nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

nombre reservado, veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece don Juan Andrés Arenas Rodríguez, abogado, con domicilio Para estos efectos en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, representada legalmente por su alcalde, don José Miguel Arellano Merino, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el incumplimiento del dictamen N°4.562 de 27 de abril de 2020 de la Contraloría General de la República, afectando las garantías fundamentales de su representada consagradas en los numerales 2, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución de la República.

Señala que la sra. nombre reservado prestó servicios profesionales como funcionaria del Jardín Infantil VTF Cristal Chile, perteneciente a la Municipalidad de Padre Hurtado como educadora de párvulos desde el 23 de febrero de 2016 hasta el 1 de abril de 2019.

Agrega que la recurrida le comunicó su despido a su representada el 1 de marzo de 2019, fundándolo en la causal del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, quien denunció este hecho ante la Contraloría General, entidad que, previa solicitud de informe a la Municipalidad, emitió pronunciamiento mediante dictamen N° 4.562 de 27 de abril de 2020 ordenando la reincorporación de la denunciante a sus funciones, en los siguientes términos: “En mérito de lo expuesto, procede que la Municipalidad de Padre Hurtado reincorpore a la señora nombre reservado a sus funciones, debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al periodo en el cual se vio separada de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una situación de fuerza mayor no imputable a ella, informando de lo actuado a esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación del presente oficio.

Asimismo, corresponde que ese municipio arbitre las medidas necesarias para obtener el reintegro de os montos pagados con ocasión del aludido finiquito, considerándose al efecto lo ordenado precedentemente, acerca de lo cual deberá informar dentro del anotado plazo”.

Agrega que dicho dictamen fue objeto de un recurso de reconsideración interpuesto por el ente edilicio, que finalmente fue rechazado mediante resolución de 19 de enero del presente año, por resolución REF 81.8.542/20, ordenando en dicha oportunidad a la Municipalidad de Padre Hurtado “cumplir con lo ordenado, dentro del término de 10 días hábiles contados desde la notificación del presente oficio, debiendo informar documentadamente a este Ente de Control.”

Sostiene que ante la inactividad del ente edilicio, el 10 de febrero de 2021 envió carta a la recurrida, informando el dictamen emitido por la Contraloría General de la República e instando a su cumplimiento, la que a pesar de haber sido ingresada a la oficina de partes en la fecha señalada no ha sido objeto de pronunciamiento hasta la fecha de interposición del recurso.

Refiere que de una lectura conjunta de los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República, artículos 2, 51 y 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículos 1, 5, 6, 9, 16 y 19 de la Ley N°10.336 sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de la República así como de los propios dictámenes emanados del ente contralor, se evidencia que los dictámenes dictados por este son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y control. Por ello, señala que la negativa de la recurrida, personificada a través de su alcalde, a dar cumplimiento a los dictámenes dictados por la Contraloría General de la República importa una infracción a los deberes funcionarios que acarrea responsabilidad administrativa y, además, constituye un acto ilegal y arbitrario.

Añade que este acto se ve agravado por la circunstancia de no haber dado respuesta a la carta enviada por la recurrente en ejercicio de su derecho de petición previsto en el artículo 19 N°14 de la Carta Fundamental.

Postula que el señalado incumplimiento importa una afectación al derecho de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria, consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que supone desconocer la condición jurídica de trabajadora y, asimismo, el derecho de propiedad, toda vez ha dejado de percibir las remuneraciones y demás prestaciones a las que tienen derecho, por formar parte integrante de su patrimonio, según fuere reconocido por la Contraloría al dictar los referidos dictámenes.

Pide, se ordene a la recurrida cumplir lo ordenado por la Contraloría General de la República, reintegrando a la recurrente a sus labores, pagar sus remuneraciones desde la separación de éstas y arbitrar las medidas para la restitución del pago del finiquito.

Doña nombre reservado, actuando en representación de la I. Municipalidad de padre Hurtado, informa al tenor del recurso, solicitando su total rechazo, con costas.

Sostiene que la recurrente efectivamente se desempeñó como asistente de la educación pública para el jardín infantil dependiente de la Municipalidad de Padre Hurtado y expresa que, a diferencia de lo erradamente sostenido por la Contraloría General de la República, su desvinculación se ajustó a derecho.

Indica que el ente contralor fundó su decisión en lo expuesto en el artículo Octavo Transitorio de la Ley 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación, a saber, que “a contar del 1 de enero del año siguiente a la aprobación del Plan de Desarrollo Educativo Municipal que se establezca después de la fecha de publicación de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo a los asistentes de establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal” agregando que por ello resultaba irrelevante analizar las razones de hechos invocadas por la Municipalidad para aplicar la causal de despido invocada.

Refiere que el yerro del ente contralor se evidencia a partir de un detallado análisis del referido artículo octavo transitorio de la mentada ley, cuyo tenor literal transcribe, concluyendo que esta contiene una regla general, una excepción y a la vez, una contra excepción, la cual consiste en que “el contrato de trabajo del asistente de la educación de las entidades antes indicadas también podrá terminar a consecuencias de los cambios, ajustes y redistribución que se efectúe a la dotación de asistentes de la educación de la comuna, tanto en su tamaño, composición o redistribución entre establecimientos de la misma, a causa de (…) b) procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales dependientes de un mismo sostenedor municipal.”

Arguye que la Contraloría se encuentra obligada a interpretar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas y no únicamente de determinados pasajes aislados, como ha ocurrido en la especie. Así, concluye que al resolver en la forma en que lo hizo, particularmente al referir que resultaba irrelevante analizar las razones de hecho invocadas por el municipio para aplicar la referida causal, se incurrió en un grave error por el ente contralor que acarrea un evidente vicio de legalidad del dictamen en cuestión.

Agrega que el decreto alcaldicio que autoriza poner término a la relación laboral de la recurrente se encuentra debidamente sustentado y que las partidas e indemnizaciones establecidas por ley fueron pagadas. Por otra parte, refiere que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 21.109, si la recurrente estimaba que su despido era ilegal debió haber recurrido al tribunal laboral competente para conocer de esta materia y no a la Contraloría General de la República, añadiendo que no se puede desatender el poder liberatorio del finiquito reconocido por el artículo 177 del Código del Trabajo y finalmente señalando que la solución de reincorporación propuesta por el ente fiscalizador aparece como una sanción del todo desproporcionada atendido que el artículo 168 del Código del Trabajo únicamente prevé un recargo del treinta por ciento para el caso que se estime que se ha dado término a la relación laboral por aplicación improcedente del artículo 161 del Código del Trabajo. Concluye, que el Contralor, no solo se atribuye atribuciones que están expresamente otorgadas a los tribunales de justicia, sino que además otorga un tratamiento más gravoso al previsto por el legislador.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República frente a actos que los amenacen, perturben o vulneren.

Así, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto –de carácter terminal o final dentro de un proceso, o una omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, a saber, la conculcación de uno o más de los derechos consagrados en la Carta Fundamental, consideración básica para el análisis y decisión del asunto como el que ha motivado el presente recurso.

Segundo: Que lo que se tilda de ilegal y/o arbitraria es el incumplimiento, por parte del ente edilicio del dictamen N°4.562 de 27 de abril de 2020 de la Contraloría General de la República, que dispuso la reincorporación de la señora nombre reservado a sus funciones y el correspondiente pago de las remuneraciones correspondientes al periodo en el cual se vio separada de sus labores.

Tercero: Que del mérito de los documentos aparejados al recurso, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es posible tener por ciertos, los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1.- La recurrente se desempeñó como educadora de párvulos de una Sala cuna de la municipalidad de Padre Hurtado, se le puso término a su contrato de trabajo por la causal prevista en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo;

2.-La recurrente efectuó una presentación ante la Contraloría General de la República, quien en el Dictamen N° 4562 de 27 de abril de 2020, resolvió que no resulta aplicable a la recurrente, la causal prevista en el artículo 161 del estatuto antes citado y dispuso que ésta debía ser reintegrada a sus funciones, pagándole las remuneraciones por el periodo en el cual se vio separada de sus funciones, en cuanto a las sumas pagadas a través del finiquito, ordenó a la recurrida arbitrar las medidas tendientes a la restitución de esos valores con ocasión del reintegro de la recurrente a sus labores;

3.- La I. Municipalidad recurrida dedujo recurso de reconsideración en contra de aquella decisión, el que fue desestimado.

Cuarto: Que no corresponde a esta Corte analizar si las circunstancias invocadas por la Municipalidad de Padre Hurtado para poner término a los servicios de la actora son o no efectivas, o si existía a la fecha prohibición legal de terminar estas funciones por la causal que se hizo, puesto que aquello no ha sido objeto del recurso.

Quinto: Que la relación entre la Contraloría General de la República y el Municipio de que se trata, encuentra su fuente en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y la Ley N° 10.336, facultándose a la primera para emitir dictámenes obligatorios para dichas entidades.

Es en ese contexto y a requerimiento de la recurrente, es que el órgano contralor se pronunció en el sentido ya indicado, omitiendo la recurrida su cumplimiento, sin sustento legal alguno.Por ende, ha devenido en una omisión ilegal que vulnera el derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral vigésimo cuarto del artículo 19 de la Carta Fundamental, al omitir la reincorporación de la recurrente y el pago de sus remuneraciones conforme lo dispuso el ente contralor.

Sexto: Que de acuerdo a lo antes razonado, el recurso de protección ha será acogido.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por don Juan Andrés Arenas Rodríguez, en representación de doña nombre reservado, debiendo la recurrida I. Municipalidad de Padre Hurtado dar estricto cumplimiento al Dictamen N° 4.562 de 27 de abril de 2020 de la Contraloría General de la República.

Regístrese y devuélvase.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad, si no se apelare.

N° 1304-2021 PROT.

Redacción de la ministra señora Claudia Lazen Manzur.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Adriana Sottovia Giménez y Claudia Lazen Manzur y la Fiscal Judicial señora nombre reservado.