SOCIEDAD COMERCIAL ALFAPLAS Y COMPAÑIA LIMITADA CONTRA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA

Foja: 45 Cuarenta y Cinco EN SANTIAGO a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que a fojas 9, comparece nombre reservado, empresaria, en representación de Sociedad Comercial Alfaplas y Compañía Limitada, sociedad del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección preventivo en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, Economista, ambos con domicilio en domicilio reservado, por haber efectuado esta última, compensaciones ilegales y arbitrarias de impuestos sin existir facultad para hacerlo, amenazando su derecho de propiedad, ya que se puede prever racionalmente, que existirá una nueva compensación arbitraria e ilegal durante el año 2016, por lo que solicita a esta Corte que adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección del derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, evitando así que se efectúen nuevas compensaciones, mientras no se cumplan los requisitos para que proceda la compensación y, asimismo, ordenando la devolución de los dineros retenidos por las compensaciones ilegales y arbitrarias efectuadas con anterioridad.

Indica que la Sociedad recurrente, Comercial Alfaplas y Compañía Limitada, anteriormente llamada de "Electricidad Condumex Limitada" sufrió la injusta liquidación de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos, que se generó por no haber acompañado documentos originales de facturas que contenían los créditos de IVA y documentos que acreditaban costos directos respecto al Impuesto a la Renta, encontrándose, incluso, varias de las partidas de esa liquidación prescritas.

Explica que el reclamo interpuesto en aquella oportunidad, se perdió básicamente, porque el contribuyente fue representado por un contador auditor y no un abogado, lo que implicó que no se acompañaran los documentos en la forma debida, ni se alegó oportunamente la prescripción. Añade que actualmente el cobro de impuestos se encuentra en la etapa de juicio ejecutivo de cobranza ante la Tesorería y contra el requerimiento de pago se opuso la excepción de pago y prescripción, las que se encuentran pendientes de resolver.

Refiere que no obstante lo anterior, existiendo esta causa pendiente, en la cual se opusieron las excepciones fundadas ya mencionadas, la Tesorería ha procedido a compensar las devoluciones de impuestos con esta cobranza, lo cual es del todo ilegal y arbitrario, ya que existiendo juicio pendiente, ésta solo podría embargar dineros o bienes, pero en ningún caso efectuar una compensación, como medio de extinguir la obligación, ya que no se cumplen los requisitos establecidos en la ley, específicamente, el artículo 1657 del Código Civil, el que establece expresamente que para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras.

Aclara que de este acto tomó conocimiento con fecha 6 de abril de 2016, dentro del proceso de declaración de impuestos, entendiendo que estamos en presencia de un hecho continuo en el tiempo y, además, por el carácter preventivo del recurso, estima que no es aplicable el requisito del plazo de interposición.

Señala que las compensaciones efectuadas por la Tesorería, son ilegales, ya que la calidad de deudor del contribuyente, aún no se encuentra establecida, toda vez que existe causa pendiente y tampoco se cumple con la norma especial que en materia tributaria existe, respecto de la compensación en el artículo 177 del Código Tributario, ya que en este caso opera a solicitud del ejecutado administrativamente, cuestión que no ha ocurrido.

Expone que, además, este acto es arbitrario, es decir, carente de racionalidad en el actuar, por cuanto en muchos casos lo que efectivamente realiza la Tesorería, son embargos y otras medidas conservadoras, pero no compensación, lo que demuestra su evidente discriminación arbitraria.

Añade que las compensaciones ilegales y arbitrarias que se han efectuado hasta el momento, y que permiten prever seriamente, que se producirá una nueva compensación, son las siguientes:

a).- At 2015 formulario 22 folio № 243715265 monto total compensado por Tesorería $ 23.676.642.-fecha compensación 23/9/2015.

b).- At 2014 formulario 22 folio № 241996074 monto total compensado por Tesorería $ 7.896.276.-fecha compensación 23/5/2014.

c).- At 2009 formulario 22 folio № 97980919 monto total compensado por Tesorería $ 20.038.880.-fecha compensación 22/5/2009.

Pide en definitiva, se declare ilegal y/o arbitraria la actuación de la Tesorería General de la República y se reestablezca el imperio del derecho, evitando que se efectúen nuevas compensaciones mientras no exista la facultad para hacerlo y, asimismo, ordenando la devolución de los dineros retenidos, por las compensaciones ilegales y arbitrarias efectuadas con anterioridad, todo ello con costas y sin perjuicio de las acciones civiles que se ejercerán en contra de la recurrida a objeto de obtener la reparación del daño causado.

Acompaña copia de escritura de constitución de Sociedad Comercial Alfaplas y Compañía Limitada.

SEGUNDO: Que a fojas 34, la recurrida evacuó el informe que le fuera solicitado y, luego de hacer una síntesis de lo reseñado por la actora, sostuvo que de lo expuesto se colige que la recurrente, demanda de protección por dos actuaciones distintas que califica de arbitrarias o ilegales, en primer término, por las retenciones y compensaciones, de los remanentes de pagos provisionales mensuales que arrojó su declaración de impuesto a la renta, para los años tributarios 2009, 2014 y 2015; y en segundo término, por la amenaza en la precitada garantía, ante la posibilidad que se realice una nueva retención respecto a la devolución de los remanentes correspondientes al año tributario 2016.

Alega, en primer lugar, la extemporaneidad e inadmisibilidad del recurso en lo referido a la alegación de ilegalidad y arbitrariedad de la retención y compensación de la devolución de renta correspondiente a los años tributarios 2009. 2014 y 2015, teniendo para ello presente que el Acta número 94-2015, que fija el Texto Refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dispone que el recurso de protección se interpondrá "dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos" y la presente acción cautelar se dirige contra las retenciones y compensaciones efectuadas por el Servicio de Tesorerías a las devoluciones de impuesto a la renta de la recurrente, llevadas a cabo con fecha 22 de mayo de 2009, 23 de mayo de 2014 y 23 de septiembre de 2015, tal como consta de la documentación que se adjunta en un otrosí de la presentación. Así entonces, a partir de estas fechas, tuvo la interesada la oportunidad de interponer esta acción cautelar.

Refiere que, en cuanto a lo señalado por la recurrente, es dable indicar que resulta inverosímil que recién con fecha 6 de abril de 2016 haya tomado conocimiento de las retenciones y compensaciones efectuadas por el Servicio de Tesorería, teniendo especial consideración que a la recurrente se le efectuaron retenciones desde el año 2009 y, en el mismo orden de cosas, es necesario anotar que por el Expediente Administrativo Rol № 10.116-2013, de la comuna de Paine, se sigue una acción de cobro administrativa por deudas fiscales en contra de la recurrente, la que fue debidamente notificada con fecha 15 de julio de 2013, deudas que fueron extinguidas parcialmente mediante la retención y posterior compensación de las devoluciones de renta por los periodos a que se hace mención, por lo que malamente podría sostenerse que no tenía conocimiento de la deuda que mantenía con el Servicio de Tesorerías, y que por tanto, los dineros de sus devoluciones de impuesto le iban a ser nuevamente retenidos y compensados para pagar dichas obligaciones.

Concluye solicitando, en atención a lo expuesto, que se rechace el presente recurso de protección por extemporáneo, ya que ha transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del hecho o desde que el recurrente tomó conocimiento de los mismos.

Agrega que, asimismo, el recurso de protección resulta inadmisible, toda vez que el legislador estableció un procedimiento para reclamar y oponerse al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, el que se encuentra regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que en su parte pertinente estipulan que "constituyen título ejecutivo, por el sólo ministerio de la ley, las listas o nóminas de los deudores que se encuentran en mora, las que contendrán bajo la firma del Tesorero que corresponda, la individualización completa del deudor y de su domicilio, con especificación del período y la cantidad adeudada por concepto de impuesto o de sanciones en su caso y del tipo de tributo, número de rol si lo hubiere y de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces". Asimismo, otorga competencia al Tesorero para conocer de estas causas actuando como Juez Sustanciados el que "despachará mandamiento de ejecución y embargo, mediante una nómina que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza de proceso", (arts. 169 y 170 del Código Tributario). Pues bien, consta del expediente administrativo Rol № 10.116-2013, de la comuna de Paine, que las deudas por concepto de impuesto fiscal que mantiene la Sociedad Comercial Alfaplas y Compañía Limitada con el Servicio de Tesorerías, y de las cuales derivan las retenciones y compensaciones respecto a las cuales se recurre, se encuentran sometidas al procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero contemplado en el Título V, Libro III del Código Tributario, procedimiento que establece las acciones, excepciones, alegaciones y defensas que pueden oponer los deudores demandados. En este procedimiento ejecutivo los ejecutados pueden oponerse a la ejecución y deducir las excepciones que correspondan y serán, en último término, los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronunciarán sobre las excepciones deducidas y ordenarán seguir adelante o no con la ejecución.

Manifiesta que el Recurso de Protección es una acción extra proceso y su procedencia discurre sobre la base de que no exista un procedimiento jurisdiccional preestablecido en el ordenamiento jurídico que resuelva la contienda en forma inmediata, resultando eficaz solo cuando no hay una acción directa, sea ordinaria o especial para la tutela de los derechos que se alegan como agraviados.

Agrega, en cuanto a la supuesta amenaza existente respecto a su derecho de propiedad sobre la devolución de renta correspondiente al año tributario 2016, y sin perjuicio de la extemporaneidad e inadmisibilidad invocadas, que el recurso debe desestimarse también por este capítulo, ya que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraría o ilegal de parte de la recurrida que vulnere o amenace el derecho de propiedad de la recurrente, respecto a su devolución de renta del año tributario 2016.

Expone que la recurrente, en síntesis, erróneamente sostiene que se encuentra amenazado su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 № 24 de la Constitución Política de la República, ante la eventualidad que la Tesorería no dé cumplimiento a la obligación expresa del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta, de restituir los pagos provisionales mensuales consignados por ella en su declaración de renta del año tributario 2016, con lo que pretende desconocer que en nuestro sistema tributario el proceso de acertamiento del impuesto a la renta se inicia con la determinación que el propio contribuyente realiza en su declaración, la que, desde luego, no tiene un carácter definitivo, sino sólo provisorio, puesto que debe ser sometida a revisión por el Servicio de Impuestos Internos con el objeto de determinar la exactitud de los datos contables contenidos en la declaración, de conformidad con sus facultades de fiscalización, establecidas en los artículos 6º del Código Tributario y 1º del D.F.L. № 7, de 1980, que contiene el Estatuto Orgánico de dicho Servicio.

Hace presente que para el debido cumplimiento de la fiscalización de las normas tributarias, los artículos 59 y siguientes del Código Tributario, autorizan al Servicio de Impuestos Internos para examinar y revisar las declaraciones que, según lo previsto en el artículo 29 del mismo texto, los contribuyentes presentan con el objeto de determinar la procedencia o liquidación de un impuesto y con el fin de que el Servicio verifique la exactitud de las declaraciones u obtenga información, los artículos 60 y 63 del Código Tributario, lo facultan para examinar inventarios, balances, libros de contabilidad y documentos del contribuyente, en todo lo que se relaciona con los elementos que deben servir de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren en su declaración, pudiendo hacer uso de todos los medios legales dentro de los plazos de prescripción contemplados en los artículos 200 y siguientes de ese código.

Expresa que, consecuente con lo anterior, toda declaración de impuestos que efectúen los contribuyentes tiene el carácter de provisoria, ya que en tanto no se cumplan los plazos legales de prescripción, pueden ser objeto de revisión desde el mismo momento en que expiró el plazo en que debía pagarse el impuesto respectivo. Por tanto, desde esa época, el Servicio puede ejercer la facultad de fiscalización que le entrega la ley, revisando las declaraciones de impuestos que presentan los contribuyentes, examinando y requiriendo los documentos respectivos.

Indica que, en consecuencia, no se trata que Tesorerías entre a devolver, sin más, toda suma que los contribuyentes señalan como excesos de pagos provisionales mensuales, ya que primero es necesario que el Servicio de Impuestos Internos revise tales declaraciones y verifique si existe el total, una parte o ninguna del remanente que invocaron a su favor, vale decir, debe verificar si es o no efectivo el crédito que éstos dicen tener en contra del Fisco y en el caso materia del presente recurso, el Servicio de Impuestos Internos sometió a revisión la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2016, motivo por el cual la devolución a la fecha no se ha cursado. Conforme a lo expuesto precedentemente, Tesorería procederá a efectuar la devolución de los remanentes de renta solicitados por la recurrente, una vez que el Servicio de Impuestos Internos verifique la exactitud de los datos consignados en su declaración, puesto que como ya se ha expresado, es este organismo el encargado por la ley para proceder a la fiscalización y control de los impuestos internos y es quien, con los documentos pertinentes, debe determinar la procedencia del derecho invocado.

Señala que de los antecedentes expuestos anteriormente, es posible colegir que la actuación del Servicio de Tesorerías, no puede ser considerada ilegal o arbitraría, sin que se advierta una conculcación de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas o amenazadas por la recurrente.

Pide, en definitiva, rechazar el presente recurso en consideración a que la Tesorería no ha cometido ningún acto u omisión arbitraria o ilegal que lesione o amenace los derechos constitucionales de la recurrente; todo ello con costas.

Acompaña a su informe, comprobantes de compensación de la Sociedad Comercial Alfaplas y Compañía Limitada, Rut № 77.516.610-K, de fechas 22.05.2009, 23.05.2014 y 23.09.2015 y certificados de deudas de la Sociedad Comercial Alfaplas y Compañía Limitada, Rut № 77.516.610-k, emitido con fecha 10 de junio de 2016.

TERCERO: Que, por el carácter del recurso, debe dársele un sentido restringido y de oportunidad para resolver aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales que, por su naturaleza y características requieren un pronto pronunciamiento judicial, que dé rápido remedio a los actos u omisiones arbitrarias e ilegales, siendo estos elementos los que deben ser examinados por esta Corte para definir su resolución.

CUARTO: Que como se advierte de lo relacionado anteriormente, los actos que la recurrente califica de ilegales y arbitrarios consisten en las retenciones y compensaciones, de los remanentes de pagos provisionales mensuales que arrojó su declaración de impuesto a la renta, para los años tributarios 2009, 2014 y 2015; y en segundo término, la amenaza en su derecho de propiedad, ante la posibilidad que se realice una nueva retención respecto a la devolución de los remanentes correspondientes al año tributario 2016.

QUINTO: Que, a su turno, el recurrido sostiene en primer lugar la extemporaneidad del recurso en relación a las compensaciones efectuadas los años 2009, 2014 y 2015 y en segundo lugar, en relación a la amenaza al derecho de propiedad, de su actuar en el proceso 2016, el que no ha sido ni ilegal ni arbitrario pues, como explica, aun no se ha realizado la revisión pertinente para autorizar la devolución de impuestos al recurrente, que estima puede prever será compensada.

SEXTO: Que tal como se desprende de los propios dicho de la recurrente, de los fundamentos del informe evacuado por la recurrida y de las disposiciones que rigen los procedimientos tributarios, la recurrente no podía no haber tomado oportunamente conocimiento de los resultados de las operaciones tributarias de los años 2009, 2014 y 2015, que forman parte de sus alegaciones en el presente recurso de protección, por los que sus alegaciones al respecto deben tenerse como extemporáneas.

En cuanto a lo que dice relación con lo que podría ocurrir en la operación renta del año en curso, y como ha sido alegado por la recurrente, argumentaciones que se ajustan totalmente a la normativa vigente en la materia, debe estarse a lo que determine el Servicio de Impuestos Internos, organismo que por ley es el autorizado para pronunciarse sobre la devolución de impuestos del año tributario 2016, lo que no ha ocurrido a la fecha.

SÉPTIMO: Que, de lo referido, y emanando de los antecedentes del recurso y de lo informado por la recurrida, no puede sino concluirse que las alegaciones de la recurrente en relación con los períodos tributarios 2009, 2014 y 2015, son extemporáneas ya que no pudo no haber tomado conocimiento de los hechos alegados en las oportunidades procedentes, a partir de las cuales ha transcurrido el exceso el plazo para impetrar la presente acción y, en cuanto a las alegaciones referentes al período tributario 2016, y habiéndose ejercido por la recurrida una facultad contenida en la ley de conformidad a los artículos 59; 60 y 63 del Código Tributario, no puede sostenerse estar en presencia de un acto ilegal ejecutado por la misma. En lo que dice relación con la arbitrariedad, ésta no aparece de los antecedentes puestos de manifiestos en autos, no apreciándose una actividad caprichosa o exenta de razón de la recurrida. Como consecuencia de ello, no existiendo acto ilegal o arbitrario que reprochar a la recurrida, no ha existido, tampoco, vulneración de alguna garantía constitucional derivada del actuar de la Tesorería General de la República, en particular, las señaladas por la actora en su recurso, lo que conduce, necesariamente, al rechazo de la acción intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, en todas sus partes, el interpuesto a fojas 9, por nombre reservado, empresaria, en representación de Sociedad Comercial Alfaplas y Compañía Limitada, en contra de la Tesorería General de la República, sin costas.

Redactado por la Abogado Integrante señora Montt.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1320-2016.-Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Inés Martínez Henríquez y señora Dora Mondaca Rosales y la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales.

En Santiago, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.