nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que es notificado vía correo electrónico con fecha 20 de febrero de 2026 del rechazo de su solicitud, señalándole: “…Puedo informar a usted que no procede que sea aceptada por la Administradora su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 18.156 y la normativa previsional de la Superintendencia de pensiones, por cuanto no se acredita el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio...”

Refiere que la recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP.

Solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar informe, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, con costas, sosteniendo, en primer término, que la acción cautelar resulta improcedente, por cuanto la recurrente pretende ejercer un supuesto derecho de devolución de fondos previsionales sin acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley N°18.156. Señala que el recurso de protección solo procede respecto de derechos indubitados y frente a actos arbitrarios o ilegales, circunstancias que no concurren en la especie. Afirma además que, en caso de existir controversia sobre el cumplimiento de los requisitos legales, ello debe discutirse en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante una acción cautelar.

En cuanto a la cronología de los hechos, AFP Habitat señala que el 10 de febrero de 2026 la recurrente presentó una “Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156”, acompañando antecedentes destinados a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, mediante respuesta de 15 de febrero de 2026, la Administradora informó que no resultaba procedente acceder a la devolución de fondos previsionales, por no acreditarse adecuadamente la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero con cobertura respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile. Añade que se exigió una certificación emitida por la autoridad previsional extranjera competente, debidamente apostillada, lo que no fue acompañado por la recurrente.

La AFP expone que la recurrente acompañó una declaración jurada notarial y una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que carecía de apostilla y que, según la recurrida, no constituye prueba suficiente de cobertura previsional extranjera. Sostiene que las declaraciones del propio interesado no son idóneas para acreditar afiliación previsional y que el hecho de que la constancia electrónica contenga un código de verificación no reemplaza las exigencias legales de legalización o apostilla requeridas para que documentos extranjeros produzcan efectos en Chile.

En relación con los antecedentes específicos de la recurrente, AFP Habitat indica que esta se afilió al sistema previsional chileno en octubre de 2017 y se incorporó a AFP Habitat en mayo de 2025. Agrega que acompañó copia apostillada de su título profesional de abogada, certificado migratorio que acredita no haber adquirido nacionalidad chilena, declaración jurada relativa a su afiliación al IVSS, constancia electrónica de cotizaciones sin apostilla y contratos de trabajo en los cuales se incorporó cláusula de mantención de previsión social en Venezuela.

La recurrida sostiene que la solicitud fue analizada por la Fiscalía de AFP Habitat y rechazada debido a que no se acreditó fehacientemente la doble cobertura previsional mediante documentación vigente y válida en Chile. Añade que el beneficio contemplado en la Ley N°18.156 puede volver a solicitarse en cualquier momento, siempre que se acompañe documentación correctamente apostillada que permita acreditar cobertura previsional extranjera. Asimismo, afirma que el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile no constituye caso fortuito ni fuerza mayor que permita eximir del cumplimiento de los requisitos legales, puesto que los documentos pueden obtenerse directamente ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y posteriormente ser apostillados.

En sus conclusiones, AFP Habitat insiste en que el único antecedente objetado corresponde a la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el IVSS, documento que no se encontraba apostillado y cuya verificación electrónica en línea no reemplaza los mecanismos de validación previstos en el ordenamiento jurídico chileno para documentos emitidos en el extranjero. Reitera que tanto Chile como Venezuela forman parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla y que existen mecanismos habilitados para apostillar documentación venezolana. Añade que la finalidad de la Ley N°18.156 no es permitir libre disposición de fondos previsionales, sino reconocer situaciones de doble cobertura previsional efectiva.

Finalmente, la recurrida sostiene que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 18 de marzo de 2026, en primer término, informa que la recurrente no registra reclamos administrativos ante dicho organismo respecto de los hechos denunciados, por lo que no existen antecedentes previos vinculados a la acción cautelar interpuesta. Sin perjuicio de ello, desarrolla el marco normativo aplicable en materia previsional.

La Superintendencia explica que la devolución de fondos previsionales solo procede cuando el trabajador extranjero contó efectivamente con cobertura previsional en su país de origen durante el tiempo trabajado en Chile, pues en tal caso no habría necesitado la cobertura otorgada por el sistema previsional chileno. Agrega que, si el trabajador no tuvo cobertura efectiva en el extranjero, pudo acceder a los beneficios del sistema chileno, razón por la cual no procede la devolución de los fondos previsionales enterados en Chile.

En cuanto al caso concreto, la Superintendencia señala que la recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y una declaración jurada suscrita por ella misma. Sostiene que la declaración jurada no constituye un documento idóneo para acreditar cobertura previsional extranjera, ya que dicha certificación debe emanar de la autoridad previsional competente. Asimismo, indica que el certificado electrónico acompañado no sirve para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, pues no se encuentra firmado, apostillado ni legalizado, no especifica las coberturas previsionales de la recurrente y tampoco permite determinar el período efectivo de cobertura, limitándose a describir genéricamente el sistema previsional venezolano.

La Superintendencia reitera que la Ley N°18.156 constituye una norma excepcional que debe interpretarse restrictivamente y que el procedimiento de apostilla corresponde al mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico chileno para que los documentos emitidos en el extranjero produzcan efectos en Chile. Añade que tanto Chile como Venezuela son Estados Parte de la Convención de La Haya sobre Apostilla, por lo que los documentos provenientes de Venezuela deben presentarse debidamente apostillados.

Asimismo, el organismo insiste en que no resulta suficiente una constancia genérica de cotizaciones ni un documento que describa en abstracto el sistema previsional extranjero, sino que debe existir certificación específica emitida por la autoridad competente que acredite cobertura efectiva respecto de todos los riesgos legales durante todo el período trabajado en Chile.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Habitat constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración Jurada que emana de la propia trabajadora y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1267-2026 Protección.