Protección contra Servicio Nacional de Migración
- Fecha
- 27 de agosto de 2026
- Sala
- Tercera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 1311-2026, sentencia de 27 de agosto de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra el Servicio Nacional de Migración: la resolución que tuvo por desistida la solicitud de refugio se dictó dentro de las facultades legales, conforme al procedimiento reglado, tras no subsanarse los requisitos formales.
Texto íntegro
San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que comparece nombre reservado y Matías Cornejo Rivera, abogados, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migración, por la acción ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 18 de febrero de 2026 que no dio a inicio el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 y N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.
Señala que ingresó al territorio nacional el 30 de enero de 2026 debido a la situación política de su país de origen. Explica que antes de arribar a Chile, permaneció en tránsito en Colombia durante tres meses y tuvo que regresar a Venezuela, donde la contactaron del gobierno de dicho país y le indicaron que era una opositora. Refiere que a los días de salir nuevamente de su país, allanaron su vivienda.
Al estar en nuestro país manifestó su voluntad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada ante el Servicio Nacional de Migraciones. Agrega que fue citada para el 18 de febrero de este año para declarar y en dicha oportunidad indicó que residió un breve tiempo en Colombia, buscando asilo, sin poder obtenerlo y viéndose obligada a volver a Venezuela, y estar lo más lejos posible de su domicilio para no ser encontrada, una vez que volvió a recibir amenazas decidió viajar a Chile en compañía de su hijo menor de edad.
Añade que, posteriormente se le notificó por parte del Servicio que no cumplía con los requisitos formales y advierte que cuando una persona huye de su país de origen, no está preparada con la documentación necesaria.
Argumenta que la resolución impugnada no admite recurso administrativo, puesto que no se trata de un rechazo de fondo sino de una suerte de inadmisibilidad encubierta.
Explica que la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley, derecho a defensa y debido proceso y a la libertad personal y seguridad individual.
Previas citas legales y jurisprudencia al respecto, solicita que se deje sin efecto la resolución recurrida y se de curso progresivo a la solicitud de reconocimiento mencionada y en su lugar se ordene admitirla a trámite, recibir y registrar el formulario de solicitud y los antecedentes acompañados, otorgándole número de ingreso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada y dejándola en estado de tramitación.
Segundo: Que, evacuado el informe por parte del Servicio Nacional de Migraciones, señala que la recurrente no cuenta con ingresos por pasos fronterizos habilitados.
Añade que el 10 de febrero de 2026, la extranjera manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, citándosele para el 18 de febrero de 2026. Tras el ingreso y análisis preliminar de la solicitud, se determinó que se encontraba incompleta, en consecuencia, el mismo día se dictó la resolución exenta recurrida mediante la cual se requirió al interesado el envío de los antecedentes faltantes, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud en caso de no subsanar las omisiones dentro de un plazo de 15 días hábiles, bajo los siguientes motivos: a. Haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal estado según lo establecido en el numeral 3 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010 y el artículo 2 del mismo cuerpo legal. b. Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430.
Agrega que el recurrente adjuntó fotografías y señalando además que su objetivo es encontrar un lugar donde pueda vivir sin medio, respetando las leyes e indicando que no tiene antecedentes penales y que tiene una oferta de trabajo, sin embargo, no acompañó documentos que respalden los motivos formales por los cuales desea subsanar.
Recalca que se resguardaron las garantías del debido proceso y la extranjera fue válidamente notificada de la citación, no siendo la presente acción la vía para impugnar una resolución exenta que no constituye un acto de término ni pone fin al procedimiento.
Menciona que con fecha 19 de marzo del 2026, mediante la Resolución Exenta N°NUM001 del Servicio Nacional de Migraciones y en cumplimiento de la legislación vigente, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado Sostiene haber actuado en cumplimiento del principio de legalidad y otorgó a la recurrente la oportunidad de subsanar los defectos en su presentación, los cuales evacuó, descartándose la vulneración de las garantías constitucionales, puesto que la resolución recurrida no se trata de un acto terminal, sino que se trata de un acto administrativo por el cual se solicitan más antecedentes. Solicita el rechazo del recurso por no existir en la especie acto u omisión ilegal de la autoridad migratoria.
Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley– o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.
Cuarto: Que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 18 de febrero de 2026 que no dio a inicio el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada.
Quinto: Que de los antecedentes aparece que la solicitud fue tramitada conforme al procedimiento establecido en la Ley N°20.430 y su reglamento, el cual contempla diversas etapas, tales como presentación de antecedentes, entrevista personal, recopilación de información del país de origen, informe técnico de la Secretaría Técnica y pronunciamiento de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, culminando con la resolución fundada de la autoridad competente.
Sexto: Que, en el caso en concreto, de los antecedentes aportados por la recurrida, consta que se citó al recurrente para dar inicio a la solicitud de reconocimiento de refugiado, para el día 18 de febrero de 2026, mediante Oficio Ordinario de 10 de febrero del mismo año y en la misma fecha se decidió no dar curso a su solicitud por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la Ley 20.430, mediante la resolución exenta recurrida en autos.
Asimismo, se le otorgó un plazo 15 días hábiles para subsanar su solicitud, siendo evacuado el trámite por la solicitante, sin embargo, no acompañó documentos para subsanar las situaciones mencionadas en la resolución y, en consecuencia, el Servicio aplicó el apercibimiento establecido en el artículo 28 bis de la Ley mencionada y tuvo por desistida a la recurrente de su solicitud.
Séptimo: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que amerite la adopción de medidas de carácter cautelar, sino que, por el contrario, se trata de una decisión adoptada dentro del ámbito de las facultades legales de la autoridad, conforme a un procedimiento reglado y con adecuada fundamentación, motivos por los cuales el presente recurso no puede prosperar.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.
Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.
N°1311-2026 Protección Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las ministras Sylvia Pizarro Barahona y Silvana Vera Riquelme y el Abogado Integrante Rodrigo Ázocar Simonet, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.