nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que María Angélica Brown Oropeza, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de AFP ProVida S.A., fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como trabajadora extranjera, al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que su representada tiene título de Técnico Superior Universitario en Producción de Medios de Comunicación y solicitó presencialmente ante la administradora la devolución de sus fondos previsionales conforme al régimen especial aplicable a técnicos extranjeros. Señala que AFP ProVida rechazó su solicitud por estimar que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencida, sin ponderar los demás antecedentes acompañados ni la posibilidad de verificación electrónica del documento. Añade que, junto con su solicitud, acompañó contratos de trabajo celebrados en Chile, anexos de contrato, certificado de afiliación al IVSS con código oficial de verificación electrónica y su título profesional debidamente apostillado.

Sostiene que cumple íntegramente los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, por encontrarse afiliada a un sistema de previsión o seguridad social extranjero y haber expresado en sus contratos su voluntad de mantener dicha afiliación, razón por la cual el rechazo de AFP ProVida constituiría una interpretación excesivamente restrictiva y formalista de la normativa. Afirma que la exigencia de apostilla o de renovación de una certificación resulta jurídicamente improcedente e incluso imposible de satisfacer, atendido que, según la Circular N°433 de 21 de junio de 2021 del Servicio Autónomo de Registros y Notarías de Venezuela, este tipo de constancias emitidas por organismos de seguridad social no son susceptibles de autenticación notarial, legalización o apostilla, por corresponder su emisión y validez exclusivamente a su autoridad de origen. Agrega que esa imposibilidad se vería además corroborada por respuestas emitidas incluso desde representaciones diplomáticas venezolanas en el extranjero, lo que demuestra que la exigencia impuesta por la recurrida carece de razonabilidad y excede lo dispuesto por la ley chilena.

Denuncia la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley y de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados, Solicita que se acoja el recurso, se tenga por válida la documentación acompañada y se ordene a la AFP emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho dentro del plazo de 5 días hábiles o el esta Corte determine.

Segundo: Que, al evacuar informe, Ana María Herrera Brummer, abogada en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido por nombre reservado, con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento, por cuanto lo debatido dice relación con el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, materia que estima controvertida y no susceptible de ser resuelta por la vía sumaria del artículo 20 de la Constitución. Añade que la recurrente pretende, en definitiva, que se declare a su favor un derecho que no aparece como indubitado, cuestión que debe ventilarse en un procedimiento declarativo y no por medio del recurso de protección.

En cuanto al fondo, reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos presentada por la actora en calidad de técnica extranjera, de conformidad con la Ley N°18.156, por cuanto ésta no acompañó un certificado de afiliación debidamente apostillado en el país de origen o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, habiendo aportado únicamente una constancia electrónica de cotizaciones que no corresponde al documento exigido. Explica que dicho antecedente no puede ser considerado suficiente para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero, desde que no se encuentra firmado por su emisor, no está apostillado ni legalizado y además sólo contiene referencias genéricas a las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar de manera específica que la trabajadora contó efectivamente con protección por todos los riesgos exigidos por la ley durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que tampoco se satisface adecuadamente el requisito consistente en manifestar expresa e inequívocamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional extranjero. Señala que el contrato de trabajo de la recurrente, de 11 de junio de 2018, nada dice sobre su afiliación a un régimen previsional extranjero, y que sólo mediante anexos de 3 de diciembre de 2025 y 28 de enero de 2026 la trabajadora manifestó su intención de mantener dicha afiliación, declaración que la recurrida califica como extemporánea. Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, cuando el trabajador omite manifestar oportunamente esa voluntad durante la vigencia del vínculo laboral o existen manifestaciones contradictorias respecto de cotizar en Chile y permanecer afiliado en el extranjero, no procede la devolución de fondos al amparo de la Ley N°18.156.

Sostiene, asimismo, que su actuación se encuentra plenamente amparada en la normativa vigente, especialmente en la Ley N°18.156, el Decreto Ley N°3.500 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, órgano que posee facultades legales para interpretar obligatoriamente la legislación del sistema. Afirma que la devolución de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera constituye una excepción a la regla general del sistema previsional chileno, razón por la cual sus requisitos deben interpretarse restrictivamente. Añade que no existe vulneración del derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que los fondos previsionales siguen siendo de su titularidad y permanecen en su cuenta de capitalización individual para financiar las prestaciones que la ley contempla, sin que la negativa a devolverlos configure por sí misma una privación, perturbación o amenaza ilegítima de las garantías invocadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

De lo expuesto, se sigue que no se verifica en la especie los requisitos previstos en la ley para el retiro de fondos previsionales en la forma solicitada.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de AFP ProVida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1350-2026 Protección