nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, nueve de julio de dos mil veinticinco.

A los escritos de folios 16, 17 y 18: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado verbalmente, el 8 de abril de 2025, la solicitud de retiro de fondos previsionales presentada por su representado al amparo de la Ley N°18.156, que regula el régimen previsional de técnicos extranjeros.

Expone que la solicitud fue presentada el 23 de enero de 2025 por medio del portal web de la AFP, sin recibir respuesta formal. Indica que, tras realizar una consulta telefónica, se le informó verbalmente que la petición había sido rechazada por encontrarse vencido el certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen, emitido por el Consulado de Venezuela y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Alega que esta exigencia no está contemplada en la normativa aplicable, y que, además, es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales. Indica que otras AFP han aceptado documentos similares, y que el rechazo de Provida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Reclama que la decisión de la recurrida se basa en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo el principio pro persona, el sentido y finalidad de la ley y la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, en cuanto a la suficiencia de los documentos acompañados. Sostiene que el acto impugnado incorpora requisitos no establecidos en la ley, sin motivación adecuada, sin verificación de los antecedentes y sin dictación de resolución escrita, lo que vulnera el debido proceso administrativo.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitraria la decisión verbal de 8 de abril de 2025 y ordenar a la AFP Provida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, reconociendo la validez de la documentación acompañada y disponiendo la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por estimar que la acción interpuesta resulta improcedente y que su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional que requieren un conocimiento de fondo, y que el actuar de la AFP no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Reconoce que la solicitud del recurrente, fundada en la calidad de técnico extranjero, fue rechazada el 8 de abril de 2025 por cuanto el certificado de afiliación previsional presentado —proveniente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales— se encontraba vencido, conforme a los criterios normativos vigentes, y además hacía referencia a una AFP distinta, CUPRUM S.A. Añade que, por instrucciones del órgano regulador, ProVida tiene la obligación de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos para proceder a una devolución de fondos en estos casos.

Reitera que la documentación presentada por el actor no acreditó debidamente los requisitos exigidos por la Ley N°18.156 y su reglamento, en particular la vigencia del certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero y su vínculo con el trabajador, emitido antes del inicio de sus actividades laborales en Chile. Afirma que no se ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna, y que el recurrente no recurrió ante la Superintendencia de Pensiones, entidad competente para resolver controversias de esta naturaleza.

Acompaña copia del Oficio Ordinario N°5621 de 1 de abril de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que ratifica el criterio aplicado en casos similares.

Tercero: Que al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 6 de mayo de 2025, informa que el actor presentó solicitud de retiro de fondos previsionales el 23 de enero de 2025, la cual fue rechazada por la AFP en atención a que la constancia de afiliación previsional al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida, al haber transcurrido más de 120 días desde su emisión, plazo que constaba expresamente en el mismo documento. Aclara que dicha situación fue informada oportunamente al recurrente tanto por la administradora como la Superintendencia, sin que se acompañaran antecedentes válidos que permitieran subsanar la omisión.

Precisa que la constancia acompañada fue emitida el 16 de junio de 2023 y presentada a la AFP el 1 de diciembre de 2024, por lo que excedía el plazo de vigencia indicado por la autoridad emisora, esto es, el Consulado de Venezuela en Chile. Añade que el actor reiteró sus presentaciones a través de distintas consultas web, acompañando también una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, la cual, si bien da cuenta de su afiliación, no acredita cobertura efectiva durante el período laboral prestado en Chile.

Sostiene que la ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones y la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros, es una norma de excepción, cuyo cumplimiento debe verificarse en forma estricta, debiendo el solicitante acreditar fehacientemente su afiliación a un régimen de previsión extranjera y la voluntad expresa de mantener dicha afiliación. Afirma que los documentos presentados por el recurrente no satisfacen íntegramente los requisitos exigidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicha ley.

En conclusión, indica que, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa reiterada, no ha existido conducta ilegal ni arbitraria por parte de la AFP y que la Superintendencia ha obrado dentro del marco de sus competencias, sin vulnerar derechos fundamentales del recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Octavo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Noveno: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia de Afiliación al IVSS”, de fecha 16 de junio de 2023, en la cual consta expresamente que su vigencia es de 120 días desde su emisión.

Décimo: Que conforme lo expresado, la falta de vigencia de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Undécimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas legales y administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., sin perjuicio de poder solicitar nuevamente la petición con la documentación vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1271-2025 Protección.