Protección contra Corporación Municipal de San Miguel

En Santiago, a doce de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Rodrigo Rafael Molina Rillón, abogado, interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, docente de educación física, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, representada legalmente por don nombre reservado, (en adelante indistintamente "la Corporación").

Solicita que se restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a la recurrida que deje sin efecto el sumario administrativo instruido por resolución N°53/2019 de 5 de junio de 2019, el que terminó con la resolución N° 68/2019 de 21 de agosto de 2019, y que ordenó la aplicación de sanción de destitución en contra de su representado, la que concluyó a través de la resolución N° 71/2019 de 10 de septiembre de 2019, notificada el 13 del mismo mes y año, el que rechazó el recurso de reposición con “jerárquico en subsidio impetrado”(sic), manteniendo la decisión de destitución, todas dictadas por la señora nombre reservado, Secretario General (I), ordenando a su turno el reintegro del señor nombre reservado a sus funciones.

Funda su solicitud, en síntesis, refiriendo que su representado trabajó como docente de educación física durante el presente año en la Escuela Santa Fe de la comuna de San Miguel, previo a su destitución. Es en este contexto, y atendido lo dispuesto en el memorándum N°81/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, la Directora de dicha escuela, doña nombre reservado, entregó antecedentes que serían suficientes para instruir un sumario administrativo en su contra. Así las cosas, a través de la resolución N°53/2019 de 5 de junio del año en curso, se instruyó sumario administrativo en contra de su representado por los hechos denunciados y puestos en conocimiento de la Secretario General a la Corporación Municipal de San Miguel, la señora nombre reservado, consistentes en tomar a menores de edad y forzarlas a saludarlo con besos en la mejilla, así como de cualquier otro hecho que tome conocimiento el fiscal durante la investigación. Señala, que el fiscal designado fue nombre reservado, Director de la Escuela Hugo Morales Bizama, quien en su investigación imputó los siguientes cargos:

Cargo 1: "Haber obligado a la menor de iniciales L.G.S. del curso sexto básico de la Escuela Santa Fe a saludarlo de forma forzada con un beso en la frente, aun cuando la menor expresó su deseo de no saludarlo. hecho ocurrido el día 28 de mayo del 2019, y por el cual la menor señaló que no le agradó, sintiéndose afectada por la situación" Cargo 2: "Haber tomado de la cintura para saludar a la menor de iniciales M.C.N., del curso sexto básico de la Escuela Santa Fe, hecho ocurrido el 28 de mayo del 2019, así como también ser sorprendido mirando el trasero a la menor en fecha no determinada, y por la cual la menor señaló que no le agradó, sintiéndose afectada por la situación.".

Señala que dentro de plazo, se evacuaron los descargos, los que finalmente permitieron desestimar el cargo dos, manteniendo el cargo uno efectuado por el fiscal; determinación a la cual arribó luego de haber escuchado las declaraciones de diversas autoridades y docentes del establecimiento, como también a las alumnas involucradas.

Expresa que, salvo las niñas, todos señalaron haber sido testigos de oídas, y que sólo la directora del establecimiento quien recibió la denuncia, pudo dar cuenta de los hechos que le relataron directamente las alumnas denunciantes, y que transcribe. Añade, que no resulta relevante para la Secretario General,que el beso que habría incomodado a la niña, hubiere sido en la mejilla o en la frente, en circunstancia que ello invierte la regla del onus probandi, es decir, que quien alega los hechos es quien debe probar aquello. Vale destacar, señala, que su parte solicitó como diligencia la pericia de las cámaras y sus videos, relativa a los hechos imputados a su representado, todos de fecha 28 de mayo de 2019, diligencia que fue rechazada.

Manifiesta que su representado desde un principio sostuvo la inexistencia de los hechos en la manera relatada, señalando que aquel saludo fue realizado de forma normal, por ende de una manera moralmente correcta, sin atentar a lo dispuesto en el artículo 72 letra b) del D.F.L. N° 1 del año 1997, de fecha 22 de enero de 1997, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n°19.070.

Señala que la conducta de la Corporación se aparta de “toda razón de lógica”, dado que atribuye sin fundamento la responsabilidad del hecho al recurrente, en circunstancias que hay importantes antecedentes que permiten dar cuenta de que la situación efectivamente fue controvertida, y al existir declaraciones contradictorias, evidentemente debe ser desestimada.

Arguye que la ilegalidad de las actuaciones efectuadas por la Corporación, deviene básicamente en esta falta de congruencia respecto de lo exigido por el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y en particular, conforme a la regla del artículo 137, que dispone : "dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición al alcalde de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados." No ha existido una relación de hechos circunstanciada, que permita arribar a la convicción acerca de los hechos por los cuales fue sancionado el recurrente y reitera que se evidencian contradicciones entre las diversas declaraciones de los testigos, lo que permite dudar de la exactitud de los cargos finalmente imputados.

Por lo señalado, estima infringidas las garantías del artículo 19 Nº3 de la Constitución Política del Estado , en cuanto al debido proceso, y la del Nº4 pues la imputación genérica realizada en el sentido que se ha transcrito, evidentemente genera una afectación grave a los derechos del recurrente, afecta su honra, sobre todo si los cargos imputados tienen que ver con un reproche moral, pero además, en la investigación “se tomaron sendas declaraciones, lo que claramente difundió hechos que conforme se han señalado, en ningún caso son constitutivos de la sanción finalmente aplicada”, lo que generó la afectación al derecho a la honra en los términos indicados.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, don nombre reservado, abogado, por la recurrida, informa que como primer punto debe señalar que el sr. nombre reservado fue sumariado por hechos denunciados por dos alumnas de la Escuela Santa Fe, hechos que le fueron comunicados a la Directora de este establecimiento de educación, directamente por las menores. Los hechos denunciados revestían tal gravedad que la Directora de la Escuela Santa Fe, presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones de San Miguel, cuyo número de parte es el 03140. Este proceso penal se basa en lo establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal. A su vez, la Directora puso en conocimiento de los hechos a la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de San Miguel, quien solicitó a la Secretario General (I) de la Corporación, doña nombre reservado, se instruyera el sumario administrativo respectivo. Dicha solicitud fue aceptada por la Secretario General (I), por lo que procedió a instruir dicho sumario, designando como fiscal del mismo, a don nombre reservado, Director de la Escuela Hugo Morales Bizama. Señala que el sumario administrativo se instruye dado lo establecido en el artículo 72 letra b) del DFL Nº 2 del año 1997, el cual fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, norma que estatuye lo siguiente: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales (…) b) por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.

En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva municipalidad o departamento de educación municipal o de la corporación municipal, designado por el sostenedor.”

Sostiene que tal como se ha señalado precedentemente, y en atención a que los hechos denunciados podían constituir una conducta inmoral, la norma precitada obligaba a instruir un sumario administrativo, cuestión que fue ordenada por la Secretario General (I). El sumario administrativo fue tramitado por el fiscal de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 127 al 143 de la ley Nº18.883, proceso que tuvo como resultado final la comprobación fehaciente de uno de los cargos formulados por el fiscal y la imposición de la sanción establecida en el artículo 72 letra b) del DFL Nº 2 ya citado. Dicho lo anterior, el recurrente interpuso los recursos pertinentes y siendo éstos resueltos, se mantuvo la sanción, la cual fue notificada al recurrente y se ordenó a la dirección de administración y finanzas, en la misma resolución, la redacción del finiquito correspondiente, por lo que no existe transgresión alguna a las normas y principios del debido proceso. Es más, agrega, que quien intentó en variadas oportunidades de transgredir las normas del proceso es, fue justamente el recurrente, que trató de hacer prevalecer normas que en caso alguno están enmarcadas en la tramitación de este sumario administrativo.

Refirió que respecto de la supuesta transgresión a la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución, jamás se ha afectado ésta, porque ha existido un proceso de investigación completo, cumpliendo cada etapa señalada en la ley, respetando todas las actuaciones y plazos definidos en la misma, llegando a la conclusión inequívoca de que el cargo levantado al sumariado había sido fehacientemente verificado y en el mismo expediente investigativo quedó en evidencia que no era la primera vez que al recurrente se le había informado la poca prudencia que podía significar el andar tomando a menores de edad para besarlas u otra conducta similar. Así queda de manifiesto, en un acta donde se les pide a los dos docentes de Educación Física de la Escuela Santa Fe que no efectúen acercamientos innecesarios a los alumnos, cuestión a la que el recurrente accedió. Indica que lo anterior se produjo por otro hecho provocado por el mismo sr. nombre reservado con una menor de primero básico.

Agrega que transcurrido todo el proceso sumarial, y como punto absolutamente relevante, la dirección de administración ordenó a la jefatura de recursos humanos generar el finiquito correspondiente, el cual fue puesto a disposición del recurrente y firmado por éste ante Notario Público, sin hacer reserva de acciones de ninguna clase. Esta información fue convenientemente obviada en el recurso presentado, dado que mostraría la imposibilidad de presentar acciones en contra de la Corporación. Dicho finiquito señala en su cláusula quinta que "para todos los efectos a que haya lugar, don nombre reservado declara que está en pleno conocimiento de sus derechos fundamentales y laborales y que éstos han sido plenamente respetados por la corporación, razón por la cual declara no tener cargos ni reclamos posteriores de ninguna especie que formular contra la Corporación Municipal de San Miguel, con ocasión o con motivo de sus derechos fundamentales, derivado de la relación de trabajo que los vinculó o por el término de ella, razón por la que otorga el más amplio, completo, total y definitivo finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente". En complemento de lo anterior, la cláusula sexta del mismo finiquito indica lo siguiente: "a mayor abundamiento, don nombre reservado, en conformidad al presente finiquito, renuncia expresamente a cualquier acción, derecho o reclamo de cualquier naturaleza que pudiere tener en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, ya sea de origen laboral, civil, penal y/o administrativo, o de cualquier naturaleza, en relación a los servicios contratados por la Corporación, y también con ocasión al término de éstos.". Por último y, en relación al mismo instrumento anterior, la cláusula octava del mismo establece, que "don nombre reservado manifiesta expresamente que el presente finiquito es suscrito por él en forma libre y espontánea, en conocimiento de todos sus derechos y en perfecto ejercicio de su voluntad.".

Culmina refiriendo que no existe ni ha existido transgresión alguna al proceso administrativo del sumario iniciado en contra del recurrente ni faltas a la honra del mismo, todo lo anterior se basa en que el mismo recurrente aceptó todo el proceso y su conclusión al firmar de manera libre y espontánea el correspondiente finiquito de su relación laboral, sin que expusiera en el mismo reserva alguna de acciones. En consecuencia, solicita se desestime el recurso de protección.

Tercero: Que la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, constituye un llamado urgente a restablecer el imperio del derecho, frente un acto u omisión arbitrario o ilegal que conculque o menoscabe las garantías fundamentales que protege.

Cuarto: Que como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, “la acción protección constitucional procede al existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, carente de fundamento racional o contrario a la ley, siendo ésta la condición necesaria, sin la cual, no puede prosperar.

Que la otra condición, verificado el primer presupuesto “ estriba en una conculcación de determinados derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el ejercicio de esos derechos amparados en su legítimo ejercicio y a dispensar protección a la persona agraviada” ( Rol N° 1827-2010, Corte Suprema).

Quinto: Que de la revisión del recurso de protección deducido, se desprende que el acto que se reprocha como ilegal o arbitrario consiste en la destitución del docente nombre reservado a través del sumario administrativo instruido por Resolución N° 53/2019 del cinco de junio de dos mil diecinueve, lo que derivó en la resolución N° 68/2019 del 21 de abril pasado, que ordenó la aplicación de la sanción de destitución y que concluyó a través de la resolución N° 71 /2019 de 10 de septiembre último, notificada el 13 del mismo mes, que rechazó el recurso de reposición y el jerárquico, interpuesto en subsidio.

Sexto: Que en cuanto a la arbitrariedad de la decisión adoptada, destitución del recurrente, cabe señalar que la Resolución Nº53/2019 de 5 de junio de este año, suscrita por doña nombre reservado – Secretaria General (I) Corporación Municipal de San Miguel-, que ordenó la instrucción de un sumario administrativo respecto del profesor nombre reservado para investigar la efectividad de la denuncia efectuada en su contra por dos alumnas de la Escuela Santa Fe, quienes le atribuyen una conducta impropia de un docente, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 72 letra b) del D.F.L.Nº2 de 1997 y la decisión contenida en aquella aparece revestida de seriedad y plausibilidad, por lo que no resulta ser caprichosa o arbitraria.

En cuanto a la Resolución Nº68/2019 de 21 de agosto del presente año, que ordena la aplicación de una sanción, en este caso la destitución del docente, por los argumentos que en ella se detallan, de su revisión es posible verificar que contiene los antecedentes y fundamentos necesarios para estimarla motivada y por tanto ajena a la arbitrariedad que acusa el recurrente. En efecto, en dicha resolución se detallan los hechos atribuidos al sumariado, la forma como se dan por probados, aludiendo a los distintos testimonios prestados en la investigación y se exponen las razones por las cuales solo uno de los cargos puede prosperar, como se advierte de los considerandos 11, 14, 18 y 19 de la resolución ya individualizada.

Por último, la Resolución Nº71/2019 de 10 de septiembre pasado, por medio de la cual se rechaza el recurso de reposición intentado por el recurrente, tampoco aparece revestida de arbitrariedad, toda vez que contiene argumentos que permiten comprender la decisión adoptada, los que se exponen con claridad y precisión, haciéndose cargo de cada una de las alegaciones vertidas en la reposición, incluida la referida al hecho que solo fue sancionado por una de las denuncias (considerando 19°).

Séptimo: Que de lo expuesto ha de concluirse que la resolución que ordenó la destitución del recurrente, es producto del mérito que arrojó el cúmulo de antecedentes recopilados en la investigación administrativa que le correspondió llevar a cabo al Director de la Escuela Hugo Morales Bizama, en su calidad de fiscal, designado en conformidad al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de San Miguel, sin que pueda atribuirse a aquella, como ya se dijo anteriormente, ser carente de fundamentos o producto del mero capricho de quien la suscribió.

Octavo: Que respecto a la alegación argüida en cuanto a que el acto impugnado sería ilegal, no se advierte que la resolución adoptada al darse por terminada la investigación administrativa y que ordena la destitución del recurrente, adolezca de un vicio de ilegalidad que deba ser enmendado por esta Corte pues, en cumplimiento de las disposiciones que contempla tanto la ley N° 18.883 como la ley N°19.070, se ha dado estricta aplicación a las normas que regulan la instrucción de un sumario para los docentes, desde su apertura, durante la tramitación, y en su culminación. Por último, la misma resolución que decide la destitución del docente, fue impugnada y, revisada ésta, se la confirmó, sin que sea posible advertir la existencia de trasgresión de norma legal alguna.

Noveno: Que conforme a lo que se ha razonado, no concurriendo el presupuesto necesario para que la acción cautelar de carácter constitucional intentada pueda prosperar, vale decir, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, la deducida será desestimada.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que consta en el sumario, y no ha sido un hecho controvertido ni dubitado, la circunstancia que con fecha 10 de septiembre del año en curso, la Corporación, debidamente representada, y el recurrente nombre reservado, en documento notarial suscrito en la Notaría de San Miguel, de don nombre reservado, ante la Notario Suplente, Claudia Undurraga Yunge, dieron por terminada la relación laboral que los ligaba, en virtud de lo establecido en el artículo 72 letra b) de la ley 19.070, que señala que el término de la relación laboral de los profesionales de la educación se produce “por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario administrativo”; además, en la cláusula tercera, el recurrente señala que estaba en conocimiento que su contrato era en calidad de trabajador afecto al Estatuto Docente, ley N° 19.070, y específicamente era en calidad de docente de aula.

De especial relevancia resulta lo prescrito y suscrito por las partes en el documento notarial ya citado, en que el señor nombre reservado, declara “ que está en pleno conocimiento de sus derechos fundamentales y laborales, y que éstos han sido plenamente respetados por la Corporación, razón por la cual declara no tener cargos ni reclamos posteriores de ninguna especie que formular contra la Corporación Municipal de San Miguel con ocasión o con motivo de sus derechos fundamentales, derivado de la relación de trabajo que los vinculó o por el término de ella, razón por la cual le otorga el más amplio, completo, total y definitivo finiquito, declaración que formula libre y espontáneamente.” Asimismo, en dicho documento, renuncia expresamente a cualquier acción de cualquier naturaleza y declara haber suscrito el documento de manera libre y espontánea, en conocimiento de sus derechos, y en perfecto ejercicio de su voluntad.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación de recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Rodrigo Rafael Molina Rillón, en representación de don nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de San Miguel.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro María Teresa Díaz Zamora.

N° 13035-2019 Protección Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Díaz Zamora, señora Ana Cienfuegos Barros y Ministro Señor Luis Sepúlveda Coronado, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.