Protección contra Instituto San Luis de Curacaví

Foja: 40 Cuarenta San Miguel, a catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce.

A folio 3294: A sus antecedentes.

VISTOS:

A fojas 6, comparece doña nombre reservado quien deduce acción constitucional de protección, en favor de su hijo de dieciséis años de edad, nombre reservado y en contra del Instituto San Luis de Curacaví. Señala que su hijo fue alumno regular del recurrido y que a principios del mes de diciembre del año 2013 mientras se encontraba junto a sus compañeros esperando la hora de salida de clases, se puso a jugar enrollando y envolviendo con una tela a una compañera y a girarla. Agrega que lamentablemente en uno de los giros la alumna cayó y se golpeó el rostro y que luego solo se levantó y se golpeó el rostro, todo en presencia de los demás compañeros. Agrega que a raíz del incidente tanto su hijo como ella fueron citados tanto a la Inspectoría como con la Directora, en ambos casos de forma separada. Señala que el padre de la menor lesionada concurrió a su casa a insultarla, amenazándola con que no descansaría hasta exigirle al colegio que expulsaran a su hijo. Indica que el 12 de diciembre de 2013 la profesora del curso le informó que le habían caducado la matricula por su mala conducta y sus anotaciones negativas. En definitiva su hijo fue promovido a tercero medio pero con la arbitraria decisión, no apegada al Reglamento Interno del colegio que –además- no se le ha entregado, ha causado una afectación emocional como familia por los muchos años en que su hijo ha sido alumno del colegio, desarrollando su círculo social y amistades e identificándose con el establecimiento. Concluye alegando que a la altura del año en que se le comunicó la decisión resulta imposible optar a un colegio dentro de la comuna pues las vacantes se encuentran cerradas y su única posibilidad sería trasladarse a estudiar diariamente a Santiago con el costo que ello significa, pues la única opción en la comuna es el Liceo Técnico Municipal que implica perder la educación científico-humanista en desmedro de sus proyecciones académicas futuras. Solicita que se ordene hacer cesar la arbitrariedad cometida ilegal e ilegítimamente y reponer el derecho a educación adquirido en el colegio San Luis de Curacaví.

A fojas 32 informa al tenor del recurso doña nombre reservado, directora del establecimiento educacional recurrido quien señala que el Colegio cuenta con un Reglamento de Convivencia Escolar que establece ciertos estándares de conducta a los que deben apegarse los alumnos para salvaguardar situaciones que los pongan en riesgo y, además, en la cláusula cuarta letra a) del Contrato de Protestación de Servicios Educacionales, el apoderado se compromete a observar las instrucciones formativas o educativas que emita el colegio en beneficio del alumno. Indica que el amparado fue trasladado desde otro colegio que cerró en Agosto de 2012 y a fin de que no quedara sin matrícula situación que los obligó a ser más flexibles al momento de otorgar matrículas. Agrega que el alumno por quien se recurre presentó problemas de conducta durante el segundo semestre de 2012, razón por la que para el año 2013 fue aceptado bajo condiciones notificadas debidamente y aceptadas por la apoderada y que básicamente consistían en mejorar su disciplina y sus notas. Indica que sin embargo, durante el 2013 el joven demostró total indisciplina e indiferencia con el compromiso adquirido y registra dieciocho anotaciones negativas incluida la del episodio de la alumna nombre reservado en la que ésta sufrió lesiones que obligaron a trasladarla a un Servicio de Urgencia y, que independiente de la intención, constituyó un acto de indisciplina. Refiere que la madre no se encuentra presente en la formación de su hijo, solo asistió durante el año a una reunión general del curso y a dos de las extraordinarias a que se le citó. Afirma que después de dicho episodio y atendido la falta de compromiso del alumno y de su apoderado, el Consejo Extraordinario de Profesores, con veinte académicos asistentes, decidió, por unanimidad aplicar el Nº8 del reglamento, esto es, no renovarle la matricula para el 2014, citando a su apoderada a una reunión para notificarle la decisión pero a la que no concurrió, razón por la cual y, de forma especial, ya que los canales de comunicación con los apoderados son las reuniones, se mandató a una profesora concurrir a su trabajo y comunicárselo personalmente para que tomase las medidas necesarias para que su hijo no quedara sin matrícula, lo que no debió sorprenderla atendida la condicionalidad de su hijo ya anotada en su ficha. Afirma finalmente que en la comuna existen otros colegios además del Liceo Politécnico. Solicita rechazar el recurso con costas por cuanto no se han vulnerados los derechos fundamentales garantizados en el art 20 de la Constitución Política del estado y que no fueron especificados en el recurso, acompañando a su informe los siguientes documentos:

1) Reglamento de Convivencia Escolar.

2) Compromiso firmado por la recurrente y el colegio recurrido, con fecha 28 de febrero de 2013, por el cual la primera se compromete a tomar las medidas que le corresponden como madre o apoderado en el ámbito de rendimiento escolar, puntualidad, disciplina y todos los aspectos establecidos en el reglamento Escolar, especificándose entre éstas que el alumno no debe tener ninguna anotación negativa y debe mejorar sus calificaciones, bajo sanción de retirarlo de inmediato; y 3) copia de la hoja de vida y asistencia del alumno que registra más de 19 anotaciones negativas durante el 2013.

A fojas 38 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

2º) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se tiene, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indique carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

3º) Que conforme lo que se consigna en lo expositivo, la recurrente estima que la cancelación de matrícula de su hijo constituye un acto ilegal y arbitrario, conculcándose el derecho a la educación. Por su parte, la recurrida señala que la cancelación de la matrícula es la consecuencia de los actos de indisciplina del alumno y la medida se tomó con acuerdo del Consejo de Profesores y conforme lo señala el Reglamento del Colegio;

4º) Que resulta necesario tener presente que la acción de protección únicamente deja traslucir como garantía conculcada el derecho a la Educación sin precisar en qué aspecto se habría visto vulnerada ni indicar la norma legal invocada aplicable por la cancelación de la matrícula para el año siguiente por parte del establecimiento recurrido;

5º) Que consta de los documentos allegados por las partes que el establecimiento educacional adoptó una medida disciplinaria respecto de un alumno que presentaba anotaciones negativas de diversa índole en su hoja de vida escolar, sanción máxima que está contemplada en su propio reglamento y, que aún más, dicho alumno había aceptado con “carta de compromiso” de buena conducta y observancia de determinados requerimientos disciplinarios y académicos para el próximo período escolar, firmada por su apoderado antes del inicio del año lectivo 2013, lo que implicaba cumplir absolutamente con ciertos patrones establecidos por el colegio y que no se han cumplido según dan cuenta los documentos allegados por la recurrida, en particular de la hoja de vida y asistencia del alumno que registra más de 19 anotaciones negativas durante el año 2013;

6º) Que a su vez, no se ha agregado antecedente alguno que permita determinar que, en caso similar, el Colegio recurrido haya actuado de manera diversa;

7º) Que en tales condiciones, y no encontrándose fehacientemente establecida en autos la realización, por parte de la recurrida, de un acto ilegal o arbitrario que haya podido conculcar la garantía constitucional que se ha tenido como infringida, presupuesto básico que configura el núcleo sustancial de todo recurso de protección, deberá desestimarse el deducido en estos antecedentes;

Y de conformidad a lo expuesto, lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA el recurso interpuesto a fojas 6, por doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad archívese con sus custodias.

Redactó Manuel Hazbún Comandari, Abogado Integrante.

Rol Corte Nº 13-2014 PRO.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel presidida por la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.

En San Miguel, a catorce de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.