nombre reservado CONTRA COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TALAGANTE-SANTIAGO LTDA. TASACOOP LTDA. Y ASOCIACIÓN GREMIAL FLOTA TALAGANTE

San Miguel, veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece Brenda Pérez Pinto, abogada, en representación de doña nombre reservado, factor de comercio, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, en calidad de representante legal de la Cooperativa de Servicio de Transporte de Pasajeros Talagante-Santiago Limitada, "Tasacoop Ltda.", entidad regida por las disposiciones del D.F.L. Nº 5 de 2003 o Ley de Cooperativas y su Reglamento, Registro de Cooperativas rol Nº 3616, rut Nº RUT reservado, y en contra de Asociación Gremial Flota Talagante, rut RUT reservado, también representado legalmente por nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Explica que su representada es empresaria de locomoción colectiva, dueña de 4 buses que singulariza, todos adscritos al servicio de transportes del que es responsable la recurrida Tasacoop Limitada con recorrido autopista y otro por la variante Lonquén.

Sostiene que una agrupación de empresarios dedicados al transporte de pasajeros formó la Asociación Gremial de Taxibuses Santiago Talagante, con el objeto de satisfacer necesidades de transporte de la zona, quienes impulsaron la creación de la Cooperativa de Servicios Tasacoop Ltda., siendo aquélla, conforme a las disposiciones del Decreto Supremo 212, la responsable de los distintos servicios de transportes que tienen su origen y destino en diferentes comunas especialmente de la zona poniente, como Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, San Bernardo, El Paico y El Monte. Sostiene que la Cooperativa es la autorizada para administrar recorridos y que las personas interesadas en contar con un bus que circule dentro de los recorridos de la Cooperativa, además de contar con un bus que reúna las condiciones mínimas que establece el Ministerio, debe ser socia de la Cooperativa o suscribir un contrato de arrendamiento con esta.

Añade que la Cooperativa mantiene con las mismas personas asociadas una entidad paralela, que es la encargada de administrar los recorridos, esto es, determinar horarios de salida, administración de recursos de los dueños de los buses mediante la recaudación diaria, pago a los dueños de los buses y percepción del pago de planillas que debe hacer diariamente cada bus. Esta entidad paralela, que es una organización sin fines de lucro, corresponde a la recurrida Asociación Gremial Flota Talagante.

Afirma que la recurrente es, en la actualidad, miembro del Directorio de la Cooperativa y hasta hace un tiempo servía el cargo de Tesorera de la Asociación Gremial, pero debido a una serie de inconvenientes que presentaba la administración de los recursos que percibía la Asociación, terminó su periodo en el cargo de Tesorera el 31 de julio del 2019, con una elección del día 28 de junio del 2019, según consta en Actas de Acuerdo.

Asevera que las razones de su salida se debieron a diferencias con el resto del Directorio, a quienes solicitaba la firma de cheques o documentos de egresos de dinero, puesto que se trataba de cuantiosas cantidades. Dice que desde que comenzó a pedir la firma en los mencionados documentos, se iniciaron los problemas y que, posteriormente, en reunión de la Asociación Gremial, se señaló que existía un faltante de dinero que superaría el centenar de millones de pesos. Añade que jamás se pidió rendición de cuentas a su representada y que simplemente un socio de la asociación interpuso denuncia ante la Policía de Investigaciones, por el presunto delito de hurto, hecho que actualmente se investiga, donde ha prestado toda su colaboración, aclarando el destino de cada peso presuntamente faltante.

Prosigue diciendo que la Cooperativa Tasacoop Limitada, entidad que de acuerdo a la legislación vigente debe tributar como todo contribuyente en relación con los ingresos que obtiene, presta servicios como lubricación, venta de insumos, partes y piezas de vehículos de transportes, como neumáticos, seguros etc.; pero que el Directorio de la Cooperativa, decidió que los ingresos de esa organización se harían por medio de la Asociación Gremial, entidad sin fines de lucro, que tiene como finalidad dar beneficios a sus asociados, de forma que ambas entidades unidas, trabajan bajo la denominación “Flota Talagante” y obtienen ingresos cuantiosos diariamente obviando en muchos casos el pago de los impuestos correspondientes, esto es, el IVA y la Renta en su caso.

Agrega que en reunión con el Directorio de ambas organizaciones, donde ella pretendía entregar una rendición de cuentas de la Tesorería de la Asociación Gremial, lo único que se pretendía por el Directorio era obtener que ella se culpara de la falta del dinero y no fue escuchada. Añade que pese a su calidad de asociada de la Cooperativa y sin notificación previa, se le privó de los beneficios que tenía, por ejemplo, obtener servicios como compra de neumáticos, repuestos o lubricación con pago a 30 días con cheque. Al respecto, aduce que el personal encargado de los servicios mencionados informó a sus conductores que por órdenes del Directorio, no le podían entregar servicios sin pago contado. Continúa diciendo que pese a la evidente persecución anterior, lo más grave de todo fueron los siguientes hechos:

1.- En forma telefónica al celular de la recurrente, se comunicó don nombre reservado, Secretario de la Cooperativa Tasacoop y de la Asociación Gremial recurrida, para informar que sus buses no podrían salir al recorrido denominado “Autopista” (del Sol) y por la variante Loquén a partir del día martes 8 de Octubre de 2019 y las 3 restantes por la Autopista desde el día lunes 7 de Octubre por orden del Directorio;

2.- Además el día domingo 6 de Octubre de ese año, cerca de las 16 hrs., en el Terminal Tegualda de Talagante, al consultar la salida del día lunes, al conductor nombre reservado se le señaló en forma verbal, que a contar del día lunes 7 de Octubre, tanto él como los otros conductores de buses de la recurrente, ya no prestarían el servicio acostumbrado por Autopista del Sol, ni variante Lonquén sino que lo harían por variantes distintas, en lo que denominan “rotativa”.

Explica que el primer efecto que causa el mencionado cambio es que parte de los conductores ya no desean seguir trabajando, puesto que los ingresos de un bus en la variante rotativa son por la mitad de los obtenidos por Autopista del Sol y Lonquén, lo cual genera conflicto laboral y desmedro para los trabajadores, quienes manifestaron intención de recurrir a la Dirección del Trabajo por el cambio en las condiciones del contrato de trabajo, exponiéndola a multas y posibles demandas por presunto incumplimiento de su parte que tiene como única causa la actuación arbitraria e ilegal de las recurridas.

Aduce que la medida adoptada contra ella, no obedece a ninguna causa más que las diferencias que se tiene con la Asociación Gremial y su actual Directorio, las que deberán ser resueltas en la justicia penal, donde ella está colaborando por medio de su declaración ante la PDI para esclarecer los hechos.

Sostiene que el trato que ha recibido por parte de los directivos de la Cooperativa, no obedece a ninguna sanción que haya recibido como miembro de la cooperativa o alguno de los buses de los que es propietaria, por lo que se trata de un trato discriminatorio que naturalmente le causa grave e irreparable perjuicio patrimonial.

Hace presente que los buses de Flota Talagante para circular por Autopista, deben necesariamente tener la calificación de Bus Pullman, lo que es cumplido por su parte, que en noviembre de 2015 pagó la suma de $1.000.000, que se descontó en cuotas de su liquidación mensual, para poder acceder a un cupo en dicha variante, el que en la actualidad simplemente se le quita y sin que exista causa justificada para ello.

A continuación se refiere a la procedencia del recurso de protección, definido por la doctrina nacional como: “la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarles que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

En términos concretos, dice que el acto ilegal y arbitrario en contra del que recurre, ha significado la privación o desconocimiento del derecho constitucional al debido proceso (artículo 19 Nº 3, inciso 5º), mediante el acto consistente en la suspensión de los buses de esa parte desde el recorrido Autopista y Lonquén, por el cual las recurridas han devenido en una comisión especial en el juzgamiento de ella, a quien solamente se le comunica de una decisión que habría adoptado el directorio, quien ni siquiera escuchó descargos y mucho menos comunicó de forma previa las razones de tan exagerada decisión.

En relación a la garantía que dice conculcada, dice que el propio estatuto de la Cooperativa recurrida contempla procedimientos de apelación de sanciones, incluso respecto de la expulsión; citando al efecto el artículo 21 del Estatuto de la Cooperativa que establece de forma expresa un recurso de apelación frente a una sanción como la expulsión; sin embargo en este caso la medida adoptada en su contra ni siquiera le ha sido notificada y tan grave como la sanción de expulsión resulta la medida de cambio de recorrido de los buses a una variante en que los ingresos no dan siquiera para el pago de los gastos.

Luego, se refiere al artículo 19 del Estatuto de la Cooperativa que establece que los socios tienen entre otros derechos el de participar de los beneficios de la institución y gozar de sus servicios, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes. Aduce que el Directorio de la Cooperativa, para efectos de su juzgamiento se ha constituido en una comisión especial, apartada de la Ley y el Reglamento de Cooperativas, sancionándole de una forma no contemplada en la normativa interna ni de orden legal, asimismo no se ha establecido en su contra alguna de las conductas o infracciones de aquellas contempladas en la normativa de transportes. Agrega que, más grave es la vulneración de la garantía del artículo 19 Nº 24 de la carta fundamental, esto es, la afectación al derecho de propiedad. Como se dijo, la sanción aplicada consistente en el cambio de variante de todos los buses de la recurrente, implica una merma significativa en los ingresos, lo que tiene por propósito obtener que ésta renuncie a seguir trabajando por la imposibilidad de solventar los cuantiosos gastos que representa el servicio y que no se ven satisfechos con la recaudación que se obtiene en los recorridos a los que fue enviada. Hace presente que dichos recorridos son los que se sirven con buses de mayor antigüedad que ya se encuentran pagados por sus propietarios, donde además los conductores perciben menores ingresos y reitera que la ilícita medida adoptada contra su representada sin duda le provoca perjuicio en cuanto a su recaudación diaria y por otro lado le representará gastos no acordes a los ingresos, ya que no puede rebajar las remuneraciones de sus choferes, desde el momento que desarrollarán la misma labor, por la que obtendrán una menor recaudación y donde la pérdida debe ser absorbida por la dueña del bus.

Afirma que por años su representada ha prestado servicios de transporte de pasajeros en los recorridos de los que ahora es sacada sin expresión de causa, asistiéndole en consecuencia un derecho adquirido en relación con los cupos por dichas variantes en tanto cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y teniendo además la calidad de socia de la recurrida Tasacoop Limitada.

Además dijo que, por otra parte, su derecho de propiedad se ve afectado por cuanto a esa fecha se le adeuda su “liquidación empresarial mensual”, la que debía pagar la recurrida Asociación Gremial, como administradora del recorrido, por el mes de septiembre por un monto aproximado de $800.000, la que se mantiene retenida; agregando que la misma recurrida ha procedido a descontar dineros adeudados por concepto de compra de repuestos, los que en su condición de socia pagaba en cuotas mensuales, no respetando así los acuerdos del Directorio, entregándole de esta forma un trato discriminatorio en relación con el resto de los asociados.

Concluye su recurso, diciendo que se le ha impedido el acceso a beneficios sociales de la Cooperativa y de la Asociación y que se han adoptado medidas sancionatorias en su contra, apartadas de los procedimientos contemplados en los estatutos; por lo que pide se disponga que los recurridos, restituyan los vehículos de propiedad de su mandante a los recorridos que estos tenían desde antes de la fecha en que ilícitamente fueron cambiados, disponiendo además toda otra medida en resguardo de sus derechos, dejando sin efecto la citada resolución y que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con costas.

Adjuntó en apoyo de su pretensión, los siguientes documentos: 1.- certificado flujo de caja de fecha 8 julio 2019; 2.- Certificado de Socia Directora Consejo Administración Tasacoop Ltda. de fecha 8 julio 2019; 3.- Set de planillas de recorrido de buses que indica y de las fechas que señala; 4.- Reclamo Nº 863 de Inspección Trabajo de Talagante de fecha 28 octubre 2019; 5.- Renuncia voluntaria trabajador nombre reservado de fecha 24 octubre del 2019 ante Notario de Talagante; y 6.- copia comprobante de reclamo FOLIO 79879 de fecha 23 diciembre del 2019, ante el Departamento de Cooperativas.

Informando al tenor el recurso, compareció el abogado Pablo Rubilar Sanhueza, en representación de la Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante y de la Cooperativa de Servicio de Transporte de Pasajeros Talagante – Santiago Limitada, “Tasacoop Ltda.”, pidiendo el rechazo del recurso deducido en todas sus partes, con costas.

Dice que según la recurrente, el secretario de ambas entidades recurridas le habría informado por orden del directorio, que sus buses no podrían salir al recorrido Autopista del Sol y por la variante Lonquén, a partir del 08 de octubre, y que ello únicamente habría obedecido a “diferencias que se tiene con la Asociación Gremial”, produciéndole conflicto laboral y merma significativa de ingresos, con afectación de las garantías constitucionales del debido proceso y de su derecho de propiedad.

Dice que la Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante, es una organización constituida en conformidad a la ley, que reúne personas naturales o jurídicas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas actividades comunes. Dice que actualmente, la Asociación reúne a más de cien socios activos, quienes desempeñan con los buses de que son dueños, el servicio público de transporte rural de pasajeros en las diversas variantes entre Santiago – Talagante – El Monte e intermedios (Peñaflor, Isla de Maipo, Calera de Tango, San Bernardo, Quilicura, La Cisterna, etc.); y que en virtud de acuerdos suscritos en octubre de 1991, la administración y representación de los servicios reconocidos por el Ministerio de Transportes a la Asociación, fue asumida por Cooperativa de Servicio de Transporte de Pasajeros Talagante - Santiago Limitada, “TASACOOP LTDA.”, entidad cuyos socios y directorio son comunes con la Asociación, vinculándose con aquella a través de un “contrato de servicios cooperativos” suscrito por cada propietario de buses, conforme a cuya cláusula décimo primera se deja expresa constancia que aun siendo TASACOOP LTDA., responsable de los servicios, el Socio o Empresario deberá seguir cotizando y pagando sus obligaciones económicas directamente a la asociación gremial a quién ha delegado esta Cooperativa la administración y control de sus servicios.

Afirma que es precisamente, el contenido de dicho contrato de servicios cooperativos, conforme a lo estipulado en su parte introductoria y en sus cláusulas primera a cuarta, el que desacredita y desmiente las aseveraciones vertidas por la recurrente, pues conforme al tenor de lo allí acordado, el cooperado manifiesta “su interés de que sus máquinas desarrollen la actividad de transporte de pasajeros en los recorridos antes señalados”, es decir, “en todas sus variantes entre Santiago – Talagante – El Monte e intermedios (Peñaflor, Isla de Maipo, Calera de Tango, San Bernardo, Quilicura, La Cisterna, etc.), obligándose a facilitar la explotación de sus máquinas “en los recorridos antes señalados”, sin que se establezca en favor de los socios, sean directores o no, alguna preferencia o derecho de exclusividad sobre determinados recorridos, rutas o variantes, ni menos la adscripción permanente de determinados buses a recorridos presuntamente más ventajosos desde el punto de vista económico, lo que está en plena concordancia con el contenido de los contratos individuales de trabajo que cada empresario suscribe con sus conductores dependientes, pues en la cláusula primera del formulario de los señalados contratos, expresamente se conviene que “el trabajador se compromete a realizar el trabajo de chofer recaudador, en cualquier bus de transporte rural de pasajeros de propiedad del Empleador o Representante legal, o que éste tenga a cualquier título, en los recorridos administrados por la Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante, cuando el empleador así lo decida”. Añade que cada uno de los mencionados contratos, asimismo, trae aparejado un anexo donde se consignan los horarios y turnos rotativos de salidas de los buses desde cada terminal, en una programación que necesariamente se debe cumplir para satisfacer las exigencias del servicio público de transporte rural de pasajeros.

Prosigue el informante diciendo que lo característico de la cooperativa y sus socios es que todos ellos ejercen sus derechos y obligaciones con igualdad y se han reunido precisamente con la finalidad de obtener beneficios comunes, en el contexto de los objetivos plasmados en los estatutos de la organización, cuales son, entre otros: “a) Asumir la representación, organización, dirección y control de los servicios de transporte en la o las líneas atendidas por los vehículos de sus socios o propios, conforme a la normativa vigente al efecto. b) Operar terminales de transporte de cualquier naturaleza. c) Participar de las licitaciones de transporte público de pasajeros. d) Procurar un normal abastecimiento de los repuestos necesarios, accesorios, combustibles y lubricantes requeridos por vehículos de sus asociados. Para estos efectos, la cooperativa podrá adquirir o producir al por mayor, para distribuir al detalle entre sus socios, preferentemente, herramientas, repuestos, lubricantes, maquinarias, combustibles y, en general, todos los elementos que tengan relación con su trabajo habitual; e) Instalar y mantener talleres de reparaciones, servicentros y establecimientos de distribución comunes que presten servicios de construcción, mantención, reparación renovación y arreglo de vehículos, con el fin de reducir los costos de sus operaciones y, además la instalación de cualquier otro servicio que el Consejo de Administración determine…”

Explica la fiscalización conforme a Reglamento y la existencia de la figura del “responsable del servicio”, que puede y suele ser un sujeto jurídico distinto del interesado o del propietario de los vehículos, tal como fluye del artículo 8° del Decreto 212; y refiere los antecedentes que se precisan para la inscripción y la información necesaria para reglar el servicio.

Sostiene que se trata de una actividad económica completamente regulada, que atribuye múltiples obligaciones y un importante rol al responsable del servicio, donde la autoridad pública exige no sólo la singularización precisa de los trazados de los diferentes recorridos, sino también el cumplimiento de horarios, frecuencias y determinadas características internas y externas de los vehículos. En la actualidad, dicha calidad de responsable del servicio ante el Ministerio de Transportes y los demás órganos públicos, la detenta Tasacoop Ltda., debiendo velar porque tales recorridos se cumplan cabalmente y satisfagan la demanda de los pasajeros de las comunas comprendidas en los recorridos.

Explica que, por ello, el directorio de la Asociación, legítimamente constituido, en el ámbito de sus competencias y de su autonomía como órgano intermedio reconocido por la Constitución Política de la República, adopta regularmente decisiones acerca de destinación de recorridos y rutas, y la asignación a la variante denominada “rotativa”, que fue lo que ocurrió en relación a los buses subsistentes de la recurrente, quien recientemente había vendido dos buses que se desempeñaban por las otras variantes. La variante rotativa es servida actualmente por 56 buses, pertenecientes a distintos empresarios, que rotan en sus salidas y trayectos según el número de orden, distribuidos de la manera que señala y de los cuales, al menos 20 cumplen con los requisitos de equipamiento que permite calificarlos como “PULLMAN”, por lo que sostiene no ser efectivo lo afirmado por la recurrente, en cuanto a que existiría un trato discriminatorio, dado que los buses “PULLMAN” también circulan por la variante rotativa y no solo por Autopista del Sol. Asimismo, considerando que los cuatro buses que mantiene la recurrente tienen como año de fabricación el 2012 y 2016, existirían 24 máquinas operando en la rotativa, cuyos años de fabricación son iguales e incluso más nuevos comparándolos con los de la impugnante, al punto que hay 10 buses que fueron fabricados entre los años 2017 al 2019, todo lo cual desmentiría las afirmaciones de la recurrente, quien –según quien informa- pretendería describir al rotativo como una especie de nicho infamante, circunscrito a máquinas antiguas o improductivas. Además, agregó que los buses de la recurrente sí han transitado desde octubre de 2019 por Autopista del Sol y Lonquén, en distintos horarios y frecuencias, tal como se aprecia en documento que singulariza.

Sobre el detrimento económico y los problemas laborales que se proclaman en el recurso, sostiene que también son falsos e inefectivos, porque la recaudación bruta diaria de un bus no está condicionada inexorablemente a la variante por la cual se desempeñe, sino a factores muy diversos, como puede ser el día de la semana, el compromiso e idoneidad del chofer recaudador, los accidentes y retrasos imperantes en el tránsito, la cantidad de vueltas que cada bus ejecuta, los gastos internos de administración del empresario, etc.; a lo que añade que la variante Autopista del Sol es una de las que genera mayores gastos asociados, y consecuentes menores saldos a favor del empresario, según las planillas que acompaña la actora y su comparación con las incorporadas por esa parte.

En relación al conflicto derivado de las sumas faltantes de dinero de la Asociación, señala que apenas fueron desveladas las irregularidades perpetradas durante el período en que la Srta. nombre reservado fungió como tesorera, se dedujo primero por el actual tesorero don nombre reservado una denuncia ante la Policía de Investigaciones (30 de agosto de 2019), a la cual se le asignó en la Fiscalía Local el RUC 1900936375 – 3, y recientemente ha sido interpuesta una querella por los mismos hechos (15 de octubre de 2019), suscrita por el presidente del directorio de la Asociación, don nombre reservado, que fue declarada admisible por resolución del Juzgado de Garantía de Talagante de fecha 22 de octubre del año en curso (causa RIT 5408 – 2019, RUC 1910050921 – 3), y que en la Fiscalía Local fue agrupada con la otra causa con fecha 26 de noviembre pasado, encontrándose la investigación en pleno desarrollo, sin que sea efectivo que la imputada haya cooperado, pues no ha explicado ni justificado que pasó con los millonarios fondos que depositó en su cuenta personal del Banco Falabella. Asevera que se trata de hechos graves que han causado enorme decepción y conmoción en el seno de las entidades recurridas y que, en lo medular, fueron descritos en la querella, del modo siguiente: “ …que al menos entre los meses de febrero de 2015 y julio de 2019, la querellada doña nombre reservado desvió a su cuenta corriente personal del Banco Falabella N° [cuenta reservada], la suma de $284.784.000.- (doscientos ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos), depositando en dicha cuenta cheques abiertos que habían sido girados desde la cuenta corriente N° 01 – 20031 – 29, que FLOTA TALAGANTE mantiene en la oficina local del Banco Scotiabank. Según sus respectivos comprobantes de egreso de tesorería, cada uno de los 44 cheques que hasta ahora se han podido detectar como depositados y cobrados por la querellada en su cuenta corriente personal del Banco Falabella, figuraban extendidos supuestamente para pagos de compras de tickets, consignándose en ellos como beneficiario a “RODOVÍAS S.A.”, pero sin borrar las expresiones “la orden de” ni “o al portador”, de manera que la querellada los depositaba y cobraba a través de su ya indicada cuenta personal, apropiándose dolosamente de los respectivos montos, con el equivalente perjuicio para la Asociación, en la cual ostentó formalmente el cargo de tesorera hasta el 31 de julio del año en curso, siendo precisamente la suya una de las firmas necesarias para la expedición de los cheques de la Asociación”.

Afirma que la asignación de los buses de la recurrente a los rotativos no es más que una medida de ordenación interna, usual y equitativa, que no le irroga perjuicios económicos ni implica trato discriminatorio ni afectación de ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en el recurso. Más por el contrario, la adscripción pretérita en su calidad de directora, a recorridos fijos inamovibles, sí que habría implicado un intolerable trato discriminatorio en contra de los demás asociados. Alega que resulta paradojal que pretenda obtener protección constitucional para cohonestar una condición de privilegio en el contexto de la vida interna de órganos intermedios que precisamente existen y funcionan para asegurar el “bienestar social de sus miembros en relación con las actividades comunes” y la igualdad de “derechos y obligaciones” entre sus miembros, en un marco de promoción de la ayuda mutua para “mejorar las condiciones de vida de sus socios”, desde quien con sus actos, ha desconocido y defraudado las altas responsabilidades que durante tanto tiempo ostentó en los órganos de dirección de las recurridas, ha sido precisamente la recurrente, quien insidiosamente proclama que la flota “obtiene ingresos cuantiosos diariamente obviando en muchos casos el pago de los impuestos correspondientes, esto es, el IVA y la Renta en su caso”.

Dice que las decisiones impugnadas se han sustentado en la dirección superior que concierne al directorio de la Asociación en ejecución de las funciones descritas en el Decreto N° 212 de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y en los artículos 1° de la Constitución Política de la República, 551, 552 y 552 del Código Civil, y 47 de los estatutos sociales, cuyo texto transcribe.

Adjunta a su informe, los siguientes documentos: 1.- Copia del contrato de servicios cooperativos suscrito entre Tasacoop Ltda. y doña nombre reservado; 2.- Set de cinco (5) copias de contratos de trabajo celebrados entre la recurrente y distintos conductores; 3.- Listado de salidas y rutas de buses de doña nombre reservado, entre los días 07 de octubre al 14 de noviembre de 2019; 4.- Listado de buses que actualmente se desempeñan en el rotativo, con indicación de su número interno, patente, año, propietario, carrocería y clasificación; 5.- Set de planillas de recaudación del bus número interno 318 del empresario nombre reservado (conductor nombre reservado), correspondientes al mes de octubre de 2019; 6.- Set de planillas de recaudación del bus número interno 318 del empresario nombre reservado (conductor nombre reservado), correspondientes al mes de noviembre de 2019; 7.- Set de planillas de recaudación del bus número interno 141 del empresario nombre reservado (conductor nombre reservado), correspondientes al mes de octubre de 2019; 8.- Set de planillas de recaudación del bus número interno 04 del empresario nombre reservado (conductor nombre reservado), correspondientes al mes de octubre de 2019; 9.- Liquidaciones empresariales de la recurrente de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; 10.- Acta de sesión de directorio de Asociación Gremial de Empresarios de Taxibuses Flota Talagante, de 2 de octubre de 2019; 11.- copia de denuncia interpuesta en Fiscalía Local de Talagante por delitos de incendio, robo y daños, RUC 1901225307 – 1; 12.- Copia de último contrato de trabajo del conductor don nombre reservado; 13.- Copia de Ordinario N° 11088, de la Unidad de Asociaciones Gremiales del Ministerio de Economía, de fecha 26 de diciembre de 2019; 14.- Diagrama de programación de matinales; 15.- Fotografía de planilla de recaudación del bus N° 121, del 16 de enero de 2020; 16.- Copia de presentación de TASACOOP LTDA. a través de plataforma “DAES Digital”, de 23 de abril de 2020, donde se respondieron los oficios del DECOOP N° 271, de 13 de enero de 2020, y N° 3108, de 06 de abril de 2020; 17.- Copia del correo de confirmación de proceso (Id 130824); 18.- Copia del oficio Ordinario del DECOOP N° 3779, de fecha 12 de mayo de 2020.

Por ORD.: Nº11070 de 24 de diciembre de 2019 del Departamento de Cooperativas, se remitió a esta Corte, antecedentes solicitados, consistentes en copia del estatuto social, acta de la Junta General de Socios celebrada por la Cooperativa, con fecha 11 de abril de 2019, instancia en la cual se aprobó la reforma al estatuto social y certificado de vigencia con nómina de consejeros de fecha 5 de diciembre de 2019, de la Cooperativa de Servicio de Transporte de Pasajeros Talagante-Santiago Limitada, "Tasacoop Ltda. Y, además, se agregaron, en relación a la Asociación Gremial de Empresarios De Taxibuses Flota Talagante, copia del estatuto social vigente y del certificado de vigencia con nómina de consejeros de 5 de diciembre de 2019.

Más adelante se incorporó el ORD. Nº 4377 de 6 de julio del año en curso también del Departamento de Cooperativas, por el cual se reiteró la misma información y, adicionalmente, respecto a la Cooperativa de Servicio de Transporte De Pasajeros Talagante-Santiago Limitada, "Tasacoop Ltda.", se adjuntó copia del texto refundido del estatuto social vigente, el cual, fue remitido por dicha entidad por medio del ingreso web registrado.

También señaló respecto de los requerimientos realizados a ese Departamento, por doña nombre reservado, en relación a las sanciones que le habrían sido aplicadas por las entidades referidas, – sin que se hubiera señalado con claridad la sanción que efectivamente le fue aplicada-. Sobre dicho antecedente, dijo que por medio del Oficio Ord. Nº271 de fecha 13 de enero de 2020, el Departamento instruyó a la Cooperativa “Tasacoop Ltda.” para que informara al tenor de lo indicado por aquélla; lo que fue reiterado con posterioridad. Hicieron presente que hasta esa fecha, la Cooperativa no había dado respuesta a las instrucciones impartidas por ese Departamento sobre la materia, por lo cual, las instrucciones serían reiteradas por oficio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por el recurso se describen una serie de situaciones, pero en definitiva solo dos cuestiones concretas son las que se califican de actos ilegales y arbitrarios, en tanto los demás aparecen como elementos accesorios de contexto.

En este orden de ideas, la recurrente afirma que siendo ella tesorera de la asociación recurrida, existieron problemas derivados de la suscripción de algunos documentos, lo que terminó con una denuncia y posterior querella ante el Ministerio Público, pero ella misma aclara luego, que su cargo como tesorera concluyó por vencimiento del periodo establecido y que está colaborando con la indagación que realiza el persecutor penal, afirmando que dicho asunto deberá ser zanjado en esa sede. En consecuencia, si bien se abunda sobre tal asunto, la misma parte precisa que tal cuestión no es materia de esta acción constitucional.

SEGUNDO: Que, asimismo, la recurrente afirma que a consecuencia de aquellos mismos hechos, ella habría sido “sancionada” con la suspensión de sus buses en los recorridos Autopista y Lonquén, que luego precisa diciendo que habría sido objeto del “cambio de variante”, lo que en definitiva significa que las máquinas que ella mantenía trabajando en dicho recorrido -que reportaría mayores ingresos económicos-, fueron destinadas a partir de octubre del año pasado, al recorrido rotativo, que sería uno que, por el contrario, le reportaría un ingreso mucho menor.

Si bien señaló en una parte de su recurso, que esto no era una sanción impuesta por el directorio, en el resto del libelo expresó que se trataba de una pena impuesta de modo ilegal, arbitrario y en forma discriminatoria, al punto que la garantía que estima vulnerada, dice relación con ello.

Añade en torno a esta alegación, que tiene un derecho adquirido sobre el cupo en la variante que reclama y, además, que el menoscabo no solo se le produce por el menor ingreso en el trabajo en la ruta, sino que además, porque sus choferes, quienes habrían sido contratados para trabajar en aquella -y se entiende según sus palabras que solo en aquella variante- al recibir un menor ingreso, tanto habrían presentado reclamos, cuanto estaría expuesta a recibirlos, precisamente por dicho motivo, diciendo al mismo tiempo que la baja en la remuneración de sus empleados debiera sufrirla ella.

TERCERO: Que como segundo acto que reclama ilegal y arbitrario, está la supuesta negativa a otorgársele los beneficios que le corresponden como socia, los que describe como la posibilidad de acceder a descuentos y/o pagos a plazo en repuestos y accesorios para sus máquinas.

CUARTO: Que en parte de su recurso, afirma que además se le debería una liquidación de socia desde septiembre de 2019, por un valor cercano a los ochocientos mil pesos, reconociendo a la vez, que de aquella se habría hecho descuento por pagos de servicios y repuestos que ella no había pagado con los beneficios antes mencionados. Sin embargo, esta deuda a que se refiere en su recurso, no está plasmada en el petitorio del mismo, donde solo hizo peticiones en relación a los beneficios y a la denominada sanción de cambio de variante.

QUINTO: Que el representante de las recurridas, negó que existiera sanción alguna contra la recurrente y aseveró que, siendo una organización que funciona en pro de la ayuda mutua, organizando un servicio que se presta a la comunidad, no existen recorridos asignados de modo exclusivo para un socio o para un grupo determinado de socios, sino que por el contrario, los recorridos se asignan y distribuyen conforme a ciertos parámetros, siendo lo propio de ellos, que exista rotación entre los socios que satisfacen las exigencias necesarias para ellos.

Añadió que la recurrente carece de un derecho permanente sobre la ruta Autopista del Sol o la de Lonquén y que hay máquinas incluso mejores que las suyas sirviendo esa ruta y también la rotativa; como además, que atenta contra los principios que fundan la cooperativa misma, que aquélla en su calidad de dirigente haya hecho uso por largo tiempo de una variante que ella misma estima de mayor ingreso, en desmedro de los demás socios.

Explica el sistema de turnos y hace presente que algunas de las máquinas de la recurrente sí han circulado por la ruta que ella estima preferente, después del 7 de octubre pasado, agregando que en el cambio tuvo incidencia el hecho que la reclamante vendió dos de las máquinas que servían en la rotativa, lo que además, naturalmente conllevaba un nuevo ordenamiento.

Sin perjuicio de lo dicho, señaló que la variante Autopista del Sol y Lonquén, no es necesariamente la que genera mayor ingreso, porque tiene también mayores gastos y se refirió a rentas mejores obtenidas por algunos choferes en la ruta rotativa, diciendo que en estos resultados influye no solo la ruta, sino que también la hora, las condiciones del tránsito y otras situaciones imprevistas.

Por último, en cuanto al perjuicio que la recurrente reclamó, supuestamente derivado de las protestas de sus choferes por el cambio de variante, explicó que la flota trabajaba con contratos tipo, donde se dejaba constancia que los choferes podían serlo de máquinas en cualquiera de las variantes que gestiona la recurrida.

SEXTO: Que en relación a los beneficios que no se habrían otorgado o respetado a la recurrente, el representante de las recurridas nada dijo, pero consta de su informe que existirían prestaciones de esa naturaleza, precisamente contratadas en el ámbito de la mejor gestión de las recurridas, pero sin que conste de modo preciso en qué consisten y la forma y condiciones de acceder a ellos.

SÉPTIMO: Que del análisis de los antecedentes incorporados por las partes y en especial de sus argumentos y de los estatutos que las rigen, no existe constatación alguna que avale la alegación de la recurrente respecto de que el cambio de variante que se habría dispuesto para algunas máquinas de su propiedad corresponda a una sanción, siendo por el contrario, más verosímil, que sea resultado de la gestión interna de la flota. Al respecto, se lee del Contrato de Servicios Cooperativos, en su parte introductoria y primeros cuatro artículos, que siempre se alude a la existencia del vínculo del asociado para satisfacer las necesidades de los usuarios en todos los recorridos que sirve la flota, sin distinguir ni asegurarse alguno de ellos en particular a la contratante, lo que se enfatiza con mayor precisión en el artículo séptimo de esa convención, donde se establece la obligación de servicio de Tasacoop, comprendiéndose entre ellas, en el 8.4, la programación diaria de la salida de todos los choferes en los recorridos que Tasacoop designe, lo que debe poner en conocimiento de los conductores con la debida anticipación.

Del mismo modo, y también en cuanto pretende que este cambio le produciría perjuicio por las protestas de sus choferes, se lee de los contratos aparejados al proceso, que aquellos contemplan cláusulas tipo donde se indica que el chofer (contratado por la recurrente) se compromete a realizar su trabajo en los recorridos administrados por la asociación gremial de empresarios de taxibuses Flota Talagante, cuando el empleador así lo decida, lo que desde luego, presenta un indicio claro sobre las obligaciones contraídas por la recurrente con la flota.

Sin perjuicio de ello, la propia solicitante de autos ha sostenido que ella tendría un “derecho adquirido” sobre una suerte de cupo en la variante que le interesa, lo que tampoco es factible de ser establecido en un procedimiento cautelar de esta naturaleza, cuya procedencia corresponde a quien exhibe un derecho indubitado con el objeto de amparar la situación vigente.

OCTAVO: Que, en este sentido, el recurso de protección no aparece adecuado para resolver el asunto que interesa a la compareciente a lo que debe agregarse necesariamente, que ella misma ha recurrido al Depto. De Cooperativas solicitando fiscalización en torno a otras discrepancias que dicen relación con la citación al directorio.

NOVENO: Que, en lo que cabe al reclamo sobre la falta de otorgamiento de ciertos beneficios, sucede por una parte que aquellos no han sido suficientemente precisados, tanto en su procedencia, condiciones de otorgamiento, exigencias y requisitos; y, por otra, que no hay justificación que permita sostener que aquellos hayan sido o no pedidos y, en su caso, negados u otorgados o que lo hayan sido en las condiciones o en los casos que se encuentren regulados, por lo que no es posible hacer análisis alguno sobre esta materia, cuyo alcance también aparece exceder a los márgenes propios de esta acción cautelar.

DÉCIMO: Que, en atención a lo señalado, dado que no es posible tener por establecida la existencia de los actos que se dicen ilegales y arbitrarios en esta sede cautelar, no resulta necesario examinar la posible conculcación de los derechos constitucionales que se dicen amagados.

Y visto lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza el promovido por la abogada Brenda Pérez Pinto, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Cooperativa de Servicio de Transporte de Pasajeros Talagante-Santiago Limitada y en contra de Asociación Gremial Flota Talagante.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la Ministra Sra. Carolina Vásquez Acevedo.

N° 13484-2019 – Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. Carolina Vásquez Acevedo y Sr. Carlos Hidalgo Herrera.