EMPRESAS CAROZZI S.A. con INSPECCIÓN DEL TRABAJO MAIPO

Santiago, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

A fojas 5, don Sergio Fuica Gutiérrez, en representación de Empresas Carozzi S.A, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Maipo, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Ordinario N°100/2018 de 16 de febrero de 2018, que declaró extemporáneo un recurso de reconsideración administrativo, al no haber sido presentado dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de la notificación de la Resolución N° 1181/17/5, de 23 de enero de 2017, notificada el 14 de febrero de 2017, que la sancionó con sendas multas.

Considera que con tal actuación se han vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución Ordinario Ord N° 100/2018 de 16 de febrero de 2018, ordenando al órgano administrativo conocer su solicitud de reconsideración de la resolución de multa N° N°1181/17/5 de 23 de enero de 2017, presentada por su parte.

Sostiene que el 23 de enero de 2017, la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, le cursó multas administrativas, las que fueron notificadas a su representada mediante el envío de carta certificada, misiva que fue notificada en virtud de lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 14 de febrero de 2017 Indica que solicitó la reconsideración administrativa de la multa ya indicada ante la autoridad competente, solicitud enviada con fecha 17 de marzo de 2017, recibida por la oficina de partes de la Inspección del Trabajo Maipo, pero el 16 de febrero de 2018, la reconsideración fue rechazada de plano por la recurrida, aludiendo en la resolución ordinaria N° 100/2018, lo siguiente: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación que impuso esta sanción”. Esta resolución fue notificada por carta certificada recibida en la oficina de correos también con fecha 16 de febrero de 2018.

Explica que en el Código del Trabajo no existe norma expresa que regule el cómputo de dicho plazo y, tratándose de un recurso presentado en etapa administrativa, debe aplicarse en forma supletoria la Ley N° 19.880 que regula los procedimientos administrativos, la que en su artículo 25 referido al cómputo de plazos en dichos procedimientos, dispone que éstos son de días hábiles, estableciendo que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. Por lo tanto, existiendo norma especial que regula dicho plazo, debe estarse a ella.

De este modo, dice, el razonar del recurrido no se condice con el tenor de lo dispuesto en las normas respectivas del Código del Trabajo.

Señala que mediante tal actuación -de suyo ilegal- se priva a la afectada del legítimo derecho para rever las sanciones señaladas, y por tanto, sufriendo un perjuicio que por esta acción busca detener.

En seguida, expone que se ha incurrido en una acción ilegal, toda vez que se ha dado una interpretación antojadiza, y por lo mismo, errada de las normas que regulan el accionar fiscalizador y sancionatorio de esta entidad administrativa al momento que se solicita la reconsideración de multa, señalando aquella que tal facultad se encontraba precluida por haber hecho la solicitud fuera del plazo legal. Luego cita el artículo 512 del Código del Trabajo e indica que tanto la autoridad fiscalizadora como la afectada tenían muy claro los plazos y términos para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en cuanto revisión de las sanciones cursadas.

Lo que claramente no es pacífico, es saber desde cuándo y hasta qué momento la afectada podía ejercer su derecho, y esto se dilucida precisamente en el artículo 508 del Código del Trabajo.

Finalmente se refiere al artículo 25 de la ley 19.880, de carácter especial y que regula la materia de plazos en reconsideraciones administrativas, en cuanto éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

En la especie, la notificación realizada a la afectada por las multas cursadas fue efectuada por carta certificada, las que como también es conocido por ambas partes, se hizo con fecha 14 de febrero de 2017, por lo que –luego de simples operaciones aritméticas de acuerdo al tenor claro de las normas recién citadas - el plazo para presentar reconsideración de la multa administrativa se cumplía el 28 de marzo de 2017.

En virtud de todo lo argumentado hasta ahora, queda de manifiesto el acto ilegal efectuado por el recurrido -en el cual no solo se contravino de manera formal el tenor de la ley, sino que se desconoció de manera flagrante la norma que regula esta materia -al indicar éste, en su respuesta, que la fecha de notificación correspondió al día 14 de febrero de 2017. Digamos, con este actuar la fiscalizadora desoye una norma expresa convoca -contenida en el artículo 512 y 25 ya citados.

A continuación se refiere a las garantías constitucionales amagadas y pide tener por presentado recurso de protección en favor de Empresas Carozzi S.A., en contra de don nombre reservado, funcionario público, con cargo de Inspector Provincial del Trabajo Maipo, ya individualizado en estos autos, se restablezca el imperio del derecho, declarando que el recurrido ha actuado al margen de la ley, de manera ilegal y que a consecuencia de estos actos se han vulnerado las garantías constitucionales contenidas en el Artículo 19 N° 2, 3, y 24; y que por lo mismo deberá ponerse a fin a la irregularidad cometida y establecida en Resolución Ordinaria N° 100/2018 de la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, emitido con fecha 16 de febrero de 2018, dejándola sin efecto, exigiendo así un comportamiento conforme a derecho, ordenando dar curso a la reconsideración sometida a su conocimiento.

Consta también el informe evacuado por don Juan Pablo Doyhamberry Viera, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo, Maipo, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que la acción cautelar se ha interpuesto en contra de un ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo y que el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados, por lo expuesto solicita se declare que el recurso incoado es improcedente.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, puesto que no existe acto arbitrario, pues el Ordinario que se pronunció sobre la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa de multa, que motivo el recurso de protección en contra de su representada, se dictó razonada y fundadamente virtud de los artículos 512 y 508 del Código del Trabajo.

Tampoco el mencionado Ordinario puede ser tildado de ilegal, toda vez que fue dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, por lo que no se actuó de manera contraria a la ley.

En la especie, se ha recurrido contra un Ordinario dictado en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley al Servicio, en virtud de un mandato legal expreso, el cual debe ser cumplido por su representado, con pena de incurrir en falta funcionaria.

Así las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

Acusa que lo que persigue la recurrente, es solo impugnar un Ordinario legalmente pronunciado, por el solo hecho de ser desfavorable a sus intereses, por intermedio de un procedimiento impropio, pues si entiende que el Ordinario N° 100 lo perjudica, debió alegarlo ante el juez de fondo competente según lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

En subsidio, expone que no se han conculcado las garantías constitucionales que el recurrente invoca, pues éste presentó su solicitud de reconsideración de la multa administrativa, el día 17 de marzo de 2017, en forma extemporánea, pues el plazo caducó el 16 de marzo del mismo año. Ello por cuanto el plazo para solicitar la reconsideración administrativa es de 30 días corridos, lo que ha sido zanjado por la Contraloría General de la República.

Finaliza solicitando el completo rechazo del recurso de protección incoado, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que se ha amagado los derechos garantizados en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad.

Tercero: Que las partes concernidas aparejaron los siguientes documentos:

a) Copia de la resolución de multa N°1181/17/5 de 23 de enero de 2017, notificada el 14 de febrero de 2017.

b) Copia del Ord N° 100/2018 de 16 de febrero de 2018 de la Inspección Provincial del Trabajo Maipo, que informa inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración de multa administrativa.

c) Copia de Formulario para solicitar recurso de reconsideración, presentado por Empresas Carozzi S.A. de fecha 17 de marzo de 2017.

Cuarto: Que por la presente acción cautelar, la parte recurrente reclama de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida, que estima arbitraria e ilegal, por la que se rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada ésta de forma extemporánea.

Quinto: Que como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en los autos Roles N° 8384-2014 y 18414-2015, entre otros, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Ello se explica porque se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Sexto: Que constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el día 17 de marzo de 2017, por lo que el mismo fue deducido dentro del plazo aludido en el considerando anterior, desde que la resolución impugnada le fue notificada el día 14 de febrero del mismo año.

Séptimo: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio.

En atención a dichas consideraciones y lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el deducido en lo principal de fojas 5 por el abogado don Sergio Fuica Gutiérrez, en representación de Empresas Carozzi S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Maipo, dejándose sin efecto la Resolución Ordinario N° 100/2018 de dieciséis de febrero del año en curso, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente, respecto de la Resolución de Multa N° 1181/17/5, de 23 de enero de 2017.

Regístrese y archívese.

ROL N°1342-2018-pro Redacción de la ministra Sra. Lazen.

Pronunciado por los ministros señor Carlos Farías Pino, señora Claudia Lazen Manzur y abogado integrante señor Juan Kadis Cifuentes.