nombre reservado con COMPAÑIA ELECTRICA LOS MORROS S.A.

nombre reservado, siete de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 22 de enero de este año comparece el abogado don Rodrigo Esteban Ortiz Valenzuela, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado Maipo, casa N°7, San Bernardo, y recurre de protección en contra de su empleadora, Compañía Eléctrica Los Morros S.A., del giro de su denominación, representada por don nombre reservado y don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por amenazarlo con quitarle la vivienda que le fue entregada como parte de sus remuneraciones y que habita junto a su familia desde el 2010, ya que la empresa pretende demolerla durante el mismo mes, sin otorgarle plazo ni compensación económica respecto de los gastos en que incurrió para habilitarla, actuar que califica como ilegal, arbitrario y lesivo de las garantías tuteladas en el artículo 19 N°s 1 y 24 del texto fundamental. Denuncia que el 24 de diciembre de 2021 recibió un correo electrónico del gerente general de la compañía, don nombre reservado, confirmándole que será desalojado de la vivienda, lo que se informó a todo el personal durante una reunión a la que el trabajador recurrente no asistió por encontrarse en descanso. Asevera que desde entonces ha sufrido presiones y hostigamientos de su empleadora, consistentes en las faenas realizadas en el predio donde está la vivienda y en diversos mensajes de texto recibidos vía “WhatsApp” hasta el 21 de enero pasado.

Expone que hace más de 13 años se desempeña como operador de generadores eléctricos para la empresa recurrida y que en el año 2010 recibió una de las siete casas ubicadas en el recinto de la central hidroeléctrica para vivir junto a su familia, como parte de la remuneración convenida. Destaca, sin embargo, que la compañía dejó de pagar gratificaciones a sus trabajadores desde 2018, por pérdidas en su ejercicio. Agrega que, para remontar su insolvencia, la empresa comenzó a desarrollar la expansión de una matriz solar en las instalaciones de la central hidroeléctrica, por lo que, durante la aludida reunión citada el 13 de diciembre de 2021, don nombre reservado comunicó a los trabajadores que debían desalojar las casas dentro de 40 días. Añade, a raíz de lo anterior, que su representado solicitó vía “WhatsApp” una reunión a don nombre reservado, para consultarle si la empresa lo ayudaría, porque se quedaría sin casa, a lo que se le respondió negativamente.

Asegura, sin perjuicio de esto último, que su jefe directo, don nombre reservado, le comentó el 16 de diciembre de 2021 que don nombre reservado lo instruyó para consultar quiénes se querían ir de la central hidroeléctrica para ser considerados con el pago del total de su indemnización por años de servicio, anotándolo al respecto. Menciona, no obstante, que don nombre reservado negó al recurrente tal oferta de aceptación de renuncia voluntaria con pago del total de la indemnización por años de servicio que correspondiere, durante la reunión citada el 18 de diciembre siguiente, tratándolo de mentiroso, sólo ofreciéndoles que se comuniquen con el gerente don nombre reservado, lo que realizó el 20 de diciembre de 2021.

En seguida, señala que el 24 de dicho mes y año recibió respuesta, pero de don nombre reservado, instándolo a desalojar la vivienda donde reside junto a su familia y a relevar lo relacionado con las condiciones de su eventual renuncia, a la negociación que resulte con la gerencia general. Hace presente que el 29 de diciembre de 2021 durante una reunión sostenida con los señores nombre reservado y nombre reservado, se le ofreció la aceptación de renuncia voluntaria con pago del 50% de la indemnización por años de servicio que le correspondiere, lo que rechazó y motivó el reproche del primero, quien le imputó ser un problema para la empresa y que sus compañeros de labores no lo soportaban. Indica que a causa de esto se le otorgó licencia médica por estrés laboral desde el 29 de diciembre de 2021 Indica que trabajadores externos de la empresa accedieron a su vivienda desde el 7 de enero pasado para realizar calicatas en terreno, no obstante la oposición del trabajador recurrente, lo que motivó una comunicación vía mensajería “WhatsApp” remitida el mismo día por don nombre reservado, instándolo a flexibilizar su postura, quien lo encaró además por no encontrarse en su domicilio pese a encontrarse con licencia médica. Resalta, finalmente, que recibió un nuevo mensaje el 21 de enero pasado con el siguiente tenor: “…nombre reservado, buenas tardes, en directorio del día de ayer, se instruyó el solicitar a Ud. flexibilizar su postura, la empresa decidió poner término a su contrato pagando sus años de servicio según lo legal, esto en el entendido, reitero flexibilizar, su postura de no salir de la casa habitación que la empresa cedió al momento de inicio de su contrato, le escribo en forma personal para conocer su postura, todo esto, como usted a de entender con la finalidad de levantar la demora que se está generando en el inicio del proyecto solar por su situación, condición que puede afectar a todo el personal de la central. Espero tener respuesta suya y terminar el tema por la vía normal, como ha sido en la salida del personal, en la historia de Los Morros. Estoy atento si tiene interés en conversar personalmente el tema. Buenas tardes…” – todo lo cual, estima constituye manifestación de la persecución constante que denuncia contra los administradores de la empresa recurrida.

Propugna, en consecuencia, que la persecución denunciada afecta su derecho fundamental a la integridad física y psíquica, en la medida que los actos descritos perturban gravemente su tranquilidad, y que el desalojo reprochado amenaza la propiedad que invoca respecto del derecho a la vivienda, en tanto cuanto, constituye parte de las remuneraciones percibidas desde el 2010. Pide, en definitiva, que acogiéndose con costas el recurso, se declaren ilegales tanto las amenazas como los actos de acoso y hostigamiento para forzarlo al desalojo de la vivienda en que vive junto a su familia desde el 2010, como parte de sus remuneraciones, y se ordene que cesen.

Segundo: Que informa por la empresa recurrida, el abogado don Diego Messen Gaete, quien pide su rechazo con costas del recurso de protección intentado en su contra.

Reconoce la relación laboral que vincula desde el 1 de junio de 2008 a su representada con el recurrente y la asignación de la vivienda donde este ha vivido durante años junto a su familia desde el 2010, la que avalúa en $150.000.- mensuales. Sostiene la incompetencia de esta Corte respecto del conflicto de naturaleza jurídica del conflicto que subyace a este asunto. Ilustra que la Compañía Eléctrica Los Morros S.A. explota la central hidroeléctrica del mismo nombre, que se emplaza al borde del Río Maipo en San Bernardo.

Explica que, como consecuencia de la grave situación de sequía sufrida desde hace más de 13 años, disminuyó el caudal del Río Maipo y con ello, la producción de electricidad en más de un 60%, por lo que desde el 2019 emprendió para mitigar los daños el proyecto solar fotovoltaico Los Morros, mediante una primera matriz que abarcó el máximo de los espacios de terreno a fin de evitar afectar las viviendas de sus trabajadores. Expresa, sin embargo, que la empresa debió restructurarse y adecuarse a las externalidades del cambio climático a fin de continuar generando energía renovable, por lo que la junta de directorio de 21 de octubre de 2021 aprobó un nuevo proyecto de paneles solares en terrenos de la central, que comprenderá el terreno donde están cinco de las siete viviendas de los operadores y supervisores de la compañía, requiriéndose su restitución.

Asegura que tal decisión fue comunicada a los trabajadores involucrados en la reunión de 13 de diciembre de 2021, a la que no concurrió el trabajador recurrente, en la que se les informó que serán compensados con $150.000.- mensuales, además de un plazo razonable para la restitución y se les solicitó facilitar la entrada al terreno -no a la vivienda- a fin de iniciar el estudio técnico del suelo. Añade que el 15 de diciembre de 2021 se reunió el administrador de plantas, don nombre reservado, y el recurrente, ocasión en que se le ratificó la información precedentemente reseñada. Mas, asevera que este pretendía obtener el pago anticipado de su indemnización por años de servicios a fin de construir en una parcela de su propiedad un centro de recreación, cuya explotación constituiría su nueva fuente de ingresos, negándose a abandonar y devolver la casa que le fue asignada.

Afirma que cada requerimiento de información y reunión efectuado por el actor fue atendido por la empresa. Enfatiza, también, que siempre se le notificó y garantizó que la entrega de la vivienda no importaba la pérdida de su trabajo, sino que ello constituía una medida de urgencia ante los daños y pérdidas ocasionados por la sequía. Hace presente, además, que la propiedad de las viviendas pertenece a la compañía, sin perjuicio de insistir en que su restitución conllevará la correspondiente compensación. Destaca que el 12 de enero se envió carta certificada formal para informar la necesidad de desocupar y restituir la vivienda hasta el 30 de marzo del presente año, explicitándosele los motivos que justifican la necesidad de la medida adoptada, además de garantizarle que será compensado ulteriormente con $150.000.- mensuales, conforme al criterio explicitado por la Dirección del Trabajo al ser requerida al respecto a fin de garantizar su indemnidad patrimonial.

Niega que la empresa a través de sus representantes hubiese acosado u hostigado al actor para obtener la restitución de la vivienda asignada, por lo que estima que no incurrió en el actual ilegal, arbitrario y lesivo que se le atribuye, además de destacar que la medida adoptada por la empresa no solo afectó al trabajador recurrente, sin perjuicio que ha sido el único que se ha opuesto a la restitución de las viviendas, pese a resultar ello indispensable para la adecuada ejecución del proyecto, por lo que descarta, finalmente, que se hubiese alterado ilegítimamente la situación preexistente.

Tercero: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Quinto: Que las alegaciones en cuanto a la incompetencia de esta Corte para conocer de los hechos denunciados por la presente vía, no tienen asidero alguno. En efecto, es el artículo 20 de la Constitución Política de la República que expresamente hace la salvedad al respecto, al señalar que la acción de protección del afectado “…es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Sexto: para resolver la acción cautelar, conviene tener presente que, las partes están de acuerdo en la relación laboral que los une, que la empresa recurrida Compañía Eléctrica Los Morros tiene una Central Hidroeléctrica al borde del Río Maipo, en la comuna de San Bernardo, donde parte de su predio lo destinó para la construcción de viviendas para que fueran ocupadas por siete de sus trabajadores. También existe consenso en la existencia de un proyecto de Paneles Solares que se instalarán donde se ubican esas viviendas; que la recurrida solicitó a esos trabajadores que desocuparan las casas, ofreciéndoles a cada uno de ellos una compensación de ciento cincuenta ml pesos mensuales para que los destinarán a arriendo de casas, lo que fue aceptado por todos, salvo el recurrente que permaneció viviendo en ese lugar.

Séptimo: Que, ahora bien, señala el recurrente que debido a su negativa a aceptar el ofrecimiento de la empresa recurrida, ha sufrido de parte de ésta acoso y hostigamiento para que restituya la vivienda, que lo han amenazado, lo que le ha traído como consecuencia enfermarse y el otorgamiento de licencias médicas psiquiátricas que lo tienen en descanso total, y que dichos actos vulneran su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y también el derecho a la propiedad de ocupar esa vivienda.

Octavo: Que, los actos de hostigamiento o persecución que denuncia el recurrente, son absolutamente desconocidos por la empresa recurrida, la que ha señalado que, por el contrario, desean seguir contando con la relación laboral con el recurrente, a quien incluso se le ofreció una asignación de vivienda de $150.000.- mensuales.

Noveno: Que, la amenaza “debe constituir peligro de suceder algún mal”, “indicio de sobrevenir de un modo inminente algo malo o desagradable”, (nombre reservado), en tanto que el acoso u hostigamiento es toda conducta abusiva y específicamente los comportamientos de palabra, actos, gestos, escritos o mensajes dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar a una persona y que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio o integridad. Nada de estas conductas han sido demostradas en estos antecedentes que provengan de la recurrida, lo que descarta cualquier acoso u hostigamiento de los denunciados en el recurso, incluido, además, el acoso laboral, establecido en el inciso 2 del Código del Trabajo, que también consagra la agresión u hostigamiento en el plano laboral, los que en todo caso requieren reiteración y que perjudique la situación laboral del reclamante, todo lo cual no se da en el presente caso.

Décimo: Que, en virtud de lo antes señalado, se concluye que no se acreditó la existencia de actos que constituyan una perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Carta Fundamental, por lo que el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por el abogado Rodrigo Esteban Ortiz Valenzuela en representación de nombre reservado, en contra de la Compañía Eléctrica Los Morros S.A., sin costas por estimarse que hubo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Luis Sepúlveda Coronado.

N° 133-2022-Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sra. M. Carolina Catepillán Lobos, Sra. Liliana Mera Muñoz y Sr. Luis Sepúlveda Coronado.

Se deja constancia que no firma la Ministro Sra. Liliana Mera Muñoz no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse ausente.