COMERCIALIZADORA DE FRUTAS BAGNO S.A. CON DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO

Foja: 61/ Sesenta y uno San nombre reservado, dos de abril de dos mil quince.

Vistos.

Que a fojas 2, con fecha 6 de febrero del año en curso, comparece don nombre reservado, mandatario judicial de don nombre reservado representante legal de la Sociedad Comercializadora de Frutas Bagno S.A, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, Director Regional del Trabajo, Región Metropolitana Oriente, domiciliado en domicilio reservado, ciudad de Santiago por vulnerar los derechos esenciales contemplados en el artículo 19 № 2 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone que en este caso se trata de una omisión arbitraria e ilegal, la cual consistiría en que, han transcurrido más de ocho meses sin que la Dirección del Trabajo haya resuelto su recurso de reconsideración interpuesto con fecha 4 de junio de 2014, en contra de la resolución multa № 1296/14/41, notificada por carta certificada con fecha 16 de mayo de 2014 a su representado, por la cantidad de $2.709.260, con el fin de que dejara sin efecto la sanción impuesta a su representada.

Refiere que el largo y notorio silencio de la recurrida para evacuar una reconsideración legal, le hace presumir que la Dirección del Trabajo ha incurrido y sigue incurriendo en actitudes hostiles hacia su representada y que dicha omisión es no sólo ilegal sino que, también, arbitraria ya que al no haber un pronunciamiento dentro de tan largo plazo, resulta ser una actitud caprichosa de la recurrida.

Asimismo, indica que dicha omisión vulneraría los derechos contemplados en el artículo 19 № 2 y 4 de la Constitución Política de la República. En relación al principio de igualdad, señala que bajo ningún pretexto puede la Dirección del Trabajo, evacuar, en algunos casos, recursos de reconsideración en plazos breves y en otros, como es la situación objeto de esta acción, en tiempos discrecionales, sin fundamento legal.

Y por otra parte, también se ha afectado su derecho a la honra, al imponer una pena o sanción pecuniaria a la recurrente, por un hecho que no es verdadero, como lo es, haber supuestamente impedido una fiscalización de un Inspector del Trabajo o Ministro de Fe. Explica que la recurrente no era la empresa a fiscalizar si no que otra, sin embargo fue sancionada como si fuera ésta.

Termina solicitando se acoja el presente recurso de protección, dictando las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representado.

Que a fojas 41 y siguientes evacúa informe doña nombre reservado, abogada por la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En primer lugar, solicita que se declare que la presente acción se encuentra caduca, ya que como el propio recurrente manifestó, ésta acción se dirige en contra de la omisión de la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración presentada por la empresa con fecha 04 de junio de 2014 en contra de la Resolución de Multa № 1296/14/41 y el artículo 1º del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la EXMA. Corte Suprema, establece que el recurso se interpondrá dentro de los treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Por lo que se puede apreciar dicha norma ha optado claramente por la teoría del conocimiento efectivo, por cuanto el plazo comienza a correr cuando se haya tenido conocimiento cierto de la ocurrencia del acto u omisión. En este caso, añade que han transcurrido 8 meses desde la omisión que hace presente la recurrente y que además no acredita un conocimiento cierto de dicha omisión, en consecuencia el presente recurso se encuentra caduco.

En segundo lugar, pide tener por interpuesta la excepción de falta de legitimidad pasiva puesto que la propia solicitud de Reconsideración, ha sido interpuesta en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo Santiago Sur y no contra nombre reservado, Director Regional Del Trabajo Metropolitana Oriente, recurrido de autos. En dicho contexto, mal puede recurrirse contra quien no tiene relación con la omisión de la resolución, objeto del presente recurso, y quien tampoco tiene los antecedentes para resolver la reconsideración administrativa.

En tercer lugar, refiere que es improcedente en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición. Así, manifiesta que la omisión no sería ilegal ya que el Código del Trabajo no fija términos o plazos para la tramitación de este procedimiento administrativo, por lo que no es procedente indicar que se estaría vulnerando alguna disposición. Es más, señala que la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en su artículo 27 dispone: "Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final". Por lo que se desprende de la propia normativa, que en ella no se regula los efectos del incumplimiento de esas obligaciones por parte de la Administración, por lo cual, no existe una omisión ilegal, como señala la recurrente.

Asimismo, tampoco sería arbitraria ya que “arbitrariedad” desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuaciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad, lo que no ocurre en el presente caso.

Por otra parte, también sería improcedente ya que la omisión no vulnera ningún derecho constitucional del recurrente. Indica que, lo que pretende la contraria, es desnaturalizar el recurso de Protección, ya que esgrime una vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 № 2 y 4 de la Constitución, con premisas que escapan de toda lógica y carecen de fundamento jurídico, por lo que se aprecia claramente la improcedencia de fundar su acción en estas garantías.

Por último y en subsidio de lo dicho precedentemente informa respecto de los hechos que dieron lugar al presente recurso. Expone que con fecha 06 de mayo de 2014, la fiscalizadora actuante del Servicio, se constituyó en dependencias de la empresa, a propósito de una denuncia por vulneración a derechos fundamentales. En el ingreso de la empresa es recibida por el guardia de seguridad don nombre reservado, quien informa a la empresa de la visita. Luego es derivada a una sala de reuniones, donde es recibida por el Sr. nombre reservado, Gerente de Administración y Finanzas de la empresa y dos personas más que se niegan a dar su nombre y función en la empresa.

En dicha oportunidad, refiere que el representante de la empresa, don nombre reservado, se retira de la oficina y luego de unos minutos vuelve a la oficina de reuniones informando que él no firmara ningún documento, ello debido a que consultado con sus abogados laborales, ellos le informan que cualquier documento que tenga que firmar se los deberán enviar por correo certificado, y que él no está facultado para entregar ningún tipo de información a la fiscalizadora. En este sentido la fiscalizadora le informa que dicha actitud es considerada un acto que implica "dificultar la fiscalización", razón por la cual la funcionara deberá requerir el auxilio de la Fuerza Pública, esto es, Carabineros de Chile, con el fin que actúen como ministros de fe de los hechos.

Llamada a la Fuerza Pública, la fiscalizadora ingresa nuevamente a la empresa en compañía de Carabineros, oportunidad que es recibida nuevamente por don nombre reservado y dos personas más. Con la presencia de Carabineros el empleador informa que proporcionará la documentación necesaria, pero una vez que Carabineros se retira del establecimiento, la empresa cambia de opinión y no proporciona la documentación laboral requerida, debiendo ese día dar por terminada la fiscalización.

Luego con fecha 7 de mayo de 2014, la fiscalizadora actuante concurre nuevamente a dependencias de la empresa, siendo recibida en portería del establecimiento por el guardia de seguridad, don nombre reservado, quien le dice que: "esperen un rato, pues don nombre reservado no ha llegado". Luego de unos segundos se le informa que don nombre reservado llegó y que le va a informar la visita. Luego regresa a portería y señala que don nombre reservado no la atenderá ese día, por lo que la fiscalizadora nuevamente, no puede hacer ingreso a dependencias de la empresa, y recurrió nuevamente a la Fuerza Pública con el objeto de dar fe del impedimento de visita; procedimiento que practicó el funcionario policial Sr nombre reservado, Cabo 1º de Carabineros de la Tenencia de La Victoria.

Por estos hechos es que la fiscalizadora actuante, doña nombre reservado, dicta la Resolución de Multa № 1296/14/41-1 que expresa:

"Impedir sin motivo justificado la fiscalización de fecha 07 de mayo de 2014 a las 11:00 horas, al no permitir ni dar las facilidades para fiscalizar, es decir negar el acceso del fiscalizador a la documentación laboral y a todas las dependencias o sitios de faenas de la empresa, de acuerdo al siguiente detalle de los hechos: constituida la suscrita es recibida por el guardia de seguridad, Don nombre reservado, quien permite ingresar solo hasta la guardia, dado que le informaría al representante de la empresa de esta visita, de vuelta de hablar con él, me hace saber que este no atenderá ese día." Con fecha 4 de junio de 2014, la empresa solicita Reconsideración Administrativa, respecto de la multa señalada precedentemente, solicitando que esta sea dejada sin efecto por error de hecho.

Por lo anteriormente expuesto, señala que no cabe sino concluir que el recurso de protección interpuesto es absolutamente improcedente, toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos y supuestos que la propia Carta Fundamental exige para su interposición y viabilidad, no existiendo ninguna amenaza de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que solicita que se rechace el presente recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña la siguiente documentación Copia simple de activación de fiscalización de fecha 07 de mayo de 2014, Copia simple de Resolución de Multa № 1296/14/41-1 de fecha 07 de mayo de 2014, junto a comprobante de Correo de Chile con fecha de recepción 09 de mayo de 2014, Copia simple de Acta de impedimento de visita, de fecha 07 de mayo de 2014, Copia simple de carátula de informe de exposición, junto a informe de exposición de fecha 08 de mayo de 2014, emanado por la fiscalizadora actuante, doña nombre reservado, Copia simple de solicitud de reconsideración, de fecha 04 de junio de 2014, junto a fundamentos y documentos acompañados, Copia simple de Formulario 15, emanado por la fiscalizadora, actuante doña nombre reservado, Copia simple de Formulario 17, emanado por la fiscalizadora, actuante doña nombre reservado.

A fojas 52 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

Tercero: Que la parte recurrida, Director del Trabajo, Región Metropolitana Sur, ha solicitado en primer término la extemporaneidad del recurso, ya que, como el propio recurrente manifestó, ésta acción se dirige en contra de la omisión de la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración presentada por la empresa recurrente con fecha 04 de junio de 2014 en contra de la Resolución de Multa № 1296/14/41 y el artículo 1º del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la EXMA. Corte Suprema, establece que el recurso se interpondrá dentro de los treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Agrega que, como se puede apreciar, dicha norma ha optado claramente por la teoría del conocimiento efectivo, por cuanto el plazo comienza a correr cuando se haya tenido conocimiento cierto de la ocurrencia del acto u omisión. En este caso, han transcurrido 8 meses desde la omisión que hace presente la recurrente, en consecuencia la presente acción se encuentra caduca.

Cuarto: Que la alegada extemporaneidad deberá ser acogida ya que de los antecedentes resulta claro que la recurrente tomó conocimiento del acto, que estima vulnera sus garantías constitucionales, hace mucho más de treinta días y, en todo caso, la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en su artículo 27 dispone: "Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final", por lo que habiéndose iniciado el 04 de Junio de 2014, el plazo, para la decisión final venció el 04 de diciembre de 2014 y treinta días después venció el plazo, para interponer la presente acción cautelar, la que solo fue presentada en la Corte de Apelaciones de Santiago, el día 06 de Febrero de 2015, por lo que habiendo sido interpuesto el presente recurso fuera del plazo establecido se aceptarán las alegaciones previas de extemporaneidad impetradas por la recurrida.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, por extemporáneo, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, mandatario judicial de don nombre reservado, representante legal de la Sociedad Comercializadora de Frutas Bagno S.A.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactado por la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez.

Rol N°135-2015- PROT.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez, Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Jorge Schenke Reyes, quien no firma no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

En San nombre reservado, a dos de abril de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.