nombre reservado con CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, representada por su Secretario General nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta N°1326/2025, de 18 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido contra la Resolución N°1143, de 11 de noviembre de 2025, mediante la cual se puso término a su relación laboral con la institución. Sostiene que dichos actos vulneran las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, mediante Resolución N°468/2025, de 23 de mayo de 2025, se designó fiscal sumariante para indagar hechos relativos a funcionarios de la Corporación que habrían registrado salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica. En dicho contexto, refiere que se consideró la licencia médica N°3088023761-6, emitida el 21 de junio de 2023, por nueve días, otorgada en su favor, por enfermedad común.

Señala que el fiscal sumariante estimó acreditada una falta grave a la probidad administrativa, por haber utilizado una licencia médica con reposo laboral total en domicilio para efectuar un viaje al extranjero. Sin embargo, afirma que la Resolución N°1143/2025 incurre en un error manifiesto y grave, al indicar que el viaje se habría realizado “por motivos del nacimiento de su hijo”, hecho que califica como absolutamente falso, pues no estuvo embarazada ni dio a luz. Sostiene que dicho error nunca fue aclarado, corregido ni rectificado por la autoridad recurrida, ni siquiera al resolver el recurso de reposición.

Afirma que ese error no es accesorio, sino que constituye el principal fundamento fáctico del acto terminal, revelando falta de racionalidad, seriedad y proporcionalidad. Agrega que la Resolución N°1143 puso término a su relación laboral, sosteniendo que el viaje al extranjero desnaturalizó el objetivo de la licencia médica y configuró un incumplimiento grave al principio de probidad administrativa, conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente.

Expone que presentó oportunamente recurso de reposición, formulando defensas y descargos contra el sumario administrativo, alegando que la sanción aplicada resultaba absolutamente desproporcionada, atendida la entidad de la infracción efectivamente conocida. Indica que la autoridad rechazó la reposición mediante Resolución N°1326, limitándose a señalar de manera genérica que el viaje al extranjero constituía por sí mismo una infracción al principio de probidad administrativa, sin ponderar su conducta funcionaria intachable, sus catorce años de servicio, la proporcionalidad de la sanción ni el error de hecho relativo al supuesto nacimiento de un hijo.

Refiere que la resolución recurrida no se hace cargo de sus defensas ni descargos, consolidando un acto administrativo terminal que le causa agravio al confirmar una medida expulsiva fundada en un procedimiento viciado por errores de hecho graves y por una desproporción manifiesta. Afirma que la destitución constituye la sanción más grave del ordenamiento administrativo, por lo que su aplicación exige motivación suficiente, acreditación clara de los hechos, ponderación de circunstancias personales y funcionales, y análisis de medidas menos gravosas.

En cuanto al derecho, sostiene que el acto es arbitrario por carecer de motivación racional y suficiente, infringiendo el deber de fundamentación de los actos administrativos. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la motivación como elemento esencial del acto administrativo, señalando que no bastan fundamentos formales, vagos o imprecisos, especialmente cuando el acto afecta derechos fundamentales y produce la desvinculación de una funcionaria de planta.

Agrega que el trabajo y la estabilidad laboral se encuentran protegidos por el derecho interno y por instrumentos internacionales, citando el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 19 N°16 de la Constitución, el artículo 38 de la Carta Fundamental sobre carrera funcionaria, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Docente. Señala que la estabilidad en el empleo constituye un eje del régimen estatutario y que la destitución por falta a la probidad exige una conducta grave, debidamente acreditada y proporcional a la sanción aplicada.

Respecto de la igualdad ante la ley, indica que fue sometida a un trato desigual, carente de justificación racional y proporcional, al aplicársele la máxima sanción sin motivación suficiente, sin ponderación de su trayectoria y con base en hechos que no se condicen con la realidad. Afirma que la resolución impugnada no supera un test de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, pues no explicita la finalidad perseguida ni demuestra que la destitución sea una medida adecuada, necesaria y proporcionada.

En relación con el derecho de propiedad, sostiene que la estabilidad en el empleo, las remuneraciones y los intereses anexos a su cargo constituyen bienes incorporales protegidos por el artículo 19 N°24 de la Constitución. Afirma que la terminación de su empleo de planta, bajo una apariencia formal, priva ilegítimamente su patrimonio personal, social y pecuniario, afectando tanto su vínculo laboral como las remuneraciones asociadas.

Solicita dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N°1143 y N°1326, ambas de 2025, ordenar su reintegro y disponer el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condena en costas.

Segundo: Que Guillermo Caro Molina, abogado y Director Jurídico, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, evacúa informe, solicitando el rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Señala que la Corporación es una entidad de derecho privado que administra establecimientos municipalizados de educación, salud y atención de menores de la comuna de Puente Alto, financiada principalmente con fondos públicos, y que sus funcionarios cumplen una función pública en dichos establecimientos.

Expone que el 22 de mayo de 2025 la Corporación recibió correo electrónico de la Oficina General de Partes de la Contraloría General de la República, mediante el cual se adjuntó el Oficio N°E82804/2025, que remitía nómina de personas con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica, conforme a lo advertido en el Consolidado de Información Circulizada N°9 de 2025. Refiere que en virtud de ello, se instruyó investigación interna mediante Resolución N°468/2025, de 23 de mayo de 2025, designándose como fiscal a nombre reservado.

Señala que los hechos investigados revistieron gravedad suficiente para sustanciar una investigación interna y hacer valer las eventuales responsabilidades correspondientes. Agrega que el sumario fue resuelto por la Secretaría General de la Corporación mediante Resolución N°1143/2025, de 11 de noviembre de 2025, que ordenó el término de la relación laboral de nombre reservado por falta de probidad. Indica que la afectada presentó recurso de reposición en tiempo y forma, el cual fue rechazado mediante Resolución N°1326/2025.

Como cuestión de admisibilidad, sostiene que el recurso debe ser declarado inadmisible o rechazado por extemporáneo, ya que la resolución que ordenó el término de la relación laboral fue dictada el 11 de noviembre de 2025, notificada por carta certificada el 14 de noviembre de 2025, y la acción de protección fue presentada el 12 de enero de 2026, transcurrido el plazo de treinta días previsto para su interposición. Añade que la recurrente pretende impugnar el término de la relación laboral mediante una acción constitucional, pese a que la vía idónea corresponde a una acción laboral conforme al artículo 168 del Código del Trabajo, en caso de estimar injustificado el despido.

En cuanto al fondo, afirma que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, pues el procedimiento disciplinario se originó en una instrucción de la Contraloría General de la República y fue tramitado con respeto al debido proceso. Indica que la recurrente fue escuchada, prestó declaración, aportó medios de prueba, fue objeto de formulación de cargos, contestó dichos cargos, fue notificada de la resolución que puso término al sumario y posteriormente dedujo recurso de reposición, de modo que se respetaron las etapas propias del procedimiento.

Añade que la conducta acreditada consistió en hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, específicamente viajar fuera del territorio nacional mientras se encontraba con reposo laboral total en su domicilio, desnaturalizando la finalidad de la licencia y obteniendo beneficios económicos con cargo a recursos públicos por un período no trabajado. Afirma que dicha conducta afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, la continuidad del servicio, la confianza pública y el patrimonio municipal, configurando una vulneración grave al principio de probidad administrativa.

Agrega que el principio de probidad se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Constitución, en la Ley N°20.880, en la Ley N°18.575 y en la normativa estatutaria aplicable, y que obliga a quienes ejercen funciones públicas a observar una conducta intachable, honesta y leal, con preeminencia del interés general sobre el particular. Señala que, conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Trabajo, dicho principio también resulta aplicable a trabajadores de corporaciones municipales, aunque éstas sean entidades de derecho privado, atendido que administran servicios públicos, cumplen fines de interés general y se financian con recursos públicos.

Sostiene que la sanción aplicada se ajusta al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, que permite poner término a la relación laboral de profesionales de la educación por falta de probidad o conducta inmoral establecidas fehacientemente en sumario. Señala que la Resolución N°1143/2025 aceptó la propuesta del fiscal sumariante, al estimar que la recurrente cometió falta grave a la probidad al desnaturalizar la licencia médica N°3088023761-6, emitida el 21 de junio de 2023 por nueve días, con reposo laboral total en su domicilio, mientras viajó al extranjero, específicamente a Francia, por motivos particulares.

Asimismo, informa que la recurrente, al reponer, manifestó que el viaje obedeció a motivos personales y que desconocía que no podía salir del país durante una licencia médica, así como que podía ser fiscalizada. Esgrime que tales argumentos no desvirtúan la falta cometida, puesto que el hecho de viajar al extranjero durante una licencia médica constituye por sí mismo una infracción al principio de probidad administrativa, aun cuando se alegue desconocimiento.

Respecto de la alegación sobre trayectoria funcionaria, afirma que dichos antecedentes fueron ponderados y no resultaron suficientes para modificar la decisión, atendida la gravedad de la falta acreditada y el estándar de probidad exigible a quienes cumplen funciones públicas en establecimientos administrados por corporaciones municipales.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no es una vía destinada a revisar aspectos de mérito de un sumario administrativo ni la proporcionalidad de la sanción aplicada, salvo que se advierta ilegalidad o arbitrariedad, lo que no ocurre en la especie.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, la presente acción se interpuso el 12 de enero de 2026 en contra de la Resolución Exenta N°1326/2025, de 18 de diciembre de 2025, siendo evidente que fue deducida dentro del plazo de 30 días previsto al efecto, por lo que no resulta posible acoger la excepción en comento.

Quinto: Que, en lo que respecta al fondo, el artículo 8° de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Por su parte, el artículo 52 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consagra que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

A su turno, el artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, impone a los funcionarios la obligación de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, mientras que el artículo 123 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente dicho principio.

Sexto: Que, en este caso, la sanción cuestionada fue adoptada en un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas legales que resultan aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente, quien pudo exponer sus alegaciones en todas las etapas del sumario, incluyendo la formulación de descargos.

En la especie, el hecho imputado, haber viajado al extranjero entre los días 22 de junio de 2023 y 21 de julio de 2023 mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica con reposo prescrito, fue acreditado mediante certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones de Chile y reconocido por la propia recurrente, quien lo justificó invocando motivos personales. Sin embargo, tales argumentos no logran desvirtuar el hecho objetivo del incumplimiento del reposo prescrito, el cual fue utilizado para realizar un viaje internacional, conducta que quebranta la lealtad y honestidad exigibles a todo servidor público. En efecto, el uso del tiempo de reposo médico remunerado para fines ajenos al restablecimiento de la salud constituye una utilización desleal de un beneficio previsional financiado con recursos públicos, afectando el cumplimiento de los deberes funcionarios y la confianza institucional, sin que se advierta ilegalidad o arbitrariedad durante la tramitación del procedimiento sancionatorio que amerite acoger la acción constitucional en los términos que pretende la recurrente.

Séptimo: Que, de otro lado, es necesario consignar que la presente vía cautelar no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo, ni a revisar la ponderación probatoria o la graduación de la sanción disciplinaria aplicada. El recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de derechos y/o garantías constitucionales, de modo que el control judicial que por esta vía se ejerce se limita a determinar si concurre una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sin que resulte procedente sustituir el criterio de la autoridad administrativa ni revisar el mérito de sus decisiones disciplinarias. En este sentido, la infracción a la probidad administrativa que ha resultado acreditada obliga a la autoridad a imponer la sanción de destitución prevista en la ley, sin que resulte procedente que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la medida si no aparece vicio de ilegalidad o falta de razonabilidad de la actuación.

Octavo: Que, atendido lo precedentemente expuesto, se hace innecesario analizar la afectación de algún derecho o garantía constitucional de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia:

I. Se rechaza la excepción de extemporaneidad.

II. Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°127-2026 Protección