Protección contra Inspección Provincial del Trabajo Cordillera

Foja: 90 Noventa En Santiago, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 10 y 42 comparecen don nombre reservado en representación de Establecimiento Educacional Nidal deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, representada por don nombre reservado, por dictar la resolución Nº 152/2016 de fecha 11 de abril de 2016, ya que se encontrarían infringidas las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 Nº 21 inciso 1º y Nº 24 incisos 1º, 2º y 3º y Nº 26 en relación al artículo 12 del Código del Trabajo, constituyendo una privación, perturbación o amenaza del ejercicio de los derechos antes señalados para el establecimiento educacional. Explica que con fecha 14 de marzo de 2016, comparece ante La Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, don nombre reservado, quien reclama en contra del Colegio que representa, en uso de la facultad contenida en el artículo 12° del Código del Trabajo. Refiere que el reclamo interpuesto generó una comisión investigativa № 1305/2016/295, asignada a la Fiscalizadora doña nombre reservado y que el reclamo se basó en que en el empleador le modificó unilateralmente la jornada de trabajo y las funciones del trabajador de Jefe Técnico, rebajándolas, modificando la naturaleza del servicio prestado. Indica que la fiscalizadora evacuó su informe, y que en el curso de la investigación las partes prestaron declaración jurada ante la funcionaria, declarando el reclamante una serie de aseveraciones que no concuerdan con la realidad de hecho ni de derecho, se refiere a hechos que no tienen relación alguna con la controversia, además de manifestar de forma fehaciente el desempeño en el cargo por 25 años situación de hecho que la misma Fiscalizadora con antecedentes objetivos desvirtuó, esgrimiendo fundamentos de menoscabo moral y patrimonial, señalando situaciones que no son ciertas, y que en realidad constituyen una forma de mantenerlo en el colegio con la misma remuneración y funciones similares; toda vez que no puede por disposición legal seguir cumpliendo la función de Jefe Técnico ya que carece de los requisitos taxativos ordenados por el Ministerio de Educación y Fundación Chile para el desempeño de esa función. Señala que, en el año 1989, se contrató a don nombre reservado como profesor de idioma Francés, cargo que desempeñó satisfactoriamente hasta el año 2007; no obstante, ello por una medida impositiva del Ministerio de Educación el Colegio Nidal debe excluirse de impartir en la malla curricular la asignatura de Francés, al quedar eliminado dicho cargo, la administración del colegio le ofrece para no perjudicarlo continuar como Profesor Asistente, Inspector y Trabajos en la Unidad Técnica del Colegio. Así, en el tiempo intermedio entre el año 2007 a 2016 se le ofreció que ingrese a cursos de perfeccionamiento, capacitaciones, Diplomados y otros pagados por el establecimiento educacional siendo su respuesta negativa. Agrega que por lo expuesto el Establecimiento Educacional no puede reincorporar a don nombre reservado como Jefe de la Unidad Técnica, y que se le han ofrecido una serie de funciones similares acordes a su profesión de Profesor manteniendo la Remuneración, ello en concordancia con el inciso 1° del artículo 12 del Código del Trabajo que señala: "El empleador se encuentra facultado para alterar la naturaleza de los servicios, a condición de que se trate de funciones similares y que ello no importe un menoscabo para el trabajador." En este caso específico se le asigna una función similar a elección del trabajador manteniendo la remuneración. Refiere que el menoscabo se entenderá como "todo hecho o circunstancia que determine una disminución en el nivel socioeconómico del trabajador en la empresa, tales como mayores gastos, una mayor relación de subordinación o dependencia, condiciones ambientales adversas, disminución del ingreso, diversa frecuencia de turnos, etc." Si el trabajador puede justificar que "la medida dispuesta le causa un perjuicio desproporcionado con la ventaja que ella representa para la empresa, se justifica la oposición o la resistencia del trabajador”. Y que al ser el ius variandi una facultad de modificación unilateral de la relación laboral por parte del empleador, aquella debe estar enmarcada o limitada dentro de ciertos parámetros, de manera que no se ejerza en perjuicio del trabajador, así debe ser ejercido dentro de ciertos límites, a fin de no lesionar aspectos materiales o morales del empleado, dado que el objetivo que se busca con tal facultad es que el empleador pueda hacer uso del desarrollo de la actividad, sin que esto signifique el sacrificio de las condiciones legales del trabajador. El empleador se encuentra frente a una potestad, poder, prerrogativa o facultad que emana de dos circunstancias: por un lado, de la función social que tiene asignada por las normas que regulan su actividad en el plano nacional (orden jurídico interno) e internacional (orden jurídico supranacional, público y privado) y, por otro lado, del contrato mismo de trabajo (entendido éste como el conjunto de normas derivadas de las leyes laborales, del convenio colectivo y del contrato individual), y refiere que al respecto el Art. 5 del mismo Código señala que: "El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos. Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. Los contratos individuales y colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente". Señala que el ejercicio del ius variandi se encuentra sujeto a limitaciones, que no son otras que las garantías constitucionales de los trabajadores, que son los derechos que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la República. Es decir, las limitaciones de los derechos del empleador dicen relación con los derechos o garantías esenciales del trabajador en cuanto a su calidad de tal, y a todas las garantías, especialmente cuando pudieran afectar el derecho a la intimidad; el derecho a la vida privada o el derecho a la honra. Agrega que en la ejecución de los contratos rige el principio de la buena fe, en virtud del cual los contratos obligan no solo a lo en ellos se expresa, sino también a lo que por costumbre o por su propia naturaleza les pertenece, en este sentido se advierte: "Los contratos solo pueden ser modificados con acuerdo de los contratantes. Las modificaciones deben consignadas por escrito y firmada por las partes. Los contratos deben celebrarse de buena fe". Y que el Art. 1437 del Código Civil dispone, como fuente de las obligaciones, el contrato y la ley, que también los Arts. 1545 y 1546 del mismo código, señalan que los contratos legalmente otorgados son una ley para los contratantes y no pueden ser modificados sin mutuo consentimiento o por causas legales. Establecido por la misma jurisprudencia: "Una relación laboral expresada a través de un contrato de trabajo escriturado, no solo queda enmarcada dentro de las estipulaciones del mismo, sino que deben también entenderse como cláusulas incorporadas a él las que derivan de la reiteración del pago y omisión de determinados beneficios y prácticas relativas a funciones, jornadas, aplicadas por las partes durante un lapso prolongado, con anuencia diaria y periódica de las mismas, que determina la existencia de una cláusula tácita, la que debe entenderse como parte integrante del contrato respectivo." (Véase, Sentencia de la I. Corte de Apelaciones De Santiago. 28 de noviembre de 1996, ro: № 981-96). Expresa que en ese contexto, toma relevancia el principio general del Derecho "pacta sunt servanda" (lo pactado obliga) y la imposibilidad, en principio, de modificaciones unilaterales en los acuerdos convencionales. "Sin embargo, la certeza jurídica que importa la inmutabilidad e intangibilidad de los contratos puede, en determinadas circunstancias (sociales, políticas, económicas, etc.), transformarse en un obstáculo para el logro de los fines que las partes tuvieron al momento de celebrarlos. " Agrega que los límites funcionales hacen referencia a la limitación dada por la función del ius variandi, el propósito que se busca conseguir una vez implementada la variación en el contrato laboral. Y que deben distinguirse los que están vinculados con el empleador y los que lo están al empleado, en este sentido, la alteración debe tratarse de trabajos, tareas o funciones similares o análogas a las que se encuentran precisadas en el Contrato de Trabajo. Son similares todas aquellas que requieren un esfuerzo parecido, sea físico o intelectual, y que su ejercicio no perjudique al trabajador, ni en su dignidad personal ni patrimonialmente. Destaca que los niveles jerárquicos se deben mantener, a fin de no constituir una discriminación al trabajador o una acción de mobbing o acoso laboral. En cuanto a los límites institucionales, expresa que el ius variandi, en función de su naturaleza de institución del derecho laboral, está sujeto, por ejemplo, a reglas generales como el principio protector, el principio de irrenunciabilidad, principio de buena fe, principio de primacía de la realidad, principio de razonabilidad, entre otros. Y que en cuanto a los límites conceptuales dependen del objeto de alteración; la modificación sobre determinados elementos de la relación será ajustada a derecho, mientras que sobre otros sobrepasaría el ámbito de aplicación del ius variandi. En este caso, no es la naturaleza de la función. Es el lugar o sitio donde el trabajo comúnmente se realiza el que cambia, aunque en el contrato se exprese de otro modo. En relación con la facultad del empleador de alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo, debiendo dar el aviso correspondiente al trabajador con treinta días de anticipación a lo menos. Se puede anticipar la hora de ingreso o postergarla, con la única condición de poner esta decisión en conocimiento del trabajador. Agrega que en este caso, hace referencia a que las condiciones higiénicas, de seguridad y confort sean similares a las del lugar primitivo, donde el trabajador laboraba, bajo el principio de buena fe y no como un hostigamiento que genere un despido indirecto; por lo que no debe causar perjuicio económico, laboral ni en su dignidad. Señala que el empleador puede variar en el ejercicio del ius variandi, la función, el empleador puede variar la naturaleza de los servicios, o sea, alterar la forma en que se van a prestar los servicios, siendo necesarias dos condiciones: tratarse de labores similares y abstenerse de causar menoscabo al trabajador afectado, puede ser un cambio en las tareas asignadas al trabajador que impliquen una modificación a la categoría del trabajo o alteración de la naturaleza de los servicios. El empleador podrá modificar la función para la cual fue contratado el trabajador, con la sola condición de que se trate de labores similares, y que esto no signifique menoscabo para el trabajador, entendiéndose esto dentro de las facultades de administración de la empresa. Expresa que también puede variar la jornada de trabajo, que según el Art. 21° del Código del Trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. De manera que la jornada laboral se encuentra regulada legalmente, por lo que no puede implantarse una jornada de trabajo superior a la permitida por la ley. Se considerará también jornada de trabajo, el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador, sin realizar labor, por causas que no le sean imputables. La duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de trabajo por turno, deberá sujetarse a lo dispuesto por el reglamento interno, en concordancia con las estipulaciones del Art. 153° y siguientes del C.T. El cambio repentino de la jornada laboral del trabajador por parte del empleador, resultará legítimo siempre que éste se produzca de buena fe y no tenga como finalidad directa lesionar los derechos fundamentales del trabajador. Indica que cuando el menoscabo moral importa en el trabajador cualquier disminución de jerarquía dentro de la empresa, se dice que el menoscabo que sufre es vertical, pues experimentará el cambio como una degradación política en la organización piramidal del poder dentro de la empresa, restándole importancia y dignidad profesional. En cuanto al derecho señala que las garantías infringidas por la recurrida es la del art. 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución Política de la República, “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”; art. 19 N° 24 inciso 1°, 2° y 3°, que se refiere al derecho de propiedad y el art. 19 N° 26 , que señala “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. En definitiva, solicita dejar sin efecto Resolución № 152/2016 de Reincorporación para don nombre reservado emitida por INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO CORDILLERA, representada por don nombre reservado, ya individualizados.

A fojas 76 la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera, representada por nombre reservado, en primer término, hace referencia a la improcedencia del recurso de protección en atención a la naturaleza del acto recurrido, ya que la ley contempla para este caso un procedimiento especial, esto es, la reclamación judicial. En segundo lugar, se refiere a la improcedencia por la falta de requisitos constitucionales para su interposición, ya que señala que en este caso, que el recurrido actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por las aludidas disposiciones legales, limitándose a pronunciarse en forma clara, precisa y determinada respecto a la reclamación interpuesta, y el incumplimiento a los requisitos que exige el Artículo 12 del Código del Trabajo, en caso de aplicar el cambio unilateral de funciones. Indica que lo que persigue en definitiva la recurrente, es sólo impugnar una Resolución legalmente pronunciada, por el sólo hecho de ser desfavorable a sus intereses, por intermedio de un procedimiento impropio, pues si entiende que la Resolución №152-2016 lo perjudica, debió alegarlo ante el juez de fondo competente según lo establece el artículo 12 del Código del Trabajo. No constituyendo la resolución de la Inspección Provincial de Cordillera una vulneración a los derechos constitucionales alegado por la recurrente. Y por consiguiente, señala que el presente recurso carece de objeto y causa, por lo que debe ser desechado, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario en el proceder de este Servicio, con costas. Expresa que en subsidio de lo ya expuesto, informa en lo referente a los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección y expone que teniendo presente, que el ius variandi es una facultad que entrega el legislador al empleador, para alterar unilateralmente (pero no de manera sustancial) ciertas estipulaciones del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. En nuestro ordenamiento está consagrado en el inciso 1° del artículo 12 del Código del Trabajo en cuanto autoriza al empleador para alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador pues éste es el gran límite que reconoce el ejercicio del ius variandi, existiendo consenso en cuanto a que el menoscabo no está constituido sólo por un desmedro en el aspecto económico, sino que también está referido a cuestiones morales y sociales y a todas aquellas modificaciones que sean discriminatorias o que afecten a la formación profesional o a la dignidad del trabajador. Indica que con fecha 14 de Marzo de 2016, ingresa denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera el trabajador don nombre reservado, por incumplimiento de su empleador Colegio Particular NIDAL, a los requisitos estipulados en el Artículo 12 del Código del Trabajo al cambiar unilateralmente la naturaleza sus servicios al provocarle un menoscabo, el 24 de Marzo de 2016, se inicia procedimiento de fiscalización comisión №1305/2016/295, con el fin de investigar las materias denunciadas, el 29 de Marzo de 2016, la fiscalizadora actuante emite informe de fiscalización, habiendo constatado hechos que sirvieron de sustento para resolver y el 11 de abril de 2016, la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera emite resolución №152 - 2016, resolviendo finalmente que: "En virtud de los motivos expuestos en la parte considerativa de esta Resolución, se acoge la reclamación interpuesta por don nombre reservado, en contra de su empleador Colegio Particular NIDAL ambos individualizados, declarándose que este último no ha cumplido con los requisitos que impone el Artículo 12 del Código del Trabajo, que el cambio unilateral de funciones de la dependiente es contrario a derecho y por consiguiente, que deberá restituir al trabajador reclamante al puesto de Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, con todos los beneficios y condiciones laborales anteriores a ejecutarse el cambio, dentro del término de cinco días de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de multa administrativa" y el 12 de Abril de 2016, se ingresa correos de Chile la Resolución para su notificación, no siendo impugnada dicha resolución, conforme lo dispone el Artículo 12 del Código del Trabajo al señalar: "pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes"; plazo que venció el 20 de abril de 2016. Indica que la Inspección Provincial de Cordillera actuó conforme al mandato y facultades que le otorga la propia ley, en caso de incumplimiento de un empleador en la aplicación de la facultad que le confiere el Artículo 12 del Código del Trabajo; por una parte, tomando la denuncia, luego investigando y finalmente resolviendo. Resolución que no fue reclamada ante el órgano competente para conocer de ésta, que es precisamente el Juzgado de Letras del Trabajo. Refiere en cuanto a la existencia de garantías constitucionales vulneradas que la recurrida habría lesionado con su actuar las garantías constitucionales garantizadas por los artículos 19 № 21 inciso 1°; № 24 1,2 y 3 y №26 de la Constitución Política de la República de Chile, supuestamente afectadas por la Resolución №152-2016, acto administrativo que pretende impugnar, que ellos no se ven afectados por la dictación de la Resolución №152-2016, habiendo actuado la Inspección Provincial de Cordillera conforme al mandato y facultades que le otorga la propia ley, en caso de incumplimiento de un empleador en la aplicación de la facultad que le confiere el Artículo 12 del Código del Trabajo; por una parte tomando la denuncia, luego investigando y finalmente resolviendo; resolución que no fue reclamada ante el órgano competente para conocer de ésta, que es precisamente el Juzgado de Letras del Trabajo. Expone que atendido lo anterior, no es posible sostener que la Inspección Provincial del Trabajo de Cordillera, le haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza; o establecer una diferencia arbitraria o ilegal al instruir al empleador restituir al trabajador reclamante al puesto de trabajo que ejercía originalmente, al no dar cumplimiento la empresa a los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, establecidas en Artículo 12 del Código del Trabajo, siendo esta situación solo remediable con el rechazo de la acción de protección con costas.

A fojas 88, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se ha expuesto en la parte expositiva el conflicto radica en que si la recurrida, la Dirección Provincial del Trabajo Cordillera ha infringido los derechos de la recurrente, establecidos en los Nos. 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República al dictar la Resolución N° 152 de 11 de abril pasado, en la que se decide acoger la reclamación interpuesta por el trabajador nombre reservado en contra de su empleador, declarando que este último no ha cumplido con los requisitos señaladas en el artículo 12 del Código del Trabajo, que el cambio de funciones es contrario a derecho y que, por consiguiente, deberá restituir al trabajador reclamante al puesto de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, con todos los beneficios y condiciones laborales anteri9ores a ejecutarse el cambio.

TERCERO: Que el conflicto planteado teniendo presente sus características es de lato conocimiento ya que dice relación con la interpretación y aplicación del contrato del trabajador nombre reservado, así como del artículo 12 del Código del Trabajo, y las situaciones de hecho ocurridas en la prestación de los servicios, lo que exige debatirlas y probarlas en un procedimiento que permita aplicar completamente las reglas del debido proceso. En efecto, las características del caso planteado obliga a aplicar los principios como la bilateralidad, contradicción, rendición de prueba y derecho a recursos, para lo cual el citado Código laboral regula la forma cómo los afectados pueden reclamar de las decisiones que los afectan. De esta manera, y aun cuando el recurso de protección es posible deducirlo sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo planteado por las partes exige un procedimiento que permita darles garantía para una adecuada decisión, lo que por su naturaleza la presente acción no contiene.

Por lo anteriormente señalado, el derecho que reclama el recurrente no tiene el carácter de indubitado y prexistente, de aquellos cuyo imperio este Tribunal debe proteger, de allí que esta no es la vía para conocer del conflicto planteado.

CUARTO: Que, en consecuencia, no se ha constatado que exista vulneración de los derechos constitucionales que el recurrente dice infringidos, por lo que el presente recurso será desechado.

QUINTO: Que los antecedentes acompañados a la presente causa se han valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Por estas consideraciones, citas legales, y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional deducida a fojas 10.

No se condena en costas al recurrente por estimarse que ha litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Diego Simpértigue Limare.

Rol N° 1300-2016 pro Pronunciado por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Inés Martínez Henríquez, señor Diego Simpértigue y señora Sylvia Pizarro Barahona, quien no firma no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse en comisión de servicios.

En Santiago, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.