Protección contra Inspección del Trabajo de San Bernardo

Foja 50 Cincuenta San Miguel, dieciocho de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 12 doña nombre reservado, auxiliar de enfermería, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección del Trabajo de San Bernardo.

Funda su accionar en que con fecha 24 de abril de 2014, fue notificada por la Tesorería General de la República de una deuda vigente por multa cursada por inconcurrencia a la Inspección del Trabajo, por la cantidad de $135.463, en su calidad de supuesta empleadora de nombre reservado, este último hecho, se demostró no ser efectivo en el juicio laboral respectivo.

Acusa como infringidas las garantías constitucionales de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica de Chile.

19 N° 3: se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, debido proceso y a la defensa judicial que le corresponde, al imponérsele el cumplimiento de una medida gravosa y expropiatoria sin haber participado de un proceso judicial previo, y sin la posibilidad de efectuar alegaciones para revertir lo resuelto por dicho órgano, ya que nunca fue citada al no haber sido empleadora del denunciante.

19 N° 24: la propiedad sobre los bienes fungibles de los cuales se le pretende despojar por parte de la Inspección del Trabajo, y la multa impuesta, afectan su patrimonio, pues al imponérsele la obligación de pago de una multa ilegal, se le priva del uso y explotación de los bienes fungibles de su patrimonio, además se le privaría del derecho legalmente adquirido de usar, gozar y disponer de ellos a su libre albedrio.

Agrega que la recurrida se ha excedido en sus facultades jurisdiccionales, al decretar en contra de un tercero una medida sin tener certeza de la existencia de una relación contractual entre las partes, cuestión que es competente de conocer la justicia ordinaria y no organismos administrativos, agrega además, que el monto de la multa carece de racionalidad, lógica y fundamento.

Respecto de la procedencia del recurso, expresa que atendida su calidad de tercero ajeno al acto administrativo, se encuentra impedida de ejercer recursos ordinarios para obtener se enmiende conforme a derecho los actos del infractor, razón por la cual la acción de protección sería la vía idónea para restablecer el imperio del derecho, solicita que se declare ilegal y arbitraria la imposición de una sanción administrativa para un tercero ajeno a una relación laboral con el denunciante, tal como se demostró en el juicio laboral que se siguió ante el Juzgado de Letras de San Bernardo, requiriendo que se adopten cada una de las providencias que el tribunal determine para el restablecimiento del derecho.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Aviso recibo tesorería, emitido el 24 de abril de 2014 por la Tesorería General de la Republica, a nombre de la recurrente, por una infracción por la suma de $135.463-.

2.- Copia de la sentencia dictada en causa RIT O-254-2013, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, que rechazo en todas sus partes la demanda de nulidad del despido, despido incausado y cobro de prestaciones, interpuesta por nombre reservado en contra de la recurrente y en contra de un señor nombre reservado, por no haberse acreditado la relación de trabajo entre dichas partes.

A fojas 29, y actuando por la recurrida, informa al tenor del recurso doña nombre reservado, efectuando las siguientes alegaciones:

En primer término, la caducidad de la acción de protección, luego, en subsidio de lo anterior, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, para en subsidio de lo anterior, informar los hechos y circunstancias que han dado lugar a la presente acción, señalando que su representada no ha excedido sus facultades al cursar una infracción sin tener la certeza de la relación contractual que unía a las partes, actuando en el ejercicio de sus funciones al haberse constatado una ilegalidad clara, precisa y determinada ante la incomparecencia de la recurrente a la instancia administrativa estando legalmente notificada, reiterando que su actuar se enmarca dentro de las facultades expresamente entregadas por la ley, agregando que el artículo 497 del Código del Trabajo dispone que previo al inicio de una acción judicial se deduzca reclamo ante la Inspección del Trabajo, la que fijará la celebración de un comparendo, por lo que en tal sentido tampoco se desprende un acto de arbitrariedad por parte del funcionario al momento de cursar la infracción recurrida.

Finalmente concluye que el recurso de protección interpuesto es absolutamente improcedente, toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos y supuestos que la Carta Fundamental exige para su interposición y viabilidad, no habiendo afectación al derecho de propiedad, ni menos aun haber sido juzgado por comisiones especiales, por lo que la acción debe ser rechazada en todas sus partes, con costas.

Acompaña la recurrida, entre otros, los siguientes documentos:

1.- Ingreso de reclamo 1313/2013/1928, de 24 de julio de 2013.

2.- Copia de notificación de reclamación de 25 de julio de 2013, suscrita por la recurrente.

3.- Acta de comparendo de conciliación de 1º de agosto de 2013, que da cuenta de la inasistencia de la recurrente.

4.- Resolución de multa 7773/13/110-1, de 1º de agosto de 2013;

5.- Copia simple de la orden de trasporte de 12 de agosto de 2013, y anexo de consolidado, en donde se singulariza Resolución de Multa dirigida a la recurrente, en el domicilio domicilio reservado.

A fojas 185, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y se trata de un instrumento cautelar destinado a evitar de un modo urgente dicho amago por medio de la adopción urgente de medidas restauradoras.

Segundo: Que, son requisitos indispensables de la acción cautelar de protección: a.-) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es contrario a la ley o producto del mero capricho de quién incurre en él; b.-) que la acción u omisión denunciada provoque algún efecto en grado de privación, perturbación o amenaza; c.-) con desmedro, enseguida, de una o más de las garantías constitucionalmente protegidas. Consideraciones que resultan básicas para el análisis y la decisión de los recursos interpuestos.

Tercero: Que, asimismo, se requiere que el amparo constitucional se reclame dentro del plazo que al efecto establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula esta materia, esto es, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que, son hechos de este recurso los siguientes:

1.- Con fecha 25 de julio de 2013, se notifica personalmente a la reclamante, en su domicilio domicilio reservado, de su citación a una audiencia a efectuarse el día 1º de agosto de 2013 en la Inspección del Trabajo de San Bernardo, con motivo del reclamo efectuado a la misma por una persona que declaró ser trabajador dependiente de la recurrente;

2.- Con fecha 1º de agosto de 2013 se efectúa el Comparendo, sin la asistencia de la reclamada y ahora recurrente, quien no mandató a nadie para que la representara, ni acreditó haber concurrido posteriormente a la dependencia administrativa a justificar su inasistencia, ni a modificar el domicilio en el cual se la notificó personalmente de la citación;

3.- Ante la inconcurrencia de la reclamada, con fecha 1º de agosto de 2013 se dictó la Resolución de Multa nº7773/2013/110-1, por la cantidad de $135.463=, la que le fue notificada al mismo domicilio señalado anteriormente, por carta certificada ingresada a Correos el día 12 de agosto de 2013.

Quinto: Que, si bien en el caso de autos no existía contrato de trabajo entre las partes, con la notificación personal de la citación a la reclamada en el domicilio domicilio reservado, y el silencio posterior de aquella, quedó fijado como domicilio para estos efectos el recién señalado, por lo que la Inspección del Trabajo se encontraba facultada para notificarla en la forma contemplada en el artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que en conformidad a dicha disposición, al notificación se entendió practicada el día 20 de agosto de2013.

Sexto: Que, aparece con claridad del texto del libelo de protección, que el acto en contra del cual se recurre, es la resolución de multa nº7773/2013/110-1 de 1º de agosto de 2013, notificada a la recurrente el día 20 de agosto del mismo año, como se expresó en el considerando anterior, por lo que no cabe duda de que el presente arbitrio se interpuso fuera del plazo de 30 días que establece el Auto Acordado respectivo, y por ende no puede prosperar Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional planteada a fojas 12 por doña nombre reservado, en contra de la Inspección del Trabajo de San Bernardo.

Acordada, en lo que dice relación con la condena en costas, con el voto en contra del integrante Sr. nombre reservado, quien fue de opinión de no imponer dicha sanción a la recurrente.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, déjese sin efecto la orden de no innovar concedida a fojas 23.

Redacción del abogado integrante señor Ivo Skoknic Larrazábal.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 133-2014 Prot.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras Lya Cabello Abdala y María Teresa Díaz Zamora, y el Abogado Integrante señor Ivo Skoknic Larrazábal.

San Miguel, a dieciocho de junio de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.