a la misma contingencia que exigía utilizarlo constantemente para el registro correspondiente, con lo cual, su entrega habría obstaculizado el normal funcionamiento de las guardias de detenidos. Por ello, se indicó a los abogados solicitantes que regresen tras cierto lapso para cuando el trabajo de la unidad volviese a la normalidad, ocasión en que se les brindaría acceso a tales registros.

Refuta que hubiese precedido obrar discriminatorio o diferenciado lesivo de las garantías constitucionales invocadas en los términos planteados en el recurso, enfatizando en la observancia de la Constitución y la Ley en el ejercicio de sus funciones, pues se procedió ante hechos que revestían caracteres de delito, destinando a los detenidos a recintos policiales debidamente informados con registro de su estado e informe de la detención y sus motivos al Fiscal de turno.

Finaliza, insistiendo en la falta de configuración de los presupuestos de los artículos 96 y 97 del Código Procesal Penal, ya que en todo momento se requirió información y acceso a personas indeterminadas.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En dichos casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para ello, se debe comprobar la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, como cuestión preliminar, conviene tener presente que el inciso segundo de la letra d) del número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República garantiza que: “Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público”.

Del texto constitucional citado, se extrae que el registro público al que se refiere es aquel en el que consten las órdenes de arresto, detención, procesamiento o prisión, emanadas de autoridad con facultad legal. Ello se relaciona con lo expresado en la letra c) del mismo artículo, en cuanto asegura a todas las personas que “Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes”.

De esta manera, se aprecia que lo prevenido en las aludidas normas constitucionales se ha contemplado como un sistema de garantías aplicables a situaciones de privación de libertad que han sido ordenadas por la autoridad con facultades para ello, en los casos en que la ley lo permite. Por tanto, no resultan aplicables a las detenciones ocurridas en casos de flagrancia, que tienen un estatuto legal especialmente previsto para tal situación entre los artículos 129 y 138 del Código Procesal Penal, que establecen una detallada regulación para estos casos, y que se orienta a asegurar la protección de los derechos de los detenidos en esta situación, en aspectos tales como: que se ha de entender por flagrancia; el objeto y duración de la detención; o los plazos para hacer comparecer al detenido ante la autoridad judicial a efectos de controlar la legalidad de la detención.

Quinto: Que, por otra parte, se debe considerar lo prescrito en los artículos 96 y 97 del Código Procesal Penal, normas que las recurrentes han apuntado como aquellas infringidas a través de la actuación de las recurridas.

El artículo 96, relativo a los derechos de los abogados, garantiza que “Todo abogado tendrá derecho a requerir del funcionario encargado de cualquier lugar de detención o prisión, la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada en ese o en otro establecimiento del mismo servicio y que se ubicare en la comuna.

En caso afirmativo y con el acuerdo del afectado, el abogado tendrá derecho a conferenciar privadamente con él y, con su consentimiento, a recabar del encargado del establecimiento la información consignada en la letra a) del artículo 94.

Si fuere requerido, el funcionario encargado deberá extender, en el acto, una constancia de no encontrarse privada de libertad en el establecimiento la persona por la que se hubiere consultado”.

El artículo 97, que regula la obligación de cumplimiento e información, asegura que “El tribunal, los fiscales y los funcionarios policiales dejarán constancia en los respectivos registros, conforme al avance del procedimiento, de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado”.

La primera norma aludida contiene, frente al requerimiento de cualquier persona que tenga la calidad de abogado, una serie de obligaciones para el encargado de guardia en los lugares de detención: i) la confirmación de encontrarse privada de libertad una persona determinada en ese lugar; ii) Solo en caso de encontrarse ahí la persona determinada por la que se consultó, el abogado tiene derecho a reunirse con ella; iii) y, siempre con su consentimiento, puede el abogado requerir la información consignada en la letra a) del artículo 94 (“que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad”).

Resulta claro que la norma en comento tiene un ámbito de aplicación que escapa a las circunstancias fácticas relatadas por las recurrentes, pues lo que se denuncia es la negativa del encargado de proporcionar el registro de detenidos en el momento en que le fue requerido. Esta circunstancia no ha sido prevista ni regulada por el artículo 96 del Código Procesal Penal, que se ocupa de los derechos de los abogados que han requerido información respecto de personas determinadas, lo que conforme a lo expresado por las recurrentes, no ha ocurrido en la especie, de suerte que la actuación de las recurridas no ha podido infringirla.

El artículo 97 obliga a los funcionarios que señala, a dejar constancia en los respectivos registros de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado.

Es patente que no se trata de una norma que establezca algún derecho para los abogados. Asimismo, su lectura revela que su contenido no guarda relación con alguna obligación relativa a la forma de exhibición de algún registro en particular, de manera que, aun dando por ciertos los hechos tal y como se han descrito en el libelo, tampoco puede estimarse que se ha infringido esta norma legal, pues la situación fáctica esta fuera del ámbito de aplicación de la misma.

Por los motivos apuntados, se debe descartar que la actuación de las recurridas haya infringido las normas legales señaladas por las recurrentes.

Sexto: Que del informe evacuado por la Prefectura Santiago Sur de la zona Este de Carabineros de Chile se extrae:

Que la negativa a acceder a los libros de detenidos obedeció a la misma contingencia del momento, que exigía utilizarlo constantemente para el registro correspondiente, por lo que su entrega habría obstaculizado el normal funcionamiento de las guardias de detenidos. Por ello, se indicó a los abogados solicitantes que reiteraran su requerimiento tras cierto lapso de tiempo (que no se precisa), cuando el trabajo de la unidad permitiera otorgar el acceso a los registros sin entorpecer el normal funcionamiento de la misma.

Adicionalmente, se informa que las detenciones respondieron a hechos que revestían caracteres de delito, y que los detenidos fueron destinados a recintos policiales, debidamente informados con registro de su estado e informe de la detención y sus motivos al Fiscal de turno.

Séptimo: Que existe una discrepancia entre las versiones de los hechos que entregan recurrentes y recurridas que tiene una incidencia decisiva en cuanto a si la actuación de estas últimas puede calificarse como arbitraria.

Se puede afirmar que ambas partes coinciden en cuanto a que, como sostienen las recurrentes, requerido el acceso al registro de detenidos en un momento determinado, este se negó. Sin embargo, las recurridas introducen en el debate elementos adicionales que intentan explicar su forma de proceder, a la vez que ponen en entredicho que se haya efectivamente negado el acceso al mentado registro.

Es indudable que el requerimiento de las recurrentes se enmarcó en el contexto social del momento, y buscaba ofrecer y brindar protección jurídica a quienes resultaron detenidos por Carabineros, de manera de asegurar el respeto de su integridad y la efectividad de sus garantías procesales. Sin perjuicio de ello, la forma en que procedieron las recurridas se puede explicar precisamente desde la perspectiva de la mejor conveniencia de los detenidos (indeterminadamente considerados), pues como expresan en su informe, la entrega del registro en un momento que, como es público y notorio, este se encontraba intensamente demandado, habría podido devenir en un perjuicio para el adecuado funcionamiento de la unidad policial, y en particular, en el proceso de recepción e ingreso de los mismos detenidos, poniendo en riesgo su adecuado registro mientras el libro se encontraba en consulta por las requirentes, lo que podría derivar en perjuicio de sus derechos.

De ahí que resultara razonable que la consulta del registro se materializara mediante un cierto orden o protocolo que, conforme a lo sostenido por las informantes, había sido acordado con organismos públicos (Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría Penal Pública) abocados a fines análogos a los perseguidos por las recurrentes.

En este sentido, diferir la consulta para un momento en que esta no resultara en un entorpecimiento del trabajo que se debía desarrollar con el registro, no resulta irracional o caprichoso, de manera que en tales circunstancias la actuación de las recurridas no puede estimarse como arbitraria, máxime si se considera que los derechos de los detenidos estaban siendo velados por órganos públicos especializados en este rubro, y que, conforme se ha informado, los agentes policiales dieron cuenta de las detenciones al ministerio público conforme manda el artículo 131 del Código Procesal Penal, cuestiones estas últimas, que no se encuentran controvertidas.

Octavo: Que correspondía a las accionantes de protección acreditar a cabalidad los supuestos necesarios para que el recurso pueda resultar acogido, recayendo consecuencialmente sobre ellas la carga de justificar que, por actos de las recurridas, que pudieran ser calificados como ilegales o arbitrarios, se les impidió de manera efectiva y absoluta el acceso al registro de detenidos. En este sentido, los antecedentes proporcionados han sido insuficientes para formar la convicción necesaria, al no venir aparejados de probanzas que la hagan verosímil, al punto de superar el estándar de rigor y dar por probada la conculcación de las garantías constitucionales invocadas.

Noveno: Que, en tales condiciones, como se dirá en lo decisorio de este pronunciamiento, estos jueces concluyen que, en el caso, no concurren los requisitos señalados en el artículo 20 de la Ley Fundamental para estimar la presente acción cautelar, toda vez que no se divisa un acto al cuál pueda atribuírsele el carácter de arbitrario o ilegal, de suerte que resulta innecesario hacer reflexiones adicionales sobre los supuestos derechos conculcados por el accionado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por las abogadas doña nombre reservado; doña nombre reservado; y doña nombre reservado.

Se previene que la ministra señora González estuvo por rechazar el recurso de protección, teniendo únicamente presente los razonamientos primero a séptimo y noveno que anteceden.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Gutiérrez.

Rol N° 13548-2019 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Luis Sepúlveda Coronado, señora María Catalina González Torres y abogado integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.

No firma por estar con feriado legal la ministra señora González.