nombre reservado con AFP MODELO S.A.Y OTRO

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, nombre reservado, trabajador extranjero de nacionalidad venezolana, representado por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como técnico extranjero, presentada el 4 de febrero de 2026, rechazada por AFP Modelo el 9 de febrero de 2026 por supuesta “documentación no válida” y posteriormente confirmada por la Superintendencia de Pensiones mediante respuesta de 16 de febrero de 2026. Expone que durante su permanencia laboral en Chile efectuó cotizaciones previsionales y que, conforme a la Ley N.° 18.156, solicitó la devolución de sus fondos acreditando su afiliación al sistema de seguridad social venezolano mediante constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), verificable en línea.

Sin embargo, las recurridas exigieron un certificado legalizado o apostillado, requisito que —sostiene— no contempla la ley y cuyo cumplimiento resulta imposible por la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile. Afirma que la decisión impugnada desconoce el requisito sustantivo de afiliación previsto en la Ley N°18.156, infringe el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución, impone exigencias administrativas no previstas por el legislador y vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y respeto al contenido esencial de los derechos reconocidas en los artículos 19N° 2, 19 N°24 y 19 N°26 de la Constitución Política, citando además jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Talca favorable a casos análogos.

En consecuencia, solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud, se reconozca la validez de los antecedentes acompañados, se ordene tramitar la solicitud de retiro y se disponga la devolución de los fondos previsionales, adoptándose todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, AFP Modelo S.A., representada por el abogado Rodrigo Montero Atria, solicita el rechazo íntegro de la acción con costas, sosteniendo que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario. Expone cronológicamente que el 4 de febrero de 2026 el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156 como técnico extranjero, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carta explicativa y contrato de trabajo.

Posteriormente, AFP Modelo revisó los antecedentes y le requirió un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero emitido por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizado o apostillado, requisito que no fue cumplido, por lo que el 9 de febrero de 2026 rechazó la solicitud. Señala que la decisión se ajustó estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones y a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil relativos al valor de los documentos públicos extranjeros, pues la constancia electrónica presentada no acreditaría válidamente la afiliación a un sistema previsional extranjero ni las coberturas mínimas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigidas por la ley. Agrega que las AFP se encuentran sometidas a la fiscalización y directrices obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, por lo que admitir documentos no legalizados o no apostillados implicaría infringir la normativa vigente. Como fundamento jurídico, cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción que habrían confirmado la necesidad de acreditar mediante documentación legalizada o apostillada el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio.

En consecuencia, afirma que no existe vulneración de las garantías de igualdad ante la ley ni del derecho de propiedad invocadas por el actor, por haberse limitado a exigir el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y pide a la Corte tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, al evacuar informe, la Superintendencia de Pensiones solicita, que se declare improcedente la acción por exceder el ámbito cautelar del recurso de protección y, en subsidio, que se rechace con costas. Expone cronológicamente que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Señala, que AFP Modelo le requirió acreditar su afiliación mediante certificado emitido por la autoridad previsional competente, debidamente legalizado o apostillado.

Que, al no presentar dicho antecedente, su solicitud fue rechazada el 9 de febrero de 2026.

Y que posteriormente la Superintendencia, al conocer el reclamo administrativo, informó al recurrente que la documentación acompañada no cumplía las exigencias normativas ni los requisitos de autenticidad exigidos por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, instruyendo además a la AFP otorgar una respuesta fundada, la que fue emitida el 16 de febrero de 2026 reiterando la falta de acreditación del requisito legal. Como fundamentos de derecho, sostiene que la devolución de fondos prevista en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional de interpretación restrictiva, cuyo acceso exige acreditar copulativamente la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte y la voluntad contractual de mantener dicha afiliación.

Que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, a diversos oficios institucionales y a las facultades interpretativas obligatorias de la Superintendencia, dicha afiliación debe demostrarse mediante certificado emitido por la autoridad previsional competente, debidamente legalizado o apostillado.

Agrega, que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada por el actor carece de firma autorizada, legalización o apostilla y no acredita suficientemente la cobertura previsional exigida.

Que la alegada imposibilidad de apostillar documentos venezolanos no configura fuerza mayor, según jurisprudencia reciente de la Corte Suprema; y que existe jurisprudencia uniforme de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que valida la exigencia de legalización o apostilla y rechaza recursos fundados en antecedentes similares. Concluye que no ha existido acto ilegal o arbitrario, ni afectación de las garantías de igualdad ante la ley, propiedad o libre ejercicio de los derechos invocadas por el recurrente, por lo que solicita declarar improcedente o, en subsidio, rechazar íntegramente el recurso de protección deducido en su contra.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.

Octavo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

De lo expuesto, se sigue que no se verifican en la especie los requisitos previstos en la ley para el retiro de fondos previsionales en la forma solicitada.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1296-2026 Protección.