nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN

San Miguel, trece de octubre de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Óscar Olivares Jatib, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en representación de nombre reservado, conductor de ambulancias, funcionario de planta de la dotación del CESFAM San Joaquín, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, representada por su presidente nombre reservado, por la dictación de las Resoluciones Exentas N°11, de quince de enero de dos mil veintiséis, y N°35, de diez de febrero de dos mil veintiséis, que dispusieron, respectivamente, su destitución y el rechazo del recurso de reposición deducido en su contra. Califica dichas actuaciones como ilegales y arbitrarias por estimar que la recurrida calificó erróneamente una patología médica como falta disciplinaria, vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República. Invoca, además, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Expone que el recurrente tiene 68 años de edad y que se desempeñó durante trece años como conductor de ambulancias en el CESFAM de San Joaquín, manteniendo, una conducta irreprochable y un desempeño ejemplar. Agrega que, al momento de los hechos, se encontraba en proceso de retiro voluntario al amparo de la Ley N° 20.919. Refiere que, con fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés, sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en el centro semioval derecho, que le provocó secuelas neurológicas permanentes, consistentes en desinhibición verbal y empleo involuntario de lenguaje procaz.

Sostiene que, mediante sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N°257, de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, la recurrida calificó las expresiones verbales del funcionario hacia la funcionaria nombre reservado como actos voluntarios de acoso laboral y maltrato verbal, estimando, además, que tales conductas constituían una transgresión al principio de probidad administrativa. En razón de ello, mediante Resolución Exenta N°11, de quince de enero de dos mil veintiséis, le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Señala que el recurrente dedujo recurso de reposición administrativa, el que fue rechazado por Resolución Exenta N°35, de diez de febrero de dos mil veintiséis, confirmándose la sanción impuesta. Indica que, en dicha resolución, la autoridad estimó que los antecedentes médicos acompañados no permitían acreditar que la patología del funcionario provocara un comportamiento incontrolable y desestimó que el lenguaje procaz constituyera un síntoma involuntario derivado de su condición neurológica.

Alega que la autoridad incurrió en una valoración irracional de la prueba y en desviación de poder, particularmente en el considerando duodécimo de la Resolución Exenta N°35, al cuestionar que la lesión neurológica pudiera provocar un lenguaje incontrolable, atendido que el funcionario continuaba desempeñándose como conductor de ambulancias. Asimismo, reprocha la falta de proporcionalidad de la sanción y la omisión de una debida ponderación de su edad, condición de salud, conducta anterior y proximidad del retiro, circunstancias que, a su juicio, debieron ser consideradas al determinar la medida disciplinaria aplicable.

Añade que la destitución le impide acceder al beneficio de incentivo al retiro contemplado en la Ley N°20.919, cuya pérdida afectará gravemente su calidad de vida durante la vejez, atendido el monto de la pensión que recibirá.

Solicita que se acoja el recurso, se dejen sin efecto las Resoluciones Exentas N°11 y N°35, se ordene su reincorporación inmediata o, en subsidio, la aplicación de una sanción de menor entidad, el pago de las remuneraciones devengadas durante el tiempo de separación del cargo, la preservación de su derecho a percibir los beneficios de la Ley N°20.919 y la condena en costas de la recurrida.

Segundo: Que evacúa informe la abogada Carolina Galindo Manríquez, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, solicitando el rechazo íntegro del recurso con expresa condena en costas.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso respecto de la Resolución Exenta N°11, de quince de enero de dos mil veintiséis, por estimar que la acción fue deducida una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos. Al efecto, señala que el recurso fue presentado el once de marzo de dos mil veintiséis, mientras que la destitución fue dispuesta mediante la referida resolución, posteriormente confirmada por la Resolución Exenta N°35, de diez de febrero del mismo año.

Asimismo, sostiene que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar el mérito de la prueba rendida en un sumario administrativo ni la proporcionalidad de las sanciones impuestas en procedimientos disciplinarios legalmente tramitados, por cuanto no está destinado a constituir una instancia general de revisión de los actos administrativos ni a declarar derechos controvertidos, sino a amparar derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

En cuanto al fondo, refiere que el sumario fue instruido por Resolución Exenta N°257 de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco a raíz de una denuncia formulada por la funcionaria nombre reservado por conductas de acoso laboral. Afirma que, conforme a los antecedentes reunidos durante la investigación, se acreditó que el recurrente profirió expresiones groseras, degradantes y humillantes contra dicha funcionaria, así como comentarios de similar naturaleza respecto de otras compañeras de trabajo, conductas que, a su juicio, constituyen acoso laboral y violencia de género, con resultado de maltrato y menoscabo para la denunciante.

Señala que el procedimiento disciplinario se desarrolló con observancia de las normas legales aplicables, en particular las Leyes N°18.883, N°19.378, N°19.880 y N°21.643, garantizándose al funcionario el derecho a defensa, mediante la formulación de cargos, la posibilidad de presentar descargos y aportar prueba, así como el ejercicio de los recursos correspondientes.

Manifiesta que las conductas acreditadas constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa y a las obligaciones funcionarias de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, previstas en el artículo 58, letras g) e i), de la Ley N°18.883, en relación con las disposiciones sobre acoso laboral del Código del Trabajo y el artículo 123 de la citada ley. Sostiene que, atendida la gravedad de la infracción a la probidad administrativa, correspondía aplicar la medida disciplinaria de destitución, sin que resultara procedente imponer una sanción distinta en consideración a las circunstancias personales invocadas por el recurrente.

En relación con la condición médica alegada, controvierte que las expresiones atribuidas al funcionario constituyan manifestaciones involuntarias de su patología neurológica. Argumenta que el carácter de las expresiones y su orientación hacia compañeras de trabajo no resultarían compatibles con la explicación médica sostenida por el recurrente, añadiendo que este mantenía su capacidad para desempeñarse como conductor de ambulancias. Asimismo, niega que la resolución impugnada adolezca de falta de fundamentación o de una valoración irracional de los antecedentes médicos.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, sostiene que la destitución se encuentra justificada por la gravedad de las conductas acreditadas y la infracción al principio de probidad administrativa, cuya entidad corresponde calificar a la autoridad competente. Añade que la trayectoria funcionaria, la edad y la proximidad del retiro del recurrente no lo eximen de responsabilidad por las conductas que se le atribuyen.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la igualdad ante la ley, niega que haya existido un trato discriminatorio por razón de edad o condición de salud, así como una omisión en la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Respecto del debido proceso, afirma que el sumario se tramitó con respeto al derecho a defensa del funcionario. Por último, en relación con el derecho de propiedad, sostiene que no existe un derecho de propiedad sobre la función pública ni sobre una mera expectativa de percibir el incentivo al retiro contemplado en la Ley N°20.919, cuya eventual pérdida atribuye a la aplicación de la sanción legalmente prevista.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para zanjar la presente acción constitucional, incumbe examinar si los hechos u omisiones denunciados en el recurso son ilegales o arbitrarios, y que ellos amenacen, priven o perturben al actor en una o más de sus garantías fundamentales amparadas por el presente arbitrio.

Del contexto de lo ventilado en estos autos, es posible establecer que lo impugnado corresponde a una reiteración de las alegaciones ya formuladas en sede administrativa mediante recurso de reposición, las que cuestionan razones de mérito o de ponderación que no habrían sido consideradas por la autoridad previamente a imponer la sanción de destitución.

Quinto: Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, fue haber proferido expresiones groseras, degradantes y humillantes contra otra funcionaria de la institución, asimismo comentarios de similar naturaleza respecto de otras compañeras de trabajo, conductas que constituyen acoso laboral y violencia de género, con resultado de maltrato y menoscabo para la denunciante, lo que genera afectación de carácter grave a la probidad y, por tanto, la recurrida al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general, teniendo especialmente presente que el artículo 8 de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionaros públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, consta de los antecedentes que el procedimiento disciplinario fue substanciado con respeto a las normas del debido proceso, asegurando el derecho a defensa, ya que fue oído el recurrente al prestar declaración y se le permitió presentar descargos, además de recursos respecto de las decisiones adoptadas, por lo que no se observa en esa tramitación alguna ilegalidad.

Séptimo: Que, de igual forma, la Excma. Corte Suprema ha sostenido en su jurisprudencia reiterada que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada a la recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas de la Excma. Corte Suprema roles N°18.823-2019, N°97.284-2020, N°150.201-2020, N°135.620-2022 y N° 137.862-2022, entre otras).

Por todo lo indicado, se evidencia que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales del actor, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1325-2026 Protección