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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1298-202615 jul 2026

nombre reservado con AFP PROVIDA Y OTRA

Fecha
15 de julio de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 1298-2026, sentencia de 15 de julio de 2026

Resumen

Se rechaza la protección contra AFP Provida y la Superintendencia de Pensiones: la constancia de cotizaciones presentada no tenía firma autorizada ni apostilla o legalización, por lo que no acreditaba afiliación a un sistema previsional extranjero conforme a la Ley N°18.156.

Texto íntegro

San Miguel, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado e interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que el 4 de febrero de 2026 se realizó solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida. Sin embargo, señala que el día 9 de febrero del presente año, recibe un correo electrónico que indicaba que su solicitud había sido detenida, ya que el certificado de afiliación al sistema previsional fuera de Chile debe estar debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la vigencia informada en la Ley N°18.156.

Indica que el 10 de febrero se ingresó reclamo a la Superintendencia de Pensiones y que, el 13 de febrero, recibió un correo electrónico de la recurrida, en el que se le señalaba que “En este orden de ideas, cabe señalar además que el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. En consecuencia y, tratándose de los ciudadanos venezolanos, la certificación de la documentación debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, ...”

Agrega que se cumplió con los requisitos solicitados, acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo como ya fue indicado anteriormente, la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos.

Señala que se acreditó de manera suficiente, clara y verificable su afiliación vigente al sistema de seguridad social de su país de origen mediante constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), organismo público competente en materia previsional, documento que da cuenta de su afiliación, y que, conforme a la legislación venezolana, implica automáticamente la cobertura integral de las contingencias exigidas por la Ley N°18.156.

Sostiene que la AFP recurrida ha fundado el rechazo de la solicitud de retiro exclusivamente en la supuesta “falta de apostilla” del documento presentado, exigencia que resulta arbitraria, carente de sustento legal y de imposible cumplimiento en la realidad actual, aceptar la exigencia de apostilla como condición de procedencia implicaría, en los hechos, modificar por vía administrativa el contenido y alcance de la Ley N°18.156.

Afirma que se han vulnerado las garantías del artículo 19 N°2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad sobre los fondos de capitalización individual, además de infringir la igualdad ante la ley al imponer requisitos extralegales que generan una retención injustificada de su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a tramitar la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión en un plazo que esta Corte determine.

Segundo: Que, informando el presente recurso, comparece la abogada María Herrera Brummer, en representación de AFP Provida S.A., quien solicita su rechazo, con costas.

Sostiene en primer lugar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, desde que se trata de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues la recurrente no cuenta con un derecho indubitado.

Acto seguido, expresa que su representada no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, ajustando su conducta a la Ley N° 18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Narra que los días 9 y 13 de febrero de 2026 esa institución previsional negó la solicitud de devolución de fondos previsionales que la recurrente realizó al amparo de la Ley N° 18.156, debido a que la interesada no acompañó la constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, aportando únicamente una constancia de cotización electrónica sin firma, documento que resulta insuficiente según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones contenidas en el Oficio N° 5376 y las normas contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Agrega que la recurrida también señala que el actor cuenta con residencia permanente y cédula de identidad chilena, circunstancias que, según afirma, podrían implicar que el Estado deba eventualmente financiar prestaciones previsionales con cargo a fondos fiscales.

Concluye señalando que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, ni ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la constitución Política de la República de Chile.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 21 de abril de 2026, informa que el 10 de febrero de 2026 la recurrente efectuó un reclamo en contra de AFP Provida, por haberse negado a dar curso a su solicitud de retiro de fondos previsionales. Atendido el tenor de la presentación, se requirió informe a AFP Provida, la cual, mediante carta de 13 de febrero de 2026, dio respuesta, refiriendo que, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, corresponde a esa Administradora exigir la presentación de la documentación mínima y pertinente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al retiro regulado por la Ley N°18.156.

Agrega que esta Superintendencia comunicó a la recurrente la necesidad de dar estricto cumplimiento a los requisitos de procedencia del beneficio contemplado en la Ley N°18.156.

Asimismo, se efectuó referencia expresa a los requisitos de validez de los documentos legalizados en años anteriores, los cuales deben cumplir con los criterios de vigencia definidos por la autoridad competente, además de contar con la correspondiente legalización o apostilla, conforme a la normativa chilena aplicable. A mayor abundamiento, y en virtud de los principios de celeridad y economía procedimental, consagrados en los artículos 7° y 9° de la Ley N°19.880, se instruyó a la Administradora para que otorgara una respuesta formal al requerimiento planteado.

Concluye señalando que la procedencia del recurso de protección exige la existencia de actos ejecutados al margen de la ley, contrarios a la justicia y la razón, o realizados por mero capricho. Alega que tal situación no se configura en la especie, pues tanto la Administradora como esta Superintendencia han obrado conforme a derecho y en estricto cumplimiento de las disposiciones e instrucciones vigentes sobre la materia.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Provida S.A. constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7° de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1° de la misma, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°1298-2026 Protección.