nombre reservado con AFP PROVIDA S.A. Y OTRO

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 16: estese al mérito de autos.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de nombre reservado, venezolana, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, de 17 de febrero de 2026, de la solicitud de retiro de fondos previsionales presentada por la recurrente.

Expone que, durante la prestación de servicios en Chile, se le descontaron y enteraron cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, pese a haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen, conforme a la Ley N°18.156. Señala que, el 16 de febrero de 2026, presentó ante AFP ProVida solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, preingreso N°2957, acompañando los antecedentes exigidos por la normativa vigente.

Indica que el 17 de febrero de 2026 ProVida informó por correo electrónico el rechazo de la solicitud, y que posteriormente, el 18 de febrero de 2026, ingresó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones. Expone que el 23 de febrero de 2026 recibió respuesta a través de la AFP, en la que se sostuvo que, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no basta un documento genérico ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere certificación específica de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, que acredite cobertura por todos los riesgos legales durante el tiempo trabajado en Chile.

Sostiene que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la que consta que se encuentra afiliada desde el año 2019 y que mantiene vigente su cobertura previsional en Venezuela. Afirma que la negativa se funda exclusivamente en la supuesta falta de apostilla del documento emitido por el IVSS, exigencia que no se encuentra establecida en la Ley N°18.156, pues dicha normativa solo exige afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación.

Alega que el requisito esencial de afiliación vigente a un régimen previsional extranjero se encuentra cumplido y acreditado mediante documentación emanada de un organismo público extranjero, verificable por medios oficiales. Agrega que, debido al cierre diplomático y término de relaciones entre Chile y Venezuela, se encuentra materialmente imposibilitada de obtener una nueva certificación consular legalizada, por lo que imponer la exigencia de apostilla constituye una carga imposible o excesivamente gravosa, contraria al principio de razonabilidad y transformada en obstáculo desproporcionado para ejercer un derecho legalmente reconocido.

Afirma que la constancia del IVSS puede ser verificada electrónicamente en el sitio oficial de dicho organismo mediante el número de cédula venezolana y código de verificación, y que la propia constancia señala que la ley venezolana cubre contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía. Sostiene que, por tanto, la afiliación al IVSS implica incorporación al régimen completo de seguridad social venezolano y constituye medio suficiente para demostrar el cumplimiento del requisito previsional exigido por la Ley N°18.156.

Agrega que actualmente reside de manera permanente en el “Reino de España”, circunstancia que acredita mediante documentos acompañados, por lo que no requiere en el futuro acceder a prestaciones previsionales del sistema chileno.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, invoca el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por estimar que se le impone un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que obtuvieron devolución con documentos similares; el artículo 19 N°24, por impedirse el ejercicio del dominio sobre sus fondos previsionales, que considera bienes incorporales de su exclusiva titularidad; y el artículo 19 N°26, por imponer condiciones, requisitos o limitaciones no contempladas en la ley que afectarían la esencia de sus derechos fundamentales.

Solicita declarar que el rechazo de 17 de febrero de 2026 constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, dar curso a la solicitud de retiro de fondos previsionales y efectuar la devolución íntegra dentro del plazo que la Corte determine.

Segundo: Que, Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe, solicitando el rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Sostiene que el recurso de protección es improcedente, por cuanto la materia reclamada no es propia de una acción cautelar destinada a tutelar derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Afirma que lo pretendido por la recurrente supone discutir un derecho controvertido relativo al retiro de fondos previsionales y a la aplicación de la Ley N°18.156, lo que exige un procedimiento de lato conocimiento administrativo o judicial, no sustituible por esta vía constitucional. Añade que la recurrente busca, en los hechos, obtener una modificación o inaplicación de las normas que regulan el sistema previsional, particularmente el DL N°3.500 y la Ley N°18.156.

En cuanto a los hechos, informa que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por nombre reservado en calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156, por estimar que no cumplía los requisitos legales y administrativos aplicables. Señala que, con fechas 18 y 23 de febrero de 2026, la AFP rechazó la solicitud porque el documento acompañado correspondía a una constancia electrónica de cotizaciones, y no a un certificado de afiliación vigente, apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, emitido por la autoridad previsional competente y que acreditara cobertura efectiva durante todo el período trabajado en Chile.

Expone que, conforme a los criterios de la Superintendencia de Pensiones, no basta un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social de un sistema previsional extranjero, ni una cartola de cotizaciones, sino que debe acreditarse específicamente que el trabajador contó con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Agrega que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuando no se encuentran legalizadas o apostilladas, no indican coberturas específicas, no permiten inferir un período determinado de cobertura o carecen de firma, no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Sostiene, además, que el contrato de trabajo de la recurrente, de 2 de diciembre de 2021, señala como régimen previsional AFP PlanVital, y que recién en anexo de 9 de diciembre de 2024 la trabajadora manifestó su voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero. Invoca jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones para sostener que, si durante la época de prestación de servicios el trabajador extranjero omitió manifestar explícitamente su renuncia al sistema previsional chileno y luego declara su intención de mantenerse afecto a la seguridad social de otro país, dicha declaración es extemporánea. Agrega que, ante manifestaciones contradictorias, debe primar la afiliación al sistema chileno, por ser la regla general.

También hace presente que la recurrente cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente y propiedad de un inmueble en Chile, circunstancias que, conforme a los criterios citados de la Superintendencia de Pensiones, no garantizan su retorno al país de origen y podrían implicar que, pese al retiro de fondos previsionales, en el futuro su pensión deba ser cubierta con fondos fiscales. Alega que la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros constituye una excepción de interpretación restrictiva, destinada a evitar doble cotización cuando el trabajador ya se encuentra cubierto por un sistema previsional extranjero, por lo que su procedencia exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales.

Invoca el DL N°3.500, señalando que los fondos de capitalización individual tienen por objeto financiar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y que las AFP se encuentran impedidas de otorgar pensiones, prestaciones o beneficios distintos de los establecidos por la ley. Asimismo, cita el artículo 3° del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que faculta a la Superintendencia de Pensiones para interpretar la legislación y dictar normas generales obligatorias para las administradoras, y el Compendio de Normas de dicha Superintendencia, que exige acreditar la cobertura previsional extranjera mediante certificación debidamente legalizada.

Sostiene que la Ley N°18.156 contempla una excepción a la regla general de territorialidad en materia previsional, permitiendo a técnicos extranjeros eximirse de cotizar en Chile o solicitar la devolución de cotizaciones solo si cumplen copulativamente los requisitos legales: detentar la calidad de técnico, encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones al menos por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación extranjera. Afirma que, en el caso de autos, la recurrente no acreditó válidamente tales requisitos.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, ni agravio, ni privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, pues su conducta consistió únicamente en verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables antes de autorizar la devolución de fondos previsionales.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°7905, de 17 de abril de 2026, evacúa informe y como cuestión previa, refiere que la materia reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por cuanto esta acción cautelar está destinada a resguardar derechos indubitados, preexistentes y determinados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, y no a obtener una declaración de derecho en materias controvertidas. Sostiene que lo pretendido por la recurrente es que se declare su derecho a retirar fondos previsionales, cuestión que exige analizar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156 y que corresponde a un procedimiento de lato conocimiento, no a esta vía urgente y cautelar.

Informa que requirió antecedentes a AFP ProVida, la cual respondió mediante carta de 23 de febrero de 2026, señalando que, para acreditar la cobertura previsional extranjera exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no basta un documento genérico ni una cartola de cotizaciones, sino una certificación específica de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, que acredite que el trabajador extranjero contó efectivamente con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo trabajado en Chile. Agrega que las constancias electrónicas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no legalizadas ni apostilladas, que no señalan coberturas específicas ni permiten inferir un período determinado de cobertura, no acreditan el requisito legal.

Invoca sus facultades legales como autoridad técnica de supervigilancia y control de las administradoras de fondos de pensiones, conforme al DFL N°101 de 1980, al DL N°3.500 y a la Ley N°20.255, que le permiten interpretar administrativamente la legislación y dictar normas obligatorias para las entidades fiscalizadas. En ese contexto, refiere que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige acreditar la afiliación previsional extranjera mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en que conste la obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Reconoce que nombre reservado acreditó su calidad de técnico extranjero mediante título técnico o profesional apostillado, pero sostiene que la constancia del sistema de seguridad social de su país de origen no cumple los requisitos exigidos. Explica que dicha constancia carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada, y que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales exigidos para que instrumentos públicos extranjeros produzcan efectos en Chile. Añade que la recurrente acompaña anexos contractuales que contienen declaraciones contradictorias sobre el régimen previsional aplicable. Sobre este último punto, indica que la recurrente acompañó un anexo de contrato de 1 de diciembre de 2022, donde se señala que cotizará en el régimen previsional chileno y, a la vez, declara su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional extranjero. Agrega que también consta un contrato de trabajo de 2 de diciembre de 2021, en cuya cláusula duodécima se declara cotización en AFP PlanVital y Fonasa, y un anexo de 9 de diciembre de 2024 que incorpora una declaración de afiliación extranjera. Sostiene que, frente a manifestaciones contradictorias, debe primar la afiliación al régimen chileno, que constituye la regla general, y que una declaración posterior resulta extemporánea para efectos de la Ley N°18.156.

Rechaza la alegación relativa a la imposibilidad de apostillar o legalizar documentos por la ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, señalando que dicha circunstancia dificulta el trámite, pero no lo hace imposible. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que indica que el trámite puede realizarse en sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela o mediante el portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Agrega que la recurrente cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, circunstancia que no asegura su retorno al país de origen y genera riesgo de que, pese al retiro de sus fondos previsionales, en el futuro su pensión sea cubierta con fondos fiscales. Indica que autorizar retiros sin cumplir los requisitos de la Ley N°18.156 transforma una norma excepcional en un privilegio para trabajadores extranjeros con residencia definitiva en Chile, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y usar el régimen de AFP como ahorro de libre disposición.

Sostiene que el rechazo de la solicitud no implica pérdida de fondos previsionales, sino únicamente la improcedencia del beneficio excepcional para técnicos extranjeros. Señala que la recurrente conserva indemnes sus derechos previsionales conforme al DL N°3.500 y que, en su oportunidad, podrá disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios establecidos por dicho régimen, como cualquier afiliado al sistema, sea chileno o extranjero. Afirma que la materia de seguridad social es de orden público y debe aplicarse restrictivamente, especialmente tratándose de una norma excepcional destinada a evitar doble cotización de trabajadores extranjeros que prestan servicios de manera transitoria en Chile.

Concluye que no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad, pues se limitó a pronunciarse dentro de la esfera de sus competencias y conforme a las normas legales, reglamentarias e instrucciones vigentes. Solicita declarar improcedente el recurso por exceder el ámbito de la acción de protección y, en subsidio, rechazarlo en contra de la Superintendencia de Pensiones, con condena en costas a nombre reservado.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, de lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1297-2026 Protección