Protección contra Corporación de Desarrollo Social de Buin

Certifico que alego por el recurso el abogado Cristian Zenteno Cereceda y contra el recurso la abogada Nataly Finlez Zárate. San Miguel, 30 de mayo de 2024. Pablo Villar Maureira, relator.

San Miguel, treinta de mayo de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 14: Téngase presente.

Al escrito folio 15: A lo principal: Téngase presente; Al otrosí: En virtud de lo establecido en el artículo 223 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar por extemporáneo.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Cristián Zenteno Cereceda recurre de protección en favor de Rosaines nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, representada por nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la comunicación personal y directa que le hiciera el 19 de febrero de 2024 su jefa directa, doña nombre reservado, en cuanto a que no se le renovaría el contrato y que sólo trabajaría hasta el 29 de febrero de 2024, la que, a su juicio, vulnera el legítimo ejercicio de los derechos asegurados en los artículos 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que la recurrente ingresó a prestar servicios a la Corporación de Desarrollo Social de Buin el 23 de enero del año 2023, para prestar servicios como médico cirujano en el Cesfam Dr. Héctor García / Cescof y que su contratación se materializo mediante continuos y sucesivos “Contratos a Honorarios”, a plazo fijo, por regla general de 2, 3 o 6 meses cada uno, regido por la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, entre el 23 de enero de 2023 y el 29 de febrero de 2024 (este último no se perfeccionó con la firma de la recurrente, pero sí fue extendido).

Indica que la recurrente fue contratada bajo el artículo 14 de la ley N°19.378 y pese a que su contrato señala respecto de su jornada que “las horas que debe realizar las prestaciones contratadas, estarán sujetas a los requerimientos horarios del establecimiento de salud primaria ya señalado”, cumplía un horario de 44 horas semanales y horas extraordinarias que excedían con creces el máximo permitido que de hecho se le adeudan y se le comprometió su pago para fines de enero 2024.

Respecto de sus labores, señala que consistieron en labores asociadas a su calidad de médico, inicialmente para el Cescof y con posterioridad, al poco tiempo de transcurrir su contrato, también prestaba funciones profesionales para otros servicios de salud de la Corporación, en cuya virtud desarrollaba labores diarias por un prolongado período de tiempo, inclusive por un total de 12 horas diarias, desde las 08 horas hasta las 20 horas.

Refiere que respecto de su desempeño, si bien no estaba sometida a un régimen de calificación como los trabajadores con contrato indefinido, siempre fue muy bien evaluada -según consta en su hoja de vida funcionaria-, además felicitada en numerosas ocasiones por su óptimo desempeño y rendimiento.

Sostiene que el 19 de febrero de 2024 su jefa directa doña nombre reservado le comunicó en forma verbal, directa y personalmente que no se le renovaría el contrato y que sólo trabajaría hasta el 29 de febrero de 2024, despido que califica de arbitrario e ilegal toda vez que se fundaría en la ausencia de certificación de EUNACOM de la recurrente, decisión absolutamente ilegal y arbitraria, la que se argumentó con posterioridad al despido.

Asegura que en el mes de enero pasado el contrato se renovó tácitamente y, en consecuencia, se transformó en indefinido.

Argumenta que se ha vulnerado el principio de la confianza legítima, citando al respecto el dictamen N° 22.766, de 2016 de la Contraloría General de La República junto con señalar que en la especie han existido reiteradas renovaciones de las contrataciones, y que no ha existido un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley N° 19.880, aplicable en la especie por disposición de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.378.

Asimismo, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, ingreso N° 217343-2023, en orden a alegar que las renovaciones sucesivas del contrato a plazo lo hacen devenir en uno de plazo indefinido.

En cuanto a la argumentación de que la recurrente no cumpliría con el requisito establecido en la Ley 21274 en cuanto a obtener una calificación habilitante en el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), en los hechos, si una persona no obtiene una calificación positiva en dicho examen, tiene la posibilidad de rendirlo nuevamente y la misma disposición señala un plazo de seis meses para inscribirse para esta nueva rendición del examen. Aclara que en este caso la recurrente obtuvo su resultado y tomó conocimiento de su calificación en el mes de febrero del presente año 2024 y de forma inmediata solicitó su nueva inscripción para rendir la prueba, a fin de no caer en incumplimiento de la normativa aplicable en la especie, en forma inmediata, el 4 de marzo pasado, una vez se reabrió su funcionamiento luego del feriado universitario.

Refiere que el dictamen de la Contraloría General de la República, N° 012393N16 de 16 de febrero de 2016 señala que la autoridad administrativa pertinente puede disponer de contrataciones con el fin de hacer efectivos el derecho constitucional a la salud y los principios de servicialidad del estado y de continuidad del servicio público y que se ha señalado que en situaciones de escasez de médicos, cuando ello sea imprescindible para asegurar la entrega de las prestaciones de salud, es admisible que el sistema público de salud recurra transitoriamente a la contratación de médicos que hayan obtenido su título en el extranjero, aun cuando estos no hubieren rendido y aprobado el EUNACOM.

Finaliza señalando que la recurrente fue objeto de actos de acoso laboral por parte de sus superiores jerárquicos, que fueron debidamente denunciados ante la Contraloría General de la República y que no ha existido pronunciamiento al respecto.

Solicita se acoja la acción de protección y se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto y comunicación verbal de no renovación de 19 de febrero de 2024, por medio de la cual se comunicó a la recurrente que el 29 de febrero de 2024 terminó el contrato de trabajo que la vincula con la Corporación de Desarrollo Social de Buin y que por ende, no se renovó su contratación para el año 2024, ordenando su reincorporación y renovación en forma indefinida y el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo, hasta su reincorporación. Además de todas las medidas que, sean conducentes para el restablecimiento y protección de los derechos fundamentales vulnerados, con costas del recurso en caso de oposición.

Segundo: Que informa la recurrida Corporación de Desarrollo Social de Buin, informando el recurso, sostiene que el intentado no cumple con los requisitos para su interposición, al tratarse de una acción cautelar en la que debe existir un derecho indubitado, y una afectación a garantías fundamentales, lo que no ocurre en la especie.

Explica que existe un Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, el que da cuenta y acredita la vigencia de la inscripción de aquellas personas que fueron contratadas en virtud del Decreto Nº4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó Alerta Sanitaria, cuya fecha límite es hasta el 31 de Agosto de 2024, documento que señala además, que: “Dicha habilitación caducará, si aquellas personas acogidas a esa normativa, no se inscriben para rendir el EUNACOM, dentro del plazo máximo de seis (6) meses, contados desde el término de la Alerta Sanitaria, es decir, hasta el 29 de Febrero de 2024” Situación que, sostiene, no ocurrió por parte de la recurrente, la recurrida no tuvo más opción que no renovar la relación laboral existente. Indica que la recurrente se encontraba autorizada transitoriamente para su ejercicio profesional en Chile, es decir, que, en el caso que no realizare la inscripción antes descrita, dicha autorización expiraría con fecha 29 de febrero de 2024, circunstancia que fue advertida por la recurrida, y que, por ende, apegándonos a una normativa expresa, no renovó el contrato en cuestión.

Aclara que la recurrente celebró sólo Contratos de Plazo Fijo con la recurrida, bajo la Ley N°19.378 y que nunca ingresó por Concurso Público a la Atención primaria de Salud de Buin. Expone que para ingresar a la atención primaria de salud la Ley N°19.378 indica sólo dos formas, cuales son la contratación a plazo fijo o en forma indefinida, por lo que no puede ser contratada indefinidamente, al carecer de este requisito legal.

Asevera que existe otra forma de tener un Contrato Indefinido bajo la Ley N°19.378, la cual es una alternativa excepcional, y es a través de la Ley N°21.308, denominada “Ley de alivio”, la que tiene por objeto que cierto personal con Contrato a Plazo Fijo de la Atención Primaria de Salud (Ley N°19.378) cambie su calidad laboral de Plazo Fijo a Indefinido, cumpliendo ciertos requisitos, sin embargo esta requiere que al 30 de septiembre de los años 2021 al 2023, la entidad administradora de salud municipal tenga un porcentaje superior al 20 por ciento de su dotación de horas en calidad de contratados a plazo fijo para llamar a concurso interno para contratarlos de forma indefinida, lo que no ocurre en la especie.

Agrega que diversa jurisprudencia ha negado la posibilidad de que sucesivos contratos a plazo fijo en la atención primaria de salud generen un cambio en la relación laboral y que ésta mute a contrato indefinido.

Sostiene que las Corporaciones Municipales, a diferencia de las Municipalidades (Personas Jurídicas distintas), no requieren una fundamentación ni resolución para dar aviso de la no renovación del Contrato a Plazo Fijo regido por la Ley N°19.378.

En cuanto a la aplicación del principio de confianza legítima, sostiene que no se aplica en la especie ya que la Corporación Municipal no es un órgano integrante de la Administración del Estado, no correspondiendo a la Contraloría General de la República la interpretación y aplicación de normas laborales respecto de quien se desempeña en ellas, sino que corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, toda vez que, dichas entidades constituyen Personas Jurídicas de Derecho Privado, cuyos empleados no tienen la calidad de Servidores Públicos.

En lo referente a la alegación de falta de fundamentación del acto recurrido señala que la Corporación recurrida mediante Dictamen N°4601/182, de 30.10.03, en lo pertinente, señaló que el empleador de la Ley N°19.378, no se encuentra obligado a dar aviso anticipado del término de Contrato de Trabajo, siendo suficiente para estos efectos, la resolución corporativa mediante la cual el empleador, invocando la causa legal correspondiente, decide poner término al Contrato, debiendo notificar de ello al Funcionario afectado para que dicha resolución produzca sus efectos, y para que éste, pueda ejercer los derechos que le confiere la Ley frente al despido. Agrega que lo anterior se funda en el artículo 48 de la Ley N°19.378, el que referido al término de la relación laboral indica que no contempla formalidad alguna para los efectos de la terminación de los servicios de los funcionarios afectos a dicho cuerpo legal, de suerte tal que, la recurrida no puede establecer requisitos que la normativa no ha exigido. Asimismo, sostiene que no le son aplicables a la Corporación recurrida los artículos 11 y 41, Inciso 4° de la Ley N°19.880 ya que es una Persona Jurídica de Derecho Privado, sin fin de lucro por lo que no está obligada a dar aviso anticipado de término de los servicios, no obstante, debe invocar la causal legal que lo sustenta y notificar al funcionario para que la resolución produzca sus efectos y para que éste pueda ejercer los derechos y acciones que pudieren corresponderle.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que por la presente vía la actora denuncia de ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, consistente en la decisión de poner término a su contrato a plazo fijo regulado por la Ley N°19.378 que fija el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el que estima arbitrario e ilegal y vulneratorio de su derecho fundamental del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que de acuerdo al mérito de los antecedentes, el conflicto objeto del recurso es una cuestión de lato conocimiento que no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que ello excede la naturaleza y finalidad de la acción de protección, debido a que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos individuales, sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser cautelados.

Sexto: Que, en consecuencia, lo reclamado en el presente recurso es un asunto que debe ser sometido a conocimiento y resolución de un tribunal de fondo, donde se resguarde debidamente el principio de bilateralidad de la audiencia, motivo por el cual la acción de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Rosaines nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1314-2024 Protección.